TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 337/2019        

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: SC-130-18-S.

Partes: Luis Rodolfo Quíntela Valdez c/Edson Aquino Valeroso y otro. 

Proceso: Demanda reivindicatoria, acción negatoria y entrega de bien inmueble.                                      

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 595 a 597, presentado por Edson Aquino Valeroso mediante su representante Mario Aquino Paita, contra el Auto de  Vista Nº 86/2018 de 18 de junio, saliente a fs. 518 a 519 vta., emitido por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el juicio doble de reivindicación, acción negatoria, entrega de bien inmueble y usucapión   seguido por Luis Rodolfo Quíntela Valdez contra el recurrente y otro, el Auto de concesión de fs. 604, el Auto Supremo de admisión de fs. 610 a 611 vta., y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Luis Rodolfo Quíntela Valdez a través de su representante legal Margarita Rosa Peña Marzana, mediante memorial cursante de fs. 31 a 32 vta., interpuso demanda reivindicatoria, acción negatoria y entrega de bien inmueble, contra Edson Aquino Valeroso y Carlos Dorado Ayllón , habiendo el primero opuesto excepción de falta de acción y derecho, asimismo repelió la demanda y reconvino por usucapión decenal y reconocimiento de mejoras, excepción que por Auto interlocutorio de 18 de febrero de 2015, fue declarada improbada (fs. 41 y vta.).

2. Dada la existencia de otro proceso de usucapión sobre el mismo inmueble promovido por Edson Aquino Valeroso en contra de Carlos Dorado Ayllón se procedió a la acumulación del proceso (fs. 318 vta.).

Procesos que merecieron la Sentencia Nº 15/2017 de 12 de abril, por la que se declaró PROBADA la demanda e IMPROBADA la demanda reconvencional, asimismo IMPROBADA la demanda del proceso acumulado, disponiendo que Edson Aquino Valeroso entregue el inmueble. (fs. 412 a 422 vta.).

Por resolución de 21 de agosto de 2017, se complementa la sentencia declarando PROBADA la introducción de mejoras y construcciones.

3. Ante la insatisfacción con el citado fallo, el reconvencionista Edson Aquino Valeroso impugnó mediante escrito de apelación de fs. 473 a 477 vta., motivando la emisión del Auto de Vista Nº 86/2018 de 18 de junio, por el cual las autoridades judiciales de segunda instancia, la sentencia y su auto complementario, confirmaron, con el fundamento principal de que el poder es específico y suficiente para iniciar las acciones judiciales y recuperar el inmueble.

Respecto a la ubicación del inmueble, se estableció que el bien ocupado por Edson Aquino Valeroso, es el que corresponde a Luis Rodolfo Quíntela Valdez, y que la certificación de la Cooperativa de Electrificación no especifica la ubicación del inmueble.  

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación y se emite la presente decisión.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1. Del recurso de casación en la forma.

Objetó que el proceso contiene errores procedimentales y conculcaciones a las leyes, desde la acumulación, porque quien debió conocer la causa es el Juez del Juzgado Noveno en lo Civil y no el Juez Primero en lo Civil.

II.2. Del recurso de casación en el fondo.

1. Manifestó que se efectuó una incorrecta aplicación de los arts. 1286, 1331 y 1334 del Código Civil, con relación a los arts. 236 y 397 del Código Procedimiento Civil, por existir una contradicción entre la pericia, la tarjeta de propiedad de fs. 399, los informes técnicos del municipio (fs. 391 a 410) y el título de propiedad respecto a la ubicación y colindancia del lote de terreno. 

2. Denunció que es arbitrario e incongruente, y que no se tuvo en cuenta la prueba cursante a fs. 255 en el que certifica la dimensión del lote de terreno, las colindancias y la antigüedad de la construcción que alcanzan a once años.

