TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 341/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: PT-11-18-S

Partes: Francisca Salinas Martínez Vda. de Elias c/ Empresa bienes raices La Plata SRL y otros.

Proceso: Mejor derecho propietario.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 520 a 523 vta., interpuesto por Francisca Salinas Martínez contra el Auto de Vista Nº 96/2018 de 4 de diciembre, cursante de fs. 503 a 514, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, seguido por Francisca Salinas Martínez Vda. de Elias contra la empresa bienes raices La Plata SRL, la contestación cursante de fs. 535 a 539 vta., el Auto de concesión de 20 de agosto de 2018 de fs. 540 vta., el Auto Supremo de Admisión N° 813/2018-RA de 31 de agosto de fs. 545 a 546 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial 3° del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la Sentencia N° 009/2016 de 21 de marzo, cursante de fs. 462 a 468 vta., declarando PROBADA la demanda principal de mejor derecho propietario planteada por Francisca Salinas Martínez Vda. de Elias, reconociéndole como única propietaria del lote de terreno Nº 8, manzano Nº 37 ubicado en la zona Cruz Pampa ahora denominado Villa Banzer, con una superficie de 500,00 m2, registrado en Derechos Reales bajo la partida 2076, folio 791, libro 1 de propiedades ciudad y frías de 20 de noviembre de 2001 actualizado en la Matricula 5.01.1.010010913, bajo el asiento Nº A-1 de titularidad sobre el dominio de 30 de julio de 2008, consiguientemente ordenando la cancelación de la inscripción en la Matricula  Nº 5.01.1.010011004 bajo el asiento Nº A-5 de titularidad sobre el dominio de 31 de mayo de 2011, asimismo declaró  improbada la demanda reconvencional sobre reivindicación interpuesta por la empresa de Bienes Raíces La Plata SRL e IMPROBADAS las excepciones perentoria de falta de acción, derecho y prescripción de la oposición, de la excepción de citación previa  al garante de evicción.

Contra la referida resolución, Pedro Ramiro Vara Quintanilla y Emereciana Villegas Aramayo  interpusieron el recurso de apelación por memoriales de fs. 470 a 478 y de fs. 482 a 485 vta., respectivamente que fueron resueltos mediante Auto de Vista N° 96/2018 de 4 de diciembre emitido por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, cursante de fs. 503 a 514, por el cual REVOCÓ la sentencia impugnada y declaró IMPROBADA la demanda principal de mejor derecho propietario y dispuso sin lugar a la cancelación de inscripción de escritura de venta efectuada por Emerenciana Villegas Aramayo Matriculada con el Nº 5.01.1.01.0011004 asiento Nº A-5 de titularidad de dominio de 31 de mayo de 2011, asimismo declaró PROBADA  la demanda reconvencional de reivindicación planteada por la empresa Bienes Raíces La Plata  SRL del manzano Nº 37 ubicado en la zona de Cruz Pampa denominado Villa Banzer con una superficie de 500 m2 a ser entregado por la demandante perdidosa en el plazo de diez días de ejecutoriada la resolución, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de expedir en su contra mandamiento de lanzamiento con ayuda de la fuerza pública para su entrega a la demandada, haber lugar al pago de daños y perjuicios a determinas en ejecución de sentencia, IMPROBADA su excepción de falta de acción y PROBADA la excepción de falta de derecho, además declaró IMPROBADAS las excepciones de falta de acción  y prescripción de la oposición  de la excepción de citación previa al garante de evicción y PROBADA la excepción  de falta de derecho, opuestas por Emerenciana Villegas Aramayo, con imposición  de costas a la parte demandante perdidosa, declaró INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto de fs. 470 a 478 por extemporáneo, bajo los siguientes argumentos:

El juez A quo se limitó a establecer la prioridad de la inscripción para la procedencia de la demanda de mejor derecho propietario, en base a una interpretación restringida, limitativa y sin análisis del art. 1545 del Código Civil, toda vez que a favor de Francisca Salinas Martínez Vda. de Elias fue inscrita con anticipación a la parte demandada, sin embargo considera que debió determinar la legitimidad de ambas transferencias, ya que la Escritura Pública Nº 676/2001 de 28 de septiembre, Raúl Villegas Aramayo señaló ser el único propietario de un lote de terreno adquirido por Escritura Pública Nº 128/78 que le hizo la transferencia Julio Maguin Villegas documento que extraña su presentación, a efectos de justificar el mejor derecho de la parte actora, señala que según la Matricula 5.01.1.01.0010913 el vendedor figura en el asiento 0, en consecuencia además de no constar la escritura de adquisición del bien, tampoco se encuentra  inscrita como antecedente del derecho del vendedor, por lo que no se habría justificado de forma documentada el antecedente dominial al derecho que invoca puesto que si su vendedor Raúl Villegas Aramayo lo adquirió mediante Escritura Pública Nº 128/78 incurrió en error al no haberse sustentado este aspecto, asimismo señala que el titulo de la demandante, las colindancias y zona de ubicación del inmueble difieren con los de la parte demandada.

Argumenta que el antecedente del transferente de Raúl Villegas como es la asociación de arrendatarios, contratos especiales de la EMUCP además que la ubicación determinada en plano municipal es dudosa por no tener respaldos necesarios, por lo que la escritura que extraña es importante. Esta ausencia de antecedente dominial documental del transferente de Francisca Salinas Martínez la parte demandada acreditó la tradición registral que antecede a su derecho propietario así como la transferencia efectuada por la familia Bobarin a la  Asociación de Ex Trabajadores Mineros Rentistas de Potosí el 1976 registrado bajo la partida  Nº 628, folio Nº  347 vta., del libro uno de propiedades ciudad y Frías  de 11 de octubre de 1976, la posterior entrega del lote de terreno Nº 8, manzano  Nº 37 por la asociación a favor de Julio Magin  Villegas Paredes e hijos y ante la muerte de Julio Magin Villegas previa declaratoria de herederos de los hijos de este, Raúl y Virginia previa la declaración de herederos de los hijos Raúl, y Virginia Villegas Aramayo transfiriendo sus cuotas partes y Emerenciana Villegas Aramayo la que posteriormente transfirió su derecho a bienes raíces La Plata  SRL., transferencias y declaratorias de herederos que fueron inscritas en de Derechos Reales y guardan un orden correlativo de tradición registral.

En la eventual transferencia que realizó Julio Magin Villegas a favor de Raúl Villegas que no estaría demostrado documentalmente, no coincidiría con el antecedente dominial, por cuanto se refiere a la asociación de arrendatarios  contratos especial de la EMUCP y no refiere a la asociación de ex Trabajadores Mineros Rentistas de Potosí, para concluir de que se trate del mismo bien, que la adquisición de Julio Magin Villegas, no sólo fue a su favor sino de sus hijos, por lo que la transferencia a Raúl Villegas no pudo realizarse  sobre la totalidad del bien, el lote Nº 8 manzano Nº 37 ubicado en la Villa Presidente General Hugo Banzer Suarez lugar de Cruz Pampa de manera legítima por lo que el derecho propietario  también pertenecía  a los otros  hijos  (Virginia  y  Emerenciana).

Se acreditó el derecho propietario de Emerenciana Villegas por la trasferencia o entrega  definitiva de la Asociación de Ex trabajadores Mineros Rentistas a favor de su progenitor y hermanos que posteriormente al fallecimiento de su  progenitor Julio Magin Villegas y la transferencia efectuada en favor de bienes  raices La Plata SRL se encontraría conforme a la documentación adjuntada, con mayor legitimidad y legalidad a la que presentó la parte actora, sin embargo la inscripción de la demandada no sea prioritaria pero el antecedente dominial se remonta al año 1976 en contraposición a la demandante que dará del año 1978 que no se encuentra documentalmente acreditado, ni la transferencia que se efectuó a favor del vendedor Raúl Villegas.

Señala que el transferente del bien es diferente para cada una de las partes, ya que en el caso de la parte actora fue Raúl Villegas y de la demandada fue  Emerenciana Villegas quienes difieren del origen entre la Asociación de Arrendatarios y Contratos Especiales de la EMUCP y la Asociación de ex Trabajadores Mineros Rentistas de Potosí así como difieren en el antecedente  inmediato a estos precedentes referidos, en consecuencia no se pudo acreditar que se trate del mismo bien inmueble, tampoco que la transferencia a Emerenciana, era de la totalidad de la superficie sino de una cuota parte, ya que de la Escritura Pública Nº 021/17 el derecho propietario correspondía a cuatro personas Julio Maguin Villegas e hijos; y a su fallecimiento previa declaratoria de herederos de los hijos, la cuota de Raúl Villegas era de 33.33 % y las otras dos  cuotas correspondía a Virginia y Emerenciana Villegas Aramayo, por consiguiente  además de la prioridad en el registro que no le resulta evidente no se demostró la tradición de registro, la legitimidad como legalidad del derecho propietario  cuestionado.

