TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 358/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: SC-128-18-S

Partes: Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez. c/ Teófilo Martínez Morales y Emilia Espíritu Villalba.

Proceso: Mejor derecho propietario, acción negatoria y cancelación de partida   

             inscrita en Derechos Reales.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 794 a 796 vta.,  interpuesto por Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez, contra el Auto de Vista de 11 de junio de 2018, cursante de fs. 788 a 791, pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familiar de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de la acción de Mejor derecho de propietario, acción negatoria, cancelación de registro en Derechos Reales, seguido por Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez contra Teófilo Martínez Morales y Emilia Espíritu Villalba; Auto de Concesión del recurso de 1 de agosto  de 2018, cursante a fs. 805; Auto Supremo de Admisión Nº 912/2018-RA, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO 

1. Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez, interpusieron demanda de mejor derecho de propietario, acción negatoria, cancelación de registro en Derechos Reales, cursante de fs. 8 a 9 vta., del inmueble ubicado UV. 697 de la Urbanización Los Cusis Clara Mora con superficie de 277.20 mts.2, registrado en Derechos Reales bajo la matricula N° 7011060131016 de 24 de abril de 2014; acción dirigida contra Teófilo Martínez Morales y Emilia Espíritu Villalba, quienes una vez citados, responden por memorial y reconvienen de fs. 35 a 36, por acción de mejor derecho de propiedad del inmueble, ubicado UV 311, Mz. 2 lote. 6, Urbanización San Silvestre sobre la Av. Virgen de Lujan registrado en Derechos Reales el 25 de enero de 2013, con matrícula N° 7012010040355.

2. Desarrollándose el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 48/2017 de 18 de octubre, cursante de fs. 719 a 728 vta., y Auto Complementario de fs. 734 y vta., emitido por el Juez Público Civil y Comercial N° 14 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declarando IMPROBADA la demanda de  fs. 8 a 9 vta., de mejor derecho de propietario, acción negatoria, cancelación de registro en Derechos Reales y PROBADA la demanda reconvencional de fs. 35 a 36 por mejor derecho de propiedad.

3. Resolución de primera instancia que fue recurrido en apelación por Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez, por memorial de fs. 743 a 752; la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 281/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 788 a 791, CONFIRMANDO la Sentencia. Bajo los siguientes fundamentos:

Que conforme a la línea jurisprudencial del mejor derecho propietario el juez A quo ha valorado las pruebas ofrecidas y producidas por ambas partes, con el fin de establecer el mejor derecho en adhesión a la verdad material, siendo que no han demostrado la ubicación exacta del inmueble mencionado, según documentales presentadas de fs. 80, 106 a 113 y plano de ubicación de fs. 120 entre otros, existiendo incongruencia por la mención de 3 zonas certificadas por la autoridad de Cotoca, misma que hace dudosa la ubicación y pierde credibilidad lo que evita llegar a una convicción para alegar el mejor derecho propietario, además que los demandantes en fs. 1, tienen registrado la matricula Nº 7011060131016, el que fue adquirido por instrumento público Nº 234 de 11 de abril de 2014, que es el derecho invocado en su demanda y no la matricula Nº 7012010051199 de fecha 13 de marzo de 2015, evidenciándose que existen dos matriculas sobre el mismo inmueble expuesto por los actores que resulta confusa la demanda, asimismo se debe tomar en cuenta los procesos instaurados por los demandantes como actos propios el interponer la usucapión y regularización de la propiedad urbana para la vivienda contra los ahora demandados reconvencionistas y lo que hace presumir su mala fe y el abuso de derecho creando una barrear opuesta a la pretensión judicial.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez mediante memorial de fs. 794 a 796 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación interpuesto por Juliana Luisa Yavi Copari y Sacarías Quispe Cortez, se observa que en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusa:

1. Que el Tribunal de alzada no valoró la certificación de tradición de fs. 735 a 736, de los actores para determinar su mejor derecho propietario sobre la matricula Nº 70120100119, que tiene su antecedente dominal que se desprende de la matricula Nº 7011060003098 de 23 de noviembre de 1936, proporcionándoles mejor derecho del inmueble en litis contra los demandados por lo que se estaría vulnerando los art. 1 núm. 2, 3, 4, 5, 13, 15 y 16 del Código Procesal Civil.

