TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 348/2019                                                                

Fecha: 03 de abril de 2019                                                 

Expediente: SC-118-18-S                                                                                 

Partes: Ervin Cabrera Villagomez y otro c/ Isabel Cabrera Villagomez y otros.                                

Proceso: Nulidad de contratos por simulación.                                                                                                       Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 336 a 340 vta., interpuesto por Ervin Cabrera Villagomez en contra del Auto de Vista Nº 033/2018 de 19 de abril de fs. 332 a 334, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso sobre nulidad de contratos por simulación seguido por el recurrente y otro, contra Isabel Cabrera Villagomez y otros; el Auto de Concesión de 27 de julio de 2018, cursante en fs. 345; el Auto Supremo de Admisión Nº 814/2018-RA de fs. 351 a 352 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Publico Civil y Comercial Nº 8 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció Sentencia Nº 138/2016 de 12 de septiembre de 2016, cursante de fs. 277 a 281 y su auto complementario de fs. 286, por la que declaró PROBADA la demanda interpuesta por Ervin Cabrera Villagomez y Richard Cabrera Villagomez.

Resolución de primera instancia que fue apelado por Guemy Cabrera Vidal de Pereyra, mediante el escrito que cursa en fs. 298 a 302; a cuyo efecto la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 033/2018 de 19 de abril, obrante de fs. 332 a 339, que REVOCÓ la Sentencia antes mencionada y en su lugar la declaró IMPROBADA en su totalidad, señalando que en el caso de autos, los demandantes no han producido ninguna prueba acerca de la supuesta simulación en el acto de compraventa celebrado entre Isabel Cabrera Villagomez y Evert Gerardo Cardenas Bonilla en favor de Francisco Cabrera Aguilar, por lo que queda totalmente claro que los fundamentos de la Sentencia para declarar probada la demanda con base a la prueba de confesión de los demandados Isabel Cabrera Villagomez y Evert Gerardo Cardenas Bonilla es errónea, fundando sus razones en prueba inexistente, ya que el allanamiento de quienes fueron vendedores del inmueble en calidad de co-demandados, no constituye más que una burda intención de confundir y utilizar al Órgano Judicial, a más de ser una inconducta procesal colusiva, porque para la procedencia de la nulidad por simulación, los actores deben demostrar documentalmente que el documento aparente es ficticio en virtud al contradocumento (firmado por ambas partes contratantes), que no existe en el caso en cuestión.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 336 a 340 vta., interpuesto por Ervin Cabrera Villagomez, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó la violación de los arts. 134, 136.I, 143.I, 145.I-II-III, 147.I-II, 148.I-II, 149.I-II-III y 150 del Código Procesal Civil y los arts. 1283.I, 1287.I-II, 1289.I, 1297 y 1311.I del Código Civil, señalando que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse respecto a la escritura pública Nº 399 de fecha 17 de octubre de 1963, protocolizada y debidamente inscrita en el registro de DDRR en fecha 18 de octubre de 1963 y al contrato privado de fecha 31 de agosto de 1992 reconocido en sus firmas ante el Juez de mínima cuantía y debidamente inscrita en DDRR el 11 de septiembre de 1992; documentos por los cuales, refiere probar y demostrar el derecho de propiedad que les asiste a los hermanos Francisco, Ervin, Richard, Griselda, Leticia e Isabel, todos Cabrera Villagómez, sobre el inmueble en cuestión y que da origen o sustenta la legitimación activa que tienen para demandar la nulidad de las transferencias efectuadas, primero en favor de Isabel Cabrera Villagomez y después en favor de Francisco Cabrera Aguilar.

2. Denunció que el Tribunal de apelación, omitió pronunciarse respecto al documento privado de 08 de noviembre de 1995, suscrito entre Isabel Cabrera Villagomez y Evert Gerardo Cardenas Bonilla en favor de los hermanos Cabrera Villagomez, que en su elaboración es anterior al contrato de venta en favor de Francisco Cabrera Aguilar realizado el 22 de junio de 1996, documento que además expresa la voluntad de los legítimos propietarios y de los ficticios compradores de poner las cosas en su lugar, en sentido de que la venta efectuada en favor de Isabel Cabrera Villagomez es ficticia, ya que los legítimos propietarios asumen la obligación de pagar el saldo del préstamo bancario y segundo que la venta efectuada a favor de Francisco Cabrera Aguilar fue cuando los vendedores ya no detentaban propiedad sobre la cosa vendida, es decir, que dicha venta carece de objeto, existiendo un contradocumento que demuestra la simulación del contrato demandado de nulidad.

