TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 386/2019

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: O-41-18-S

Partes: Ana Isabel Juchazara Choque c/ Jaime Copa Montes y otros. 

Proceso: Reivindicación.  

Distrito: Oruro. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 250 a 252 vta., interpuesto por Rossemary Vedia Llanos de Patzi a través de su representante legal Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda; contra el Auto de Vista Nº 225/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciado por la Sala Civil y comercial de familia, niñez y adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario sobre reivindicación, seguido por Ana Isabel Juchazara Choque en contra de la recurrente y Jaime Copa Montes; la contestación al recurso de fs. 257 y vta., el Auto de concesión del recurso de 3 de octubre de 2018 cursante en fs. 258, Auto Supremo de admisión N° 893/2018-RA de 30 de octubre de fs. 265 a 266 vta.; todo lo inherente, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base al memorial de demanda de fs. 47 a 48 vta., subsanada por memorial de fs. 52, Ana Isabel Juchazara Choque inició proceso ordinario sobre reivindicación; acción que fue dirigida en contra de Rossemary Vedia Llanos de Patzi y Jaime Copa Montes, quienes tras haber sido citados y declarados rebeldes. Rossemary Vedia Llanos de Patzi contestó en forma negativa con memorial de fs. 81 vta., señalando que su persona posee un lote de terreno de 278,86 m2 y el codemandado un lote de terreno de 271,75 m2 haciendo un total de 550,61 m2, en cambio la actora solicitó la reivindicación de 350 m2. Por su parte Jaime Copa Montes contestó de fs. 87 vta., con los mismos argumentos que la codemandada. Desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 96/2017 de 29 de noviembre, cursante de fs. 203 a 208, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 12 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declaró Probada la demanda antes referida.

2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Rossemary Vedia Llanos de Patzi, mediante memorial de fs. 211 a 212 vta.; la Sala Civil y comercial de familia, niñez y adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 225/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 242 a 246 vta., que Confirmó la sentencia apelada con los siguientes argumentos: Respecto a que el bien en litigio no estaría plenamente identificado o individualizado, se tiene el informe pericial de fs. 188 a 191, se incluye plano de urbanización aprobado de fs. 187, literales que fueron confrontadas con la Escritura Pública N° 1826/2010 de 23 de octubre de fs. 35 a 36 vta., además del plano de ubicación aprobado de fs. 37 y el Folio Real de fs. 38, de donde el Tribunal de alzada advirtió que el bien inmueble motivo de litigio se halla ubicado en la Urbanización “De la prensa de Oruro”, lote N° 3 con una superficie de 350 m2, con un frente de 12.50 m., por un fondo de 28 m. Limita al Norte con el Lote N° 2; al Sud con el Lote N° 4, al Este con la Av. Abraham Portillo Medina y al Oeste con el lote N° 5. Por lo que el bien objeto de litigio se halla plenamente individualizado, existe plena coincidencia, entre lo que refiere los documentos de transferencia con el plano general.

El peritaje logró constatar que el Lote de terreno N° 3 se encuentra avasallado por sus dos vecinos colindantes del lado Norte y Sud que corresponden a los lotes de terreno N° 2 y N° 4, que desplazaron en dimensiones, no existiendo un muro perimetral que delimite el Lote N° 3 entre los dos vecinos Lotes N° 2 y N° 4. Concluyendo que los propietarios de los Lotes N° 2 y N° 4 procedieron a ocupar el Lote N° 3 como un avance o extensión de su propiedad.  