3. Acusó infracción al derecho a la defensa, porque la decisión judicial asumida desconoció la normativa aplicable.

4. Reclamó que, para resolver la problemática relativa a la reivindicación, negación de derecho y desocupación del inmueble, debió tenerse en cuenta el Auto Supremo Nº 288/2016 de 1 de abril, el criterio doctrinal de Gonzalo Castellanos Trigo y Néstor Jorge Musto. 

5. Que los arts. 1286, 1331 y 1334 del Código Civil con relación al art. 387 del Código de procedimiento Civil, hubieran sido interpretados erróneamente, provocando violación al debido proceso, porque con las certificaciones  extendidas por CRE, SAGUAPAC y la oficina de Catastro habría acreditado la posesión de más de diez años, no obstante, dichas pruebas hubieran sido valoradas erróneamente, y que el inmueble que se reclama es distinto al que posee conforme lo demuestran los informes técnicos, infringiéndose los Autos Supremos Nros. 452/2016 de 11 de mayo, 629/2014 de 31 de octubre y 1115/2015 de 4 de diciembre.

Petitorio:

Solicito que se case el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda de usucapión.

II.3. Contestación.

La demandante Margarita Rosa Peña respondió al recurso de casación manifestando que Edson Aquino Valeroso no puede acusar agravios porque el terreno no le pertenece, asimismo tampoco está en posesión de diez años porque el municipio procedió a la apertura de calle recién el año 2011.

Añade que las pruebas fueron correctamente valoradas y que se declare infundado el recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La reivindicación.

En lo que toca a la reivindicación el artículo 1453 del Código Civil prescribe: ¨I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. ¨ 

El Auto Supremo Nº 602/2017 de 12 de junio, respecto a la acción reivindicatoria orientó: ¨ precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.¨.

¨El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

¨Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titular la posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros.¨.

III.2. La usucapión decenal. 

Sobre la usucapión decenal u extraordinaria en el Auto Supremo Nro. 647/2017 de 19 de junio se señaló: ¨…el art. 110 del CC., de manera general refiere: “ la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión…” asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna".

Posesión que debe ser por el tiempo requerido por la Ley Civil, concretamente por el art. 138; es decir, diez años, si la posesión no alcanza el tiempo previsto la usucapión no puede ser acogida. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Acerca de que el proceso contiene errores procedimentales y conculcaciones a las leyes, desde la acumulación o declinatoria, porque quien debió conocer la causa es el Juez del Juzgado Noveno en lo Civil y no el Juez Primero en lo Civil.

El intérprete judicial, de acuerdo al Auto Interlocutorio de 25 de mayo de 2016 (fs.318 vta.), comprobó la existencia de otro proceso de usucapión sobre el mismo inmueble promovido por Edson Aquino Valeroso contra Carlos Dorado Ayllón  y otros, que se sustanciaba en el Juzgado primero en lo civil, y al constatar que el litigio se trataba sobre el mismo inmueble, a fin de evitar decisiones contrapuestas, decidió la acumulación del proceso nuevo al antiguo, y al advertirse que el proceso más antiguo es el que se sustanciaba en el juzgado de partido primero en lo civil, no se advierte irregularidad alguna.

El justiciable debió efectuar el reclamo oportunamente y no esperar la sede casacional, si realmente estaba convencido del agravio debió cuestionar el Auto que dispuso la acumulación y activar el recurso de apelación, como no lo hizo, su derecho a efectuar reclamo al respecto precluyó.   

Para cerrar este punto, no está demás resaltar que el recurrente no solo debe acusar la supuesta deficiencia procesal, sino también debe señalar cómo el supuesto defecto incidió en la resolución de fondo, es decir, la trascendencia del agravio.    

En el fondo.

1. En cuanto a que se efectuó una incorrecta aplicación de los arts. 1286, 1331 y 1334 del Código Civil, con relación a los arts. 236 y 397 del Código Procedimiento Civil, por existir una contradicción entre la pericia, la tarjeta de propiedad de fs. 399, los informes técnicos del municipio (fs. 391 a 410) y el título de propiedad respecto a la ubicación y colindancia del lote de terreno.

