TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 349/2019

Sucre: 03 de abril de 2019

Expediente:        CH-62-18-S

Partes:         Gervasio Arcienega Daza, Verónica Arcienega Daza, Leonarda Arcienega Daza, Roberto Arcienega Daza, Lorenzo Arcienega Daza, Luisa Hilda Arcienega Daza c/ Norberto Mendoza Cruz, Isabela Flores, Genovaria Flores Quispe, Luis Rojas, Máximo Bustamante Araca, Teodoro Hinojosa, Gregoria Ballesteros Ticona, Carlos Rojas, Rene Condori Avendaño, Alicia Satusa Soliz Cardenas, Celia Carmona, Mario Montalvo, Juan Mamani, Domingo LLampa y Juana Bustamante.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 501 a 503, interpuesto por Norberto Mendoza Cruz, Isabela Flores Garnica, Teodora Hinojosa Villca, Rene Condori Avendaño, Alicia Santusa Soliz Cárdenas, Mario Montalvo Paco, Celia Cruz, Domingo Llampa Taboada y Juana Bustamante Araca contra el Auto de Vista Nº 193/2018 de 25 de julio, cursante de fs. 494 a 497, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por Gervasio Arcienega Daza, Verónica Arcienega Daza, Leonarda Arcienega Daza, Roberto Arcienega Daza, Lorenzo Arcienega Daza, Luisa Hilda Arcienega Daza contra Genovaria Flores Quispe, Luis Rojas, Máximo Bustamante Araca, Gregoria Ballesteros Ticona, Carlos Rojas, Juan Mamani, y los recurrentes; las contestaciones realizadas por Juan Arcienega Bayo cursante de fs. 509 a 511, y por Gervasio Arcienega Daza y Lorenzo Arcienega Daza mediante memorial cursante de fs. 512 a 513 vta.; el Auto de concesión del recurso de 29 de agosto de 2018, cursante a fs. 514; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 810/2018-RA de 31 de agosto cursante de fs. 520 a 521 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:  

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público Civil y Comercial Nº 1 de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 56/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 446 vta, a 452 vta., declarando: PROBADA la demanda de reivindicación parcial e IMPROBADA con relación a Juan Mamani en consecuencia dispuso que los demandados restituyan la fracción de 2228.39 m2 a favor de los actores en las porciones y/o parcelas que ocupan conforme el detalle inmerso en el informe pericial cursante a fs. 542 a 560 (fs. 342 a 360) y su complementario cursante a fs. 579 a 5486 (fs. 379 a 386) del lote de terreno ubicado en la zona Ex Fundo Lajastambo provincia Oropeza con matricula computarizada Nº 1011990055858 y así mismo levanten las construcciones asentadas sea en el plazo de 30 días. Con Costas a la parte perdidosa.

Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Alicia Santusa Soliz Cárdenas y Teodora Hinojosa Villca mediante memorial cursante de fs. 455 a 456 vta., en merito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº 193/2018 de 25 de julio, cursante de fs. 494 a 497, donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

La prueba ajunta en obrados es contundente para la procedencia de este tipo de proceso, por lo que determinó que los ahora demandantes al tener registrado su derecho de titularidad sobre el inmueble demuestran su derecho para solicitar la acción reivindicatoria de los 2228.39 m2 ocupados, pese a que los demandados Norberto Mendoza Cruz e Isabel Flores Garnica por memorial de fs. 110 y vta. adjuntan como prueba documental copia simple de documento privado de compra venta de 400 m2, ubicado dentro de los 69,195.00 m2 otorgado por Adrián Arcienega Bayo; de ello se infiere que dicha documental no adquiere la validez del fin que persigue, al no ser perfeccionada, debido a que de la revisión del folio real, se constata que Adrián Arcienega Bayo no fue ni es titular del lote de terreno objeto de Litis, para poder enajenarlo, de tal manera se determina que los demandados al no demostrar con prueba fehaciente su titularidad de propiedad sobre la superficie que ocupan, adquieren calidad de simples detentadores asentados.

Así también refirió que la división y partición de la totalidad del lote objeto de Litis entre los demandantes no constituye condicionante o requisito fundamental para la procedencia de una acción de esta naturaleza dado que el requisito principal y condicionante para la procedencia de este proceso es demostrar la titularidad sobre el bien inmueble, aspecto demostrado mediante documental de fs. 127 a 128. Con relación a la impugnación de la litis consorte activo de Juan Arcienega Bayo, respecto a que él ya intento en otro proceso la acción reivindicatoria, en el que se declaró la extinción de la acción por inactividad del proceso por tal se alega que no puede instaurarse un nuevo proceso sobre los mismo terreno, al respecto el Tribunal de Alzada señaló en base los parámetros establecidos en el Código Civil adjetivo, que si bien se dictamino en otro juzgado la extensión por inactividad ello no implica la extinción de su pretensión o de su derecho sino simplemente puso fin al proceso ventilado por la inactividad existente.

Fundamentos por los cuales el Tribunal de alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II nm. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMA en forma total la sentencia Nº 56/2018 de 20 de abril cursante de fs. 446 vta. a 452.

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Norberto Mendoza Cruz, Isabel Flores Garnica, Teodora Hinojosa Villca, Rene Condori Avendaño, Alicia Santusa Soliz Cárdenas, Mario Montalvo Paco, Celia Cruz, Domingo Llampa Taboada y Juana Bustamante Araca, interpusiera recurso de casación cursante de fs. 501 a 503 el mismo que se pasa a analizar.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


II.1 De las denuncias expuestas por el parte Norberto Mendoza Cruz, Isabel Flores Garnica, Teodora Hinojosa Villca, Rene Condori Avendaño, Alicia Santusa Soliz Cárdenas, Mario Montalvo Paco, Celia Cruz, Domingo Llampa Taboada y Juana Bustamante Araca, se extrae lo siguiente:

1.- Aducen la violación del art. 5, art. 111.I y II, art. 112, art. 145 del Código Procesal Civil, y art. 1286 del Código Civil, ya que en la presente causa no existe prueba alguna ofrecida o propuesta por los demandantes que demuestre su derecho propietario sobre el inmueble en cuestión, siendo que la prueba literal de fs. 118 a 121, no ha sido ofrecida ni aceptada como prueba de cargo, por lo que ésta no puede ni debe ser valorada bajo ningún argumento, menos esgrimiendo el principio de verdad material, al estar fuera de los parámetros que exigen los señalados parágrafos I y II del art. 111 y 112 del mencionado Código.

2.- Manifiestan la vulneración del art. 1453.I del Código Civil, en razón de que los demandantes no han acreditado ser propietarios del inmueble reclamado, extremo que generaría que su pretensión sea improcedente, pues conforme lo establecido por dicha norma, en toda pretensión de reivindicación inexcusablemente debe concurrir el derecho propietario del actor.  

3.- Alegan la violación del art. 249 y la disposición transitoria decima del Código Procesal Civil arguyendo que la figura de extinción de la pretensión o el derecho no debe confundirse con la figura de la extinción de la instancia prevista por el art. 247 del mismo Código, en cuyo entendido el litisconsorte activo Juan Arcienega Bayo, al haber incurrido en inactividad por más de seis meses en el proceso de reivindicación sustanciado en el juzgado Público Civil y Comercial Nº 14, ha caducado el derecho que tenía para reivindicar el inmueble en cuestión, toda vez que su adhesión a este proceso fue el 07 de junio de 2017 y su notificación con el Auto de extinción por inactividad fue el 21 de noviembre de 2016, es decir fuera de los seis meses previstos por el art. 249 del Código Procesal Civil.

De lo expuesto solicita que se case el Auto de Vista y se declare Improbada la demanda.

De la respuesta al recurso de casación.


II.2 De la revisión de obrados se puede establecer que Juan Arcienega Bayo en calidad de litis consorte activo mediante memorial cursante de fs. 509 a 511 responde al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

Manifiesta que los recurrentes no interpusieron el recurso de casación dentro de lo previsto por el art. 276.I del Código Procesal Civil al margen de que de la revisión de obrados se verifica que Norberto Mendoza Cruz, Isabela Flores Garnica, Teodora Hinojosa Villca, Rene Condori Avendaño, Alicia Santusa Soliz Cárdenas, Mario Montalvo Paco, Celia Cruz, Domingo Llampa Taboada y Juana Bustamante Araca ante la Sala Civil II no interpusieron recurso alguno de impugnación por lo que este Tribunal no puede convalidar el recurso de casación.


Alega que el principio constitucional de verdad material y el principio de la mancomunidad de la prueba o universidad de la prueba pertenece al proceso y no así a las partes que la ofrecieron o produjeron en consecuencia es falso lo argumentado por los recurrentes respecto a que las pruebas no fueron ofrecidas ni admitidas en el proceso.


Refiere que no existe violación a lo establecido por el art. 1453 del Código Civil ya que los recurrentes no desvirtuaron u objetaron con algún medio probatorio el título de propiedad, la identificación del predio ocupado y la ocupación ilegal de los demandados.


Finalmente señalan que Juan Arcienega bayo con el auto de 18 de Noviembre de 2016 fue notificado en fecha 12 de julio de 2017 conforme la papeleta de notificaciones cursante a fs. 246 consecuentemente se inició la nueva demanda antes del plazo de seis meses, al margen de considerar que los recurrentes ante la interposición de la adhesión no opusieron recurso alguno por lo que procede la aplicación de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial.    

Por lo expuesto solicita declare infundado el recurso de casación, sea con costas.


II.3 De la revisión de obrados se puede establecer que Gervasio Arcienega Daza y Lorenzo Arcienega Daza mediante memorial cursante de fs. 512 a 513 vta., responden al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:


Manifiestan que conforme el criterio emitido por este Tribunal Supremo de Justicia el principio constitucional de verdad Material y principio de mancomunidad de la prueba o universalidad de la prueba, pertenecen al proceso y no así a las partes en consecuencia el título de propiedad adjunto por el tercero interesado Juan Arcienega Bayo cursante de fs. 2 a 20 y de fs. 114 a 159 beneficia a todos los demandantes, en consecuencia no es evidente la violación del art. 111, 112, 145, 5 del Código Procesal Civil y art. 1286 del Código Civil, por cuanto dicho agravio es desechado desde la promulgación de la Constitución Política del Estado que proclama un derecho material y no formal.


Refieren que Juan Arcienega bayo con el auto de 18 de noviembre de 2016 fue notificado en fecha 12 de julio de 2017 conforme la papeleta de notificaciones cursante a fs. 246 consecuentemente se inició la nueva demanda antes del plazo de seis meses, al margen de considerar que los recurrentes ante la interposición de la adhesión no opusieron recurso alguno en la audiencia preliminar por lo que procede la aplicación de los principios rectores que proclaman los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial.    


Por lo expuesto solicitas se declare infundado el recurso de casación, sea con costas.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. De los principios que rigen las nulidades procesales

Al respecto y teniendo presente al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica y detallada a algunos de los principios que regulan las nulidades procesales, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nº 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "...No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta maneraeste principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente  vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

III.2.- De la Valoración de la Prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.3.- Sobre la acción reivindicatoria.

En el Auto Supremo Nº 60/2014 de 11 de marzo de 2014, se razonó: “El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee”.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titular la posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetido fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación. 

1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 1 está enmarcado a observar la violación del art. 5, art. 111.I y II, art. 112, art. 145 del Código Procesal Civil, y art. 1286 del Código Civil, ya que en la presente causa no existe prueba alguna ofrecida o propuesta por los demandantes que demuestre su derecho propietario sobre el inmueble en cuestión, siendo que la prueba literal de fs. 118 a 121, no ha sido ofrecida ni aceptada como prueba de cargo, por lo que ésta no puede ni debe ser valorada bajo ningún argumento, menos esgrimiendo el principio de verdad material, al estar fuera de los parámetros que exigen los señalados parágrafos I y II del art. 111 y 112 del mencionado Código.

