TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 335/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: LP-113-18-S

Partes: Felicidad Tórrez Flores y otra. / Edwin Nelson Navarro Soruco.

Proceso: Cumplimiento de obligación. 

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 769 a 772 vta., interpuesto por Edwin Nelson Navarro Soruco, contra el Auto de Vista 457/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 764 a 767 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por Felicidad y Esperanza Tórrez Flores contra el recurrente; el Auto de concesión del recurso de 24 de agosto de 2018 cursante a fs. 777, Auto Supremo de admisión Nº 932/2018-RA de 25 de septiembre, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base al memorial de demanda de fs. 40 a 42 subsanada a fs. 43, Felicidad y Esperanza Tórrez Flores iniciaron proceso ordinario de cumplimiento de obligación, acción dirigida contra Edwin Nelson Navarro Soruco, quien contestó negativamente y reconvino por pago de reparaciones de fs. 102 a 109; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 363/2017 de fs. 713 a 719 vta., en la que se declaró PROBADA EN PARTE la demanda principal y PROBADA EN PARTE la demanda reconvencional, disponiendo respecto al demandado conforme al contrato de antícresis se proceda a la devolución del departamento en el 3er piso del inmueble ubicado en la calle 9B Nro. 150 de la Zona de Villa El Carmen al segundo día de hacerse efectivo el reembolso y pago por todos los trabajos realizados en el inmueble por parte de las propietarias. Asimismo, declaró IMPROBADA con relación al pago de daños y perjuicios, respecto a la reconvención las demandantes en el plazo de 5 días hagan efectivo el pago de $us. 3.700 a favor del demandado.

2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Edwin Navarro Soruco de fs. 726 a 737; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 457/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 764 a 767 vta., por la que CONFIRMÓ la Sentencia con los siguientes argumentos: sobre la acusación de falta de legitimación de una de las codemandantes ya que en el documento de fs. 2 no contemplaría la firma de una de las copropietarias, el Ad quem manifestó que dicho reclamo resulta ser intrascendente, en el sentido que de la demanda reconvencional se evidencia que la dirige contra Felicidad y Esperanza Tórrez Flores.

Sobre la necesidad de presentar el contrato de anticresis que dió origen al documento de fs. 2, el Tribunal de apelación no advirtió tal necesidad, dado que ambas partes reconocen que el contrato de anticresis rescindido fue de manera verbal.

Referente a la cláusula tercera de la literal de fs. 2, que según el apelante no cumple los requisitos que exige un contrato, el Tribunal de alzada refirió que el contenido del contrato no está sujeto a la aludida cláusula, sino al contenido íntegro, por otro lado el apelante debió activar la acción correspondiente para su invalidez.

Respecto a que el A quo no mencionó las mejoras y ampliaciones realizadas en el inmueble, el Ad quem expresó que conforme a la valoración integral de las pruebas y por la confesión espontánea del demandado se tiene que el contrato verbal de anticresis fue acordado por $us.3.500,- y la suma de $us.3.839,- por concepto de las mejoras en el bien inmueble.

Sobre el principio de congruencia, el Tribunal de segunda instancia sostuvo que la entrega del inmueble emerge como consecuencia de que el juez que conoció la causa declaró probada en parte la demanda, que al ser demostrado el incumplimiento de la obligación, se evidencia que fue peticionado por la parte demandante, por lo que no se evidencia que sea un fallo ultra petita.

Finalmente, el Tribunal de segunda instancia manifestó sobre los argumentos que no consideraron las pruebas adjuntas al expediente para demostrar los gastos del tercer piso en el costo de $us. 26.296,18, de la planilla de presupuesto y cómputos métricos de fs. 127 a 129, se tiene como inicio de la obra el 6 de enero de 2005 y se establece como gasto total $us. 7.339,30 el mismo que por acuerdo de partes establecieron el monto de $us.7.200. Conforme estableció el A quo comprende los gastos realizados en el inmueble en forma total, además contempla el pago por dirección de obra y supervisión, el cual fue consentido con la firma por ambas partes. Por otra parte sostuvo que según se tiene del avaluó pericial de fs. 49 a 58, se advierte que el mismo fue realizado con anterioridad al inicio del proceso, lo cual no fue diligenciado conforme a procedimiento. Respecto a las facturas, las mismas no acreditan que las adquisiciones de dichos materiales fueron utilizadas en las mejoras y ampliación del bien inmueble objeto del proceso.

Sobre las testificales de descargo reclama que los mismos indicaron que el pago lo realizó el apelante, se debe tener presente que la planilla de fs. 127 a 129 también comprende el pago al albañil por la mano de obra.     

