TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 352/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: CB-5-19-S.

Partes: Dionicia Coca Ledezma Vda. de Camacho c/ Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque. 

Proceso: Rescisión de contrato.  

Distrito: Cochabamba 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1156 a 1157 vta., presentado por Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque, impugnando el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.063/22.06.2018  pronunciado el 22 de junio por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fs. 1144 a 1150, en el proceso de rescisión de contrato, seguido por Dionicia Coca Ledezma Vda. de Camacho contra la recurrente, Auto de concesión de 15 de noviembre de 2018 a fs. 1169, el Auto Supremo de Admisión Nº 12/2019-RA de 23 de enero de fs.1175 a 1176 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Dionicia Coca Ledezma Vda. de Camacho demandó a Nicolasa Sánchez Camacho de fs. 67 a 71 vta., por rescisión de contrato por lesión, la demandada respondió negativamente la demandada presentando su reconvención  visible de fs. 166 a 180, tramitado así el proceso ordinario hasta la emisión de la Sentencia de 25 de septiembre de 2017 (fs. 1018 a 1027 vta.), que declaró PROBADA la demanda e IMPROBADA la demanda reconvencional, consecuentemente declaró rescindido y sin efecto jurídico de la compra y venta del bien inmueble consistente en un lote de terreno suscrito entre Dionicia Coca Ledezma Vda. de Camacho y Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque, de fecha 17 de febrero de 2016, reconocido ante Notario de Fe Pública Nº 56 a cargo de la doctora Rosa Llanque en fecha 18 de febrero de 2016, registrado en Derechos Reales el 9 de marzo bajo el Asiento Nº A-3 del folio real con Matrícula Computarizada Nº 3.09.3.01.0005809.

Asimismo, dispuso la cancelación del registro en las oficinas de Derechos Reales de Quillacollo sobre la Matrícula Computarizada Nº 3.09.3.01.0005809, Asiento A-3.

La restitución y entrega del inmueble por parte de la demandada a la demandante en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia.

Ordenó a la demandante restituir a la demandada el monto recibido de Bs. 5. 000 entregados a momento de la suscripción del contrato, sea también en el plazo de diez días bajo conminatoria de ley. Estableció sin lugar a los daños y perjuicios porque no se acreditó los mismos.

2. Resolución de primera instancia, que originó la apelación de la parte demandada, cursante de fs. 1054 a 1065, mereciendo el Auto REG/S.CII/ASEN.063/22.06.2018 de fs. 1144 a 1150, el que confirmó la Sentencia de 25 de septiembre de 2017, determinación asumida en función a los siguientes parámetros:

En lo que concierne al informe pericial precisó que cualquiera de los involucrados en la litis pudo solicitar se aclare o subsanen dichos errores, o incluso impugnarlo. Del acta de audiencia complementaria se advierte que sólo los abogados de la parte demandante solicitaron explicaciones al perito respecto a su informe, la parte demandada no tuvo observación alguna y al no haber observado conlleva aceptación y convalidación del acto.

En cuanto a que la sentencia seria ultra petita, determina que dicha resolución hace un detalle minucioso de todos los puntos probados en la tramitación de la causa, seguidamente desarrolla de manera amplia los fundamentos legales de su determinación para considerar los casos en los que procede la rescisión de contrato por lesión, donde el A quo determinó que no existe prueba idónea que determine la buena fe de la compradora y procedibilidad de su acción reconvencional, concluyendo que no existe sentencia ultra petita.

En relación a la vulneración de art. 561 del CC manifiesta que en el contrato suscrito entre las partes está acreditada la desproporción económica, porque conforme al informe pericial de fs. 987 a 997 el valor comercial del objeto de litis alcanza a la suma de $us. 444.771,00 a principios del 2016, fecha en la que suscribieron la supuesta transferencia y la venta según minuta de fs. 39 alcanza a la suma de Bs. 5.000, estando demostrado el elemento subjetivo. En cuanto al elemento subjetivo en el caso, la demandante ha demostrado carecer de conocimiento o educación, al extremo de ser una persona analfabeta, además de ostentar 94 años a tiempo de firmar la minuta o sea una edad en que la lucidez ya no es característica de las personas aspecto que sirvió de base para la sentencia.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque, mediante el memorial de fs. 1156 a 1157 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

a) Acusó que el Auto de Vista omitió pronunciarse sobre la falta de juramento del perito, por ello no debió valorarse, por cuanto dicha documental vulneró el art. 196.III de la Ley Nº 439, ante la inexistencia del juramento de perito, la autoridad judicial debió aplicar el principio de saneamiento, omisión y defecto del Auto de Vista que infringe el debido proceso. 