El Informe Técnico del Departamento de expropiaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, indica que se procedió a la expropiación de los terrenos e inmuebles de la manzana Nº 29, afectados por la apertura de la Avenida prolongación Beni. (fs. 397).

Del Informe Técnico Nº 12/2017 elaborado por la Secretaria Municipal de Gestión Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, teniendo en cuenta los planos tanto del demandante, como del reconvencionista y las coordenadas, concluyó que los terrenos se sobreponen, lo que significa que se trata del mismo inmueble (fs. 409 a 410). Además, puede advertirse que ambos planos hacen referencia que el lote se encuentra en la manzana Nº 29 y frente a la propiedad del Club Blooming.

La prueba pericial cursante a fs. 136 y vta., describe que el terreno de la familia Quintela Valdez, se encuentra ubicada en el Octavo Anillo y Avenida del Beni, frente al Club Deportivo Blooming. 

El informe técnico de fs. 397, establece que el inmueble motivo de expropiación está ubicada en la Avenida prolongación Beni, Av. Radial, en el tramo colindante con la manzana Nº 29, y conforme se advierte de los planos adjuntos queda claro que el inmueble se encuentra frente a la propiedad del Club Blooming, de donde se establece que se trata del mismo inmueble motivo de litis.      

De lo anotado que da claramente establecido que el lote de terreno del demandante objeto de Litis, se encuentra en la manzana Nº 29, sobre la Avenida prolongación Beni, frente al Club Blooming.

Además, resulta ilógico sostener que el inmueble objeto de litis no fuera el que pertenece al demandante, porque al haber dirigido la reconvención de usucapión del inmueble contra Luis Rodolfo Quintela, no cabe duda que se trata del mismo inmueble, máxime cuando de manera textual reconoce que el inmueble es de propiedad del demandante al señalar: ¨…presenta una serie de documentos de derecho propietario seguramente de su terreno…¨ (fs. 38 vta.).  Por lo que el reclamo carece de sustento legal.

2. Respecto de que el Auto de Vista es arbitrario e incongruente y que no se tuvo en cuenta la prueba cursante a fs. 255 en el que certifica la dimensión del lote de terreno, las colindancias y la antigüedad de la construcción que alcanzan a once años.

Ciertamente a fs. 255 del expediente se tiene la certificación de trámite de usucapión extendida por la Dirección de Gestión Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el que indica que la construcción tiene una antigüedad de once años, no obstante, dicha información carece de credibilidad porque no está respaldada o sustentada por un estudio técnico que le de seriedad y credibilidad.

La juez de la causa le dio valor fehaciente a los testigos de descargo (fs. 65 a 71), porque viven en la zona donde se encuentra el lote de terreno motivo de litigio, quienes atestaron que el pretensor usucapiente ingresó a vivir en el lote de terreno hace 4 o 5 años, y que los servicios de agua potable y electricidad fueron instalados entre los años 2012 y 2013, y que además el reconviniente de acuerdo a  su cédula de identidad  tendría su domicilio en la Av. Centenario calle 11, domicilio distante al lote antedicho,  pruebas que enervan la certificación reclamada. Por lo que el reclamo es intrascendente.

3. Sobre la infracción al derecho a la defensa, porque la decisión judicial asumida desconoció la normativa aplicable.

En principio no se advierte la vulneración del derecho a la defensa, ya que a lo largo del proceso el recurrente asumió defensa en forma amplia, precisamente por ello, activó los recursos que le franquea la ley, presentó prueba inclusive reconvino de usucapión y mejoras.

Por otro lado, el reclamo es extremadamente genérico, porque indica que la decisión asumida desconoció la normativa aplicable, cuando tenía el deber de puntualizar de manera clara y concreta el precepto legal, luego especificar de qué manera se vulneró el derecho a la defensa o cual la interpretación que debió darse, como lo exige el art. 274.I num. 2) del Código Procesal Civil, por lo que la denuncia carece de sustento legal.    

