TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

              S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 384/2019        

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: LP-124-18-S.

Partes: Daniela Cárdenas Riveros y otros c/ Marcela Celestina Calle Calle y

             otros.    

Proceso: Reivindicación.                                    

Distrito: La Paz.        

       

VISTOS: El recurso de casación de fs. 430 a 439, presentado por Marcela Celestina Calle Calle, Leonardo Choquevillca Villanueva, Ramiro Flores Alberto, Pedro Quispe Colque y Lourdes Butrón Alanes, impugnando el Auto de Vista Nº 474/2018 de 25 de junio, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 420 a 423,  en el proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble interpuesto por Daniela, Adriana y Jorge Álvaro Cárdenas Riveros contra los recurrentes, Auto de concesión de 25 de septiembre de 2018 de fs. 449, el Auto Supremo  de admisión Nº 894/2018-RA, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


Daniela, Adriana y Jorge Álvaro Cárdenas Riveros, demandaron a Marcela Celestina Calle Calle, Leonardo Choquevillca Villanueva, Ramiro Flores Alberto, Pedro Quispe Colque y Lourdes Butrón Alanes  reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, mediante escrito de fs. 56 a 57, subsanada a fs. 60. Citados los demandados,  asumieron defensa con lo que se tramitó el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 157/2017 de 20 de marzo, cursante de fs. 376 a 382 vta., que declaró PROBADA la demanda principal, disponiendo que los demandados entreguen el predio que ocupan dentro del referido inmueble a los demandantes en el plazo de 30 días a partir de la ejecutoria de la sentencia, bajo alternativa de expedirse mandamiento desapoderamiento.

La parte demandada apeló dicha resolución mediante escrito cursante de fs. 385 a 388 vta., que fue resuelto por Auto de Vista Nº 474/2018 de 25 de junio, cursante de fs. 420 a 423, que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 157/2017 de 20 de marzo, fundando que la apelación se limitó al trámite de usucapión ante el Juzgado 6to de Instrucción Civil, habiendo el juez decretado a dicho memorial el proveído de fs. 153, sin que la parte hubiere impugnado dicha determinación, habiendo operado la preclusión conforme el art. 16.II de la Ley de Organización Judicial. 

Notificada la  parte recurrente el 27 de agosto de 2018, presentó el recurso de casación de fs. 430 a 439 que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


En la forma.

Denunciaron que el Auto de Vista no compulsó las pruebas aportadas al proceso por la parte demandada, al negar la solicitud de oficios dirigidos al Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil, donde se tramitó el proceso de usucapión sobre el terreno objeto de litis.

Señalaron que no se pronunció respecto a las pruebas de la parte demandante  concerniente al antecedente de su derecho propietario.

En el fondo.

Expresaron que el Auto de Vista vulneró los arts. 1 num. 4), 13), 15), 16) y 17),  24 num. 2) y 3), 25 num. 3)  del Código Procesal Civil, porque no se diligenció los oficios ante el Registrador de Derechos Reales y Juez Sexto de Partido en lo Civil para franqueo de copia legalizada de los antecedentes del proceso de usucapión.

Acusaron que el diligenciamiento de su prueba era importante  en observancia del art. 1538 del Código Civil (publicidad de los derechos reales), porque ampararía a los demandantes y esos oficios hubieran exhibido la verdad histórica de los hechos. 

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista, o en su caso se anule esa determinación.

De la contestación al recurso de casación.

Señalaron que el recurso no cumple con el mandato del art. 274 num. 3) del Código Procesal Civil, habida cuenta que no cita en términos claros, concretos y precisos la violación de las disposiciones legales o aplicadas erróneamente, limitándose a señalar la falta de diligenciamiento de oficios, omisión de entera responsabilidad de los demandados.

Agregaron que una vez que los recurrentes advirtieron la omisión en que el juez A quo habría incurrido al presenciar la sentencia, de no considerar esos oficios, tenían a su alcance la solicitud de aclaración o complementación de un pronunciamiento expreso de aquellos oficios no diligenciados, al no hacerlos se convalidó esos actuados y por ende la preclusión de sus derechos.

Concluyó solicitando se declare improcedente el recurso de casación.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE


III.1. Del deber de diligenciamiento de las partes en proceso.

El art. 62 num. 6) del Código Procesal Civil describe que son deberes de las partes: “Realizar las diligencias establecidas por Ley dentro los plazos procesales”, estableciendo la norma de manera expresa que existe obligación de las partes en las diligencias que incumben al proceso, como es el caso de la citación o el requerimiento de prueba, que una vez ordenado por el juez se debe instar su diligenciamiento mediante el personal subalterno del juzgado en forma oportuna, de manera que permita la prosecución del proceso y la producción de la prueba para la determinación judicial, con las sanciones y consecuencias procesales inherentes.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


En la forma.

1. Los recurrentes denunciaron que el Auto de Vista no compulsó las pruebas aportadas por la parte demandada en el proceso, al negar la solicitud de oficios dirigidos al Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil, donde se tramitó el proceso de usucapión sobre el terreno objeto de litis.