2. Reclama que el juez A quo emitió una Sentencia ultra petita que la misma fue compartida por los de segunda instancia, omitiendo el debido pronunciamiento sobre la matricula Nº 7012010040355, de los demandados que por lo demostrado en la certificación de tradición de Derechos Reales en el registro del inmueble objeto de litis indica que es de Cotoca, Cantón Cotoca, jurisdicción de la ciudad de Cotoca, siendo contrario al plano de uso de suelo emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, presentado por los reconvencionistas, quienes habrían ingresado datos falsos al registro de propiedad en incumplimiento al contenido del art. 213.III de sustantivo civil.

Petitorio.

Solicita se anule el Auto de Vista a efectos de que el Juez dicte nueva Sentencia conforme al art.220.III de CPC.

Contestación al recurso de casación de fs. 801 a 803 vta.

Que el recurso de casación planteado por los recurrentes resulta ser defectuoso, debido que en ninguna parte fundamentan las leyes que se hubieran violado o aplicado indebidamente, por lo que refieren de su registro de propiedad la matricula Nº 7011060131015, la cual es su matrícula Nº 7.01.1.06.0131016 de 24 de abril de 2014, -lote de terreno ubicado en zona oeste, Clara Mora con superficie de 277,20 mts.2- y según antecedente dominal de fs. 735 a 736 matricula Nº 7.01.2.01.0051199 de 21 de abril de 2015, -lote de terreno ubicado en la zona Oeste urb. Los Cusis, San Silvestre, Municipio de Cotoca, Lote 6, Mz 2 UV Nº 697, con superficie de 266,94 mts.2-, por lo que los demandantes ahora recurrentes mediante sus actos fraudulentos traslada el bien al municipio de Cotoca y luego mueven su ubicación al Este, Oeste y Noreste y Sur de Cotoca, lo cual constituye un indicio más de la actividad fraudulenta de los ahora recurrentes.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad de oficio.

Conforme a lo establecido en el art. 106 del Código Procesal Civil, el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, en ese entendido, previamente a emitir una resolución de fondo, corresponde realizar una revisión de oficio del proceso, donde se examinará, si las resoluciones dictadas se fundamentaron, entre otros aspectos, en el principio de eficacia que encuentra inmerso en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado.

Por otra parte el art. 17.I de la Ley Nº 025, señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, de esta manera, se infiere que a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales sin que exista petición de parte, o sea de oficio; sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficacia que rige la jurisdicción ordinaria se encuentra facultado para asumir una decisión anulatoria.

III.2. De la prueba de oficio y el principio de verdad material.

El art. 264.I del Código Procesal Civil, dispone que: “Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el art. 261.III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer”, en esa misma lógica el art. 136.III del citado cuerpo legal establece que: “La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial”. De lo expuesto se concluye que los Jueces y Tribunales tienen la facultad de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, las cuales se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado, criterio que también se encontraba plasmado en el art. 233.II y art. 4 núm. 4) ambos del anterior Código de Procedimiento Civil.

Es en este entendido que este Tribunal Supremo de Justicia a orientado a través de diversos fallos, entre ellos los Autos Supremos Nº 690/2014, 889/2015 y 131/2016, entre otros, que en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los Jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los artículos citados supra, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad, incluso más amplia (por el principio de verdad material inmerso en el art. 180 de la CPE y actualmente también en el art. 134 del Código Procesal Civil), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso. Consiguientemente, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige la justicia boliviana, entre ellas podemos citar a la SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales. 

Así también, acudiendo al derecho comparado, la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material. La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso. Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”.

