TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 345/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: LP-99-18-S

Partes: Ana María Taboada Rojas. c/ La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, Ana del Carmen Zarate Taboada, Edgar Rafael Zarate Taboada y Álvaro Fernando Zarate Taboada.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 381 a 386, interpuesto por Ana María Taboada Rojas, contra el Auto de Vista Nº S-03/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 378 a 379, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de usucapión decenal, seguido por la recurrente contra La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” y otros; Auto de Concesión de fs. 389; el Auto Supremo de admisión de fs. 403 a 404 vta., los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ana María Taboada Rojas interpone la demanda de usucapión decenal, mediante memorial de fs. 25 a 27, subsanado de fs. 29 vta., y 64, por la adquisición de un bien inmueble a través de un plan de emergencia en el año 1972, inmueble ubicado actualmente Cornelio Saavedra Nº 254 de la zona Bolonia, esquina calle 7 de la ciudad de La  Paz , con una superficie de 313 m2., por el precio de Bs.129.969.89, por Escritura Pública Nº 252/93 de 14 de septiembre; acción dirigida contra la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, Ana del Carmen Zarate Taboada, Edgar Rafael Zarate Taboada y Álvaro Fernando Zarate Taboada en respuesta de fs. 94 a 96 y 114 a 116 vta., por la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, negando todos los extremos y señalando ser propietarios por testimonio Nº 204/64 “Bosque Bolonia”, con una superficie de 86,54 hectáreas, debidamente registrado en Derecho Reales el 23 de agosto de 2012, con folio real Nº 2.01.0.99.0016141.

2. Desarrollándose el proceso ordinario hasta dictar la Sentencia Nº 251/2015 de fs. 341 a 345 de 17 de diciembre, pronunciada por el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, que declara PROBADA la demanda de usucapión decenal interpuesta por Ana María Taboada Rojas.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”,  mediante memorial cursante de fs. 353 a 355, Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S-03/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 378 a 379, que en su parte dispositiva ANULÓ obrados hasta fs. 65. Bajo los siguientes fundamentos:

Que la demanda resulta ser improponible, por tener como única finalidad el perfeccionamiento del derecho propietario ya existente a favor de la accionante haciendo mención al Auto Supremo Nº 402/2013 de 12 de agosto, no siendo adquisición originaria de la propiedad, además por inconsistencia en la demanda siendo que la misma fue interpuesta contra quienes no tenían legitimación pasiva para ser demandas Ana del Carmen, Edgar Rafael, Álvaro Fernando Zarate Taboada, por el hecho de no figurar en el registro de Derechos Reales al no ser susceptibles de algún efecto extintivo que pueda producir la demanda y por el recurso de apelación no fueron tomados en cuenta por la intrascendencia del tribunal al ser anulatorio.

4. Contra la referida resolución, la demandante Ana María Taboada Rojas interpone recurso de casación de fs. 381 a 386, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación de fs. 381 a 386, interpuesto por Ana María Taboada Rojas, se desprende que la recurrente expone como reclamos entre otros lo siguientes:   

1. Que tiene como fin observar el Auto de Vista, que señala que los magistrados tienen facultad fiscalizadora anular obrados, pero sin precisar la norma legal que les confiere esa facultad de anular los actos de primera instancia, sobre todo si el recurso de apelación de la entidad demandada, en ningún momento realizó observación sobre la nulidad de los actuados procesales, habiendo los de segunda instancia actuado de forma extra petitum.

2. Acusa que los Jueces de instancia basaron su decisión por la línea jurisprudencial del AS. Nº 402/2013, sin considerar ni revisar exhaustivamente los nuevos precedentes jurisprudenciales, que permite la tramitación del presente proceso, cometiendo falta de motivación, principios legales y valores supremos en el auto de vista, llegando a desconocer los arts. 24, 109 y 180 de la Constitución Política del Estado.

Petitorio.

Solicita se case el auto de vista impugnado fallando en el fondo para la confirmación de la sentencia.

Respuesta del recurso de casación.

De la respuesta al recurso de casación de fs. 398 vta., fue presentada fuera de plazo por lo que no merece mayor análisis.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal.

