TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 338/2019

Sucre: 03 de abril de 2019

Expediente: O-39-18-S

Partes: Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi c/ Teresa Atahuichi Salvatierra.

Proceso: Prescripción a la sucesión hereditaria y otros.

Distrito: Oruro. 

VISTOS: Los recurso de casación de fs. 804 a 811 y de fs. 819 a 820, interpuestos por Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi  y por Teresa Atahuichi Salvatierra respectivamente, ambos contra el Auto de Vista Nº 102/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 794 a 802 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario sobre prescripción de la sucesión hereditaria y otros, seguido por Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi en contra de Teresa Atahuichi Salvatierra; las contestaciones de fs. 814 a 815 vta., y 823 a 825; el Auto de Concesión del recurso de fecha 27 de agosto de 2018, cursante de fs. 826; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi con memorial de demanda de fs. 68 a 75, subsanada (fs. 85a-85c), interpuso demanda de prescripción de la sucesión hereditaria, nulidad de declaratoria de herederos   y reivindicación en contra de Teresa Atahuichi Salvatierra, quien repelió y opuso excepciones de impersoneria, falta de acción y derecho, trámite que concluyó con la Sentencia Nº 70/2017 de 17 de julio, cursante de fs. 709 a 716 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declaró IMPROBADAS las pretensiones concernientes a la prescripción de la sucesión hereditaria y la nulidad de las aceptaciones de herencia; PROBADA la pretensión reivindicatoria en relación a los ambientes que ocupa la demandada.

I.2. Ante la insatisfacción con el fallo las partes apelaron originando el Auto de Vista Nº 102/2018 de 19 de julio, cursante de fs. 794 a 802 vta., por el que confirmó la sentencia, argumentando en lo principal, por una parte, que  el intérprete judicial para denegar la prescripción tuvo en cuenta básicamente el acuerdo transaccional, y que no es evidente que la resolución omitió pronunciamiento sobre pretensión alguna, por cuanto en mérito al contrato transaccional en sede penal la fiscal de materia programó audiencia de conciliación para finalmente cerrar la investigación penal. Añade que la tipificación civil de la actora fue incorrecta porque los arts. 450 y 519 del Código Civil, acarrean la nulidad del contrato pero de ningún modo la nulidad de la declaratoria de herederos.

También arguyó que al haber dispuesto la reivindicación fue correcta porque la demandada despojo las habitaciones que estaban siendo ocupadas por la actora y que al advertir los derechos sucesorios de la demandada salvo sus derechos a la división y partición de bienes. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION Y CONTESTACION

II.1. Recurso de casación de la demandante Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi.

1. Acusó que el Auto de Vista no tomó en cuenta el art. 265.I de la Ley Nº 439 por  no haber resuelto su planteamiento concerniente al fundamento jurídico y norma legal que sustente el razonamiento vinculado al acuerdo transaccional de fs. 164,  porque el régimen de la prescripción no puede ser modificado de ningún modo, ya que el reconocimiento del derecho de sucesión puede admitirse siempre que no se haya operado la prescripción.

2. Apuntó que el Tribunal de alzada emitió un fallo citra petita al no responder su postulación relativa a que cualquier reconocimiento del derecho sucesorio, debería tener validez siempre que el plazo de los diez años estipulados en la ley estén vigentes o en curso, ya que si dicho plazo feneció cualquier ulterior reconocimiento carece de eficacia jurídica.

3. Denunció que existe una indebida aplicación de las normas contenidas en los arts. 1501, 1502, 1503 y 1504 del CC, relativos a la renuncia, suspensión, interrupción y reconocimiento del derecho sucesorio en consonancia con el art. 1029.I del mismo Código Sustantivo Civil, en el entendido de que no basta considerar la naturaleza del contrato como tal, sino en la manera que fue planteada en su apelación, es decir; que ningún reconocimiento de derecho sucesorio era válido cuando el plazo para hacer valer dicha aceptación prescribió mucho antes. 