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusó violación de los arts. 519, 520 y 568 del Código Civil, ya que la demandante cuando envió la carta notariada de 15 de noviembre de 2015 (fs. 150), donde comunicó que debido al incumplimiento de la entrega del departamento conforme el contrato de 2 de mayo de 2011, la misma actora puso fin al vínculo contractual y resolvió extrajudicialmente el contrato, toda vez que transcurrieron seis meses. Aspecto que no fue objetado por el recurrente, y en todo caso las partes en litigio como los Tribunales emplearon erróneamente el término cumplimiento de contrato para referirse a la responsabilidad contractual emergente del incumplimiento de un contrato. Por lo que correspondía a la parte actora iniciar demanda de resolución de contrato.

2. Denunció error de hecho y derecho en la valoración de las pruebas aportadas al proceso, en sentido que el recurrente para demostrar su demanda reconvencional adjuntó facturas y recibos que guardan relación con el avalúo presentado por el arquitecto Franz Zenteno Omonte de fs. 49 a 58, las atestaciones de fs. 332, 334 y 336 de los albañiles que realizaron los trabajos en el bien inmueble. Tampoco se tomó en cuenta el documento de gastos cursante de fs. 246, donde Felicidad Tórrez aprobó las mejoras y reparaciones. Aspectos que demostraron las mejoras, construcciones y refacciones realizadas en la integridad del bien inmueble, en especial del tercer piso, monto que asciende a la suma de $us.26.296,18.

3. Refirió que la planilla de presupuesto  y cómputos métricos de fs. 127 a 129 establece construcciones del cuarto piso y no así del tercer piso que son ambientes de los cuales pide la indemnización de las mejoras, por lo que existe una incorrecta aplicación de los arts. 96, 97 y 127 del Código Civil, toda vez que de la lectura de la planilla de presupuesto no señala gastos en el tercer piso  por lo que es incongruente señalar que los gastos por las mejoras en el tercer piso sean cubiertos en dicha planilla. Por lo que la demandante no cumplió con su obligación de cancelar las mejoras, construcciones y refacciones en el tercer piso del bien inmueble objeto de litis. Debiendo en consecuencia el recurrente quedar satisfecho con el reembolso por las mejoras, construcciones y refacciones por el propietario del bien. Denunciando que no se aplicó el principio de verdad material.

Peticionando en definitiva revocar el Auto de Vista y declarar improbada la demanda principal.  

De la respuesta al recurso de casación.

La parte actora contestó refiriendo que el recurrente manifestó que se vulneró los arts. 519, 520 y 568 del Código Civil, por cuanto, se demandó el cumplimiento de la obligación de un contrato rescindido, sin tomar en cuenta que no fue objeto del presente exodio el contrato de anticresis, sino el cumplimiento de obligación del documento cursante a fs. 2, por lo que el argumento no tiene ningún sentido y es incoherente con el proceso.

Asimismo, sustentó que el recurso de casación deberá versar en cuestiones de derecho, sobre la mala aplicación de la norma, por lo que no se puede permitir adentrar en cuestiones de hecho, como pretende el recurrente.

Peticionando que se declare improcedente el recurso presentado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 Del per saltum.

El art 272 del Código Procesal Civil de forma expresa ha establecido como un requisito de procedencia del recurso de casación el agravio sufrido, esta norma expone: “El recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista”.

Gonzalo Castellanos Trigo en su texto Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil sobre el tema describe. “…por esta razón la primera parte de la norma en análisis determina que el recurso de casación sólo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio o perjuicio en el auto de vista…”

Por otro lado el mismo artículo en su parágrafo segundo sostiene sobre la legitimación en su interpretación extensiva a la naturaleza y finalidad de los agravios: “No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada”.

El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1) Que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2) Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores (…), y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”

III.2 Respecto a la teoría de los actos propios.

El Auto Supremo Nº 658/2014 de fecha 06 de noviembre, respecto a la teoría de los actos propios ha señala: “…no resulta coherente que ahora pretenda negar sus propios actos contrariando sus propias declaraciones, actitud que atenta la buena fe y la lealtad que se deben quienes suscriben contratos con prestaciones recíprocas, o quienes participan en un litigio, para mejor entendimiento, resulta pertinente referirnos a la teoría de los actos propios, definida la misma por los doctrinarios como: “La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente”, cuyo fundamento reposa en el hecho de que resulta inadmisible que un litigante o contratante sostenga su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud opuesta a la tomada anteriormente en otro acto. La teoría de los actos propios prohíbe la sorpresa, la volubilidad en el actuar de las partes preservando el ámbito del litigio judicial, pero también el de las relaciones contractuales, de los cambios bruscos de conducta, sean estos culposos o malintencionados; el Dr. Marcelo J. López Mesa en su obra: “la doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación”, refiere: “Se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se auto contradigan al efectuar un reclamo judicial”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Respecto a la acusación de la supuesta violación de los arts. 519, 520 y 568 del Código Civil, en el sentido que la parte demandante envió una carta notariada el 15 de noviembre de 2015, donde comunicó que debido al incumplimiento de la entrega del departamento conforme el contrato de 2 de mayo de 2011, la actora puso fin al vínculo contractual y resolvió extrajudicialmente el contrato, toda vez que transcurrieron seis meses. Por lo que correspondía a la parte actora iniciar demanda de resolución de contrato.

Corresponde señalar que este Tribunal Supremo al ser de casación no ingresa a analizar los fundamentos de la sentencia, pues los aspectos acusados contra la resolución de primera instancia fueron resueltos por el Tribunal de alzada, debiendo tener en cuenta la parte demandada que los agravios que podrían ser ocasionados a las partes con la sentencia, deben ser acusados a través del recurso de apelación. De la revisión del recurso de apelación de fs. 726 a 737, no se aprecia que el presente agravio hubiera sido postulado por el ahora recurrente en apelación. Consiguientemente y según la doctrina aplicable al caso en el considerando III.1 el presente reclamo no puede ser analizado por el principio de per saltum.

2. Con relación a los puntos 2 y 3 el recurrente acusa defectuosa valoración de la prueba e ilegal apreciación de la norma sustantiva, puesto que, en su demanda reconvencional adjuntó facturas y recibos que guardan relación con el avalúo presentado por el arquitecto Franz Zenteno Omonte, atestaciones de los albañiles que realizaron las mejoras, construcciones y refacciones trabajos en el bien inmueble, tampoco se tomó en cuenta el documento de gastos de fs. 246, donde Felicidad Tórrez aprobó las mejoras, construcciones y refacciones. Por lo que existe una incorrecta aplicación de los arts. 96, 97 y 127 del Código Civil, toda vez que de la lectura de la planilla de presupuesto no señala gastos en el tercer piso por lo que es incongruente señalar que los gastos por las mejoras en el tercer piso sean cubiertos en dicha planilla. En ese entendido indica el recurrente que la demandante no cumplió con su obligación de cancelar las mejoras y refacciones en el tercer piso del bien inmueble. Debiendo en consecuencia el reconviniente ser satisfecho con el reembolso por las propietarias del bien en la suma de $us.26.296,18.

Al respecto corresponde señalar que de la revisión de obrados se tiene que la parte actora demandó cumplimiento de obligación del documento privado de 2 de mayo de 2011, referente a la devolución de contrato de anticresis, el mismo exterioriza que a la suscripción del documento se entregó la suma de $us.7.000. quedando un saldo de $us.339. que serían devueltos en conformidad a la entrega del departamento en un plazo de cuatro meses a partir de la suscripción. Por su parte el demandado reconvino por concepto de pago de reparaciones con el argumento que en noviembre del 2009 entregó una planilla de presupuesto y cómputos métricos con una suma total de $us.7.339,30 por concepto de reparaciones en la integridad del bien inmueble y en lo referente a la construcción del departamento ubicado en el tercer piso por concepto de construcción, mejoras y ampliaciones con un monto aproximado de $us. 26.296,18.  

Pretensiones que fueron resueltas por el juez que conoció la causa en primera instancia mediante Sentencia N° 363/2017 de fs. 713 a 719 vta., fundamentando de manera esencial que se demostró que de la planilla de presupuestos y cómputos métricos de fs. 126 a 129 que contempla $us.7.339,30 por la totalidad de los gastos y costos de los trabajos realizados en el inmueble de las demandantes. Habiendo el demandado ahora recurrente aceptado que de los $us.7.000. que recibió, $us.3.500. corresponden a la devolución del anticrético y los restantes $us. 3.500. corresponden a las mejoras, dicho importe debe ser descontado del monto total de la planilla de presupuestos y cómputos métricos de $us.7.200. (monto asentido por las partes producto de la rebaja acordada), es así que existe un saldo de $us.3.700.- que la parte demandada debe reembolsar al recurrente.  