4. En relación a que para resolver la problemática relativa a la reivindicación, negación y desocupación del inmueble debió tenerse en cuenta el Auto Supremo Nº 288/2016 de 1 de abril, el criterio doctrinal de Gonzalo Castellanos Trigo y Néstor Jorge Musto.

El reivindicante con Matrícula Nº 7011060112752 (fs. 139), demostró ser propietario del inmueble, objeto de litis que está plenamente identificado como se explicó antes, y respecto a la posesión la jurisprudencia reiterada del máximo Tribunal de Justicia entre ellas el Auto Supremo de Justicia Nº 602/2017 de 12 de junio, razonó en sentido:¨  …que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad. ¨.

Respecto a la doctrina de los autores, el decisor no está obligado a seguir la posición doctrinal de autor alguno, porque el razonamiento del operador de justicia puede ser distinto, sino lo exigible es que la decisión esté debidamente motivada y fundamentada, de modo que el justiciable comprenda con claridad la ratio decidendi o la razón de la decisión, en otras palabras, el porqué de la determinación.

En la presente causa se advierte que el Auto de Vista está debidamente motivado y fundamentado con normativa aplicable, doctrina y el razonamiento correspondiente, de hecho, tuvo en cuenta la línea plasmada en el Auto Supremo reclamado y respecto a la cita de determinados doctrinarios como se dijo antes, no es obligatorio citarlos. Por lo que el reclamo carece de sustento legal.     

5. Acerca de que los arts. 1286, 1331 y 1334 del Código Civil con relación al art. 387 del Código de Procedimiento Civil, hubiera sido interpretado erróneamente, provocando violación al debido proceso, porque con las certificaciones  extendidas por CRE, SAGUAPAC y la oficina de catastro habría acreditado la posesión de más de diez años, no obstante, dichas pruebas hubieran sido valoradas erróneamente, y que el inmueble que se reclama es distinto al que posee conforme lo demuestran los informes técnicos, infringiéndose los Autos Supremos Nros. 452/2016 de 11 de mayo, 629/2014 de 31 de octubre y 1115/2015 de 4 de diciembre.

La certificación de la Cooperativa Rural de Electrificación Limitada, señala que Mario Quino Paita, el 29 de noviembre de 2012 transfirió sus derechos a Edson Aquino Valeroso, actual titular de la cuenta (fs. 158).

La certificación de la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz Ltda., SAGUAPAC, indicó que Edson Aquino Valeroso, ingresó a dicha Cooperativa el 24 de enero de 2013.

Dichas certificaciones informan que Edson Aquino Valeroso recién hizo uso de dichos servicios desde el año 2012 y 2013, respectivamente, siendo así dichas literales no comprueban la posesión de diez años, o sea desde el año 2004, por lo que no se advierte error en su valoración.

En cuanto a la certificación de la oficina de Catastro Urbano a fin de evitar una reiteración innecesaria nos remitidos a la fundamentación efectuada en el punto 2. Por lo que el reclamo carece de sustento legal.      

En lo que atañe a la prueba pericial de reciente obtención elaborada por el Ing. Luis Alberto Castro Salas, con la cual se demostraría que su propiedad es distinta al que se pretende reivindicar.

La pericia presentada como prueba de reciente obtención, no puede ser considerada por este tribunal porque debió ofrecerla y producirla en la etapa procesal oportuna, además porque la sede casacional no constituye una tercera instancia, sino que su labor se circunscribe a efectuar un examen de puro derecho, lo que también constituiría un proceder desigual. 

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Sala Civil,  con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo que cursa de fs. 595 a 597 planteado contra el Auto  de Vista Nº 86/2018 de 18 de junio, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos a favor de la parte demandante.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina