TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                      S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 383/2019

Fecha: 18 de abril de 2019

Expediente: O-49-18-S

Partes: Juan Flores Tarqui, Paulina Flores Tarqui e Isidora Flores Tarqui de Misericordia c/ Herculiano Rodríguez Apaza, Juana Cazón de Rodríguez, Bartolomé Ramos Mamani, Johnny Rodríguez Cazón, German Rodríguez Cazón y José Oscar Rodríguez Cazón.

Proceso: Nulidad de contrato de transferencia. 

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 544 a 550 vta., interpuesto por German Rodríguez Cazón, José Oscar Rodríguez Cazón y Johnny Rodríguez Cazón contra el Auto de Vista N° 158/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 523 a 530 vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de nulidad de contrato de transferencia, seguido por Juan Flores Tarqui, Paulina Flores Tarqui e Isidora Flores Tarqui de Misericordia contra Herculiano Rodríguez Apaza, Juana Cazón de Rodríguez, Bartolomé Ramos Mamani  y los recurrentes, Auto de concesión de fecha 13 de noviembre de 2018 cursante a fs. 576, Auto Supremo de Admisión de fs. 585 a 586 vta., y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Juan Flores Tarqui, Paulina Flores Tarqui e Isidora Flores Tarqui de Misericordia con memorial de demanda cursante de fs. 27 a 30, subsanada a fs. 41 y vta., ampliada de fs. 49 a 50 y fs. 73 y vta., iniciaron proceso ordinario de nulidad de contrato de transferencia, contra Herculiano Rodríguez Apaza, Juana Cazón de Rodríguez, Bartolomé Ramos Mamani, Johnny Rodríguez Cazón, German Rodríguez Cazón y José Oscar Rodríguez Cazón, quienes una vez citados, conforme el Auto de fecha 15 de junio de 2015 cursante a fs. 141 se declaró la rebeldía de Bartolomé Ramos Mamani, y mediante memorial cursante de fs. 99 a 100 vta., German Rodríguez Cazón, José Oscar Rodríguez Cazón y Johnny Rodríguez Cazón repelen la demanda y opusieron excepciones perentorias de falta de acción y derecho, improcedencia de la demanda, falsedad e ilegalidad; desarrollándose de esta manera la causa hasta proferirse la Sentencia Nº 57/2017 de 10 de agosto, cursante de fs. 458 a 462 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial N°12 de Oruro declaró: 1) PROBADA en parte la demanda de fs. 27 a 30 subsanada a fs. 41 y vta., ampliada de fs. 49 a 50 y a fs. 73 y vta.,  con referencia a la transferencia de lote de terreno a través de la Escritura Pública Nº 107/1993 de 19 de marzo, otorgado por Joaquín Flores a favor de Herculiano Rodríguez Apaza y Juan Cazón de Rodríguez, e IMPROBADA con relación a la transferencia de lote de terreno efectuado por Testimonio N° 541/1993 de 15 de octubre otorgado por Herculiano Rodríguez Apaza a favor de Bartolomé Ramos Mamani, e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad de ilegalidad, falta de acción y derecho, improcedencia de la demanda. 

I.2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación tanto por German Rodríguez Cazón, Johnny Rodríguez Cazón y José Oscar Rodríguez Cazón mediante memorial cursante de fs. 477 a 481, como por Juan Flores Tarqui, Paulina Flores Tarqui e Isidora Flores Tarqui de Misericordia mediante memorial cursante de fs. 483 a 486; la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista N° 158/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 523 a 530 vta. de obrados, REVOCANDO parcialmente la sentencia declarando PROBADA la pretensión de cancelación del protocolo de la Escritura Pública Nº 541/1993 de 15 de octubre de 1993 otorgado por la Notaria de Fe Pública Abigail Choque Mollo de Colque y su respectiva inscripción en Derechos Reales realizada bajo la Partida N° 628 del libro de propiedades capital provincia cercado de 1993, con el argumento siguiente:

a) Que no existe la necesidad de ampliar la demanda contra los presuntos herederos, por cuanto el Servicio de Registro Cívico, informó que solo son tres los descendientes del cujus (Johny Rodríguez Cazón, German Rodríguez Cazón y José Oscar Rodríguez Cazón), quienes fueron citados y asumieron defensa. 

b) Que teniendo en cuenta la prueba producida en juicio también debió declarar probada la pretensión del demandante en relación a la nulidad de la Partida N° 628 y el Testimonio N° 541/1993 de 15 de octubre y consiguiente cancelación. Además, determinó costas y costos al demandado en primera instancia.