Si bien anteriormente el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado a un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia (Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la C.P.E. que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndo que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome un decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105-I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105 II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106-II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

Criterio ya sustentado en el AS Nº 348/2014 de fecha 2 de julio 2014 entre otros.

III.2. De la legitimación pasiva (usucapión).

Sobre la importancia de la legitimación pasiva en los procesos de usucapión este Tribunal a través de la basta jurisprudencia, entre otros en el Auto Supremo: 698/2014 de fecha 1º de diciembre 2014 ha indicado en sentido que: “…en la usucapión intentada por los recurrentes se debió haber cumplido con otros requisitos como es el de acreditar a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble en Derechos Reales y dirigir la demanda contra ese propietario registral para efectos de establecer la calidad de sujeto pasivo de la acción; al respecto la uniforme jurisprudencia tanto de la ex Corte Suprema como por el actual Tribunal Supremo de Justicia han establecido que la usucapión al ser una de las formas de adquirir la propiedad, una vez declarada judicialmente, produce un doble efecto, adquisitivo para el que logra la usucapión y extintivo para la persona que pierde el derecho de propiedad del inmueble, razón por la cual es indispensable que el actor dirija la demanda contra la persona a nombre de quien se encuentra registrado en Derechos Reales como titular del bien inmueble que se pretende usucapir, sin que esto sea limitante para hacer conocer la demanda a terceras personas que puedan tener algún derecho que reclamar, debiendo en todo caso el demandante adjuntar a la demanda como requisito indispensable la certificación de Derechos Reales que acredite quien es el último titular registral del inmueble y de esta manera el propietario pueda tener la calidad de SUJETO PASIVO frente al sujeto activo, solo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto…”jurisprudencia de acreditar la titularidad de dominio del demandado que fue reiterado en otras Resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia como por ejemplo en la Nº 098/2013, 110/2013, 151/2013, 289/2013 entre otras que concuerdan sobre la importancia del sujeto pasivo en el proceso de usucapión.”… “El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión.

Requisito que corresponde no solo a las partes que litigan o al actor en particular, sino también al Juez, quien en su calidad de director del proceso debe asumir las determinaciones que correspondan a efectos de dicha integración, pues solo de esa manera garantizará que la Resolución final que emita sea eficaz en derecho y surta válidamente sus efectos respecto de todas las personas que puedan verse vinculadas a ella, en otras palabras, otorgar seguridad jurídica a las partes del proceso”.

III.3. Del documento de transferencia para efectos de computo del plazo de la usucapión decenal o extraordinaria.

Para un mejor entendimiento de este punto, corresponde citar, entre otros, el Auto Supremo Nº 115/2015 de 13 de febrero emitido por este Tribunal Supremo de Justicia, que al respecto fundamentó lo siguiente: “Del contenido del Auto de Vista Nº SCCFI-472 de 09 de septiembre de 2014, se puede advertir que el Tribunal Ad Quem entendió que la demandante siendo propietaria de los terrenos en cuestión pretendería el reconocimiento de su condición de propietaria del inmueble vía usucapión cuando ya ostentaría los terrenos por derecho de compra, pretendiendo perfeccionar su derecho propietario, por lo que a criterio de los de Alzada la demanda sería subsumible de “improponibilidad manifiesta”. Según la interpretación del Tribunal de Alzada es querer titularizar esa compra; sin embargo del contenido de la demanda claramente se advierte que la actora no pretende regularizar su derecho propietario de la compra que refiere; simplemente la manifiesta como antecedente para justificar el inicio de su posesión sobre el inmueble que pretende usucapir, por lo que con este último análisis, la misma resultaría siendo perfectamente proponible. 