Conforme antecedentes, por memorial de fs. 97 a 100, los recurrentes en contestación, en el Otrosí 3º, solicitaron  oficiar al Registrador de Derechos Reales y al Juez Sexto de Partido en lo Civil para el franqueo de copia legalizada de la sentencia  de usucapión  dictada el año 1992 a favor de Yolanda Cárdenas Mena; a lo cual por providencia de 28 de septiembre de 2015, cursante a fs. 101, ordenó “ofíciese al fin impetrado”, existiendo por parte del órgano jurisdiccional viabilidad a su requerimiento.  En tal sentido, una vez ordenado que se oficie las copias legalizadas requeridas, era carga de la parte requirente de prueba realizar los actos pertinentes para acceder a esa prueba, instando la notificación de las instituciones mediante el personal de apoyo jurisdiccional, no pudiendo endilgarse al juez de la causa otras obligaciones que no le corresponden; por lo que, resulta insustancial, alegar agravio por parte del juzgador en el diligenciamiento de esa prueba, cuando correspondía a la parte recurrente esa obligación en forma oportuna; y en caso de rechazo posterior, explicando aquel antecedente, debió impugnar la decisión en forma oportuna, que al no hacerlo se supone su convalidación con esa decisión.

El art. 62 num. 6) del Código Procesal Civil manifiesta que son deberes de las partes: “Realizar las diligencias establecidas por Ley dentro los plazos procesales”, estableciendo la norma de manera expresa que existe obligación de las partes en las diligencias que incumben al proceso, como es el caso de la citación o el requerimiento de prueba, que una vez ordenado por el juez se debe instar su diligenciamiento mediante el personal subalterno del juzgado en forma oportuna, de manera que se permita la prosecución del proceso y la producción de la prueba para la determinación judicial, con las sanciones y consecuencias procesales inherentes; deber de las partes que también tenía su soporte en el principio de lealtad que regía el Código de Procedimiento Civil abrogado. Si los recurrentes consideraban de trascendencia esa prueba, debieron instar su diligencia y producción en segunda instancia mediante el mecanismo del art. 261.III del Código Procesal Civil, al no hacerlo incluso en esa etapa resulta vano inculpar de agravio a los miembros del Tribunal de segunda instancia por la negligencia propia.

2. Asimismo, los recurrentes señalaron que no se valoró las pruebas adjuntadas por la parte demandada y no se pronunció respecto a las pruebas de la parte demandante concerniente al antecedente de su derecho propietario. Cabe explicar a la parte recurrente que, conforme lo explicado supra, ordenado el diligenciamiento de la prueba propuesta, era obligación del proponente efectivizar los actos concernientes a su diligenciamiento y producción, por lo cual el reclamar la no valoración de prueba no producida en proceso es una situación que atañe a la responsabilidad de la parte demandada, que no puede ser considerado como agravio cometido por los juzgadores. De otro lado, al juez de la causa no le correspondía examinar los antecedentes del derecho propietario de la parte demandante, porque el título de los actores tenía fuerza probatoria a la luz del art. 1289 del Código Civil, más aun cuando no fue acusado de falso expresamente mediante los mecanismos que la ley prevé.



En el fondo.

1. Los recurrentes denunciaron que el Auto de Vista vulneró los arts. 1 nums. 4), 13), 15), 16) y 17),  24 nums. 2) y 3), 25 num. 3)  del Código Procesal Civil, porque no se diligenció los oficios ante el Registrador de Derechos Reales y Juez Sexto de Partido en lo Civil para franqueo de copia legalizada de los antecedentes del proceso de usucapión. 

Mediante este agravio, los recurrentes nuevamente reclaman por el no diligenciamiento de su prueba ofrecida en relación con los antecedentes del derecho de propiedad de los actores, sin comprender que era su responsabilidad realizar los actos necesarios para el diligenciamiento de su prueba una vez ordenado por el juez, siendo inocua la acusación  de vulneración de derechos por parte del juez y del Tribunal de alzada; en tal caso, el denunciar infracción de los arts. 1 nums. 4), 13), 15), 16) y 17),  24 nums. 2) y 3), 25 num. 3)  del Código Procesal Civil, no resulta idónea al acto procesal por el que se sienten afectados, por no tener un nexo de causalidad, considerando que esas normas son de carácter genérico.

2. Así también, acusaron que el diligenciamiento de su prueba era importante  en observancia del art. 1538 del Código Civil (publicidad de los derechos reales), porque ampararía a los demandantes si esos oficios hubieran exhibido la verdad histórica de los hechos.  Se debe señalar que los recurrentes más allá de aludir al art. 1538 del Código Civil, que corresponde a la publicidad de los derechos reales, no establecen si hubiera existido violación, aplicación indebida o errónea interpretación por parte del Ad quem en el caso concreto; sino que pretenden ampararse en la norma por una situación de publicidad- para incidir que no se les permitió diligenciar y producir los oficios concernientes al antecedente del proceso de usucapión del causante de la parte actora; por lo cual, el hecho que los recurrentes no hubieran diligenciado su prueba oportunamente no puede estar ligado a la infracción del art. 1538 del Código Civil que regla la publicidad de los Derechos Reales.

Cabe precisar que la retórica recursiva de la casación está centrada en la falta de diligenciamiento de los oficios del antecedente del proceso de usucapión de la parte actora, que imputa, inadecuadamente, al juez y a los miembros del Tribunal de apelación, debiendo tener presente que es su deber proceder con veracidad, honestidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones, conforme señala el art. 62 num. 1) del Código Procesal Civil, asumiendo las obligaciones y responsabilidades que les atinge como parte en el proceso, que no aconteció en el proceso de autos. 

Por lo manifestado, se concluye que los argumentos de casación no son suficientes para revertir la decisión asumida en el Auto de Vista recurrido, por lo que corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 430 a 439, presentado por Marcela Celestina Calle Calle, Leonardo Choquevillca Villanueva, Ramiro Flores Alberto, Pedro Quispe Colque y Lourdes Butrón Alanes, impugnando el Auto de Vista Nº 474/2018 de 25 de junio, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costos y costas a los recurrentes.

Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.