CONSIDERANDO II:

Del contenido del recurso de casación

II.1. Del recurso de casación en la forma.

De la revisión del recurso de casación, se observa que German Rodríguez Cazón, José Oscar Rodríguez Cazón y Johnny Rodríguez Cazón, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusó:

1. Que el Auto de Vista debió anular el proceso, dado que los demandantes no acreditaron personería legal, capacidad de obrar en su demanda de nulidad como herederos de Joaquín Flores Choque, a ello adicionó que la demanda y su ampliación fue presentada simplemente por el abogado sin contar con el poder correspondiente, careciendo de personería,  por lo cual el Tribunal de alzada vulneró y desconoció las normas jurídicas de aplicación directa como ser los arts. 50, 52 y 327 del Código de Procedimiento Civil, 78.II del Código Procesal Civil,   804 y 810 del Código Civil.

2. Denunció que la autoridad judicial ante el fallecimiento de Herculiano Rodríguez Apaza y Juan Cazón de Rodríguez, debió ordenar la citación mediante edictos a los presuntos herederos y terceros interesados, porque existen otras personas que vendieron terrenos en la zona de vinto constituyendo litis consorcio activo y pasivo, vulnerando los arts. 1, 24, 105, 106 y 213 del Código Procesal Civil.   

3. Apuntó que el Auto de Vista ilegalmente condenó en costas y costos en primera instancia sin corresponder en aplicación del art. 223.IV del Código Procesal Civil.   

4. El Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista omitió pronunciarse conforme exige el art. 265.I y II del Código Procesal Civil, en el entendido que eludió pronunciarse sobre los puntos apelados por las partes, lo que conlleva a que el proceso adolezca de vicios de nulidad por cuanto corresponde anular obrados.

5. Acusó que el Auto de Vista al no considerar todos los vicios procesales, violó y dió una interpretación errónea del art. 124 del Código de Procedimiento Civil, así como de los arts 105.I, 106.I y 108 del Código Procesal Civil, siendo que debieron subsanar los defectos formales del proceso de oficio y así aplicar el principio de eficiencia.


II.2. Contestación al recurso de casación.

Los actores respondieron al recurso manifestando que el recurrente no dio cumplimiento a lo previsto en el art. 274 del Código Procesal Civil, por cuanto no habría precisado con claridad el Auto de Vista recurrido y las leyes indebidamente aplicadas o interpretadas. 

Añadió que los supuestos defectos no fueron demostrados y mucho menos dieron cumplimiento a los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia, convalidación y preclusión, como también a los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.  Los principios de eficacia y eficiencia en la práctica forense.

La jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 180 de la Constitución Política del Estado, ¨se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez¨. 

El precepto constitucional invocado fue desarrollado en la Ley del Órgano Judicial, concretamente en el art. 30 y señala: ¨7. EFICACIA. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia. ¨8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respecto de las reglas y garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal.¨

Desde dicha perspectiva constitucional queda claro que el proceso y su fase final la sentencia debe ser útil a la cuestión litigiosa, debiendo el operador jurídico restringir el desarrollo del proceso cuando la demanda es improponible y de ese modo evitar un juicio improductivo o insulso. 

III.2. La trascendencia como presupuesto de la nulidad de obrados.

En el Auto Supremo N° 212/2016 de 11 de marzo, sobre la nulidad procesal  orientó: “… el espíritu del Art. 17 de la Ley N° 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…¨.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. El Auto de Vista debió anular el proceso dado, que los demandantes no acreditaron personería legal, capacidad de obrar en su demanda de nulidad como herederos de Joaquín Flores Choque, a ello adicionó que la demanda y su ampliación fue presentada simplemente por el abogado sin contar con el poder correspondiente, careciendo de personería, por lo cual el Tribunal de alzada vulneró y desconoció las normas jurídicas de aplicación directa como ser los arts. 50, 52 y 327 del Código de Procedimiento Civil, 1 y 78.II del Código Procesal Civil, 804 y 810 del Código Civil.

Primero, a fs. 34 y vta., cursa la Matrícula Computarizada 4.01.1.03.0006658 del bien inmueble ubicado en el cantón Teniente Bullaín ex fundo Vinto, que en el asiento cuatro consta el registro de Juan Flores Tarqui, Paulina Flores Tarqui e Isidora Flores Tarqui como herederos de Mario Flores Choque, por ende con derecho propietario sobre el inmueble vía sucesión, lo que les otorga la suficiente legitimación para demandar dada su condición de herederos.