4. Objetó que existe una defectuosa valoración de los antecedentes, en particular del documento transaccional de fs. 164, en el entendido de que no es cierto que su persona no la hubiera cuestionado, cuando de antecedentes se advierte lo contrario, por lo que considerar ese documento como una prueba que constituya causal interruptora o suspensiva del transcurso de la prescripción, hace que el fallo sea ultra y extra petita, porque en ningún momento la demandada adujo dicha causal para que la prescripción no prospere.

5. Que el Auto de Vista se limitó a citar diversos párrafos de la sentencia, pero en ninguna parte otorga una respuesta cabal a la impugnación en sentido de que si dicho acuerdo transaccional se considera como causal de suspensión o renuncia a la prescripción.

6. Cuestionó que existe una defectuosa valoración de los hechos consignados en el documento transaccional, en especial de la cláusula tercera, porque no refiere el reconocimiento del derecho sucesorio de la demandada, como erróneamente fue   interpretado en el fallo de instancia y alzada.

Por todo lo expuesto, solicitó se dicte resolución casando el Auto de Vista y en consecuencia se declare con lugar a la prescripción del derecho sucesorio de la demandada.

II.2. Recurso de casación de la demandada Teresa Atahuichi Salvatierra.

1. Acusó errónea interpretación del art. 1453.I del Código Civil, por cuanto su persona como la demandante vivirían en el inmueble en cuestión en calidad de herederos, sin proceder a la división y partición, máxime si no hubo eyección alguna y especificación de la parte  a restituirse.

2. Que el Tribunal de alzada incurrió en error de derecho en la apreciación valorativa de la prueba, porque a lo largo de la resolución recurrida reconoce el valor que tiene el documento transaccional; sin embargo, ha tiempo de dictar el auto complementario desconoció su propia determinación y concedió la acción reivindicatoria sin base legal, es más no indico el inmueble, ubicación y la superficie y si dicha decisión es en razón al derecho de la actora sobre la totalidad del inmueble, de un pasillo o de un cuarto del predio.

II.3. CONTESTACIÓN.

Respuesta al recurso de casación de Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi.

La demandada refirió que Isabel Apaza Soto en su condición de segunda esposa tiene derecho al igual que una heredera hija porque los bienes fueron adquiridos en el primer matrimonio.

Que el documento de transacción al tenor del art. 519  del Código Civil, tiene el valor legal entre las partes en tanto no sea anulado; consecuentemente, el Tribunal de alzada le dio correcta interpretación a la norma citada.

En virtud al acuerdo transaccional entendió que la recurrente reconoció su derecho sucesorio, siendo así no puede demandar la prescripción de la declaratoria de herederos, ya que ella en mérito a dicho acuerdo también tramitó recientemente el año 2015 su declaratoria de herederos. 

Que en el inmueble la recurrente ocupa una habitación  el mismo que continúa en su posesión y que en ningún caso lo eyecto del inmueble, de hecho  al año solo llega una o dos veces.           

Respuesta al recurso de casación de Teresa Atahuichi Salvatierra.

La demandante en lo principal refiere que el recurso de casación no dio cumplimiento al art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, por cuanto no expresó con claridad y precisión la  ley infringida o erróneamente interpretada, careciendo de algún vicio de actividad.

Acusa error de hecho sin expresar en qué consiste y cúal el procedimiento viciado o anómalo que merecería la anulación, por lo que pide la improcedencia del recurso.  

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL  APLICABLE


III.1. La prescripción y la renuncia:

Respecto al instituto de la prescripción en el Auto Supremo Nº 69/2017 de 1 de febrero, entre otras señaló: ¨…que la prescripción extintiva o liberatoria, se llama así por ser una de las formas de extinción de las obligaciones, y tiene su fundamento en el interés público de dar certeza a las relaciones jurídicas, de tal modo que un derecho subjetivo no ejercitado durante un período prolongado de tiempo crea la convicción de que aquél ha sido abandonado por su titular. En ese sentido el art. 1492 del Código Civil establece que: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece".

El citado artículo, señala los requisitos para que opere la prescripción, pues no es suficiente el mero transcurso del tiempo fijado por ley, por eso la propia norma señala como elementos integrantes el transcurso del tiempo y la inactividad del titular de la acción…¨

Luis Díez-Picazzo y Antonio Gullón  en la obra: Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, Editorial Tecnos, Segunda Edición, pág. 282) señalan que: “…el transcurso fijado en ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho.