Del contenido de la demanda, se puede entender que la recurrente funda su demanda de usucapión en una transacción que jamás se llegó a concretar, pues se entiende que fue de esa manera que ingresó al inmueble para poseerlo pacífica y continuamente por el tiempo que establece la ley, vale decir que la recurrente no pretende el reconocimiento a su derecho propietario de la compra que refiere, sino el reconocimiento de la posesión que ejerce sobre los tres lotes de terreno que pretende usucapir; el presupuesto generador de la demanda no es otro que la posesión de la usucapiente y que a efectos de demostrar que esta tuvo un inicio pacífico y libre de violencia, la actora trajo simplemente como antecedente esa compra, aspecto que de ninguna manera puede ser confundido o atribuirse como sustento de la pretensión, sino como una referencia del antecedente de posesión y que en definitiva es esta última (posesión) la que constituye el verdadero sustento real de la pretensión.

El Tribunal Ad-quem al haber procedido anular el proceso bajo el fundamento de ser improponible la demanda de usucapión, no ha realizado un análisis de los hechos en su verdadero alcance incurriendo de esta manera en un concepto equivocado, correspondiendo en todo caso ser enmendado por este Tribunal disponiendo la nulidad de la Resolución recurrida.” 

En ese mismo orden de ideas el Auto Supremo Nº 162/2012 de 17 de agosto, orientó: “…Siendo esa la pretensión de la actora, corresponde en principio considerar las previsiones que la ley establece como requisitos para demandar la propiedad de un inmueble de propiedad privada por usucapión decenal o extraordinaria establecida en el artículo 138 del Código Civil, el cual dice: "la propiedad de un inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años", del contenido de la norma glosada se establece que el requisito central para la procedencia de la acción de usucapión extraordinaria es la posesión continuada del inmueble susceptible de usucapión por el tiempo establecido en la ley. En el caso concreto, no resulta un factor objetivo de improponibilidad de la demanda para excluir la posibilidad de tutela jurídica de la pretensión planteada, el hecho de que la actora haya reconocido expresamente que el inmueble lo posee desde que lo adquirió a título de compra y venta, tomando en cuenta que en muchos casos, por alguna razón administrativa o de otra naturaleza en algunos casos insubsanables el vendedor de inmueble no haya podido regularizar la documentación que avale su derecho propietario una vez efectuado el acto traslativo de su propiedad, alcanzando esta imposibilidad por lógica consecuencia a la compradora del inmueble, quien en ejercicio de su autonomía de voluntad y a los fines de consolidar su derecho propietario y su posterior registro propietario en Derechos Reales, puede optar ya sea por la demanda de usucapión quinquenal u ordinaria en base a su título propietario, o en su defecto por la demanda de usucapión decenal u extraordinaria en base sólo a la posesión del bien por el plazo establecido por ley, al no existir óbice legal para optar por dicha decisión por parte de la actora y menos para el operador de justicia para conocer la causa al no resultar la misma contraria al orden público o a las leyes, de ahí que, la decisión del tribunal de apelación de revocar la sentencia sólo por el hecho de haber la demandante declarado que dicho inmueble lo adquirió en calidad de compra y venta, resulta ilegal e inadecuada…”.

III.4. Sobre los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria.

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por haberla poseído durante el tiempo previsto y con apego a las condiciones determinadas por Ley, en general, sea que se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria, tres son los presupuestos de este instituto, a saber: 1) un bien susceptible de ser usucapido; 2) la posesión; 3) transcurso de un plazo.

En ese orden, en lo referente a la usucapión decenal o extraordinaria, respecto al primer presupuesto diremos que, por regla general, los bienes susceptibles de usucapión son aquellos que se encuentran dentro del comercio humano, sólo recae sobre aquellos que están en la esfera del dominio privado, estando excluidos todos aquellos bienes que están fuera del comercio y aquellos que son de dominio público del Estado, pues se debe comprender que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual la usucapión sólo es posible respecto de bienes que se encuentran registrados a nombre de un anterior propietario contra quien se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión, por ello para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

Ahora bien en cuanto al segundo presupuesto, se tiene que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", a cuyo efecto el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.

Finalmente, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años (para la usucapión decenal), lo que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica, sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar a quien tiene derecho a él, reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 138 del Código Civil.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del recurso de casación se desprende el punto 1 que tiene como fin observar el Auto de Vista, que señala que los magistrados tienen facultad fiscalizadora de anular obrados, pero sin precisar la norma legal que les confiere esa facultad de anular los actos de primera instancia, sobre todo si el recurso de apelación de la entidad demandada, en ningún momento realizó observación sobre la nulidad de los actuados procesales, habiendo los de segunda instancia actuado de forma extra petitum.

Del contenido del Auto de Vista Nº S-03/2018 de 12 de enero, se puede establecer que el Tribunal de alzada dispuso de oficio la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda, en amparo del art. 106 y 108 del Código Procesal Civil, bajo el entendido que la demanda es improponible, por tener como única finalidad el perfeccionamiento del derecho propietario ya existente a favor de la accionante haciendo mención al Auto Supremo Nº 402/2013 de 12 de agosto, señalando que la usucapión constituye un modo originario de adquirir la propiedad y no una forma de perfeccionamiento o consolidación del derecho de propiedad que alega haber adquirido, además por inconsistencia de la demanda siendo que la misma fue interpuesta contra quienes carecen de legitimación pasiva para ser demandados que son hijos de la actora, Ana del Carmen, Edgar Rafael, Álvaro Fernando Zarate Taboada, por el hecho de no figurar en el registro de Derechos Reales al no ser susceptibles de algún efecto extintivo que pueda producir la demanda.

Del estudio del Auto de Vista se evidencia 2 motivos para anular obrados 1. La improponibilidad y 2. Legitimación de los hijos, al respecto si bien el ordenamiento jurídico le otorga la facultad al Tribunal Ad quem de anular obrados, dicha potestad no es absoluta si no que debe responder a los arts. 106 al 109 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde estudiar los motivos que dan pie a la nulidad dispuesta en alzada. Entonces a los efectos de generar una correcta argumentación jurídica se ha analizara cada uno de estos fundamentos citados.

En el primer caso los antecedentes del presente caso se tiene que Ana María Taboada Rojas, en su escrito de demanda que cursa de fs. 25 a 27, subsanado de fs. 29 vta., y 64, refiere que mediante la Escritura Pública Nº 252/1993 de 14 de septiembre, su persona conjuntamente con su esposo de nombre Edgar Zarate Zarate, adquirieron en calidad de compra y venta un inmueble con una extensión de 313.13 m2, ubicado en ese entonces en la manzana Nº B1, Sector VI, vivienda Nº 254 en la Zona Bolonia de la ciudad de La Paz, empero refiere también que el mismo habría sido adquirido con dinero propio mediante pagos durante 20 años hasta llegar al monto de Bs.129.969.89, que la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, propietario del referido bien, habría decidido transferirle, sin embargo desde la fecha de la suscripción de la Escritura Pública de 14 de septiembre de 1993, incluso antes la actora habría estado en posesión del dicho inmueble en su totalidad como verdadero propietario, realizando construcciones, gestionando los trámites para la instalación de los servicios básicos, así como el pago de los impuestos a la municipalidad, extremos que acreditarían su pacífica y continua posesión durante más de diez años, invocando en ese merito la adquisición del derecho propietario de 313.13 m2, transferidos por la institución demandada, a consolidarse los presupuestos de la usucapión decenal o extraordinaria.

De lo expuesto, se entiende que el actor con la interposición de la presente acción no pretende convalidar el derecho propietario que fuere adquirido mediante el documento de fecha 14 de septiembre de 1993, al contrario su pretensión alcanza solamente a solicitar la tutela de una situación de hecho, la cual recae en la posesión que este individuo ha tenido sobre el inmueble pretendido, es decir que su demanda no busca el reconocimiento de los alcances que pudiera tener las estipulaciones convenidas en el acuerdo transaccional de referencia, sino que este documento solamente constituye un referente para acreditar el momento a partir del cual ingresó en posesión de la superficie pretendida (313 m2), situación que es totalmente permisible bajo los lineamientos expuestos en el punto III.3 de la doctrina aplicable, en sentido de que la jurisprudencia de este máximo Tribunal, amplía los criterios de admisibilidad de la usucapión decenal, de manera tal, que quienes pretendan adquirir el derecho propietario a través de esta acción, puedan efectuarla en base a un documento público o privado de transferencia (título de propiedad), que por diferentes circunstancias no hayan podido ser inscritas en el registro público de la propiedad, empero dicha permisión solamente es aperturada para establecer el momento (la fecha) a partir de la cual, la demandante posee el inmueble pretendido, y a partir de ello computar el plazo exigido por ley tal cual refiere el art. 88.III del CC, nótese que en estos casos, implícitamente el actor renuncia al derecho adquirido a través del título, pues en esta lo que se pretende es ya no hacer valer ese derecho contendido en el título, sino una situación de hecho que se traduce en la posesión que se ejerce sobre el inmueble pretendido, a los efectos de verificar la concurrencia de los presupuestos exigidos por este instituto jurídico, tal cual se han detallado en el punto III.4.