Razonamiento confirmado por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido donde se fundamentó de manera literal: “que en el presente caso, se tiene que el argumento principal por la parte apelante es el hecho de que no se consideraron las pruebas adjuntas en el expediente para demostrar los gastos del 3er piso en el costo de $us.26.296,18, en ese comprendido en principio se debe razonar que de la revisión de la planilla de obrados, se tiene que el mismo de manera expresa indica “OBRA: CONSTRUCCION DE UNA TERRAZA Y GRADAS DE Hº Aº CAMBIO PISO DE MADERA, HABITACIÓN DE COCINA, Y OTROS EN PISO 4º- CALLE: 9-B Nº 150 VILLA DEL CARMEN…”, el cual registra como inicio de obra la fecha 06-01-05, y se establece como gasto total $us. 7.339,30. el mismo que por acuerdo de partes acordaron al monto de $us.7.200, firmado en fecha conforme consta en la última parte en La Paz, noviembre 2009”.

Ahora bien, el recurrente acusa la errónea valoración de las literales de fs. 49 a 58, testificales de fs. 332 334 y 336 y la documental de fs. 246, al respecto corresponde señalar que es una facultad privativa de los operadores de justicia considerar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica según dispone el art. 1286 de la norma sustantiva civil concordante con el art. 145 de su Procedimiento. En esa tarea los jueces de instancia con base a los datos que arrojó el proceso llegaron a la conclusión de que según la base fáctica edificada en torno a las pruebas aportadas al proceso generaron convicción para la decisión jurisdiccional asumida, advirtiéndose una aplicación adecuada del principio de verdad material que llevaron a los juzgadores de grado a asumir sus resoluciones de acuerdo a los medios probatorios, como prueba preponderante la documental de fs. 126 a 129 consistente en la planilla de presupuesto y cómputos de metros lineales, misma que fue elaborada en noviembre del 2009 la cual tuvo el consentimiento tácito de ambas partes mediante sus firmas y rúbricas.

Asimismo, la aludida literal de fs. 126 a 129, fue introducida al proceso por el mismo recurrente en su memorial de contestación y reconvención de fs. 102 a 109, de donde se desprende el detalle de los gastos por todos los trabajos realizados en el inmueble, como bien lo analizaron los Tribunales de instancia.

Por otro lado, realizando un examen de la documental de fs. 49 a 58 denominado “informe peritaje de propiedad” de 21 de noviembre de 2011, como bien lo analizó el Ad quem, el mismo no fue producido conforme las exigencias del Código de Procedimiento Civil (vigente al momento de la sustanciación del proceso). Así también se tiene que el mismo fue elaborado dos años posterior a la planilla de presupuesto y cómputos métricos de fs. 126 a 129 que se vuelve a reiterar fue consentido por ambas partes. De la revisión del peritaje, que según criterio del demandado no se habría tomado en cuenta, se tiene que el mismo no es creíble por las razones que se pasan a exponer, lo que pretende la parte reconviniente es realizar un doble cobro por los trabajos realizados, ya que entre otros los ítems 1, 7, 12 de fs. 52, se repiten en la literal de fs. 126 a 129 en los ítems 78, 82 y 86, aspecto que va en contra de la teoría de los actos propios desarrollado en el considerando III.2 de la presente resolución, siendo que dicha teoría ya no es un aforismo o un principio, sino una filosofía de vida que debe regir a los ciudadanos en la buena fe de sus actos, es decir, significa la vinculación del autor de una declaración de la voluntad habitualmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio. Y que contraviene al hecho propio, lo que es para Diez Picazo, tratar de alguna manera de destruir el efecto producido por el mismo.

Con relación a las testificales de fs. 332 y 336 las mismas sostienen que como albañiles realizaron reparaciones en el inmueble y que era el demandado que cancelaba a los mismos. Realizando un cotejo de las testificales con la documental de fs. 126 a 129, se tiene a fs. 128 el detalle de pago albañil por mano de obra por las mejoras realizadas incluyendo el tercer piso, demostrando nuevamente que el ahora recurrente obra de mala fe, pretendiendo cobrar doble por dichos ítems.

Referente a la prueba de fs. 246 elaborado el 2004, de igual forma los ítems insertos en esa planilla se repiten en la documental de fs. 126 a 129.

Finalmente, respecto a las facturas adjuntadas al proceso, si bien el recurrente no señala en que parte del proceso se encuentran, se entendería que son las de fs. 201 a 253, muchas de ellas refieren a proformas, siendo que dichas literales por si solas no pueden acreditar el gasto de $us.26.296,18 que pretende se le restituya al recurrente.

Consiguientemente el reclamo de errónea valoración del elenco probatorio aducida por el recurrente, deviene en infundado.

De la respuesta del recurso de casación.

Mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones del recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 769 a 772 vta., interpuesto por Edwin Nelson Navarro Soruco, contra el Auto de Vista N° 457/2018 de 13 de junio, cursante de fs. 764 a 767 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.