TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 339/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: O-38-18-A.

Partes: Olimpia Poma Joaquín, Jhannethe Poma Joaquín y Freddy Poma Joaquín

c/ Alejandro Poma Gutiérrez y Epifania Bernal de Poma.

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 234 a 235 vta., interpuesto por Alejandro Poma Gutiérrez y Epifania Bernal de Poma, contra el Auto de Vista Nº 163/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 225 a 231 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por Olimpia Poma Joaquín, Jhannethe Poma Joaquín y Freddy Poma Joaquín contra los recurrentes, el Auto de concesión de fs. 242, el Auto Supremo de admisión Nº 899/2018 - RA de fs. 248 a 250, y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Olimpia Poma Joaquín por sí y como apoderada de Jhannethe Sandra y Freddy Poma Joaquín presentó demanda de cumplimiento de obligación, cursante de fs. 32 a 33 vta., ratificada a fs. 45, subsanada a fs. 50 y vta., y fs. 61, acción dirigida contra Alejandro Poma Gutiérrez y Epifania Bernal de Poma, arguyendo que en calidad de herederos de Aparicio Poma Mamani y Aurelia Joaquín, habida cuenta la existencia de un documento privado de compra venta de lote de terreno del 24 de agosto de 1992, en la localidad de Challapata suscrito por los de cujus con los demandados, reconocido ante el Juez de Mínima Cuantía Nº 4, e inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Nº 4.02.1.01.0002123, corresponde cumplir con el contrato de transferencia y efectuar la actualización de la minuta a su favor y la entrega del inmueble.

Admitida la demanda fueron citados los demandados, quienes contestaron de forma negativa, plantearon demanda reconvencional de acción negatoria contra los demandantes y formularon excepción perentoria de prescripción (fs. 113 a 117 vta.).

2. El Juez Público Mixto, Civil, Comercial y de Familia Primero de la localidad de Challapata, pronunció Auto definitivo el 31 de mayo de 2017, cursante de fs. 165 a 173 vta., declarando PROBADA la excepción de prescripción de fs. 113 a 117 del proceso, en cuyo mérito dispuso:

a) Declarar la prescripción del derecho a reclamar el cumplimiento del contrato suscrito el 24 de agosto de 1992, suscrito entre Alejandro Poma Gutiérrez y Epifania Bernal de Poma con Aparicio Poma Mamani y Aurelia Joaquín de Poma.

b) La cancelación de cualquier medida cautelar dispuesta en contra del bien inmueble objeto de litis registrado bajo la Matrícula Nº 4.02.1.01.00002123 a nombre de Alejandro Poma Gutiérrez y Epifania Bernal de Poma.

c) Se condena en costos y costas procesales a los demandantes.

3. Auto definitivo que fue apelado por la demandante, mereciendo el Auto de Vista N° 163/2018 de 10 de julio, que revoca parcialmente el Auto definitivo del 31 de mayo de 2017 (fs. 165 a 173 vta.), y deliberando en el fondo declaró Probada parcialmente la excepción de prescripción liberatoria planteada por los demandados solo en lo que se refiere a la pretensión de “entrega de la cosa vendida”, o sea, declaró la prescripción de los derechos adquiridos por el contrato de compraventa de 24 de agosto de 1992 y no con respecto al derecho de propiedad de los actores, siendo que estos no pueden plantear la acción de cumplimiento contra los demandados, salvando los derechos de los actores a la vía de conocimiento llamada por ley, para recuperar la propiedad que reclaman.

Por otro lado, respecto a la segunda pretensión de los actores de prescripción de hacerles adquirir la propiedad de la cosa, resolvió IMPROBADA la excepción de prescripción prevista en el art. 614 num. 2) del Código Civil, debiendo proseguir el proceso hasta su conclusión conforme al debido proceso.