Segundo, que el profesional abogado de los actores presentó la demanda y ampliación de la misma en la oficina de distribución de causas y el juzgado de instrucción respectivamente; no constituye un acto imperfecto que dé lugar a la anulación de obrados, porque la presentación de los escritos de acuerdo a la práctica  forense arraigada, hace mucho tiempo suele  ser efectuada por  el asistente del abogado, no siendo necesario poder notarial para ello,  por cuya razón el actual Código Procesal Civil en el art. 84.II recuperó dicha experiencia.

Los recurrentes no explican como la supuesta irregularidad les provocó indefensión e incidió en el fallo, no obstante, es obvio que dicho aspecto no infringió ni en el derecho a la defensa, mucho menos en la solución de fondo, por lo que el reclamo es fútil.     

2. Denunció que la autoridad judicial ante el fallecimiento de Herculiano Rodríguez Apaza y Juan Cazón de Rodríguez, debió ordenar la citación mediante edictos a presuntos herederos y terceros interesados, porque existen otras personas que vendieron terrenos en la zona de Vinto constituyendo litisconsorcio activo y pasivo, al no haber procedido de dicha manera considera que se vulneró los arts. 1, 24, 105, 106 y 213 del Código Procesal Civil.

La demanda fue instaurada contra Herculiano Rodríguez Apaza y Juana Cazón de Rodríguez, ante su fallecimiento  y teniendo en cuenta la certificación del Servicio de Registro Cívico en el que informa que los herederos del cujus son Johnny Rodríguez Cazón, German Rodríguez Cazón y José Oscar Rodríguez Cazón, no existe la necesidad de dirigir la demanda contra presuntos herederos e interesados, cuando la entidad oficial especificó a los herederos-interesados, salvo que el recurrente conozca a otros herederos en cuyo caso debió identificarlos, por lo que resulta ocioso  anular obrados cuando no se tiene certeza de la existencia de otros herederos e interesados.

El reclamo sobre la figura de litisconsorcio activo y pasivo, no fue reclamado en la instancia inferior y por ello no mereció respuesta alguna, consecuentemente, en aplicación del art.48 del Código Procesal Civil y el principio del per saltum, dicho reclamo no puede ser atendido. Por lo que el reclamo es írrito.

3. Apuntó que el Auto de Vista ilegalmente condenó en costas y costos en primera instancia sin corresponder en aplicación del art. 223.IV del Código Procesal Civil.

La sentencia fue favorable parcialmente en favor de los demandantes y mejorada en el Auto de Vista, desfavorable contra los demandados consecuentemente, al haber dispuesto el pago de costas y costos obró en aplicación del art. 223.II del Código Procesal Civil, por lo que el reclamo carece de sustento legal.    

4. El Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista omitió pronunciarse conforme exige el art. 265.I y II del Código Procesal Civil, en el entendido que eludió pronunciarse sobre los puntos apelados por las partes, lo que conlleva a que el proceso adolezca de vicios de nulidad por cuanto corresponde anular obrados. 

El reclamo de modo general e impreciso indica que los vocales no se pronunciaron sobre todos los puntos apelados, omitiendo especificar el reclamo que no mereció pronunciamiento, lo que contraviene lo previsto en el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, el cual exige la precisión y claridad del agravio, no obstante, de la revisión del recurso de apelación y el Auto de Vista se advierte que todos los puntos apelados fueron respondidos. El reclamo no es evidente.      

5. Acusó que el Auto de Vista al no considerar todos los vicios procesales, violó y dio una interpretación errónea del art. 124 del Código de Procedimiento Civil, así como de los arts. 105.I, 106.I y 108 del Código Procesal Civil, porque debieron subsanar los defectos formales del proceso de oficio y así aplicar el principio de eficiencia.

A ciencia cierta en el proceso no se advierte vicio alguno que amerite la nulidad de obrados y las supuestas irregularidades denunciadas líneas arriba, tampoco constituyen agravios o actos que afecten el derecho a la defensa de los recurrentes, por lo que el reclamo carece de sustento legal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 544 a 550 vta., interpuesto por German Rodríguez Cazón, José Oscar Rodríguez Cazón y Johnny Rodríguez Cazón contra el Auto de Vista N°158/2018 de 28 de septiembre, cursante de fs. 523 a 530 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos al recurrente.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.    

Relator: Mag. Marco Ernesto Jaimes Molina