Partiendo del citado antecedente y de la revisión de obrados se puede establecer de acuerdo a la doctrina desglosada en el punto III. 1, algunos de los principios que rigen a las nulidades procesales, los cuales nos ayudaran a dilucidar el presente reclamo son el principio de convalidación referido a que una persona que es parte del proceso puede convalidar un acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión), este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a este hecho en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad, principio que es concordante con el principio de preclusión también denominado principio de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales de manera que deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia.

En ese contexto en el caso de autos debemos considerar que si bien es evidente que la prueba cursante de fs. 118 a 121 consistente en la Escritura Pública Nº 651/2016 de 01 de junio de 2016, sobre el proceso sucesorio sin testamento, aceptación de herencia de la que en vida fue Josefina Daza Serrudo, declarándose herederos a Juan Arcienega Bayo en calidad de Esposo, Gervasio Arcienega Daza, Lorenzo Luis Arcienega Daza, Luisa Hilda Arcienega Daza en calidad de hijos, así como el Folio Real con Matricula N° 1.01.1.99.0055858 en la que se registra el bien inmueble ubicado en el Ex Fundo de Lajas Tambo lote N° 5 con una superficie de 69,195.00 m2 en el que se halla inscrito el derecho propietario de Arcienega Bayo Juan, Arcienega Daza Gervasio, Arcienega Daza Veronica, Arcienega Daza Leonarda, Arcienega Daza Roberto, Arcienega Daza Lorenzo Luis y Arcienega Daza Luisa Hilda; no fue adjuntada al caso de autos conforme lo establece el art. 111.I, II y 112 del Código procesal Civil, vale decir no fueron  adjuntadas, ni ofrecidas con la demanda principal, siendo que conforme el mencionado artículo es obligación de la parte actora presentar una demanda que contenga el ofrecimiento de los medios probatorios que pretenderá hacer valer en el proceso, presentado los documentos que tiene en su poder, caso contrario si no dispone de dichos documentos a momento de presentar la demanda tiene la opción de indicar donde se hallan los mismos especificando el contenido y el lugar donde se encuentren, a cuyo efecto solicitara su incorporación en el momento oportuno, aspecto que en el caso de autos no concurrió, ya que después de haber sido admitida la misma, conforme memorial cursante a fs. 160, la parte actora adjuntó prueba documental cursante de fs. 115 a 159 descrita supra, memorial que una vez puesto en conocimiento del juez A quo lo tuvo presente y ordeno sea con noticia contraria, a cuyo efecto la parte demandada fue notificada conforme se acredita de las papeletas de notificaciones cursantes de fs. 162 a 163, sin embargo pese a tener conocimiento de dicho memorial así como de la prueba, la parte demandada ahora recurrente, en dicha oportunidad no manifestó criterio alguno al respecto limitándose a presentar un memorial solicitando el señalamiento de día y hora para la audiencia preliminar, al margen de considerar que dicha prueba descrita supra se constituye en determinante puesto que acredita el derecho propietario que le asiste a la parte demandante.

En ese entendido y tomando en cuenta que pese a la notificación realizada con el memorial donde se adjunta prueba, los recurrentes no observaron en su oportunidad dicho aspecto relacionado a la prueba adjunta de forma posterior a la presentación de la demanda, motivo por el cual este punto fue convalidado por lo que esa etapa procesal no puede ser abierta nuevamente, habiendo su derecho de impugnar precluido, resultando inviable impugnar en casación causales que no fueron reclamadas oportunamente, especialmente si se considera que la prueba que pretende dejar sin valor es determinante dentro del caso que nos asiste, dado que con la misma se acredita el derecho propietario de la parte actora, por lo que se debe considerar que los de instancia, tanto el juez A quo como el Tribunal Ad quem tienen la obligación de señalar como influyen los medios probatorios sobre la decisión que tendrán al final del litigio, considerando toda prueba ofrecida por las partes e introducidas a la presente causa, que se convierte en prueba del proceso con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente la autoridad jurisdiccional debe aplicar el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba, no de manera aislada, tomando en cuenta todos los medios probatorios presentados por ambas partes cumpliendo con su obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto dando cumplimiento a lo establecido en los arts. 1286 del Código Civil y 145.I y II del Código Procesal Civil conforme lo desglosado en la doctrina establecida en el punto III.2, aspecto que se evidencia concurrió en el caso de autos, por lo que realizado dicho análisis se puede acreditar que no es evidente lo acusado por la recurrente al no existir las violaciones alegadas, en ese entendido es que su reclamo deviene en infundado.