El Tribunal Ad quem arguyó que el A quo no efectuó un análisis mesurado de los antecedentes del caso, mucho menos supo proponer un tema de debate, ya que de forma incongruente, mencionó Autos Supremos Nros. 445/2007, 373/2004, 29/2009, 305/2005 y 108/2014 que son aplicables al caso presente; mucho menos temas sobre caducidad o de prescripción adquisitiva, que al mencionar y transcribir, a parte, de llevar a una lectura tediosa, la transforma en incongruente como contradictoria la resolución, que por el derecho a la tutela judicial efectiva, ha sido menester reestructurar las hipótesis y encarar las premisas normativas como fácticas para desembocar en un nuevo análisis.

Tampoco se encuentra sindéresis jurídica cuando se transcribe los documentos que sirvieron al juez para su análisis sobre elementos que puedan interrumpir la prescripción, llegando a confundir institutos jurídicos con diligencias preliminares con trámite diferente en el abrogado procesal civil y la norma procesal actual.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De los agravios expuestos por los recurrentes, se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, los siguientes:

1. Acusaron errónea interpretación de los arts. 1492 y 1507 del Código Civil, en sentido de que el Tribunal de Alzada confundió los antecedentes del proceso al efectuar un análisis innecesario y por demás equivocado, de lo dispuesto por el art. 614 num. 1) y 2) del Código Civil, tomando en cuenta el Auto Supremo Nº 904/2015 de 8 de octubre, cuyos antecedentes son muy diferentes a la problemática que se trató y que el juzgado de primera instancia, resolvió de manera correcta. Los accionantes no exigieron, ni formularon ningún acto judicial o extrajudicial dentro del término de 5 años, por tanto, después de transcurridos más de 20 años no pueden exigir el cumplimiento del contrato que data del 24 de agosto de 1992. Asimismo el Auto de Vista es contradictorio al declarar probada en parte la excepción de prescripción, cuestiona que es lo que va a entregar si el objeto de la venta era la transferencia si la misma ha prescrito.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo declarar probada la excepción de prescripción de la acción.

Contestación al recurso de casación de parte de Olimpia Poma Joaquín por y en representación de Jhannethe Sandra Poma Joaquín y Freddy Poma Joaquín.

El recurso de casación en el fondo y en la forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen finalidades diferentes, el primero está orientado para que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, en lo segundo el recurrente pretende que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia con base en la correcta aplicación e interpretación de la ley.

En consecuencia, el recurso deviene en inadmisible por la ausencia de fundamentos o motivos coherentes que permitan al Tribunal Supremo ingresar a considerar el fondo del planteamiento.

Petitorio.

Solicitó declarar inadmisible el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. El contrato de venta es consensual y no formal.

El Auto Supremo Nº 475/2016 de 12 de mayo, reitera lo señalado en el Auto Supremo N° 456/2015 de 19 de junio en cuanto a que el contrato de venta afirmando es consensual y no formal, por lo que comienza en señalar la disposición del art. 584 del Código Civil que de manera textual prescribe: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”. Asimismo acudiendo a la doctrina sobre la naturaleza de los contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I pág. 46 citando a Luzzatto señala: … en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere:  “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública “…” es un requisito  de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente.” citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también  sobre el tema de las características de este tipo de contratos, expone que, es un contrato:  “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual….”, asimismo el  Auto Supremo: 153/2014 de fecha 16 de abril 2014  refiere: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala el Tratadista Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia”…” debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice: “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato…”

III.2. Sobre la prescripción de las obligaciones del vendedor.

El Auto Supremo Nº 904/2015L del 8 de octubre, determinó sobre las obligaciones del vendedor conforme estipula el art. 614 num. 1), 2) y 3) del Código Civil, del siguiente modo: “Ahora se dirá que por el contrato de venta -contenido en el art. 584 del Código Civil- se entiende cuya noción refiere al contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero, de dicho contrato se generan obligaciones para el comprador, que en la generalidad es el pago del precio o los intereses que se encuentran contenidas  con precisión en los arts. 636 a 640 del Código Civil, también de dicho contrato se generan obligaciones para el vendedor, que en la generalidad resultan ser la entrega de la cosa, responder por la evicción y vicios de la cosa; entre los sujetos de las obligaciones se encuentran el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación el activo siempre resulta ser el acreedor de una prestación y el deudor de esa prestación resulta ser deudor; ahora tomando en cuenta que el objeto de un contrato es la obligación, el objeto de la obligación es la prestación, y el objeto de la prestación es la conducta del deudor de dar hacer o no hacer una cosa.

Ahora se dirá que como emergencia del contrato de venta analizado en el caso presente, se entiende que el inmueble vendido no ha sido entregado, por lo que pese de haberse celebrado en contrato de venta y no haberse especificado en qué momento debía efectuarse la entrega de la cosa vendida, persistía para el vendedor las obligaciones contenidas en los num. 1) y 3) del art. 614 del Código Civil, la exigencia de estas obligaciones llegan a constituir los derechos del comprador quien puede exigir el cumplimiento de esas obligaciones; consiguientemente siendo las obligaciones del deudor los derechos del acreedor corresponde analizar las mismas (derechos del vendedor) se encuentran sujetas al régimen de la prescripción (liberatoria), así corresponde señalar que el art. 1492 del Código Civil, de forma genérica refiere que los derechos se extinguen cuando su titular no los ejerce en el término que la ley establece, la norma de referencia solo establece la salvedad de los derechos indisponibles y los casos particulares.

Ahora corresponde señalar que el contrato de venta, establece el derecho de propiedad sobre un bien y como tal resulta ser uno de carácter disponible, siendo disponibles los derechos emergentes de dicho contrato de venta; por lo que corresponde analizar por separado que obligaciones del vendedor se encuentran sujetas al régimen de la prescripción siendo las de debate las contenidas en los numerales 1 y 3 del art. 614 del Código Civil, y no así la que corresponde al numeral 2) pues el derecho de propiedad ha sido adquirido por el demandado.

La obligación de la entrega de la cosa, se dirá que el art. 621 del Código Civil que señala: “(Momento de la entrega) I. El vendedor debe entregar la cosa vendida al cumplirse el término establecido por las partes. II. Si no se ha convenido en un término, la entrega debe efectuarse en cuanto la reclame el comprador a menos que alguna circunstancia comporte la necesidad de la fijación de un plazo cuya determinación debe pedirse al juez en defecto de acuerdo de partes…”, al efecto se dirá que de acuerdo al contrato de fs. 3 a 6, no se ha señalado un plazo para la entrega de la cosa, por lo que se trata de una obligación para el vendedor sin precisión de fecha de entrega lo que da lugar a remitirnos al art. 311 del Código Civil, que señala: “(Tiempo del cumplimiento) Cuando no hay tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente del cumplimiento a no ser que los usos o la naturaleza de la prestación o bien el modo y lugar de cumplimiento hagan necesario un plazo, que fijará el juez, si las partes no se avienen en determinarlo…”, lo que quiere decir que la entrega de la cosa pudo ser exigida inmediatamente de haberse suscrito el contrato, como lo señalan el art. 311 y art. 621 parágrafo II del Código Civil, momento desde el cual ese “derecho de exigir la entrega del bien” para el comprador inicia el término de la prescripción, desde el cual hasta el documento de fs. 7 ya se había operado la prescripción ordinaria descrita por el art. 1493 y art. 1507 del Código Civil, o sea había transcurrido más de los cinco años que señala la norma para extinguir un derecho no ejercido en ese término; no pudiendo confundir el texto contenido en la cláusula cuarta del contrato de venta que refiere que en caso de que el terreno sea afectado en la parte que colinda con  la propiedad de Daniel Medrano los vendedores compensarían al comprador con una superficie de terreno en otro lugar y colindante al mismo, esa descripción no es una condición suspensiva para la entrega del inmueble vendido solo llega a constituirse en una carga para el vendedor, por lo que la misma no puede ser confundida como una condición suspensiva de la entrega de la cosa, menos como una suspensión o interrupción al término de la prescripción. También corresponde referirse al documento de fs. 7 en cuyo texto, el demandado firma el documento de compromiso de entrevista  suscrito en fecha 22 de febrero de 2003, empero de ello de catalogarse como un reclamo sobre la propiedad, la misma por su data resulta ser una que es posterior al término de la prescripción liberatoria ya operada, o sea que la misma se realizó fuera del plazo de los cinco años que señala el art. 1507 del Código Civil, ya que la interrupción al término de la prescripción es válida cuando afecta a términos que se encuentran en curso de prescripción y no tiene efecto sobre términos concluidos (prescripción operada). Tampoco puede constituirse como válidos para interrumpir el término de la prescripción lo pagos de impuestos del demandado que son unilaterales, pues no acusaron a los vendedores la entrega del bien, tampoco el trámite administrativo unilateral ante el Municipio de Sucre iniciado el 25 de agosto de 2000 como costa en el certificado de fs. 84, puede servir para justificar una interrupción o suspensión al término de la prescripción, ya operada. El mismo justificativo se tiene para la garantía por los vicios de la cosa como señala el num. 3) del art. 614 del Código Civil, la misma que se ejerce a partir de la entrega de la cosa vendida, cuyo plazo se remonta al art. 635 del Código Civil, entendiendo que si el término de la prescripción para la entrega de la cosa ya fue prescrita con bastante data, ese derecho de exigir el saneamiento por vicios de la cosa que prescriben en el plazo de seis meses a partir de la  entrega de la cosa, también ya hubieran prescrito.

Por lo que se dirá que al no haber ejercido el derecho de exigir la entrega del inmueble, ha prescrito; de lo contrario se ingresaría a comprender que ese derecho de exigir la entrega del inmueble fuera imprescriptible, se tendría al vendedor de la cosa en la obligación de custodiar la misma indefinidamente hasta que sea requerido a hacer la entrega de  la cosa, aspecto que no condice que con la finalidad del instituto de la prescripción, que es el de dar certeza a las relaciones jurídicas, de evitar la eternidad de las relaciones jurídicas, pues la prescripción como forma de extinguir el derecho, de alguna manera conlleva a alcanzar la paz social entre los contratantes.

Por otra parte corresponde analizar la obligación de responder por la evicción, obligación que se traduce en el derecho del comprador de exigir al vendedor responder por la evicción, empero de ello esta obligación se encuentra en el catálogo del art. 1502 num. 5) del Código Civil, que señala que la prescripción no corre cuando se trata de un derecho de garantía por evicción, siendo esta garantía la que sigue al vendedor la misma que se encuentra en suspenso hasta que se active la evicción, entre tanto la misma no resulta ser sujeta a prescripción.

Consiguientemente, se dirá que los de instancia han infringido los arts. 1492 y 1507 del Código Civil, respecto a la entrega de inmueble descrito como obligación para el vendedor contenida en el art. 614 num. 1) del Código Civil, prescripción que no afecta el derecho de propiedad del demandado, sino que solo libera a la parte actora, respecto de la obligación de hacer entrega de la cosa vendida y la responsabilidad por los vicios de la misma”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En el agravio planteado se denuncia la errónea interpretación de los arts. 1492 y 1507 del Código Civil, debido a que el Tribunal de Alzada confunde los antecedentes del proceso y hace un análisis innecesario y por demás equivocado, por el cual interpreta lo dispuesto por el art. 614 num. 1) y 2) del Código Civil, tomando en cuenta el Auto Supremo Nº 904/2015 de 8 de octubre, cuyos antecedentes son muy diferentes a la problemática que se trató y que el juzgador de primera instancia resolvió de manera correcta, asimismo los accionantes no exigieron, ni formularon ningún acto judicial o extrajudicial dentro del término de 5 años, por tanto, después de transcurridos más de 20 años no pueden exigir el cumplimiento del contrato que data del 24 de agosto de 1992. Asimismo, el Auto de Vista es contradictorio, erróneo, mucho menos ejecutable, entonces qué es lo que va a entregar si el objeto de la venta era la transferencia, si la misma ha prescrito.