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De la revisión del recurso de casación, se observa que Rossemary Vedia Llanos de Patzi, en lo trascendental de dicho medio de impugnación se tiene los siguientes agravios:

  1. Denunció que el Tribunal de alzada no consideró lo acontecido con la violación a su derecho al debido proceso y su derecho a la defensa, ya que no se valoró de forma correcta el informe técnico pericial que cursa de fs. 154 a 166, que demuestra que la demandante no ha establecido con exactitud la proporción que se estaría pretendiendo reivindicar del terreno de la recurrente y la porción del terreno del codemandado Jaime Copa Montes, aspecto que mermaría el principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE.
  2. Refirió que lo fundamentado en los incisos a), b) y c) de la resolución recurrida, si bien hacen referencia al inmueble objeto de reivindicación, no se pronuncia con exactitud a la porción que la actora pretende reivindicar del inmueble de la recurrente, extremo que indica importa la transgresión al debido proceso, la aplicación de los principios de verdad material, seguridad jurídica y el derecho a una vivienda y habitad, conforme lo establecido en los arts. 19, 56, 117, 178 y 180 de la CPE.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista impugnado, con costas y costos en ambas instancias y con responsabilidad al inferior en grado.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandante contestó manifestando que el recurso de casación interpuesto por la recurrente, repite los mismos argumentos ya resueltos en el Auto de Vista y no se advertiría con claridad cuáles serían los agravios normativos vinculados al caso y en opinión de contrario como deberían ser interpretados aquellas supuestas erróneas interpretaciones aludidas de carácter genérico.

CONSIDERANDO III:        

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. En relación a la nulidad procesal.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, orientó de la siguiente manera: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

Asimismo, corresponde señalar que la uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. De los agravios del recurso de casación se puede determinar con meridiana precisión que la demandada expone como agravios que el Auto de Vista impugnado no valoró de manera adecuada el informe técnico pericial de fs. 154 a 166. Asimismo el Tribunal Ad quem no se pronunció con exactitud a la porción que la actora pretende reivindicar del inmueble que posee la recurrente y el codemandado, vulnerando de esa manera los arts. 19, 56, 117, 178 y 180 de la CPE. 


Al respecto corresponde señalar que la parte actora en su memorial de demanda de fs. 47 a 48 vta., subsanada a fs. 52 demandó acción reivindicadora aduciendo ser legítima propietaria del bien inmueble ubicado en la Urb. de La Prensa, Lote N° 3, mza. 6 de 350 m2, registrado en oficinas de Derechos Reales bajo la matrícula computarizada N° 4.01.1.03.0009931. Dicha propiedad se encontraría avasallada por los codemandados Rossemary Vedia Llanos de Patzi y Jaime Copa Montes.


En ese entendido el juez A quo luego de analizar y valorar el elenco probatorio adherido al proceso conforme establecen los arts. 1289 del Código Civil y 145 de su procedimiento sostuvo que la parte actora cumplió con los presupuestos que hacen viable la acción reivindicatoria y declaró probada la demanda disponiendo que los demandados Jaime Copa Montes y Rossemary Vedia Llanos de Patzi desocupen y entreguen el bien inmueble de propiedad de la demandante conforme a los datos que se emitieron por el perito de la presente causa.


Decisión que fue confirmada por el Tribunal que conoció la causa en segunda instancia argumentando de forma literal: “…una vez constituido el perito en el lugar específico que refieren los planos y la Escritura Pública-Folio Real, con apoyo de tecnología satelital y otros medios de constatación, dicho profesional, logró constatar que el terreno motivo de litigio existe, empero el lote N° 3, se encontraría avasallado por sus dos vecinos colindantes del lado Norte y Sud que corresponde a los lotes de terreno 2 y 4. Estos dos últimos lotes (2 y 4) se habrían desplazado en dimensiones, es decir, que no habrían respetado los planos de ubicación, de tal forma, que en los hechos, no existe un muro perimetral que delimite el Lote 3 entre los dos vecinos N° 2 y 4, que para delimitar dicho Lote N° 3 se precisa establecer un “abatimiento” del lado Norte al Sud desde la rasante Norte 25,00 metros para designar los 12,50 metros (de frente) que corresponden al mencionado Lote N° 3, igual trabajo para el fondo de 28,00 metros. De lo anterior, concluir que, de forma objetiva, el Lote de terreno N° 3 existe, aunque no con muros perimetrales (por avance efectuado por sus vecinos de los Lotes 2 y 4), de ahí la necesidad de, efectuar una medición de 25 metros desde la línea rasante Norte (vía pública), pasando por los lotes N° 1 y 2 para determinar la construcción del anotado muro perimetral. Cabe precisar, que los planos demostrativos de ubicación (individual) y el plano general de Urbanización ambos probados por la instancia administrativa respectiva del GAMO, son precisos al determinar la existencia del Lote N° 3 en el Manzano 6 de la Urbanización “La Prensa”. Otra circunstancia de hecho, es que los vecinos propietarios de los Lotes 2 y 4 hayan precedido a ocupar el Lote N° 3 como un avance o extensión de su propiedad, aspecto irregular…”.