En cuanto a la demanda reconvencional sobre reivindicación, advierte que si no se demostró el mejor derecho propietario de la parte actora es lógica consecuencia la procedencia de la acción reconvencional sobre reivindicación poseído por la actora posesión injustificada al haber impedido el uso y goce de su titular que emerge los daños y perjuicios a ser averiguados en ejecución de sentencia  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Error in procedendo (error en el procedimiento) al admitir el recurso de apelación por extemporáneo.

Denuncia que Emerenciana y Bienes y Raíces interpusieron el recurso de apelación fuera del plazo previsto en el art. 261 del Código Procesal Civil, ya que la sentencia fue dictada el 21 de mazo de 2016, siendo notificada la parte demandada el 29 de marzo de 2016 según diligencia de notificación de fs. 469 presentando su recurso de apelación el 13 de abril de 2016 cursante a fs. 470, cuando el plazo precluyó el 12 de abril del mismo año, por cuanto el Ad quem  debió rechazar la apelación interpuesta, en cuanto a la apelación formulada por Emerenciana Villegas indica que fue notificada el 19 de abril de 2016 según la diligencia de fs. 480, habiendo presentado recurso de apelación el 4 de mayo cuando vencía  el 3 de mayo,  por lo que correspondía al tribunal de alzada declarar la ejecutoria de la resolución apelada.

  1. Error in judicando en la aplicación de la ley sustantiva sobre la demanda de mejor derecho propietario (art. 1545 del Código Civil) al haber demostrado la inscripción prioritaria.

La recurrente haciendo cita del art. 14.IV y el art. 1545 del Código Civil resalta tres aspectos como es la inscripción prioritaria en relación con el demandado por cuanto recalca que su inscripción fue realizada el 20 de noviembre de 2001, sin embargo la parte adversa lo habría realizado el 30 de junio de 2008, denuncia que el fallo de segunda instancia no revisó las literales de fs. 119 al 125, 216, 217, 227 al 231, por las que señala que acreditó que el mismo lote fue transferido por Raúl Villegas a favor de su persona el 28 de septiembre de 2001, luego Raúl Villegas transfirió el mismo lote a Emerenciana Villegas el 25 de septiembre de 2008, por lo que ambas transferencias tendrían el tracto sucesivo, más aún cuando en los puntos de hecho a demostrar no se le conmino a probar el mismo, razones por las que se le habría causado indefensión, reiterando que su persona fue la primera en registrar su derecho propietario cumpliendo así con los requisitos  establecidos en el art. 1545 del Código Civil.

  1. Error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas de cargo. 

Arguye que se ha efectuado una errónea interpretación de los hechos y una errónea valoración de los medios probatorios que acreditan que es la misma persona quien transfirió el lote de terreno, por lo que no podría tratarse de tracto sucesivo, sin embargo en el Auto de Vista recurrido contradictoriamente reconocerían que los presupuestos para acreditar la procedencia de su acción, los que asevera fueron demostrados, añade que se trata del mismo bien inmueble que  fue transferido por su propietario por actos diferentes a favor de distintas personas que fue demostrado por la Escritura Pública Nº 348/1976 de 6 de octubre de 1976, por la que se transfirió la superficie de 372.500 m2  de terreno ubicado al oeste de la zona 4 de esa ciudad conocido como Cruz Pampa por Herminio, Concepción, Benancio y Juan Bobarin representados por Ricardo Camargo Rodríguez a favor de Severino Singuri, Juan Lopez, Emilio Chucamani y Vicente Rodríguez representados por la Asociación de ex trabajadores Mineros Rentistas de Potosí transferencia inscrita en Derechos Reales bajo la partida Nº 628, Folio Nº 347 vta., Libro Nº 1 de propiedades Ciudad y Frías de 11 de octubre de 1976 registro actual en la Matricula 5.01.1.01.0011004 bajo el Asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 21 de agosto de 2008.