b) Demandó que el Auto de Vista debió concluir que la sentencia fue ultra petita, porque incurrió en error de hecho en la interpretación de las pruebas, ya que ordenó restituir el inmueble a la actora, cuando se tiene que en el mismo existen construcciones antiguas en las que habita la actora con su empleada, por lo que la sentencia resulta ser de imposible cumplimiento.

c) Reclamó que el Auto de Vista sostuvo que la parte demandante demostró carecer de  conocimientos o educación, además de carecer de educación porque a tiempo de firmar la minuta ostentaba 94 años de edad, refirió que es en este punto donde la resolución de segunda instancia vulneró el art. 145.I de la Ley Nº 439, porque omitió mencionar cual o cuales fueron las pruebas que le llevaron al firme convencimiento de que la lesión resultó de haberse explotado las necesidades apremiantes, ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada.

Contestación al recurso de casación.

Refiere que el verdadero escenario es que la demanda aprovechándose de un lejano parentesco con la demandante, ha pretendido arrebatarle su casa induciéndola con engaños a que firmara una minuta de venta de 3.230 m2. por la insignificante suma de 5.000 $us. constituyendo en un abusivo y aprovechamiento indebido de su propiedad a sabiendas que el valor real de esas dimensiones oscila entre los $us. 600.000 según peritaje, porque lo que es desvergonzada la afirmación que fue una venta libre.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal.

Si bien el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado bajo un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia( Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome un decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105.I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El principio de trascendencia y el principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión.

No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El principio de protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del principio de convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo, el principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

III.2 De la incongruencia omisiva y de la trascendencia o relevancia en la incongruencia.

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.

Del lineamiento jurisprudencial extractado se establece que este Tribunal bajo un criterio de logicidad y en aplicación del principio de proporcionalidad, determinó que si bien debe respetarse el debido proceso en su elemento congruencia, empero, ese criterio no debe ser aplicado bajo paradigmas estricta y rigurosamente formales, sino que la interpretación de legalidad que realizan las autoridades Jurisdiccionales debe ser desde y conforme al bloque constitucionalidad donde la finalidad del debido proceso, sea la preeminencia de los derechos sustantivos sobre los adjetivos, es decir cuando soliciten (los sujetos procesales) la nulidad de una resolución por incongruencia, esta resultara viable siempre y cuando se advierta que de corregirse el defecto procesal como resulta ser la incongruencia u otro derecho inherente al trámite del proceso, dicha determinación ha de repercutir en el fondo de la decisión, pues a contrario sensu, o sea en el hipotético de disponer una nulidad por un defecto formal por satisfacer meros pruritos formales que no han de incidir en el fondo de la causa, esta determinación no se encuentra apoyada en derecho y se convierte en un instrumento dilatorio, por actuar en contravención del modelo constitucional de derecho que pregona una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

En base al fundamento expuesto la autoridad judicial al momento de disponer una nulidad procesal por incongruencia deberá tener en cuenta el parámetro antes anotado, o sea la trascendencia o relevancia en el fondo de la causa, a efectos de evitar resoluciones judiciales que contengan una argumentación jurídica desde el punto de vista totalmente formal, sin tomar en cuenta los parámetros constitucionales establecidos en el art. 115.II, desconociendo el fin de la administración de justicia, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados  como ser el de trascendencia, criterio que también asumido por Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional-, el cual orienta en sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es  acogida cuando : “ esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”.

El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva u otra vulneración al debido proceso, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar y demostrar que en el supuesto de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascedente.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Como primer punto de debate acusó que el Auto de Vista omitió pronunciarse sobre la falta de juramento del perito, por ello no debió valorarse, ya que dicho documental vulneró el art. 196.III de la Ley Nº 439, ante la inexistencia del juramento de perito, la autoridad judicial debió aplicar el principio de saneamiento, omisión y defecto del Auto de Vista que infringe el debido proceso. 