Respecto al otro punto sustentado por el Tribunal Ad quem corresponde partir del entendimiento asumido en la doctrina aplicable III.2, es decir en sentido de que el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -actual propietario-, que se pretende operar el efecto extintivo de la usucapión, por eso es ineludible  que el actor acredite, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción.

En el sub lite, se advierte que la demandante dirigió su demanda de usucapión contra sus hijos y la institución COSSMIL, punto que es observado por el Tribunal de alzada ya que los hijos de la demandante no tendrían ninguna legitimación pasiva del referido bien inmueble, sobre la problemática se debe mencionar lo vertido en el III.1 de la doctrina que nos dice en conformidad al art. 16 de la Ley Nº 025, toda autoridad competente y de grado tienen la obligación proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento que con concuerda a la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicios para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto, por lo referido siendo que al haber notificado a los hijos de la demandante tanto como la entidad ahora demandada y este último como titular de esa legitimación pasiva se encuentra como demandado dentro el proceso que no hace ninguna observación que afecte su derecho a la defensa, ahora en relación a la citación de los hijos, dicho extremo de ninguna manera repercute en la litis, pues no se evidencia indefensión alguna entonces dicho defecto no puede ser catalogado como una causal de nulidad, entonces al no existir este desamparo no corresponde anular obrados por meros pruritos formales.

Sobre el punto 2 se acusa que los Jueces de instancia basaron su decisión por la línea jurisprudencial del A.S. Nº 402/2013, sin considerar ni revisar exhaustivamente los nuevos precedentes jurisprudenciales, que permite la tramitación del presente proceso, cometiendo falta de motivación, principios legales y valores supremos en el auto de vista, llegando a desconocer los arts. 24, 109 y 180 de la Constitución Política del Estado.

De conformidad a lo expuesto por el Tribunal de segunda instancia quien nos hace referencia del AS Nº 402/2013 de 12 de agosto, para fundar su fallo sin embargo por lo expuesto en el punto 1 de la fundamentación y III.3 de la doctrina aplicable, en sentido de que la jurisprudencia de este máximo Tribunal, amplió los criterios de admisibilidad de la usucapión decenal, de manera tal, que quienes pretendan adquirir el derecho propietario a través de esta acción, puedan efectuarla en base a un documento público o privado de transferencia (título de propiedad), que por diferentes circunstancias no hayan podido ser inscritas en el registro público de la propiedad, empero dicha permisión solamente es aperturada para establecer el momento (la fecha) a partir de la cual, la demandante posee el inmueble pretendido, y a partir de ello computar el plazo exigido por ley tal cual refiere el art. 88.III del CC, nótese que en estos casos, implícitamente el actor renuncia al derecho adquirido a través del título, pues en este lo que se pretende es ya no hacer valer ese derecho contendido en el título, sino una situación de hecho que se traduce en la posesión que se ejerce sobre el inmueble pretendido, a los efectos de verificar la concurrencia de los presupuestos exigidos por este instituto jurídico. En entendimiento asumido por los Autos Supremos Nº 115/2015 de 13 de febrero y Nº 457/2018 de 7 de junio, emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia.

Por lo expuesto, corresponde emitir Resolución conforme a lo establecido en el art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº S-03/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 378 a 379, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.III de la Ley Nº 439.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento al art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.