Refiere que por Escritura Pública Nº 121 de 10 de febrero de 1977, la asociación de ex Trabajadores Mineros Rentistas de Potosí entrega definitivamente a Julio  Magin Villegas  Paredes e hijos el Lote Nº 8, del Manzano Nº 37 ubicado en Villa Presidente Gral. Hugo Banzer Suarez, lugar Cruz Pampa al norte de Potosí con una superficie de 500 m2 registrado en la Matricula 5.01.1.01001104 de 21 de agosto de 2008 documento que señala identificó debidamente el lote de terreno  en la ubicación y superficie y que da origen al derecho propietario de Julio Magin Villegas Paredes e hijos (Raúl, Emerenciana y Virginia Villegas Aramayo) declarados herederos el 10 de junio de 2008 a la muerte de Julio Magin Villegas Paredes y no obstante de que ellos ya eran copropietarios de manera específica  sobre el lote de terreno objeto de litis, por ende afirma que cumplió con los presupuestos que exige el art. 1545 del Código Civil.  Sin embargo, el Ad quem sin valorar la prueba, sin fundamentación ni valoración de las mismas tergiversaron los antecedentes del proceso y revocaron la sentencia cuando su persona adquirió el inmueble el 3 de agosto de 1983 y recién pudo registrar el 20 de noviembre de 2001.

  1. Acusa la falta de fundamentación en la resolución sobre la excepción de falta de acción o derecho.

La recurrente alega que en contradicción a lo señalado por el A quo refieren que su persona no tenía derecho para demandar el mejor derecho propietario sin  explicar el porque arriban a esa convicción, habiéndose limitado a copiar conceptualizaciones sobre el derecho objetivo y subjetivo y concluyen con que la excepción no se encontraría prevista en la norma procesal actual, ni en la anterior abrogada, sino que fue acogida de la legislación argentina existiendo así  un error en la interpretación de la misma y que es la falta de legitimación de su persona para poder demandar mejor derecho propietario que sin explicar  atentando el derecho al debido proceso establecido en el art. 115. I y II de la Constitución Política del Estado en su vertiente de la motivación y fundamentación de las resoluciones, sin embargo, en la resolución recurrida no explico por qué arribó a esa convicción de manera motivada y fundamentada, por lo que solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y case la sentencia de primera instancia.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que una vez que corrió en traslado el recurso de casación, respondió Fernando Alvarado Castro, Pedro Ramiro Vara Quintanilla y Lincoln Hugo Michel Rocha  en representación de bienes raices La Plata por memorial de fs. 528 a 531, afirmando que  las apelaciones  formuladas fueron planteadas dentro del término, que con relación al error de fondo  de la ley  sustantiva  respecto al instituto de reconocimiento de mejor derecho  de propiedad, la recurrente debe tener presente también el origen  del derecho propietario común, acudiendo al principio  del tracto  sucesivo, sin que acredite tener la titularidad preferente o superior al demandado, existiendo  inclusive  una transmisión diferente, teniendo un antecedente dominial diferente.  Asimismo con relación al error de hecho y derecho en la valoración de las pruebas, advierte  que el Tribunal de apelación efectuó  una  correcta  valoración de la prueba  en  base al principio de verdad material y la prueba  documental presentada, sin  que  se haya observado una falta de fundamentación respecto a que la demandante  no tendría legitimación activa ni pasiva para interponer la demanda de reconocimiento de mejor derecho, por lo que solicitó se confirme el Auto de Vista  impugnado. 

Emerenciana Villegas Aramayo mediante memorial de fs. 535 a 539 vta., señaló que de acuerdo al art. 90 del Código Procesal Civil, establece que el cómputo de los plazos menores a quince días, sólo se computaran los días hábiles que por el comunicado del Ministerio de Trabajo  24/2016  el día 2 de mayo, no fue un día hábil al  haber sido declarado feriado en compensación al día 1 de mayo que cayó en día domingo, determinación de cumplimiento obligatorio de acuerdo al art. 48 de la Constitución Política del Estado, que al efectuar esta observación incurre en una deslealtad procesal al no haberla efectuado a momento de apelar la sentencia, Resultando ser una denuncia  dilatoria.

Respecto a la aplicación del art. 1545 del Código Civil, efectúa un análisis del mismo, aduciendo que se tratan de dos terrenos diferentes.