Al respecto, si bien es evidente que el citado punto no ha merecido un análisis de parte del Tribunal de alzada, sin embargo, se debe aclarar que no todo alejamiento del esquema procedimental o del debido proceso implica una causal de nulidad, en el entendido que no todo derecho es absoluto, sino que debe ser ponderado con los otros derechos y garantías con la finalidad de solucionar el conflicto jurídico, bajo ese enfoque y en correcta aplicación del principio de proporcionalidad, determinando la idoneidad, necesidad y proporcionalidad entre derechos es que este Tribunal en la búsqueda de la solución analizará el citado medio probatorio para determinar si son trascedentes o no a la causa; si tal omisión de alguna manera repercutirá en la decisión de fondo, todo en apego del principio de relevancia constitucional1 que impele realizar dicho análisis.

En principio cabe precisar que el reclamo está vinculado a observar un defecto procedimental, situación que nos da luces, o nos orilla a la conclusión que se pretende la nulidad del proceso, para lo cual necesariamente debemos expresar que bajo el modelo constitucional imperante, es decir neoconstitucionalismo este instituto procesal adquiere un nuevo realce, dejando de ser ese elemento de protección a ultranza de formalidades, (formalismo excesivo), y se convierte en un mecanismo real y efectivo de defensa de derechos y garantías ante la vulneración del debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, es bajo esa perspectiva que cada decisión a ser asumida debe ser realizada desde una óptica de juridicidad y en apego a los principios universalmente reconocidos, como ser de finalidad, convalidación, preclusión y trascendencia entre otros.

Teniendo como norte dicho parámetro, si bien el art. 196.I de la Ley Nº 439 establece: “El perito aceptará el cargo ante el secretario del tribunal o juzgado, dentro de los tres días de su notificación con el nombramiento, bajo juramento o promesa de dictaminar conforme a su leal saber y entender. El perito aceptará el cargo ante el secretario del tribunal o juzgado, dentro de los tres días de su notificación con el nombramiento, bajo juramento o promesa de dictaminar conforme a su leal saber y entender.”, normativa que genera un trámite para la aceptación a la designación del perito, empero no se debe dejar de lado que en la litis si el recurrente advirtió la ausencia de dicho requisito, pudo observarlo o reclamarlo tanto en la audiencia preliminar como en la complementaria, ya sea en fase de incidentes o al momento de la producción de este elemento probatorio, sin embargo obrados reflejan una realidad diametralmente opuesta, es decir que la recurrente no ha realizado reclamo alguno sobre este elemento probatorio, actitud procesal que ingresa dentro de la categoría del principio de convalidación por omisión, aconteciendo una suerte de aceptación porque con su silencio ha dado plena eficacia jurídica a todo lo obrado, haciéndose visible también el principio de preclusión al haber superado la etapa procesal correspondiente, el cual era el momento de advertirse el defecto, hecho que también nos impulsa a reflejar la aplicación del principio de protección de los actuados procesales cuando no se evidencia indefensión, entonces al no percibir directrices que den vía libre a la nulidad pretendida, corresponde rechazar su reclamo.

Por pedagogía jurídica, es menester analizar previamente la problemática contenida en el punto tercero, pues al tratarse de un tema de forma o problemática incidental merece prioridad en su análisis.

Como punto tercero cuestiona que el Auto de Vista sostuvo que la parte demandante demostró carecer de  conocimientos, además de carecer de educación porque a tiempo de firmar la minuta ostentaba 94 años de edad, refirió que es en este punto donde la resolución de segunda instancia vulneró el art. 145.I de la Ley Nº 439, porque omitió mencionar cual o cuales fueron las pruebas que le llevaron al firme convencimiento de que la lesión resultó de haberse explotado las necesidades apremiantes, ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada.

Al respecto si bien se hace mención del art. 145 del Procesal Civil, sin embargo, el reclamo no decanta en una errónea apreciación probatoria por parte del Ad quem, al contrario, observa que al momento de generar su motivación omitió precisar cuáles fueron los medios probatorios que lo llevaron a dicha conclusión, entendimiento que nos lleva a la categoría de analizar si la resolución de alzada se encuentra o no motivada.

Con carácter previo es necesario precisar que la motivación de las resoluciones como elemento esencial del debido proceso que caracteriza a todo Estado de derecho es la justificación razonada del por qué una autoridad jurisdiccional asume una determinación, es decir es el cuerpo estructural o base donde descansan los motivos del fallo, lo cual ha de acreditar  y respaldar que la decisión no es arbitraria en derecho, sino al contrario que la argumentación jurídica en su base fáctica y jurídica es razonada y coherente en derecho, con la aclaración que una la motivación del fallo no implica una copia extensa de fundamentos o alegaciones reiterativas sin sustento, sino basta con que sea clara y entendible para tenerse por cumplido este elemento del debido proceso.

Del examen minucioso de la resolución de alzada, se advierte que cumple con los parámetros esenciales para admitirse como un fallo motivado, y eso radica en la claridad y precisión de sus argumentos, donde para sustentar su postura expresó: “Respecto al segundo elemento de la lesión se refiere al elemento subjetivo el mismo que se traduce en un estado de necesidad ligereza, o la ignorancia de la parte perjudicada, elemento subjetivo que la otra parte aprovechó para beneficiarse con el contrato suscrito, en el caso de autos se determinó que la parte demandante ha demostrado carecer de conocimiento o educación, al extremo de ser una persona analfabeta, además de ostentar 94 años a tiempo de firmar la minuta, es decir una edad en la que la lucidez ya no es característica de las personas, aspectos que sirvieron de base para que la A quo establezca la existencia de la segunda parte  del art. 561 del Código Civil”(Sic.), lo señalado a todas luces evidencia una justificación razonada del fallo concluyendo que al acreditarse el estado de analfabetismo y su avanzada edad de 94 donde la lucidez no es característica de las personas, se encuentra demostrado el elemento subjetivo, entendimiento que al ser claro y preciso se tiene por cumplido el elemento de la motivación en las resoluciones judiciales, pues como dijimos no es necesario que dicha argumentación sea ampulosa, sino coherente como acontece, máxime si el estudio de la motivación no implica un análisis del fondo del proceso como tal, sino de la estructura de la resolución que es un tema netamente de forma.

Como segundo punto demandó que el Auto de Vista debió concluir que la sentencia fue ultra petita, porque incurrió en error de hecho en la interpretación de las pruebas porque ordenó restituir el inmueble a la actora, cuando se tiene que en el mismo existen construcciones antiguas en las que habita la actora con su empleada, por lo que la sentencia resulta ser de imposible cumplimiento.

Debe en principio aclararse que nuestro ordenamiento jurídico procesal civil contenido en el art. 213.I  genera un parámetro de congruencia externa refiriendo con correcto entender que -La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.-  normativa que nos demuestra dos parámetros de codependencia en la congruencia externa, en principio debe existir a) un vínculo de dependencia sobre las cosas litigas (demanda y reconvención) y b) en la manera que fueron demandadas (hechos que motivan la pretensión), directrices sobre las cuales deben versar la sentencia por su carácter teleológico, sin embargo cuando no se respeta esa dependencia nos encontramos lo que en doctrina se denomina como incongruencia ultra, extra o citra petita.

Partiendo de las observaciones realizadas, podemos afirmar que el recurrente pretende adecuar una incongruencia sobre una situación de fondo en los antecedentes de la causa, desconociendo que la congruencia responde a otras pautas reflejadas en el punto anterior y confluyendo con el criterio de alzada en la litis no existe ninguna resolución ultra petita, al contrario se responde y existe coincidencia entre la demanda principal, la demanda reconvencional y sentencia, sin embargo para no dejar en incertidumbre a la recurrente corresponde aclarar que lo controvertido tiene por fin establecer que su persona no se encuentra en posesión actual, situación que ameritaría la inviabilidad de ejecutar un desapoderamiento, o sea que cuestiona la eficacia de la sentencia al momento de la ejecución.

Al respecto debemos determinar que se entiende por eficacia y eficiencia de una resolución, que no son sinónimos, sino que son principios que van relacionados  a un mismo fin, entonces para disipar este acápite podemos acudir a lo referido en la Ley del Órgano Judicial que en su artículo 30 determina que la eficacia constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia y la eficiencia comprende la acción y la promoción de una administración pronta,  con respeto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal, sobre los citados principios existe un gama de criterios doctrinarios entre ellos tenemos el criterio que le eficacia alude a la producción real y efectiva de un derecho, en tanto la eficiencia está dirigida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal fin2, compartiendo el mismo criterio la jurisdicción constitucional ha generado el siguiente entendimiento “El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura”.3.

En atención a los parámetros antes anotados podemos concluir a prima facie que sobre este tópico la sentencia no asume las directrices de los principios de eficacia y eficiencia reconocidos en el art. 180 de la CPE estudiados supra, debido a que en el punto 4  de la parte resolutiva de la referida resolución final de primera instancia de fs. 1018 a 1027 vta., la autoridad judicial ordenó la -restitución y entrega del inmueble por parte de la demandada Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque a la Sra. Dionisia Coca Ledezma Vda. de Camacho en el plazo de 10 de ejecutoriada la sentencia, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento- (sic.),  tópico que en concordancia con la realidad procesal se torna en ineficaz e ineficiente, porque del acta de inspección judicial se puede rescatar el siguiente argumento (fs.959 a 960): “solicito se haga constar a través de su intervención directa todos los hechos materiales y fundamentales dos puntos que nosotros  queremos  que se tome en cuenta esa es la finalidad de nuestra prueba  primero que en esta casa está en posesión de unos 50 a 60 años la señora Dionisia Coca siempre ha estado en permanente posesión y nunca ha dejado de estar en esta vivienda….”  Criterio coincidente es visualizado en sentencia donde al momento de absolver todo lo concerniente  a la demanda reconvencional en específico sobre la supuesta posesión que estaría ejerciendo la demandada concluyó: “Por otro lado no ha probado que en ningún momento  hubiere estado en posesión del inmueble toda vez que en la inspección visu se ha podido observar que al lado norte existe una construcción antigua en la que habita la Sra. Dionicia Coca Ledezma  ya hace bastante años atrás y que conforme a la certificación emitida por la OTB  linde sud seria desde el año 1959,  y si bien existe un cuarto construido recientemente en el inmueble en el lado su oeste el mismo está siendo ocupad por el Sr. Marco Andrés Guillen Coca junto a su esposa e hija, y no se pudo comprobar que el mismo anteriormente hubiere estado ocupado por la Sra. Nicolasa Sánchez ya que ni siquiera produjo la prueba testifical para acreditar este extremo, simplemente se limitó a señalarlo cuando la carga de la prueba incumbe a la parte que pretende demostrar un hecho, aspecto que no aconteció en la especie; lo que acredita que el inmueble caso de autos siempre estuvo en posesión de la Sra. Dionicia Coca Ledezma y no así de la Sra. Nicolasa Sánchez Camacho, por lo que no puede aducir que fue despojada del inmueble cuando nunca estuvo en posesión, mas al contrario en su demanda reconvencional señala que la Sra. Dionicia Coca Ledezma se encuentra ocupando el bien inmueble…”.

Los citados antecedentes nos permiten concluir que la parte demandante ha reconocido expresamente que nunca ha sido desposeída del bien objeto de debate, asimismo la parte demandada refrendo dicho criterio en su demandada reconvencional de reivindicación estableciendo de forma certera que la Sra. Dionicia Coca Ledezma Vda. de Camacho se encuentra en posesión del predio debatido, entonces al tener certeza que la demandada no se encuentra en posesión, se torna en ineficaz la determinación asumida en el punto 4  de la parte resolutiva de la sentencia, es decir la restitución y entrega del inmueble por parte de la demandada Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque a la Sra. Dionisia Coca Ledezma Vda. de Camacho, en principio porque no va acorde al principio de verdad material y por ende no contiene una finalidad dicha disposición y en segundo plano no ha de existir ninguna clase de reconocimiento o ejecución de ese aspecto, tornándose de esta manera la citada disposición en ineficaz e ineficiente, correspondiendo en consecuencia casar sobre este punto.

En base a todos los fundamentos expuestos, corresponde a este Tribunal Supremo fallar sobre el último punto en la forma prevista por el artículo 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010,  en aplicación del art. 220.IV  del Código Procesal Civil CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista REG/S.CII/  ASEN. 063/22.06.2018 pronunciado el 22 de junio por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fs. 1144 a 1150, deliberando en el fondo deja sin efecto el punto 4 la parte dispositiva de la sentencia de fs. 1018 a 1027 vta. que dispone la : “Restitución y entrega del inmueble por parte de la demandada Nicolasa Sánchez Camacho Vda. de Colque a la Sra. Dionisia Coca Ledezma Vda. de Camacho en el plazo de 10 de ejecutoriada la sentencia, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento…”, manteniendo incólume el resto de las determinaciones asumidas en la citada sentencia.

Sin costas ni costos, sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo.  Juan Carlos Berrios Albizu.


1 SCP 697/2018-S4 25 de octubre: “ esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional

2 Ernesto Jinesta L.  Constitucion y Justicia Constitucional ver http://www.ernestojinesta.com/_REVISTAS/PRINCIPIOS%20CONSTITUCIONALES%20DE%20EFICIENCIA,%20EFICACIA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20DE%20LAS%20ADMINISTRACIONES%20P%C3%9ABLICAS.PDF

3 Sentencia Constitucional Plurinacional 0210/2010 de 24 de mayo