Cabe señalar que el Auto de Vista impugnado ha efectuado el análisis de la excepción planteada por el demandado tomando en cuenta la pretensión formulada en la demanda principal consistente en la actualización de una minuta sobre el bien inmueble y proceder a la entrega del mismo, tratándose de dos pretensiones insertas en los numerales 1) y 2) del art. 614 del Código Civil, se ha efectuado una explicación separada para determinar si la pretensión de prescripción está dentro de los parámetros establecidos en los arts. 1492 y 1507 del Código Civil.

En ese contexto, respecto al motivo fáctico de la demanda consistente en la compra de un lote de terreno mediante documento privado del 24 de agosto de 1992, compra efectuada por Aparicio Poma Mamani y Aurelia Joaquín reconocido ante el Juez de Mínima Cuantía Nº 4 (fs. 5 y vta.; empero, los vendedores posterior a la venta regularizan inscribiendo su derecho en el registro de Derechos Reales el 16 de junio de 2010, conforme a matrícula cursante de fs. 31 y vta.

A partir de la inscripción en Derechos Reales el bien inmueble objeto de la litis se convierte oponible a terceros, conforme señala el art. 1538 del Código Civil. Consiguientemente los compradores podían exigir el cumplimiento de la entrega de la cosa incluso judicialmente, debido a que se produjo la venta de cosa ajena al momento de suscripción del documento privado el 24 de agosto de 1992, por lo que al haberse inscrito el 16 de junio de 2010 el título de los vendedores, dicha compra venta está dentro de los parámetros establecidos en el art. 595.I del Código Civil.

En consecuencia el inicio del cómputo de la prescripción inicia el 16 de junio de 2010, conforme señala el art. 1493 del Código Civil, tomando en cuenta que la entrega de la cosa vendida es una obligación patrimonial en consonancia con la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.1. Además de haberse analizado los actos interruptivos referidos a las reuniones sostenidas el 11 y 26 de octubre de 2010 con las Autoridades Originarias de Sacka Quillacas donde ambas partes (vendedores y compradores) fueron partícipes para tratar de zanjar por la vía de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, sin encontrar empero una solución al conflicto de la entrega del lote de terreno. También se valoró la solicitud de anotación preventiva presentada ante el Juzgado de Instrucción Mixto de la localidad de Challapata el 5 de noviembre de 2015, no considerándose como acto interruptivo debido a que han transcurrido más de cinco años desde el 26 de octubre de 2010. Por lo que al determinar el Tribunal Ad quem la prescripción ha obrado correctamente conforme a los arts. 1492 y 1507 del Código Civil.

En cuanto a la segunda pretensión de la demanda la obligación que tendrían los demandados en su calidad de vendedores, de hacerle adquirir la propiedad de la cosa o el derecho, si la adquisición no ha sido efecto inmediato del contrato, al respecto se debe dejar establecido que el contrato de compraventa del lote de terreno fue suscrito el 24 de agosto de 1992 (fs. 5 y vta.), dentro de la disposición del contrato de venta establecido en el art. 584 del Código Civil que señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”, estando conforme a la doctrina desarrollada en el punto III.1 de la presente resolución sustentando que el contrato de venta se consolida por el acuerdo entre partes, cuando el vendedor transfiere la propiedad mientras que el comprador paga el precio, cuya característica resalta que el tipo de contrato no es formal, sino consensual, siendo la escritura pública un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado o verbalmente, por lo que los efectos del contrato surgen en el momento en que se perfecciona con el consentimiento contractual.

Además que los vendedores efectuaron regularización y registro de su derecho propietario el año 2010 del lote de terreno vendido en la gestión de 1992 debido a que el documento privado objeto de litis no consignaba el antecedente dominial, ante dicha situación se hace necesaria la extensión de una nueva minuta para su ulterior registro y publicidad. Por lo que mientras su derecho de propiedad esté en vigencia, no puede negárseles la tutela judicial invocada máxime si el mismo Juez puede extender minuta, si el caso amerita una vez compulsada la prueba y disponer en sentencia.

