TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 355/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sucre: 03 de abril de 2019

Expediente: CB-55-18-S

Partes: Carlos Alberto Barrientos Rocabado c/ Gumercindo Mamani Quispe y

            Otros. 

Proceso: Nulidad de documentos.  

Distrito: Cochabamba. 


VISTOS: El recurso de casación de fs. 1742 a 1749 vta., interpuesto por Carlos Alberto Barrientos Rocabado contra el Auto de Vista de 19 de marzo de 2018 cursante de fs. 1720 a 1728 y el Auto Aclaratorio de 2 de julio de 2018 de fs. 1738, pronunciados por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre nulidad de documentos seguido por Carlos Alberto Barrientos Rocabado contra Gumercindo Mamani Quispe y otros,  el Auto de concesión de fs. 1754, el Auto Supremo de Admisión N° 834/2018-RA de fs. 1758 a 1760, los antecedentes del proceso, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público en lo Civil y Comercial 1° de Sacaba provincia Chapare del  Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia N° 026/2016 de 30 de diciembre, cursante de fs. 1572 a 1578, declarando IMPROBADA la demanda de fs. 221 a 232, disponiendo no haber lugar a la declaración de nulidad, IMPROBADAS las demandas reconvencionales de fs. 414 a 418 y  430 a 431, sin cosas, PROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia de la demanda, falta de acción y derecho del actor, opuestas contra la demanda principal y PROBADAS las excepciones perentorias  de falsedad falta  de acción y derecho en la acción reconvencional.


Contra esta determinación, Carlos Alberto Barrientos Rocabado interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 1582 a 1589 vta., resuelto por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien pronunció el Auto de Vista de 19 de marzo de 2018, cursante de fs. 1720 a 1728, por el cual REVOCO la sentencia impugnada y declaró PROBADA la demanda de fs. 221 a 232 determinando la nulidad del poder Nº 547/2008 de 19 de mayo  de 2008 y las subsiguientes ventas realizadas en base a dicho instrumento a favor de los demandados, IMPROBADAS  las demandas reconvencionales de fs. 414 a 418 y 430 a 431, IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia de la demanda, falta de acción y derecho del actor, opuestas  contra la demanda principal; y, PROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, falta de acción y derecho en la acción reconvencional, en razón de que la buena fe de los demandados compradores,  que señala no pueden ser acogidos en una demanda de nulidad de documentos, bajo los siguientes argumentos:


Con relación a la excepción de falta de acción y derecho, señalan que el actor  acredito tener vocación sucesoria en su condición de sobrino del de cujus, de acuerdo al art. 1109 del Código Civil, y la declaratoria de herederos de fs. 1 a 3,  demostrando tener legitimidad ad causam es decir la titularidad del objeto de la pretensión, para iniciar la acción de nulidad.


Sobre el rechazo a la prueba pericial, el Tribunal ad quem argumentó que dispuso la producción de prueba pericial documentológica sobre el Testimonio de Poder Nº 547 de 19 de mayo de 2008, por lo que procede a la valoración del informe pericial emitido en 19 de junio de 2012 de fs. 1669 a 1706 donde se concluyó  que la firma y rubrica impresa a mano no corresponde a Humberto Rocabado Rico y por consiguiente la firma y rubrica no es auténtica, lo cual se halla corroborado por la literal de fs. 711 a 1221 consistentes en fotocopias de la Historia Clínica Nº 971 del paciente Humberto Rocabado de la Directora del Hospital Univalle que demostraría que fue internado en tres oportunidades por su delicado estado de salud periodo en el cual habría otorgado el supuesto poder.


Advierte que de acuerdo a la jurisprudencia constituye un medio probatorio idóneo para acreditar la falsedad de un documento cuando se suplanta las firmas de los otorgantes, de acuerdo a los arts. 1331 y 1333 del Código Civil y los arts. 430 y 441 del Procedimiento Civil vigente durante la tramitación de la causa y que se encuentra reiterada en los arts. 193 y 202 del Procesal Civil, por lo que  considera que el dictamen pericial junto con la historia clínica de Humberto  Barrientos  Rico demuestra la falsedad del poder notariado.