La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene”.

Adviértase que uno de los elementos constituye la falta de reconocimiento del derecho por parte del interesado.

El art. 1496 del Código Civil, respecto a la renuncia de la prescripción estipula: ¨I Sólo se puede renunciar a la prescripción cuando ella se ha cumplido y se tiene capacidad para disponer válidamente del derecho. II La renuncia puede también resultar de un hecho incompatible con la voluntad de hacer valer la prescripción.¨

El profesor Carlos Morales Guillen en relación a la renuncia de la prescripción escribe:¨Naturalmente que quien tiene capacidad de disponer, puede, ganada la prescripción, es decir, cumplido el plazo legal fijado para ésta, renunciarla, expresa o tácitamente. Este segundo caso, al que menciona el prf.II del art. se presenta frecuentemente en el pago de la obligación natural (deber moral, art. 964). También puede consistir en el hecho de que el deudor ejecutado, pudiendo oponer la excepción de prescripción, no lo hace y se aviene a cumplir su obligación o deja proseguir la ejecución forzosa….¨ (La negrilla y subrayado nos pertenece).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

En el fondo.

Respuesta al recurso de casación de Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi.


1. Respecto a que el acuerdo transaccional no puede modificar, suspender o interrumpir la prescripción operada. 

A fs. 164 del expediente cursa el contrato transaccional de 10 de noviembre de 2015, por el cual Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi, Teresa Atahuichi Salvatierra, Lina Atahuichi Apaza y Mercedes Trinidad Atahuichi Apaza, acordaron en lo principal: a) Construir un edificio de 4 plantas en el terreno ubicado en la calle Venecia Nº 189 entre la calle 11 y 8 del Barrio Gráfico de la zona Villa Fátima de la ciudad de La Paz, b) En virtud al sorteo se distribuyó la planta baja para Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi, el primer piso para Trigidia Atahuichi Apaza, el segundo piso para Lina Atahuichi Apaza, el tercer piso para Mercedes Trinidad Atahuichi Apaza y el cuarto piso en favor de Teresa Atahuichi Salvatierra,  y  c) Realizar el trámite  de declaratoria de herederos para perfeccionar el derecho propietario.

Ahora bien, ciertamente desde el fallecimiento de Melitón Atahuichi Ticona (3 de mayo de 1986), hasta la declaratoria de herederos de Teresa Atahuichi Salvatierra vía judicial 21 de octubre de 2015, notarial de 31 de octubre de 2016 transcurrieron 28 y 29 años, respectivamente, es decir; fuera del plazo de los 10 años establecido en el art. 1029 del Código Civil, no obstante, no es menos cierto que Isabel Apaza Soto Vda. de Atahuichi al suscribir el contrato transaccional en el ámbito de su autonomía renunció a la prescripción operada o ganada  como lo establece el precepto legal previsto en el art. 1496 también del Código Civil y la doctrina legal aplicable al caso,   porque no solo aceptó que la demandada y los demás co-herederos efectúen el trámite de la declaratoria de herederos sino además reconoció el derecho sucesorio de su contraparte Teresa Atahuichi Salvatierra, al haber pactado la construcción de un edificio en el inmueble del cujus en el que  la asignaron el cuarto piso. Consiguientemente, los jueces de instancia al rechazar la prescripción de la declaratoria de herederos aún con distinto fundamento, no incurrieron en infracción de la norma acusada.

Por otra parte, la demandante debe tener en cuenta que la firma de los contratos se rige por el principio de la bona fide o buena fe entre otros principios, que significa honradez o rectitud de una conducta, siendo así, resulta desleal pretender desconocer el acuerdo transaccional por el que resolvieron el litigio penal y el conflicto sucesorio, mismo que también le permitió terminar con su procesamiento penal, ahora desconocer el reconocimiento efectuado del derecho sucesorio no es posible porque significaría deshacer la transacción. Por lo que el reclamo es irrito. 

2. Que el Auto de Vista es citra petita. 

El Código Civil en el art. 1503 regula el supuesto normativo de la interrupción de la prescripción, y ella se materializa mediante una demanda, acto, etc., que impide la continuidad del cómputo del tiempo prescriptivo, lo que implica pérdida del tiempo transcurrido hasta ese día, o volver a punto cero, en otras palabras, el tiempo transcurrido no es el suficiente al requerido para la prescripción.    

Por su parte el art. 1496 del Código Civil, estipula: ¨I Sólo se puede renunciar a la prescripción cuando ella se ha cumplido y se tiene capacidad para disponer válidamente del derecho. II La renuncia puede también resultar de un hecho incompatible con la voluntad de hacer valer la prescripción.¨ Dicha norma recoge el principio de la renunciabilidad de la prescripción ganada y la irrenunciabilidad    del derecho de prescribir para lo sucesivo. De donde se tiene que el tiempo transcurrido es el necesario para la prescripción, misma que es renunciada y por ello no opera la prescripción.

Efectuada la distinción entre ambos institutos y desde la segunda figura jurídica queda claramente establecido que no es evidente que al cumplimiento de la prescripción el reconocimiento a un derecho fuera ineficaz, por el contrario al tratarse de una renuncia a la prescripción ganada, el posterior reconocimiento al derecho sucesorio es válido, como lo previene el art. 1496 y la doctrina consiguientemente el reclamo es fútil.       

3. Respecto a la indebida aplicación de las normas contenidas en los arts. 1501, 1502, 1503 y 1504 del Código Civil.

De la lectura del Auto de Vista se advierte que en la misma no se dio aplicación a los arts. 1501, 1502, 1503 y 1504 del Código Civil, sino que asumieron los fundamentos de la sentencia para rechazar el agravio de apelación, de hecho en la sentencia sobre el punto en cuestión no se empleó como fundamento legal dichas normas.

Por otra parte, de acuerdo al recurso de apelación no se advierte reclamo sobre indebida aplicación de los arts. 1501, 1502, 1503 y 1504 del Código Civil, operando el principio del per saltum.   

Respecto a que el reconocimiento del derecho sucesorio es inválido cuando el plazo para la aceptación de la herencia  prescribió, dicho reclamo ya fue respondido en el punto anterior  remitiéndonos  al mismo.  

4. Objetó que existe una defectuosa valoración de los antecedentes, en particular del documento transaccional de fs. 164.

La demandada a tiempo de excepcionar y contestar a la demanda ofreció la prueba transaccional junto a otras (fs. 443), pruebas que por decreto de 19 de abril de 2017 (fs. 444), fueron corridas en traslado y  con dicha determinación la demandante fue notificada el 21 de abril de 2019 (fs. 445), en ese contexto procesal la demandada de conformidad al art. 153.II del Código Procesal Civil, tuvo la oportunidad de objetar  dentro el plazo de seis días, facultad que no lo ejerció, por lo que la incorporación o producción de la prueba fue legal siendo válida su apreciación en ambas instancias.

Ciertamente la demandada no alegó en su defensa la interrupción o suspensión de la prescripción, tampoco las autoridades de instancia sustentaron sus decisiones en dicha figura civil  sino en el principio de verdad material y el reconocimiento del derecho sucesorio de la demandada efectuada en el documento de transacción,  por ende su reclamo carece de sustento legal.         

5. Que el Auto de Vista se limitó a citar diversos párrafos de la sentencia.

Como se señaló antes, las autoridades de instancia fundaron la negativa esencialmente en el principio de verdad material y el reconocimiento del derecho  sucesorio de Teresa Atahuichi Salvatierra, no obstante de ello, en el presente fallo se concluyó que dicho documento transaccional constituye renuncia a la prescripción. Por lo que el reclamo es intrascendente.  

6. En lo relativo a que existe una defectuosa valoración de los hechos  y la cláusula tercera del documento transaccional.

Como se anotó en el primer punto la demandante no solo acordó la construcción de un edificio y división de las plantas sino además la realización del trámite  de declaratoria de herederos al señalar: ¨Asimismo se establece que cada uno en calidad de hermanas y viuda correspondientemente procederán a realizar tramite voluntario de declaratoria de herederos correspondiente, es decir perfeccionaran previamente su derecho propietario del bien en cuestión.¨ (fs. 164). El reclamo carece de sustento legal.