Ahora bien, lo que corresponde a este Tribunal Supremo es verificar si los reclamos expuestos por la parte recurrente son evidentes.


De la revisión de las resoluciones de grado se establece que se llegó a demostrar la procedencia de la acción reivindicatoria a favor de Ana Isabel Juchazara Choque, en consecuencia, existe la obligación de reivindicar extensiones de terreno a favor de la parte actora por los codemandados.


De lo expresado, para que la sentencia pronunciada sea eficaz y pueda ser ejecutada según imperio de los arts. 180 de la norma suprema y 30 de la ley N° 025 del Órgano Judicial, la justicia ordinaria tiene el deber de resolver el conflicto de las partes, siendo este un fin esencial de nuestro Estado, de modo que los demandados conozcan cuál es su situación de condena en relación a la actora.


En el caso presente si bien se acogió la acción reivindicatoria a favor de la demandante y como bien lo reclama la parte recurrente en su agravio de casación no se especificó en qué fracción de terreno los codemandados deben desocupar y entregar la extensión del bien inmueble de propiedad de la actora. De lo manifestado y siendo que la acción reivindicatoria lo que persigue es una resolución de condena que manda a desocupar y entregar un inmueble, la sentencia deberá poner fin al litigio al imperio de los arts. 213.I del Código Procesal Civil, 30 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y 180 de la norma suprema, sobre la eficacia, la practicidad de las decisiones judiciales y que tenga corolario de haberse impartido justicia, otorgando seguridad jurídica a los sujetos procesales. En ese entendido la sentencia debe determinar de forma taxativa la condena que deberá cumplir la parte demandada para que de esta manera conozca cual su situación de condena respecto a la actora. En el caso de autos corresponderá determinar la cantidad de metros exactos que deberá restituir la recurrente y el codemandado a la parte actora, situación que no puede remitirse a ser resuelta en ejecución de sentencia por tratarse de derechos de tanto la parte demandante como demandada.


De lo señalado supra este Tribunal Supremo ve por conveniente declarar la nulidad de oficio por disposición de los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 106 de la norma adjetiva civil, dicha nulidad decretada no se trata de una mera formalidad, sino como una verdadera garantía jurídica en resguardo de los derechos a las partes como se expone en el punto III.I de la presente resolución, siendo esta medida de última ratio.


Consiguientemente este Tribunal Supremo anula el Auto de Vista disponiendo que el Tribunal de alzada emita nueva resolución especificando con los datos que arroja el proceso o en su defecto con la facultad de mejor proveer que les asigna el art. 264 del Código Procesal Civil genere pericia que determine que porción de terreno expresado en metros lineales deberán restituir los codemandados a la parte actora.     

         

De la respuesta al Recurso de Casación.

Se dirá que se anula el Auto de Vista recurrido en casación a fin que se emita nueva resolución expresando la cantidad de metros a reivindicar a favor de la parte actora.        


Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 220. III. num. 1. Inc. c) del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) y art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III num. 1) inc. c) del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 225/2018 de 30 de agosto, cursante de fs. 242 a 246 vta., pronunciado por la Sala Civil y comercial de familia, niñez y adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal de alzada emita nueva resolución disponiendo con exactitud los metros lineales a reivindicar por la parte actora de los codemandados, salvo que opte por hacer uso de su facultad de mejor proveer.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                     

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.