Por ultimo concluye señalando que toda falsificación es un acto ilícito y no puede ser considerado como válida que producirá efectos de reproche al atentar el orden legal, que si  bien debe operar en la vía penal pero también en civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, por lo que considera que debe avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito en denuncias de vulneración a lo dispuesto en el art. 549 num. 3) del Código Civil, que establece la nulidad de los  contratos por ilicitud de la causa y por  ilicitud del motivo que impulso  a las partes a celebrar el contrato;  que  el codemandado  Gumercindo  Mamani  Quispe al utilizar el poder falsificado Nº 547/2008 de 19 de mayo, para transferir los terrenos de propiedad de Humberto  Barrientos  Rico, ha  incurrido  en  un  acto  ilícito  que corresponde sea declarado nulo al igual que las ventas  efectuadas por el mismo sin  perjuicio de que los  terceros compradores de buena  fe que hagan prevalecer sus derechos por sus medios legales. Adicionalmente  hace referencia que el demandante  no es el único  heredero, encontrándose también Gloria Ruth Mery Barrientos Rocabado  de Bejarano  y  Silvia  Barrientos de Velho entre otros, a efectos de la restitución de acuerdo al art. 547 del Código  Civil, como efecto de la nulidad declaradas, corresponde que todos los coherederos  de Humberto  Barrientos Rico, procedan a la división  y partición del inmueble. Asimismo con posterioridad emitió el Auto de complementación de 2 de julio de 2018 de fs. 1738.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


En la forma:

  1. El Auto de Vista es infra petita o citra petita y  extra petita o ultra petita

Alega que no obstante que el Tribunal de alzada revoco la sentencia de primera instancia al declarar probada su demanda era su obligación conceder en el fondo  todas las peticiones formuladas en ella y no dejar ningún punto pendiente, al no haber procedido así  la resolución incurriría en incongruente. Acusa que  no se configuraron la nulidad de los documentos  de los puntos 19  al 23 ni la nulidad de los gravámenes de los puntos 24 y 25 ni ordenan la notificación a la oficina de Derechos Reales de Sacaba para que anule las respectivas inscripciones, a cuyo efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, Autos Supremos Nros. 1169/2016 de 7 de octubre, 304/2016 de 6 de abril.


Asimismo refiere que al haber acogido su apelación, no debieron introducir  elementos que no fueron motivo del mismo ni de su  demanda, en consecuencia  el fallo recurrido incurriría también en extra petita o ultra petita siendo incongruente, al igual que el auto complementario. Señala que es ultra petita o extra petita al haber introducido la existencia  de otros herederos de Humberto Rocabado Rico y que debe procederse a la división  y partición del inmueble lo cual indica no fue motivo de controversia y que fueron utilizados a propósito por los de alzada para no aplicar el art. 547 del Código Civil. 

Que al haberle negado su solicitud de complementación han cometido una infracción al art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado, ya que no le brindan tutela judicial efectiva y le dejan en estado de indefensión  además del debido proceso


En el fondo:

  1. El Auto de Vista omitió disponer la restitución a su favor la posesión de los lotes de terreno

Pese a que el Auto de Vista revocó la sentencia y declara probada su demanda extrañamente permitió que los falsos e ilegales compradores de los lotes de terreno, continúen en posesión de los mismos pudiendo prolongarse de forma indefinida si debe procederse a la división y partición como señalarían los de alzada. Sostiene que al haber declarado probada su demanda y nulos los contratos de compra venta  no tiene  ninguna obligación con los demandados  porque  no recibió  parte  de ellos ni  suma  de dinero, en consecuencia  lo que correspondía  era ordenar a los demandados devolver o restituir  a su  favor los lotes de terreno  que se les entrego  como efecto de los contratos  de compra venta  anulados, es decir le restituyan  a su favor la posesión sobre los lotes de terreno en el plazo de tres  días  de su  notificación  bajo conminatorias de expedirse mandamiento de lanzamiento  o desapoderamiento  en su contra respecto al lote  de terreno respectivo, por ultimo aclara que no pretende la nulidad del auto de vista porque está de acuerdo con la acogida a su recurso de apelación no así sus impugnación sobre los puntos que no le fueron concedidos o los que concedieron en exceso y la falta de aplicación del art. 547 del CC, por lo que solicita la nulidad parcial de las resoluciones impugnadas lo que acogió. 


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, no fue respondido, siendo concedido el recurso planteado por Auto de fs. 1754.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1.- Del objeto y la causa del contrato.

Sobre el particular se puede citar el AS Nº 504/2014 de fecha 08 de septiembre 2014, el cual ha señalado: “Ahora el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien. Lo propio sucede cuando se trata de una división y partición de terrenos, los copropietarios tengan la posibilidad de dividir dicho bien, o sea, que el bien debe existir en el patrimonio de los copropietarios, por eso se dice que la cosa debe ser cierta, en sentido de que los copropietarios sean titulares de dicho bien y el mismo exista objetivamente y tratándose de bienes sujetos a registro, deben estar respaldos con el título y su pertinente registro, así demostrados se entenderá que el bien se encuentra dentro del patrimonio de los copropietarios y por ello que dicha división puede ser posible, porque los titulares tienen en su patrimonio el bien descrito que será dividido.

Sobre la causa ilícita y motivo ilícito, corresponde remitirnos al Auto Supremo N° 311 de 17 de junio de 2013, en el que se señaló lo siguiente: “La causa ilícita, en nuestra legislación ha sido interpretada en el Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo en el que se indicó que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil”.

En cuanto al motivo ilícito el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir…”


III.2.- La falsificación del acto jurídico como causal de nulidad.

Este máximo Tribunal ha emitido basta jurisprudencia como la contenida en el AS Nº 808/2015-L de fecha 16 de septiembre 2015, orientando en sentido que: “En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.

En ambos casos la conducta no constituye un ilícito reprochable a su autor…
En virtud a este razonamiento, este Tribunal Supremo no puede reconocer una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Toda falsedad supone un engaño, todo engaño es contrario a la moral y quebranta el ordenamiento jurídico, consecuencia de ello, en virtud a los valores ético morales reconocidos en la Constitución Política del Estado, toda falsedad debe merecer reproche del ordenamiento jurídico porque de lo contrario se afecta la armonía social. Ahora bien, pretender que un acto que se origina en una falsedad produzca eficazmente efectos favorables para quien es el autor o beneficiario de esa falsedad resulta inaceptable en un Estado Constitucional, como el nuestro, basado en principios éticos morales señalados anteriormente. Siendo una característica del acto anulable la posibilidad de operar su confirmación, resulta también inaceptable que esta característica del acto anulable opere respecto a un acto ilícito de falsedad, como en el presente caso que se evidenció un documento de transferencia en el que intervendría una persona fallecida años antes de su celebración, consiguientemente podemos concluir que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por vía de anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud. Este razonamiento modula el entendimiento asumido por la Extinta Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal Supremo de Justicia, en función a los postulados antes expuestos…”, ahora de acuerdo a los antecedentes del proceso la conclusión arribada por los de instancia se tiene que en el sub lite la minuta y el protocolo notarial analizados, han sido adulterados, consiguientemente el aporte dogmático de los efectos de una falsedad como se expuso en el Auto Supremo Nº 275 de 2 de junio de 2014, son aplicables al caso presente, pues se tiene que los documentos descritos han sido fraguados (falsificados), ahí la ilicitud en la falsificación, consiguientemente no se advierte infracción de norma alguna, como acusa la recurrente.”

Asimismo el Tribunal Constitucional refrendando la jurisprudencia citada, ha determinado la imposibilidad de convalidar actos basados en una falsedad, empero, siendo más precisos en la SPC  919/2014 de fecha 15 de mayo de 2014 señalo que: “En este sentido, allí donde se demuestre manifiesta ilicitud, debido a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad; toda vez que, desde una interpretación teleológica, la nulidad de contratos, cuyos casos están establecidos en el art. 549 del CC, se fundamenta en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible; por su parte la anulabilidad, cuyas causales están establecidas en el art. 554 del CC, tiene la finalidad de garantizar a las partes, el cumplimiento de las normas legales en la “formación del contrato”, a causa, por ejemplo de los vicios del consentimiento, dolo o violencia, entre otros establecidos en la norma (dimensión subjetiva).

Un entendimiento contrario tendría como efecto la convalidación de actos manifiestamente ilícitos, que contravienen los principios ético-morales de la sociedad plural, entre ellos el vivir bien, rompiendo la armonía y el equilibrio en las relaciones del conjunto de la sociedad (dimensión objetiva); por lo tanto más allá de las formas y formalidades, no puede efectuarse la simple subsunción respecto de un hecho de manifiesta ilicitud como es la “falsificación” a una causal de anulabilidad, más aun tomando en cuenta que conforme lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia una característica del acto anulable es la posibilidad de operar su confirmación, situación contraria al orden constitucional en el caso de la falsedad”.

En suma se puede advertir que este Tribunal ha modulado la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de justicia, realizando una interpretación desde el punto de vista constitucional en atención de los principios éticos-morales que rigen nuestro actual modelo constitucional, generando el criterio que no puede considerarse como causal de anulabilidad sujeto a convalidación un acto reprochable de ilícito como es la falsedad, entendimiento que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional conforme se desprende supra.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Con relación a las denuncias efectuadas por la parte recurrente se tiene:


En la forma:

  1. Con relación al reclamo de que el Auto de Vista es infra petita o citra petita y  extra petita o ultra petita

De la revisión del memorial de demanda planteado por Carlos Alberto  Barrientos  Rocabado de fs. 221 a 232, se establece que este  textualmente  demando: “la  nulidad del falso mandato contenido en el Testimonio de Poder Nº 547/2008 supuestamente  otorgado en 19 de mayo del 2008, por  ante la Notaria de Fe Publica  de Segunda  Clase Nº 1 de la Localidad de Sacaba, a cargo de Luis  Fernando Revollo Claros, supuestamente conferido por Humberto Rocabado  Rico a favor de Gumercindo Mamani Quispe; y asimismo la nulidad de las trasferencias  efectuadas de 17 lotes  de terreno de propiedad de mi referido tío utilizando  el falso mandato  contenido en el testimonio de poder  referido; como  también la nulidad de las transferencias  realizadas por los  adquirentes a favor  de terceras personas  y en suma  hasta  donde alcance la cadena de dichas  transferencias viciadas de nulidad”, consecuentemente al haberse emitido la sentencia  donde  inicialmente  declaro  improbada la demanda y  que  de forma  posterior fue revocada por el Auto de Vista de 19 de marzo de 2018, cursante de fs. 1720 a 1728, por el que revocó la sentencia  y declaro probada la demanda determinó expresamente la nulidad del poder Nº 547/2008  de 19  de mayo  y las “subsiguientes ventas realizadas en base a dicho  instrumento” (sic), en consecuencia no es evidente que el Tribunal ad quem incurra en incongruencia  alguna, sin que se haya demostrado que exista disonancia con los antecedentes de la causa y la normativa que rige el proceso, por cuyos motivos  no se ha advertido que el Tribunal de alzada haya incurrido en incongruencia, ni que carezca de fundamentación y motivación sobre la determinación asumida, en consecuencia el auto de vista no es infra petita o citra petita. 

Adicionalmente en cuanto a que el fallo de otro lado habría  incurrido en extra petita o ultra petita, al introducir  elementos que no fueron motivo de apelación, refiriéndose a que el Tribunal Ad quem denota la existencia de otros herederos de Humberto Rocabado Rico y que debe procederse a la división y partición del inmueble, el recurrente debe tener en cuenta que es labor de todo Tribunal de alzada el realizar un efectivo control del trámite de la causa y los antecedentes  facticos que le han motivado, es decir debe existir una verdad histórica de los hechos para poder llegar precisamente a la verdad material y asumir  convicción de los datos como de las pruebas acotadas en el proceso, por lo que el omitir  ciertos aspectos apartándose de los antecedentes lejos de acercar a una correcta administración de justicia, conlleva una vulneración a una tutela judicial por parte de los administradores de justicia.



En el fondo:

  1. Respecto a la denuncia de que el Auto de Vista omitió disponer la restitución a su favor la posesión de los lotes de terreno

Sobre este reclamo cabe referirse una vez más a que el demandante  ha solicitado la  nulidad del Testimonio de Poder Nº 547/2008 de 19 de mayo, otorgado por su tío Humberto Rocabado Rico a favor de Gumercindo Mamani Quispe, la nulidad de las transferencias  efectuadas a raíz del uso de ese poder; y, las transferencias  realizadas por los adquirentes a favor de terceras personas, en suma hasta  donde alcance la cadena de dichas transferencias.

Bajo ese contexto se observa que el impetrante no solicitó la restitución de los lotes de terreno a su favor, lo cual inclusive de acuerdo a lo establecido por el Tribunal ad quem, se hallaría sujeto al trámite previo que se debe imprimir antes de la procedencia a dicho petitorio que es ajeno al trámite de la causa, pues como se tiene indicado el Tribunal de alzada advirtió la existencia de otros herederos de Humberto Rocabado Rico y que debe procederse a una división y partición del inmueble, consecuentemente no es evidente que el auto de vista al revocar la sentencia y al haber declarado probada la demanda “extrañamente” (sic) permitió que los falsos e ilegales compradores de los lotes de terreno, continúen en su posesión, como pretende confundir el ahora recurrente

Razones por las que al haberse advertido que el auto de vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1742 a 1749 vta., interpuesto por Carlos Alberto Barrientos Rocabado contra el Auto de Vista de 19 de marzo de 2018 cursante de fs. 1720 a 1728 y el Auto Aclaratorio de 2 de julio de 2018 de fs. 1738, pronunciados por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.