En base a lo expuesto solicitó que este Tribunal case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo mantenga en su integridad la Sentencia de primer grado en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil.

Respuesta al recurso de casación.

No cursa respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- De la prueba de la Simulación.

El art. 545 del Código Civil, señala: “I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”, de la citada normativa se puede advertir que la prueba de la simulación puede variar según al caso, ya que entre partes solo puede hacerse por el contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la Ley y en caso de terceros por todos los medios de prueba.

Sobre el particular en el Auto Supremo Nº 1160/2015 de 16 de diciembre, se ha orientado lo siguiente: “el art. 545 del Código Civil, que señala: “(Prueba de la simulación), I La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”, que tratándose de terceros la prueba no está limitada, siendo viables todos los medios probatorios, inclusive la testifical, con el objetivo de demostrar la simulación practicada por las partes.

En el caso en cuestión, es preciso señalar, que la jurisprudencia nacional con referencia a estos negocios jurídicos simulados, ha establecido que los contra-documentos suscritos entre los mismos simuladores hacen fe entre ellos de conformidad con el art. 545 parág. II del Código Civil, concordante con el art. 1297 del mismo Código y 399 del Código de Procedimiento Civil, demostrando de esta manera incuestionablemente, que el contra-documento constituye una prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que no es cierto el documento, tal como debe suceder en la especie, dejaría sin efecto e importaría una revocación del negocio jurídico simulado por mutua voluntad de las partes contratantes y constituiría ley entre los mismos de conformidad con lo previsto por el art. 519 del Código Civil resguardando los derechos del simulador que en ciertos casos resulta víctima de mala fe de aquel que aparece actuando simuladamente y trata de aprovecharse de esa situación para ejecutar el acuerdo simulado, que en esencia jamás fueron ciertos. Por ello que en esta clase de procesos, el contra-documento es tenido como prueba fehaciente, para acreditar que el acto fue simulado”

III.2.- Sobre la valoración de la prueba.

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco, es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba, señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose  al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTARIOS Y CONCORDANCIA.

Empero esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo merito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, que en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o  formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley1.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho), es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir, existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad materia, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La argumentación recursiva expuesta en el punto 1) del recurso de casación se encuentra abocada al examen de la Escritura Publica Nº 399 de 17 de octubre de 1963, cursante en fs. 1 y 2 de obrados; así como del contrato privado de 31 de agosto de 1992 obrante de fs. 3 a 4, en razón a que el recurrente sostiene que estos documentos demuestran el derecho propietario que ostentan los hermanos Cabrera Villagomez (Francisco, Ervin, Richard, Griselda, Leticia e Isabel) sobre el inmueble en cuestión, y que además dan origen y sustentan la legitimación activa que tienen para demandar la nulidad de las transferencias efectuadas primero en favor de Isabel Cabrera Villagomez y después en favor de Francisco Cabrera Aguilar.

Sobre esta cuestión, resulta preciso iniciar señalando que la tesis postulada en la demanda de fs. 17 a 25 vta., replanteada por memorial de fs. 39 a 48 de obrados, se encuentra abocada a establecer la nulidad de los contratos de 3 de noviembre de 1994 y 22 de junio de 1996, respectivamente, ello porque a decir del actor dichos acuerdos presuntamente serian fictos; lo que en definitiva nos permite colegir que el objeto de la presente demanda está orientada a verificar la validez de las mencionadas convenciones, más no se encuentra en debate la determinación del derecho propietario de alguno de los sujetos procesales, situación por la cual, resulta impertinente que el recurrente venga a cuestionar que el Tribunal de alzada haya omitido considerar que la Escritura Publica Nº 399 de fecha 17 de octubre de 1963 y el contrato privado de fecha 31 de agosto de 1992 demuestran que los hermanos Cabrera Villagomez ostentan derecho propietario sobre el predio en cuestión, al no ser este el objeto de debate del proceso; menos pueden venir a plantear que estas literales sustentan su legitimación activa para incoar la presente demanda de nulidad, cuando ese extremo en ningún momento ha sido cuestionado por alguna de las partes, mucho menos ha sido observado por el Tribunal de apelación, puesto que la discusión jurídica ha centrado su análisis en la verificación de validez de los contratos de fecha 3 de noviembre de 1994 y 22 de junio de 1996 a partir de elementos probatorios propios de esta acción, cual es el contradocumento que exige el art. 545.II del CC, y es en ese marco que el Ad quem expresó los razonamientos cognitivos que lo han orientado a asumir la determinación impugnada.    