En cuanto al error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, observa que el recurso  de casación incumple las previsiones establecidas por los  arts. 271, 274 del Código Procesal Civil, y sugiere que debe ser declarado improcedente, careciendo de agravios incumpliendo con la precisión de que motivos existen para señalar que se incurrió en error, asimismo citó jurisprudencia que refiere a la consistencia de la figura del mejor derecho propietario, resaltando que el Tribunal de alzada se limitó aplicar conforme a la norma y que en ese análisis del tracto sucesivo de ambas partes no se arribó a un  antecedente común, pues no basta establecer la prioridad en el registro del derecho siendo necesario acudir al análisis del antecedente dominial y finalmente sobre la falta de fundamentación en el fallo cuestionado, indica que la parte actora no quiere entender que no tiene derecho para demandar mejor derecho propietario en base a documentación referida a otro bien.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. El mejor derecho propietario.

Con relación al mejor derecho propietario, este Tribunal en el A.S. Nº 442/2014 de 08 de agosto, ha establecido lo siguiente: 

“Al respecto también debemos referir que la interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio, tendiente a establecer el origen del derecho propietario, criterio que fue asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, la misma que es adoptada por éste Tribunal Supremo, mediante el Auto Supremo Nro. 46 de 09 de febrero de 2011 que refiere”…como se precisó anteriormente, frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen”.

Del mismo modo en el AS. Nº 618/2014 de 30 de octubre señaló lo siguiente: “En cuanto a la aplicación errónea del art. 1545 el Código Civil, corresponde señalar que dicha norma tiene el siguiente texto“(Preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble). Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título…”, sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”; la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un  mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez,  para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. En ese mismo sentido se tiene razonado en los A.S. Nº 1049/2015-L y otros posteriores.

III.2. De la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión; en otras palabras la acción de reivindicación está destinada para que el propietario que haya perdido la posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), siendo esta acción imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario de un bien inmueble.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado. De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma; sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

De igual forma, en relaciona los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar a Arturo Alessandri R., que sobre la reivindicación señaló que: “…la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”.

III.3. De la prueba y su valoración.

José Deker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentado y Concordado, Pág. 240, nos menciona respecto de la prueba al profesor Hugo Alsina, quien nos dice: “En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significado corriente, expresa una operación mental de comparación. Desde ese punto de Vista la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”.
Los hechos y los actos jurídicos dice Couture son objetos de afirmación o negación en el proceso. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobre los cuales debe pronunciase, no pueden sentenciar teniendo en cuenta las simples manifestaciones de las partes; entonces debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones”, al respecto es menester comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formarse convicción a su respecto. Siendo estas definiciones generales de la prueba.

Sin embargo, nos interesa ubicar a la prueba en el sentido procesal; en tal sentido diremos que la prueba es: “un medio de verificación de las proposiciones que formulan los litigantes durante la substanciación del proceso”.

Asimismo, debemos tener en cuenta ciertos principios referidos a las pruebas, entre las cuales tenemos el “principio de la unidad de la prueba” significa; que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, documentales, testificales y otras, señalando sus concordancias y discordancias, y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme.

El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del Código adjetivo de la materia”.

III.4. Error de hecho y derecho.

Respecto al tema debe considerarse lo razonado en el Auto Supremo N° 293/2013, de 07 de junio 2013 entre otros, en el que se señaló que: “Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con relación a las denuncias efectuadas por la demandante se tiene:

  1. Error in procedendo (error en el procedimiento) al admitir el recurso de apelación por extemporáneo.

Respecto al reclamo de que las alzadas planteadas por Emerenciana y Bienes y Raíces, indicando que interpusieron sus recursos de apelación fuera del plazo previsto en el art. 261 del Código Procesal Civil, resultando evidente que una vez emitida la sentencia de primera instancia se notificó a la “Empresa de Bienes Raices La Plata S.R.L.” el  29 de marzo de 2016  según diligencia de fs. 469, planteando su recurso de apelación el 13 de abril de 2016 según se desprende en el timbre electrónico del memorial de fs. 470  a 478, al haber sido formulado de forma extemporánea fue declarado inadmisible mediante el Auto de Vista recurrido.

Asimismo con relación a la apelación formulada por Emerenciana Villegas fue  notificada con la sentencia en fecha 19 de abril de 2016 según consta en la diligencia practicada a fs. 480, habiendo  interpuesto  recurso de apelación en 4 de mayo de 2016 según se refleja en el timbre electrónico del memorial de fs. 482 a 485 vta., considerando que el día 1 de mayo de 2016 cayó en día domingo en mérito al artículo único de la Ley Nº 274 de 10 de septiembre de 2012 se declaró la suspensión de actividades públicas en todo el país el día  2 del mismo mes y año según el Comunicado Nº 24/2016 emitido por el Ministerio de Trabajo, por consiguiente dicha alzada fue planteada dentro del término establecido por ley.