Respuesta al recurso de  Teresa Atahuichi Salvatierra.

1. En cuanto a la errónea interpretación del art. 1453.I del Código Civil y el desconocimiento al valor del acuerdo transaccional.

Evidentemente en las resoluciones de primera y segunda instancia concluyeron que las partes tienen la calidad de herederos y por consiguiente derecho sobre el inmueble objeto de reivindicación.

De acuerdo a la audiencia de inspección ocular (fs. 667 vta.) Por un lado, la demandante a través de su abogado señalo: ¨…en primer punto que indico usted habitaba esta habitación la actora la demandante Isabel Apaza Vda. de Atahuichi, aquí tenía sus cosas y también acá su cocina también ocupaba, pero sin embargo la señora como dije anteriormente llego de 30 años  de Argentina, incursiono  acá violentando los candados y chapas de la misma manera la cocina, que ha hecho (…) esto era con candado señor juez, que la señora actora tenia puesto el candado chapa y para borrar ese aspecto señor juez de aver violentado la puerta…¨, de cuya cita queda claramente establecido que la restitución está dirigida a la habitación y la cocina. Por otro lado,  la demandada dijo: ¨En este ambiente, en ese cuarto y esta cocinita me la hice yo, el baño lo hize desde el piso lo hize yo y mi hijo…¨ (sic), En la citada audiencia el intérprete judicial verifico la existencia de tres ambientes, de donde queda establecido que la demandada ocupa una habitación, la cocina y el baño.

Ahora bien, en la sentencia se declaró probada la reivindicación en relación a los ambientes ocupados por Teresa Atahuichi Salvatierra; es decir, que la demandada debe entregar la habitación, la cocina y el baño, lo que significa dejar la casa y concretamente las piezas ocupadas, determinación injusta, primero porque si se dio validez a la declaratoria de herederos por ende a la sucesión del inmueble en la cuota parte que corresponda,  a continuación no podía disponer la entrega de los ambientes porque importa un desconocimiento al derecho reconocido inicialmente, lo que en los hechos implica echarles del inmueble.

Si bien en la demanda reclama la restitución del inmueble en su integridad fue porque erróneamente consideró que el derecho sucesorio de la demandada prescribió. En la audiencia de inspección ocular la demandante concretó su reclamo a una habitación y la cocina; consecuentemente, únicamente correspondía reivindicar la habitación que ocupaba, porque la autoridad judicial de primera instancia en la audiencia antedicha solo constató la existencia de tres ambientes (sin contar baño y cocina), de modo que al haberse dispuesto en dicha forma y al confirmar los Vocales, obraron injustamente.

Desde dicha perspectiva queda claramente establecido que las partes cuentan con el derecho sucesorio sobre el inmueble en la porción determinada por ley y por ello tienen derecho a ocupar el inmueble, de modo que la parte demandante tiene el derecho a ingresar al inmueble y ocupar la habitación que le fue eyectado, por su parte la demandada también tiene el derecho a conservar la habitación que ocupa más la cocina y el baño, al efecto la demandada debe entregar una copia de las llaves de la puerta del ingreso principal.

Al advertirse que el litigio es entre familiares se insta a las partes en aras de la paz familiar y en memoria del cujus a deponer sus actitudes y confrontaciones a cambio de una vida armoniosa como proclama el art. 6 de la Constitución Política del Estado.                 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II y IV del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 804 a 811, y en relación al recurso de casación de fs. 819 a 820 vta., CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 102/2018 de 19 de julio, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y deliberando en el fondo revoca, en parte la sentencia específicamente en cuanto al punto que declaró probada la pretensión reivindicatoria de los ambientes ocupados por Teresa Atahuichi Salvatierra inscrito en el Registro Público con la matrícula computarizada Nº 2010990205757. Consiguientemente, la demandada debe restituir simplemente la habitación que ocupaba la demandante y permitirle el ingreso al inmueble, manteniéndose la sentencia firme en lo demás. Sin costas ni costos, por la casación parcial. 

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.