Ahora bien en el punto 2) del recurso de casación, el recurrente plantea un juicio vinculado a que el documento privado de 08 de noviembre de 1995, obrante en fs. 10, constituye el contradocumento que exige la prueba de la simulación, ya que en dicho contrato se habría expresado la verdadera voluntad de los contratantes del documento de 3 de noviembre de 1994 (demandado de nulidad), en el entendido de que fue ahí donde se asumió la obligación de pago del saldo del préstamo bancario obtenido por Isabel Cabrera Villagomez y porque dicho acuerdo sería anterior al contrato de venta de 22 de junio de 1996, celebrado en favor de Francisco Cabrera Aguilar.  

Sobre este reclamo, conviene en principio señalar que la doctrina dominante en el Derecho Civil, sostiene que la voluntad es el principal elemento de todo negocio jurídico. Esa voluntad se exterioriza mediante la declaración, que es simplemente uno de sus medios de revelación, así, cuando la voluntad y la declaración entran en conflicto, debe prevalecer la voluntad, mas no así la declaración, puesto que la declaración no verdadera no es más que una mera apariencia de declaración, en atención a que la declaración sin voluntad es tanto como la voluntad sin declaración2.

Así tenemos que lo común es que la voluntad expresada por los contratantes refleje de manera más o menos fehaciente el deseo de las partes, empero, si bien ello ocurre normalmente, existen ocasiones en las cuales la deseada identidad entre la voluntad y la exteriorización de la misma ante el conocimiento de terceros se quiebra deliberadamente, y es allí cuando aflora la figura de la simulación.

Entonces, a partir de estos criterios podemos señalar que el fenómeno simulatorio consiste en el acuerdo de dos o más personas para fingir jurídicamente un negocio, o algunos elementos del mismo, con el fin de crear ante terceros la apariencia de cierto acto jurídico elegido por las partes, y sus efectos de ley, contrariando el fin del acto jurídico concreto3; de ahí que la simulación, es concebida como un acto jurídico que, por acuerdo de las partes, se celebra exteriorizando una declaración no verdadera, sea que carezca de todo contenido (simulación absoluta), o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado (simulación relativa).

En ese entendido, cuando una de las partes demanda la nulidad del contrato simulado, indefectiblemente debe reatarse a las estipulaciones del art. 545.II del CC, que respecto a la prueba, establece que: “Entre partes solo puede hacerse mediante contra-documento u otra prueba escrita que no atente contra la Ley o el derecho de terceros”, asumiendo a partir de ello que el contra-documento constituye la prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que lo manifestado en el contrato simulado no es valedero, deja sin efecto e importa una revocación de dicho negocio jurídico, es decir que el contra-documento tienen una doble finalidad; primero, como acto jurídico que revela la verdad de lo pactado en acto simulado; y segundo, como el documento destinado a probar dicha manifestación de voluntad4, y así el contradocumento a entender de autores como Guillermo Borda, constituye: “…una declaración de voluntad formulada por escrito por las partes de carácter generalmente secreto y destinada a probar que el acto ha sido simulado”.

Dicho lo anterior corresponde ingresar a la problemática formulada por el recurrente, relacionada a la falta de consideración del contrato de transferencia de 08 de noviembre de 1995 (prueba que a entender del recurrente, constituye el contra-documento que exige la simulación), empero, para ello resulta adecuado recapitular el fundamento de la demanda de nulidad del contrato de 03 de noviembre de 1994 (pues el reclamo únicamente está relacionado a este contrato), a cuyo efecto, tenemos que el actor Ervin Cabrera Villagomez, señala que tras haberse transferido el 50% de acciones y derechos del inmueble en cuestión en favor de sus hermanos Richard, Griselda y Leticia Cabrera Villagomez, por un gesto de ayudar a su hermana Isabel Cabrera Villagomez, habrían decidido suscribir el contrato simulado de 03 de noviembre de 1994, donde optaron por transferir el inmueble a la prenombrada hermana y ello con el afán de que esta pueda adquirir algún crédito bancario con garantía hipotecaria, empero, ello fue con el compromiso verbal de que la misma devolvería la propiedad una vez fuere pagado dicho crédito; por lo que en casación el recurrente cuestiona que el Tribunal de alzada, no haya tomado en cuenta que el contrato de 08 de noviembre de 1995, demuestra la verdadera intensión de los contratantes del acuerdo demandado de nulidad, ya que en este contrato (es decir el contrato de 08/11/1995), los demandantes, conjuntamente el resto de sus hermanos habrían asumido pagar el saldo del crédito bancario adquirido por Isabel Cabrera Villagomez, lo que en definitiva demostraría la simulación alegada.

Sobre esta cuestión, de la revisión del referido contrato de 08 de noviembre de 1995, cursante en fs. 10 de obrados, se puede colegir que si bien es cierto que este acuerdo es suscrito por las partes que fueren signatarios del contrato de 03 de noviembre de 1994 (demandado de nulidad), y que en su cláusula segunda los señores Ervin, Richard, Griselda y Leticia Cabrera Villagomez, asumen el compromiso de pagar el saldo del préstamo hipotecario que fue adquirido por la Sra. Isabel Cabrera Villagomez, no se tiene que en este contrato (en el contrato de 08/11/1995) confluyan los presupuestos del contra-documento que exige el art. 545.II del CC, puesto el referido contrato en ningún momento revela la verdad del acto presuntamente simulado, de tal manera que no existe ninguna contradeclaración de la voluntad expresada en el contrato de 03 de noviembre de 1994, toda vez que en este acuerdo las partes no han desmentido que la transferencia realizada en el convenio de fs. 5 a 7 haya sido ficta, en sentido que este destinada para que la demandada Isabel Cabrera Villagomez, adquiera un crédito bancario y que por ello se estaba suscribiendo el documento mencionado en casación, en consecuencia, esta literal no puede constituir un medio probatorio asimilable a un contra-documento, puesto que de acuerdo a las apreciaciones señaladas supra, el contra-documento, constituye un acto por el que las partes reconocen por escrito, y con fines probatorios, la simulación total o parcial o la ocultación de un contrato, extremo que no converge en la documental de fs. 10 que en lugar de demostrar la revocación del negocio jurídico demandado de nulidad, crea una nueva situación jurídica entre las partes de este proceso, donde la co-demandada Isabel Cabrera Villagómez, asume el compromiso de transferir el inmueble en cuestión, y los demandantes conjuntamente sus otros hermanos, asumen la obligación de pagar el saldo del crédito adquirido por su vendedora (como forma de pago), extremo que desde ningún punto de vista puede constituir prueba de la simulación, menos puede ampararse esta situación en el hecho de que el documento de fs. 10, sea de data anterior al documento de fs. 8 a 9, donde Isabel Cabrera transfiere el inmueble en favor de Francisco Cabrera Aguilar, pues este extremo importa una situación atingente a la falta de objeto en los contratos referidos, que no es el tema debatido en la simulación demandada.   

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 336 a 340 vta., interpuesto por Ervin Cabrera Villagomez en contra del Auto de Vista Nº 033/2018 de 19 de abril, cursante de fs. 332 a 334, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.                              



1 Juan Montero Aroca (2005), “La prueba en el proceso civil”,  Edit. Thomson-Civitas Navarra, p. 549 y ss.

2 Savigny, F. C. (1879), “Sistema del derecho romano actual” citado por Carolina Deik Acosta Madiedo (2010), en su escrito “Simulación de actos jurídicos: Teoría, acción y los efectos de su declaración”, Barranquilla, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Revista de Derecho Nº 34, p. 379.

3 Carolina Deik Acosta Madiedo (2010), “Simulación de actos jurídicos: Teoría, acción y los efectos de su declaración”, Barranquilla, Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Revista de Derecho Nº 34, p. 380

4 Jaime Francisco Coaguila Valdivia, “El contradocumento” disponible en: http://www.ilustrados.com/tema/2747/contradocumento.html