2.  Continuando con la dilucidación del recurso de casación se tiene que el reclamo que se encuentra establecido en el punto 2 está enmarcado a observar la vulneración del art. 1453.I del Código Civil, en razón de que los demandantes no han acreditado ser propietarios del inmueble reclamado, extremo que generaría que su pretensión sea improcedente, pues conforme lo establecido por dicha norma, en toda pretensión de reivindicación inexcusablemente debe concurrir el derecho propietario del actor.      

Sobre este punto y con la finalidad de dar respuesta al presente reclamo se tiene que de la revisión exhaustiva de obrados y por las documentales de fs. 117 a 121 vta., consistente en Escritura Pública Nº 651/2016 de 01 de junio de 2016 sobre el proceso sucesorio sin testamento, aceptación de herencia de la que en vida fue Josefina Daza Serrudo, declarándose herederos a Juan Arcienega Bayo en calidad de Esposo, Gervasio Arcienega Daza, Lorenzo Luis Arcienega Daza, Luisa Hilda Arcienega Daza en calidad de hijos; Formulario 430 sobre la transmisión o enajenación de bienes realizado al fallecimiento de Josefina Daza Serrudo cursante de fs. 122 a 123; Formulario 330 sobre impuesto departamental sobre las transmisiones sucesorias y gratuitas de bienes realizado por sus herederos al fallecimiento de Josefina Daza Serrudo cursante de fs. 124 a 125; Folio Real de la Matricula Nº 1.01.1.99.0055858 donde se encuentra registrado en el asiento A-3 el derecho propietario de Juan Arcienega Bayo, Gervasio Arcienega Daza, Verónica Arcienega Daza, Leonarda Arcienega Daza, Roberto Arcienega Daza, Lorenzo Luis Arcienega Daza, Luisa Hilda Arcienega Daza, se tiene acreditado el derecho propietario que les asiste a los demandantes, considerando que para que un título sea oponible a terceros debe estar inscrito por ante el registro de derechos reales de acuerdo a lo establecido en el art. 1538 del Código Civil, aspecto que concurre en el caso de autos, al ser el derecho propietario de los demandantes público, aspecto con que se avala el primer requisito y el más importante para la precedencia de la acción reivindicatoria, desarrollada en el punto III.1 de la doctrina aplicable donde se estableció que los requisitos que hacen procedente dicha acción en esencia, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado, requisitos existentes en la presente causa conforme se determinó en la sentencia de primera instancia y confirmada por el Tribunal de alzada, pues al margen de que se demostró la existencia del derecho propietario de los demandantes, también se identificó o determinó el bien inmueble que se pretende reivindicar (informe pericial cursante de fs. 342 a 360, e informe pericial complementario cursante de fs. 379 a 386 y las actas de inspección judicial cursante de fs. 332 a 333 y a fs. 378 y vta.); cumpliendo también con el tercer requisito, que es acreditar la posesión de la cosa por la demandada.

Ahora si bien según el criterio emitido por los recurrentes refieren a que los demandantes no acreditaron su derecho propietario, y que dicho aspecto haría improcedente la acción reivindicatoria; dicho razonamiento no resulta correcto, porque como se describió supra los demandantes acreditaron ser propietarios del inmueble motivo de litis dando cumplimiento a la procedencia de la acción reivindicatoria regulada en el art. 1453 del CC, al ser una acción real, que tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, razón por la que está dirigida específicamente contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún título o derecho propietario, razón por la que a través de dicha acción se pretende la restitución de la cosa en favor del propietario no poseedor, bajo ese entendimiento se tiene que al no ser evidente lo alegado por los recurrentes su reclamo deviene en infundado.