En este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, pues una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia el órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

Consiguientemente, y toda vez que las partes acuden al órgano jurisdiccional para encontrar una solución a los conflictos que se les presenta, es que las decisiones de los jueces y Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria deben basarse en la verificabilidad de los hechos comprobados así como en la legitimidad de los mecanismos probatorios.

Asimismo, en el caso de que se genere duda razonable sobre algún hecho o extremo, es decir, que no exista convicción suficiente que le permita al juzgador fallar sobre la pretensión deducida en el proceso por no contar con los suficientes medios que le permitan llegar a la verdad real de los hechos (verdad material), el juez o Tribunal en quien se generó dicha duda, en virtud al principio de verdad material, desarrollado supra, y lo establecido en el art. 233.II del Código de Procedimiento Civil y actualmente en los arts. 136.III y 264.I del Código Procesal Civil, puede hacer uso de su facultad de mejor proveer, o sea de solicitar la producción de prueba de oficio que considere conveniente y de esta manera dilucidar aquel aspecto sobre el cual no tiene certidumbre o convencimiento, para así poder emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo.

III.3. De la acción mejor derecho propietario.

El art. 1545 del Código Civil, dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título” (Las negrillas y subrayado nos pertenecen).

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremos Nº 588/2014 de 17 de octubre, lo siguiente: “para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario,3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad” (Las negrillas pertenecen a la presente resolución).

Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre, se razonó que:“…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (Las negrillas pertenecen a esta resolución).

Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos desglosados en la doctrina aplicable al caso de autos, específicamente en los puntos III.1 y III.2., se dejó establecido, entre otros extremos, que la nulidad de obrados puede ser declarada no solo a petición de parte sino también de oficio, siempre y cuando las infracciones advertidas se encuentren expresamente calificadas por Ley y estas atenten al orden público; es que corresponde a continuación, en estricta aplicación de los principios de eficacia y verdad material que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado, realizar la revisión de oficio de lo obrado en el proceso y de esta manera verificar la existencia o no de vicios procesales, resulta pertinente realizar las siguientes apreciaciones:

En ese contexto se puede advertir que en la demanda de fs. 8 a 9 vta., los actores manifestaron ser legítimos propietarios de un bien inmueble inscrito bajo la matricula Nº 7011060131016, que fue adquirido por Instrumento Público Nº 234 de 11 de abril de 2014, ubicado en Los Cusis Clara Mora de la Zona Oeste con superficie 277,20 mts.2, registrado en Derechos Reales el 24 de abril de 2014 de fs. 1, durante la tramitación del proceso los demandantes adjuntan otro registro en Derechos Reales ajeno al referido en la demanda principal, aludiendo ser del mismo inmueble con registro dominal cursante de fs. 153 a 155, así como el certificado de tradición de fs. 735 a 736 vta., de la matrícula Nº 70120100119, registrado por Instrumento Público Nº 25 de 15 enero de 2015, con las siguientes características de ubicación UV Nº 697A, Lote Nº 6, manzano Nº 2 de la Zona Oeste Urb. Los Cusis, San Silvestre del Municipio de Cotoca con superficie de 266,94 mts.2, registrado en Derechos Reales el 21 de enero de 2015.

Que los demandados contestaron y plantearon la demanda reconvencional en base al  Instrumento Público Nº 45/2013 de 24 de enero de 2013, expresando ser propietario del mismo inmueble con ubicación en la Urbanización San Silvestre, UV.311, Mza. 2, lote 6 de Santa Cruz de la Sierra con superficie 266,94 mts.2, acorde al plano aprobado de 19 de noviembre de 2012, emitido por la Dirección Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra el plan de ordenamiento urbano territorial ¨PLOT¨ aprobado mediante Ordenanza Municipal 078/2005 de 27 de junio, registrado en Derechos Reales bajo la matricula Nº 7012010040355, así como lo demuestra en el certificado de tradición adjuntado de fs. 138 a 139, asimismo expone y adjunta la existencia de  procesos de acción reivindicación tramitado en el Juzgado 6to de Instrucción Civil de la capital de fs. 267 a 376 y proceso de usucapión iniciado por Juliana Luisa Yavi Copari radicado en el Juzgado 11º Partido en lo Civil de la capital, asimismo, como las testificales de fs. 97 a 99, inspección judicial de fs.104 y vta.

Durante la etapa probatoria los demandantes adjuntaron como pruebas relevantes el registro de la matricula Nº 7011060131016 de 24 de abril de 2014 sobre el inmueble ubicado en la Zona Oeste de Clara Mora de 277,20 mts.2, con límites al Norte con Rosendo Paco calami, mide 10.94 mts., Este con Rosendo Paco Calamani, mide 25,03 mts., Sur Av. Virgen de Lujan, mide 11,37 mts. y Oeste Sebastián Nina Mamani, mide 25,19 mts., cursante de fs. 1, asimismo la certificación emitida del Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca de fs. 7, que en su contenido refleja “Zona Este (…) código catastral 070102-490034-8039630 con plano aprobado en fecha 09/04/2014 con una superficie según título de 277.20 M2…”, cambiando la ubicación  de la zona se tiene el certificado de fs. 120 “Zona Oeste UV, 697A, Mz. Nº 2, Lote Nº 6, superficie según mesura 266,94 con coordenadas 8029600-8039700-490000-490100”, también se adjunta el plano aprobado por el concejo  de Ordenamiento Urbano del Gobierno Municipal de Cotoca de fs. 80 “con coordenadas 8039620-8039650-490030-490080 superficie 277,20 M2”, y de contra parte por los demandados se adjunta plano de ubicación y suelo de la Oficialía Mayor de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a fs. 67 “coordenadas 8040000 y 490000, UV. 311, manzana 2, lote 6, superficie 266,94 mts.2”.

Consiguientemente, se advierte que la Juez de la causa, pronunció la Sentencia Nº 48/2017 de 18 de octubre, cursante de fs. 719 a 728 vta., con su Auto complementario de fs. 734 y vta., declarando improbada la pretensión de mejor derecho propietario planteado por los recurrentes, en razón que los demandantes adjuntaron diferentes registros de propiedad con datos disparejos a lo que refiere la demanda principal, por lo que el inmueble de litis contaria con dos matriculas Nº 7011060131016 y 701201000119, uno con antecedente dominal de 21 de marzo de 2006, invocado en la demanda y el otro con antecedente dominal de 23 de noviembre de 1936, ambas con diferentes datos sobre la ubicación por lo que confunde y hace dudosa la pretensión de su demanda, siendo así que A quo no encuentra convicción de mejor derecho propietario en la demanda principal por la variación y existencia de dos registros por parte de los actores sobre el inmueble en litis, motivo por el cual el Juez no encontró viable la pretensión principal.   

Apelada la referida resolución por los demandantes, el Tribunal de segunda instancia, emitió el Auto de Vista Nº 281/2018 de 11 de junio, que cursa de fs. 788 a 791, confirmando la sentencia citada supra, manteniendo firme y subsistente tanto los fundamentos como las determinaciones asumidas por el juez A quo, lo que demuestra que de manera tácita aceptan el hecho de que se haya declarado improbada la pretensión de mejor derecho de los demandantes por no identificarse que superficie pretende ser reclamada, ya que la misma no se encuentra delimitada de manera clara y precisa. 

En ese contexto, si bien existe amplia jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia en sentido que las nulidades procesales son restrictivas y sólo proceden ante irregularidades que atentan al debido proceso, empero, no podemos obviar que una acción mejor derecho, es una acción para demostrar su mejor antecedente dominal de acuerdo a la normativa vigente, como lo desglosado en la doctrina establecida en el punto III.3 se deben cumplir con ciertos requisitos y/o exigencias, por lo tanto previamente a analizar quien goza de preferencia sobre el derecho propietario de un determinado bien inmueble, se debe tener plena certeza de que las partes en contienda tengan registrado su derecho propietario en Derechos Reales y que exista identidad o singularidad del bien demandado.

Sobre este último requisito, es menester señalar que es obligación de los sujetos procesales el producir todos los medios probatorios que consideren pertinentes para demostrar que el derecho que se disputa recae sobre la misma cosa o bien (carga de la prueba), sin embargo en caso de que no exista certeza sobre esta identidad y singularidad, el Juez o Tribunal, en virtud al principio de verdad material, tiene la facultad de proveerse de los medios probatorios que considere pertinentes para que la resolución que vaya a dictar sea cumplida de manera eficaz sin perjudicar derechos de terceros, resultando en ese sentido la prueba pericial pertinente para acreditar la ubicación y coincidencia en si del registro de propiedad pertenecen mismo predio a registrado en Derechos Reales, es decir de las  matriculas Nº 7011060131016 y 70120100119.

Siendo que el Ad quem al confirmó la Sentencia, expresando como elemento central que no se ha demostrado la ubicación exacta del inmueble, mencionado que según documentales presentadas de fs. 80, 106 a 113 y el plano de ubicación de fs. 120 entre otros adjuntos al proceso, existiendo incongruencia por la mención de las 3 zonas certificadas por la autoridad de Cotoca, mismas que hacen dudosa la ubicación y pierde credibilidad lo que evita llegar a una convicción para determinar el mejor derecho propietario, ya que demuestra distintas características de los registros inscritos en Derechos Reales que son: “matricula Nº 7011060131016 que fue adquirido por instrumento público Nº 234 de fecha 11 de abril de 2014, ubicado Los Cusis Clara Mora, Zona Oeste con superficie 277,20 mts.2, registrado en Derechos Reales el 24 de abril de 2014”  y “matrícula Nº 70120100119 de 13 de marzo de 2015  por instrumento público Nº 25 de 15 enero de 2015, ubicación Lote Nº 6, Mza. Nº 2, UV Nº 697A, Zona Oeste Urb. Los Cusis, San Silvestre del Municipio de Cotoca con superficie de 266,94 mts.2, registrado en Derechos Reales en fecha 21 de enero de 2015”, por lo que no resulta lógico que en el caso de Autos el Tribunal de alzada haya confirmado una sentencia, que en su ejecución resulta ineficaz, pues conforme expresamente lo señala el A quem, que no existe prueba que acredite con precisión la ubicación del bien inmueble en debate, puesto que los actores presentan dos registros sin existir certeza cual corresponde al inmueble objeto de debate, o sea las matricula Nros. 7011060131016 y  70120100119, sobre las cuales aduce los demandantes tener preferencia dominal, máxime cuando las resoluciones deben ser pronunciadas sobre bases sólidas y estricto cumplimiento de los requisitos que hacen procedente la pretensión demandada.

Por lo expuesto, y toda vez que el Tribunal de alzada, con la finalidad de llegar a la verdad material de los hechos en procura de justicia, tiene la amplia facultad de producir prueba de oficio para mejor proveer, tal como lo estipula el art. 264.I del Código Procesal Civil, sin que ello implique que se esté afectando su imparcialidad, ya que las resultas de la prueba que produzca puede afectar o beneficiar a cualquiera de las partes, es que en el caso de autos corresponde anular obrados, con la finalidad de que en dicha instancia despeje la duda que se originó en primera instancia y que fue tácitamente confirmada en el Auto de Vista.

Consiguientemente, corresponde emitir fallo conforme a lo previsto por los arts. 106.I y 220.III núm. 1 inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106.I y 220.III núm.1 inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista de 11 de junio de 2018, cursante de fs. 788 a 791, por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispone que el Tribunal de alzada, con carácter previo a emitir nueva resolución, cumpla con lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizu.