TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                      S A L A C I V I L



Auto Supremo: 354/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: T-39-18-S

Partes: Ministerio de desarrollo rural y tierras c/ Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.  

Proceso: Nulidad de escrituras públicas y cancelación de registros en Derechos

Reales.

Distrito: Tarija. 

VISTOS: El recurso de casación planteado por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija representado por Iván Rodrigo Vaca Parrado, Cristina Sánchez y Sergio David Corrillo Machicado (fs. 327 a 331), impugnando el Auto de Vista Nº 104/2018, pronunciado el 17 de agosto y Auto complementario Nº 61/2018 de 27 de agosto, pronunciados por la Sala Civil, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, cursantes de fs. 313 a 316 vta. y fs. 322 a 323, respectivamente, en el proceso de nulidad de escrituras públicas y otros, seguido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; contestación de fs. 338 a 342, Auto de concesión de fs. 343 y vta., Auto Supremo de Admisión Nº 935/2018-RA de 01 de octubre de fs. 351 a 352, y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras planteó demanda ordinaria, por nulidad de escrituras públicas y cancelación de registros y matrícula computarizada en Derechos Reales contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de fs. 88 a 95 vta., pronunciándose el Auto definitivo de 17 de agosto de 2016 en el que el juez se declaró incompetente por razón de materia (fs. 126 a 128 vta.), ante lo cual la parte demandante interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación (fs. 131 a 136 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista Nº 176/2016 de 28 de octubre e fs. 144 a 147, que REVOCÓ el Auto definitivo, disponiendo que el juez de la causa asuma conocimiento de la demanda. 

Así la parte demandante amplió la demanda cursante de fs. 152 a 160, siendo que el ente demandado contestó la demanda por memorial de fs. 276 a 281vta., interponiendo demanda reconvencional por acción reivindicatoria, misma que por Auto interlocutorio de 15 de mayo de 2017 es rechazada por la existencia de dicha acción judicial en otro juzgado con identidad de sujeto, objeto y causa (fs.248 a 249), tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la ciudad de Tarija, dictó Sentencia Nº 95/2017 de 11 de julio de 2017, declarando PROBADA la demanda de fs. 88 a 95 e IMPROBADA la ampliación por nulidad de actos jurídicos unilaterales de fs. 152 a 160, estableció así la nulidad de las Escrituras Públicas de transferencias Nº 244/2008 de 31 de octubre y Nº 49/2010 de 26 de octubre.

3. Apelada la Sentencia Nº 95/2017 por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (fs. 268 a 272 vta.), la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 104/2018 el 17 de agosto, y Auto complementario Nº 61/2018 de 27 de agosto (fs. 313 a 316 vta. y fs. 322 a 323 respectivamente) que REVOCÓ PARCIALMENTE LA SENTENCIA, declarando PROBADA la demanda de ampliación y modificación de fs. 152 a 160 interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, consecuentemente declaró la nulidad de la minuta de transferencia legal de 22 de octubre de 2008,  de un bien inmueble a favor de la Prefectura de Tarija y de la Minuta de transferencia legal de un bien inmueble a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija de 19 de octubre de 2010, sobre el bien inmueble ubicado en la calle Padilla intersección calle La Madrid del Barrio Fátima con una superficie de 336,00 m2 que consta de 3 plantas distribuidas en 16 ambientes, manteniéndose en lo demás incólume la sentencia.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto del recurso de casación del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, se extractan los siguientes reclamos:

1. Denunció que el Auto de Vista interpretó erróneamente los arts. 25 y 5 de la Ley Nº 1654 y los arts. 90, 92 y 96 del D.S. Nº 24206 Reglamentario de la citada Ley Nº 1654, puesto que refirió que el acto fue realizado únicamente por la Gobernación de Tarija; pero no tomó en cuenta que la Gobernación de Tarija se volvió propietaria del inmueble por imperio de la normativa que al momento de la entrega y recepción se encontraban plenamente vigentes, siendo incorrecto que el Tribunal de alzada manifieste que las escrituras públicas no se habrían constituido con base en el acta de entrega y recepción. Asimismo, se quejó que el Auto de Vista recurrido, interpretó erróneamente el D.S. N° 24206 cuando se refirió a que “…la parte actora no constituía una entidad pública descentralizada o desconcentrada y que esta norma afectaría a las dependencias de la secretaría nacional de agricultura y ganadería…”.

No tomó en cuenta que la Secretaría Nacional de agricultura y ganadería, en ese momento era una dependencia del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, tal cual figura en el art. 40 del Reglamento D.S. Nº 23660 de 12 de octubre referida a la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista que confirmó la sentencia.

Respuesta al Recurso de Casación.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras refirió que la Prefectura de Tarija actualmente Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, procedió a la transferencia unilateral de un bien inmueble bajo una antojadiza aplicación e interpretación de la norma, que transcribió de manera incompleta del artículo 90 del Decreto Supremo 24206.

En ese sentido la Gobernación de Tarija realizó en la gestión 2008 una ilegal transferencia, bajo el supuesto de estar cumpliendo con el D.S. reglamentario Nº 24206 de 29 de diciembre de 1995, mismo que fue abrogado por el D.S. Nº 24833 de 2 de septiembre de 1997, por lo que utilizó esta normativa once años después para realizar la transferencia ilegal del inmueble en vulneración del derecho propietario original del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Refirió también que, en su recurso de casación, el Gobierno Autónomo de Tarija no especificó ni precisó en qué consistió la infracción, violación, falsedad o error en que hubiera incurrido el Tribunal de alzada, solamente relató los antecedentes del proceso y copió la normativa específica, resultando ser un recurso perjudicial.

Petitorio.

Solicitó declarar improcedente el recurso de casación por incumplimiento del art. 274 del Adjetivo Civil vigente.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas.

El D.S. Nº 304 define y establece la tuición, dependencia y naturaleza jurídica, de las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas de la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, así los arts. 6 y 7 respecto a la naturaleza jurídica de las unidades desconcentradas e instituciones descentralizadas establecen que: Artículo 6°. (Naturaleza y características) I. Las unidades desconcentradas forman parte de la estructura del Ministerio correspondiente y son creadas por Resolución Ministerial, con las siguientes características:

    1. Tienen dependencia directa o funcional, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo.
    2. Están a cargo de una Directora o Director, designada (o) mediante Resolución Ministerial, con nivel jerárquico de Jefe de Unidad o de Director, de acuerdo a las atribuciones que le sean delegadas.
    3. La Ministra o Ministro de la cartera correspondiente les delega atribuciones técnico - operativas.
    4. Su MAE es la Ministra o Ministro de la cartera correspondiente.
    5. No tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio.
    6. La gestión administrativa y legal está a cargo del Ministerio cabeza de sector y cuentan con un enlace administrativo y un enlace jurídico, dependientes de las y atribuciones: Direcciones Generales de Asuntos Administrativos y de Asuntos Jurídicos, respectivamente.
    7. Funcionan de acuerdo a la normativa del Ministerio del cual dependen.
  1. Las unidades desconcentradas pueden administrar programas y proyectos.

Artículo 7. (Naturaleza y características)

  1. Las instituciones descentralizadas son aquellas que desarrollan actividades técnicas, operativas, legales y/o administrativas, en áreas temáticas específicas y exclusivas, enmarcadas en las políticas del Ministerio cabeza de sector. Se crean mediante Decreto Supremo, que define sus atribuciones y estructura organizativa.
  2. Las instituciones descentralizadas tienen las siguientes características:
    1. Personalidad jurídica y patrimonio propio.
    2. Están bajo tuición de la Ministra o Ministro de la cartera correspondiente.
    3. La MAE es la Directora o Director General Ejecutivo, designada(o) mediante Resolución Suprema, de terna propuesta por la Ministra o Ministro que ejerce tuición.
    4. La definición de políticas y lineamientos institucionales estará a cargo de un Directorio, de una Instancia Superior de Coordinación o de la Ministra o Ministro que ejerce tuición.
    5. Tienen capacidad de decisión administrativa, financiera, legal y técnica.
  3. Las instituciones descentralizadas creadas mediante Ley, aplicarán las disposiciones establecidas en su norma de creación y se adecuarán a las contenidas en el presente Decreto Supremo, cuando éstas no sean contrarias a las referidas leyes.
  4. Los objetivos de gestión de las instituciones descentralizadas deberán enmarcarse en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, las Políticas Sectoriales y las Directrices emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo para este fin.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Denunció que el Auto de Vista interpretó erróneamente los arts. 25 y 5 de la Ley Nº 1654 y los arts. 90, 92 y 96 del D.S. Nº 24206 Reglamentario de la citada Ley, puesto que refirió que el acto fue realizado únicamente por la Gobernación de Tarija; pero no tomó en cuenta que la Gobernación de Tarija se volvió propietaria del inmueble por imperio de la normativa que al momento de la entrega y recepción se encontraban plenamente vigentes, siendo incorrecto que el Tribunal de alzada manifieste que las escrituras públicas no se habrían constituido con base en el acta de entrega y recepción. Asimismo, se quejó que el Auto de Vista recurrido, interpretó erróneamente el D.S. N° 24206 cuando se refirió a que “…la parte actora no constituía una entidad pública descentralizada o desconcentrada y que esta norma afectaría a las dependencias de la secretaría nacional de agricultura y ganadería…”. No tomó en cuenta que la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería, en ese momento era una dependencia del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, tal cual figura en el art. 40 del Reglamento D.S. Nº 23660 de 12 de octubre referida a la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo.

Al respecto el Auto de Vista recurrido de fs. 313 a 316 vta., refirió: “…Las Escrituras públicas que se pretenden anular vienen a constituir una declaración unilateral por parte de la Gobernación del departamento de Tarija basada en el art. 25 de la Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654 la misma que fue indebidamente aplicada, porque la parte actora no constituía una entidad pública descentralizada o desconcentrada, y que esta norma afectaría a las dependencias de la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería (Ahora Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras) y no a la Secretaría misma…(…)… sin embargo tomando en cuenta la fecha de formación tanto de las minutas de transferencia legal de un bien inmueble a favor de la Prefectura y Gobernación del Departamento de Tarija de fecha 22 de octubre de 2008 y 19 de octubre de 2010, y de las Escrituras Públicas Nº 244/2008 de 31 de octubre de 2008 y Nº 49/2010 de 26 de octubre de 2010, El D. S. Nº 24206 efectivamente ya no se encontraría vigente puesto que habría sido abrogado a través del art.26 del Decreto Supremo Nº 24833 de 02 de septiembre del año 1997.”

Con base en ello y con carácter previo corresponde realizar una interpretación correcta de la normativa incoada, así se tiene que los arts. 5 y 25 de la ley refieren que:

ARTICULO 24 (TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS).

I. Se transfiere bajo administración del Prefecto las obras y proyectos relacionados a las atribuciones delegadas en el inciso f) del artículo 5º de la presente ley, que estuviesen siendo ejecutadas por reparticiones de la administración central, entidades públicas de la administración regional y entidades descentralizadas sin fines de lucro.

II. Asimismo, se transfiere el financiamiento internacional y los pasivos de la parte de estas obras y del proyecto a ejecutarse si lo hubiere. El financiamiento de contraparte requerido para garantizar la continuidad de estas obras y proyectos, será cubierto por los Prefectos con los recursos señalados en el artículo 20º de la presente ley.”

“ARTICULO 25. (ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y DEPENDENCIAS DESCONCENTRADAS). Se disuelven las entidades públicas descentralizadas sin fines de lucro y dependencias desconcentradas de la administración central, que al presente cumplen funciones relacionadas a las atribuciones delegadas en el artículo 5º de la presente ley transfiriéndose bajo la administración del Prefecto, los recursos humanos, físicos y financieros. Los términos y modalidades del proceso de transferencia serán regulados mediante Decreto Supremo.”

El Decreto Reglamentario Nº 24206 en su  artículo 90° I. refiere: Las entidades afectadas por el Artículo 25° de la Ley Nº 1654 son:

a. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
- Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria 
- Centro de Desarrollo Forestal 
- Centro de Desarrollo Pesquero 
- Servicio Nacional de Caminos (Regido por Decreto Especial) 
- Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia

b. DEPENDENCIAS DESCONCENTRADAS
- Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería 
- Secretaría Nacional de Industria y Comercio 
- Secretaría Nacional de Turismo 
- Secretaría Nacional de Deportes 
- Secretaría Nacional de Participación Popular 
- Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, Género y Generacionales.

En cuanto a las Direcciones de Servicios Departamentales que existían en aquella época, nos remitimos a la obra “Gestión Pública Descentralizada en Bolivia” de Franklin Sandi Rubín de Celis, Pags. 202 y 203: “… Los Servicios Departamentales son órganos operativos de las Prefecturas, a través de los cuales se administran áreas o sectores de gestión que demandan un manejo técnico especializado. Se hallan bajo la responsabilidad técnica y administrativa de un Director Técnico de Servicio Departamental designado por el Prefecto y cuyas funciones básicas son administrar las competencias sectoriales y coordinar con municipios. Los Servicios Departamentales cuentan con una estructura de apoyo constituida por unidades centrales y unidades desconcentradas. Las unidades centrales cuentan con unidades de carácter técnico y de apoyo jurídico-administrativo, bajo la responsabilidad de un Jefe de Unidad. Los Servicios Departamentales, pueden desconcentrarse de conformidad a las normativas de su sector y a las características y requerimientos de cada Servicio Departamental. Los servicios Departamentales, que por las características del servicio lo requieran, podrán contar con Unidades móviles, con el fin de garantizar la cobertura del Servicio a todo el Departamento. Dicha modalidad se asumirá cuando no sea necesario contar con funcionarios fijos en distritos, sectores o áreas. Los Ministerios y las Prefecturas de Departamento de conformidad al presupuesto aprobado en sus respectivos sectores, asignarán, transferirán y desconcentrarán, según corresponda, los recursos financieros, físicos y humanos necesarios para el funcionamiento de los Servicios Departamentales. Los Servicios Departamentales son: Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) Servicio Departamental de Salud (SEDES) Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario Servicio Prefectural de Caminos Servicio Departamental de Agricultura (SEDAG)”. (Las negrillas son nuestras).

De lo cual se puede establecer que la mencionada acta de entrega y recepción de los recursos físicos de la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería a la cual la parte recurrente hace referencia, suscrita el 28 de marzo de 1996 entre la Dirección Departamental de Tarija y la Prefectura de Tarija, resulta ser una actuación totalmente unilateral puesto que el Director Departamental del Servicio Departamental de Agricultura  y Ganadería, no era parte ni representante apoderado del Ejecutivo Central, sino era un funcionario dependiente y nombrado por el prefecto, por lo cual a más de existir una errada interpretación de la norma aludida supra; tampoco existió participación ni consentimiento del propietario registral del bien en litigio.

Al tenor de lo señalado en el art. 25 de la referida ley y en relación al art. 90 de su reglamentación se tiene que se disolvieron las entidades públicas descentralizadas sin fines de lucro y dependencias desconcentradas de la administración central, en ese análisis, el art. 90 especifica el alcance a las dependencias desconcentradas de seis secretarías entre las que se encontraban las dependencias desconcentradas de la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería; siendo clara la norma al establecer a qué dependencias desconcentradas se refería y no dice que sean dependencias desconcentradas del Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico.

En ese sentido la Gobernación de Tarija entendió incorrectamente que dicho bien, que siempre fue propiedad del gobierno central (ejecutivo), fuera a ser parte del patrimonio de la gobernación Departamental de Tarija.

Al respecto corresponde establecer  que el referido inmueble de acuerdo al certificado de tradición de la propiedad de fs. 69 y vta., fue adquirido por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios según Escritura Pública de 24 de julio de 1992, otorgada ante Notario de Fe Pública Jacqueline de Arce mediante compra venta de Aníbal Aldana Gutiérrez y Elena Castillo de Aldana, constando por certificado alodial de fs. 70, expedido el 25 de julio de 2012, ser de propiedad de dicho Ministerio, lo que implica que dicha propiedad no registra haber sufrido cambio o transferencia alguna a ninguna Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería, ni mucho menos al Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, cuyo agravio del recurso incide en ese punto.

En razón al análisis documental, se verifica que el derecho propietario del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios se mantuvo invariable, por lo que huelgan mayores precisiones innecesarias respecto a interpretaciones erradas de normativa pasada, cuando en los hechos se pretende transferir una dependencia que registra claramente ser de propiedad del Ejecutivo Central y que nunca fue una entidad desconcentrada.

A modo de aclaración se tiene también que las entidades desconcentradas nunca gozaron de patrimonio propio, así estuvo y está establecido por la normativa vigente, concordante con la doctrina legal aplicable en la presente causa (punto III.1.).

Por ende tanto la Ex Prefectura de Tarija como el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, realizaron una mala y errada interpretación de la norma (Ley Nº 1654 y Decreto Supremo Nº 24206), misma que constituyó el pedestal para la existencia de las escrituras públicas; que además bajo una errónea interpretación, fueron suscritas únicamente por la Prefectura y actual Gobernación Departamental de Tarija,  sin que exista el consentimiento del ejecutivo central actualmente representado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por ello se tiene que la interpretación y valoración de toda la prueba  realizada en el proceso por los Jueces fue correcta, por ende correcto el análisis efectuado por el Auto de Vista, consiguientemente todos los reclamos carecen de fundamento.

Respuesta al recurso de casación

Al respecto la decisión asumida le es favorable, por lo que no amerita dar respuesta.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los representantes de del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, mediante memorial cursante de fs. 327 a 331 y en consecuencia, firme y subsistente el Auto de Vista N° 104/2018 de 17 de agosto y Auto de 27 de agosto de 2018.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.