3. Concluyendo con el análisis del recurso de casación se tiene que el punto 3 está enmarcado en observar la violación del art. 249 y la disposición transitoria decima del Código Procesal Civil siendo que la figura de extinción de la pretensión o el derecho no debe confundirse con la figura de la extinción de la instancia prevista por el art. 247 del mismo Código, en cuyo entendido el litisconsorte activo Juan Arcienega Bayo al haber incurrido en inactividad por más de seis meses en el proceso de reivindicación sustanciado en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 14 perdió el derecho que tenía para reivindicar el inmueble en cuestión, pues dicho derecho caducó, toda vez que su adhesión a este proceso fue en fecha 07 de junio de 2017 y su notificación con el Auto de extinción por inactividad fue el 21 de noviembre de 2016, es decir fuera de los seis meses previstos por el art. 249 del Código Procesal Civil.

Respecto a este punto se debe establecer que mediante el acta de audiencia preliminar suspendida de fecha 03 de mayo de 2017 cursante a fs. 215 vta., se tiene que el juez que conoció la causa ordenó se notifique a Juan Arcienega Bayo por tener un vínculo jurídico substancial con el bien objeto del proceso al ser copropietario del mismo, con la finalidad de que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, realizada la notificación cursante a fs. 216 Juan Arcienega Bayo se adhirió a la pretensión principal en calidad de litis consorte activo, aspecto que fue puesto en conocimiento de los demandados ahora recurrentes, quienes por memorial cursante a fs. 251 vta., respondieron, a cuyo efecto el juez que conoció  la causa emitió una providencia donde se da por respondida la adhesión.

En ese contexto haciendo una relación con el agravio presentado se tiene que si bien es evidente que el litis consorte activo Juan Arcienega Boya con anterioridad  planteó una demanda de reivindicación contra de los mismos demandados y que en dicho proceso se declaró la extinción por inactividad, también es evidente que la adhesión fue realizada después de los seis meses de la notificación con el auto definitivo que declaro la extinción por inactividad, sobre este aspecto se debe tener presente que una vez declarada la extinción por inactividad en un proceso si a criterio de la parte contraria a caducado el derecho, el demandado se encuentra autorizado para interponer la excepción de caducidad establecida en el art. 128.I num. 8) del Código Procesal Civil, como medio de defensa que la ley le faculta, empero conforme el caso de autos dicha facultad precluyó ya que los demandados una vez notificados se limitaron a contestar la adhesión sin impugnarla en el entendido de que el derecho de plantear un nuevo proceso de Juan Arcienega Boya habría caducado. 

Además se debe aclarar a los recurrentes que en la caducidad existe la pérdida de un derecho como consecuencia de la inacción del titular durante el término previsto por ley, sin embargo la caducidad no puede ser aplicada de oficio, sino a solicitud de parte conforme se encuentra establecido en el art. 1520 del Código Civil, motivo por el cual los demandados pese a tener conocimiento de la adhesión y al no haber realizado oportunamente su observación, ahora no pueden tratar de hacer prevalecer este derecho ya que el mismo precluyó, conforme a los principios que rigen las nulidades procesales (aspecto desglosado en la doctrina aplicable establecida en el punto III.1).

De dichos aspectos este Tribunal llega a la conclusión de que no es evidente la vulneración del art. 249 y disposición transitoria decima del Código Procesal Civil alegada por los recurrentes, ya que si la parte demandada no estaba de acuerdo con la adhesión presentada por Juan Arcienega, debió impugnarla, en ese entendido se establece que su reclamo al no tener asidero legal deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 501 a 503, interpuesto por Norberto Mendoza Cruz, Isabela Flores Garnica, Teodora Hinojosa Villca, Rene Condori Avendaño, Alicia Santusa Soliz Cárdenas, Mario Montalvo Paco, Celia Cruz, Domingo Llampa Taboada y Juana Bustamante Araca contra el Auto de Vista Nº 193/2018 de 25 de julio, cursante de fs. 494 a 497, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Sea con costos y costas.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.