En ese sentido, es correcta la conclusión que asume el Tribunal Ad quem al señalar: “respecto a la obligación inserta en el numeral 2) del art. 614 del Código Civil no aplicable al caso por no es compatible con el derecho de propiedad, mismo que está protegido por el art. 56 de la CPE y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y no puede ser privado de los mismos, salvo la acción de usucapión, que debe ser tramitado con un debido proceso”.

Por lo que ha efectuado una interpretación con la finalidad de que el vendedor cumpla con su obligación de titularizar la propiedad de la cosa al comprador porque se tiene consolidada la compra venta del lote de terreno el 24 de agosto de 1992 en conformidad a lo dispuesto en el art. 614 num. 2) del Código Civil, no siendo viable la excepción de la prescripción.

Por otro lado, efectuando la comparación de los antecedentes fácticos de la presente causa con relación al Auto Supremo Nº 904/2015 del 8 de octubre, son semejantes debido a que se trata de la venta de bienes inmuebles, siendo la diferencia que en el primero no cuenta con su inscripción en Derechos Reales teniendo tan solo el documento privado y el segundo, se hizo la inscripción en Derechos Reales. Al margen de ello, la discusión radica en la prescripción de las obligaciones del vendedor, al respecto el Auto Supremo mencionado en su parte de sus fundamentos indica: “…por lo que corresponde analizar por separado que obligaciones del vendedor se encuentran sujetas al régimen de la prescripción siendo las de debate las contenidas en los numerales 1 y 3 del art. 614 del Código Civil, y no así la que corresponde al numeral 2) pues el derecho de propiedad ha sido adquirido por el demandado”.

Dejando entender que se descarta la prescripción del num. 2) del art. 614 del Código Civil, tomando en cuenta que la compraventa es un contrato consensual por excelencia, por dicha razón la suscripción de documento privado o la protocolización del documento tienen como fin la inscripción en la oficina de Derechos Reales para cumplir con la publicidad de la venta conforme señala el art. 1538 del Código Civil, empero no siendo imprescindible que esté o no inscrito en la Oficina de Derechos Reales, lo cual no es óbice para que la venta se tenga por efectivizada y perfeccionada.

Siendo errada la apreciación del recurrente al sostener que los antecedentes fácticos son similares como también en la pretensión de prescripción de las obligaciones del vendedor con relación al num. 2) del art. 614 del Código Civil, conforme a la explicación efectuada supra.

De la revisión efectuada del Auto de Vista recurrido se deduce que se ha procedido a la explicación con relación al término del cómputo de la prescripción y la interrupción producida que ha sido detallada en el inc. B) de los fundamentos de la resolución en conformidad a los arts. 1493 y 1507 del Código Civil, por lo que se ha acogido la prescripción con relación a la entrega de la cosa.

Sobre la parte dispositiva del Auto de Vista, donde se revoca parcialmente el Auto definitivo del 31 de mayo de 2017, el Tribunal Ad quem ha obrado conforme a los fundamentos explanados siendo claro y preciso sobre la prescripción de la entrega de la cosa y la continuación del proceso a efectos de dilucidar con relación a la cosa vendida prevista en el art. 614 num. 2) del Código Civil, no siendo contradictoria, errónea, inentendible y ejecutable como erradamente afirman los demandados en cuanto a las determinaciones asumidas, no existiendo errónea interpretación de los arts. 1492 y 1507 del Código Civil por lo que el agravio de los recurrentes no tiene asidero legal.

A la contestación al recurso de casación.

Los demandados con relación a los agravios planteados han incidido en la admisión del recurso de casación, empero el recurso de casación en el fondo y en la forma en cuanto a sus requisitos ya ha sido resuelto a través del Auto Supremo Nº 899/2018-RA. Al margen de ello, se debe estar a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

En consecuencia, al no ser evidentes, ni fundados los reclamos acusados por los recurrentes, corresponde emitir resolución conforme establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 234 a 235 vta., interpuesto por Alejandro Poma Gutiérrez y Epifania Bernal de Poma, contra el Auto de Vista N° 163/2018 de 10 de julio, cursante de fs. 225 a 231 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco E. Jaimes Molina.