  1. Error in judicando en la aplicación de la ley sustantiva sobre la demanda de mejor derecho propietario (art. 1545 del Código Civil) al haber demostrado la inscripción prioritaria.

Sobre esta denuncia, la recurrente se ha limitado a observar únicamente la inscripción primigenia que aparentemente ella hubiere realizado con anterioridad a la parte adversa, al señalar que procedió a su registro el 20 de noviembre de 2001 mientras que la parte demandada lo habría efectuado el 30 de junio de 2008, sin embargo  de esta circunstancia, conforme a la doctrina desarrollada en el acápite III.1 de la presente resolución, se establece que para el reconocimiento del mejor derecho propietario además de contemplar una identidad del  inmueble objeto de litis, cuya titularidad se discute, y si bien el art. 1545 del Código Civil prevé que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, reconoce el registrado primigenio, no obstante efectuando una interpretación extensiva de la norma en caso de haberse adquirido el inmueble de distintos vendedores, que también aducen título propietario, como acontece en el caso de autos, se debe proceder a la verificación del antecedente dominial para la verificación de que se trate del mismo inmueble y cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad y si es válido,  criterio asumido por este Tribunal a través de varios fallos, independientemente de los puntos de hecho a probar fijados por el juez A quo que de forma inoportuna ahora pretende ser cuestionado por la recurrente, arguyendo indefensión sobre la falta de probanza del tracto sucesivo, cuando la figura del mejor derecho propietario abarca más allá del primer registro del derecho propietario.

  1. Error de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas de cargo. 

Con relación a esta acusación, por la que sostiene que se trata del mismo bien inmueble, empero el Auto de Vista recurrido se habría apartado de la prueba que presentó, por la que acreditaría que cumplió con los presupuestos del art. 1545 del Código Civil, al haber demostrado que adquirió el inmueble el 3 de agosto de 1983 y que lo registro el 20 de noviembre de 2001.

Este argumento de ninguna manera constituye un error de hecho, ni de derecho en la valoración de la prueba, pues conforme se establece de la doctrina contenida en el acápite III.4 de la presente resolución, el recurrente no demostró que el Ad quem haya cometido un equívoco en la materialidad de la prueba, o mala apreciación de los hechos o que haya alterado el contenido de la misma prueba, tampoco que haya otorgado un valor distinto al señalado por ley, por ende esta denuncia carece de sustento legal al no acreditar de forma fundada que el Tribunal de apelación incurrió en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba que habría presentado en el presente proceso.

  1. Con relación al reclamo de que el Auto de Vista impugnado carece de fundamentación sobre la excepción de falta de acción o derecho.

La impetrante debe tener presente que si bien inicialmente mediante el fallo de primera instancia fue declarada probada la demanda principal, apelada esta determinación el Tribunal Ad quem mediante el Auto de Vista ahora recurrido, ha procedido a un análisis del antecedente dominial sobre el inmueble cuyo mejor derecho propietario  adujo a momento de formular demanda, empero conforme a la interpretación extensiva que conlleva la aplicación del art. 1545  del Código  Civil, el Tribunal de alzada ha concluido que la demandante no demostró la procedencia de su acción, por lo que mal podría reconocer una legitimación para instaurar una demanda fallida al no acreditar el derecho propietario, consecuentemente, no es evidente que el Ad quem al declarar probada la excepción de falta de derecho actuó de forma congruente con lo expresado en el análisis realizado en la parte considerativa donde procedió a la expresión de los motivos que  formaron convicción sobre la titularidad del derecho propietario del  inmueble objeto de litis, por lo que considerando que la motivación y fundamentación de las resoluciones constituyen elementos del debido proceso, consistentes en el contenido obligatorio de cada resolución de exponer los motivos que sustenten la decisión asumida, a efecto de lograr un convencimiento de las partes en conflicto sobre la misma, situación que aconteció en el caso de autos, tal cual se ha detallado a través de los párrafos que anteceden, donde se observa como el Tribunal de segunda instancia ha resguardado el cumplimiento del debido proceso en su elemento de la debida fundamentación ahora observada. 

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado la norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 520 a 523 vta., interpuesto por Francisca Salinas Martínez contra el Auto de Vista Nº 96/2018 de 4 de diciembre, cursante de fs. 503 a 514, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.