TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 333/2018        

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: T-38-18-S.

Partes: Francisca Tomasa Pimentel Fernández de Leañez y otro c/Claudio    

            Fernández Saavedra, presuntos ocupantes y/o poseedores ilegales.

Proceso: Reivindicación.                                      

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 902 a 909 vta., planteado por Claudio Fernández Saavedra contra el Auto de Vista Nº 89/2018 de 1 de junio, saliente  a fojas 891 a 896, pronunciado por la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso doble de reivindicación y usucapión, seguido por  Francisca Tomasa Pimentel Fernández de Leañez y Deterlino Leañez Sánchez contra el recurrente y otros,  la concesión de fs. 918, el Auto Supremo de admisión de fs. 924 a 925 vta., y todo lo inherente:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


I.1. Francisca Tomasa Pimentel Fernández de Leañez y Deterlino Leañez Sánchez   con memorial cursante de fs. 24 a 27, subsanada a fs. 31 vta., interpusieron demanda de reivindicación y acción negatoria, en contra de Claudio Fernández Saavedra, Oscar Castro y presuntos ocupantes o poseedores ilegales de quienes el primero  opuso excepción de litispendencia, contestó en forma negativa y reconvino de usucapión decenal, nulidad de documento de compra-venta y nulidad de inscripción en derechos reales, el segundo simplemente repelió, a los últimos les asignó defensor de oficio, excepción que fue resuelta por resolución de 11 de agosto de 2011, por el que dispuso la acumulación de la causa (fs. 75 a 76 vta.), trámite  que  culminó con la Sentencia Nº 5/2016 de 1 de marzo, (fs. 831 a 850 vta.) declarando probada la pretensión reivindicatoria e improbada la pretensión negatoria, también improbada la reconvención. 

I.2. Ante su insatisfacción con dicho fallo el demandado Claudio Fernández Saavedra apeló, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 89/2018 de 1 de junio, por el que confirmó en su integridad  la sentencia, con el argumento principal, de que el reconvencionista no puede usucapir el inmueble porque no estuvo en posesión en forma pública, pacifica, continua e ininterrumpida durante 10 años,  exigidos por el art. 138 del Código Civil, por cuanto, el perito y las atestaciones de cargo y descargo concluyeron que la construcción tiene una data aproximada de 5 años y el terraplenado tiene una data de 8 años.

En relación a la pretensión de nulidad de documento y registro público, el mismo fue negado arguyendo que la inexistencia de  poder notarial, no importa la nulidad  de los actos celebrados por los representantes  del Sindicado Villa Avaroa.  

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación: 

 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y  CONTESTACIÓN


II.1. Del recurso de casación en el fondo.

El recurso de casación en lo principal constituye la reiteración del recurso de apelación y la adición  de algunos datos, resumiéndose en los agravios siguientes:

1. Acusó error  de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, falta de motivación y citra petita, porque no habría prueba alguna que acredite que el Sindicato de inquilinos Villa Avaroa, dio mandato expreso o verbal para transferir el inmueble, de hecho dicha transferencia exige un mandato especial escrito. 

2. Reclamó aplicación indebida de la Ley, concretamente del art. 66 del Código Civil, porque no se demostró que la venta se hubo realizado con el consentimiento de los miembros del Sindicato, entidad que tuvo registrado a su nombre la propiedad sobre el inmueble, máxime cuando siquiera se supo quienes integraban dicho Sindicato. 

3. Expresó error de derecho en la aplicación del art. 805.II del Código Civil, por cuanto para la venta del inmueble fue necesario un mandato expreso o poder  notarial expreso como lo previene el art. 452 del señalado Código; consecuentemente, no basta el consentimiento de dos integrantes del sindicato sino de todos los integrantes, siendo así la venta sería nula.    

4. Denunció indebida aplicación de los arts. 1548 num.2), 1556 num.1) y 1558 num. 3) del Código Civil, porque estableció que no era necesario contar con el poder notariado expreso para la venta y posterior registro, por lo que el registro público no debió haber procedido a la inscripción del derecho propietario, porque el art. 1448 del Código Civil exige la intervención  de los co-propietarios que integran el Sindicato.

5. Apuntó que el Auto de Vista es contradictorio, porque por un lado razona que no existiría una venta entre cónyuges sino una venta realizada entre los miembros de la asociación de hecho, entonces, si se trata de la venta de una asociación debió individualizarse  a esos miembros y constar sus firmas.

6. Dedujo de apreciación de las pruebas con relación a la usucapión, porque Deterlino Leañez Sánchez a fs. 777 confesó  el pago  del precio, y que no le títuló debido a su negligencia. Asimismo mediante sus testigos María Dorotea Romero, Leonor Romero, Damacita Tejerina Obando y Rafael Sandobal Morales, refiere haber demostrado  la posesión desde el año 1992 en forma pacífica, quieta, pública, continuada y efectuando las mejoras en el inmueble; con los  documentos que cursan de fs. 175 a 177, indica haber demostrado la buena fe con que adquirió el inmueble y el ánimo de dueño.

7. Manifestó en la apreciación de la prueba testifical de cargo, porque atestaron de favor y presionados por personal del Banco Sol, ya que dichas declaraciones contrastando  con la inspección judicial y el peritaje, se advirtió que dichos testigos no conocen  el inmueble, por lo que no debió asignar valor alguno.

8. Señaló error de hecho por falta de valoración de varias pruebas, entre ellas al avaluó pericial de fs. 18 a 22, el mismo que corresponde a otro lote, y que el perito resulta ser el testigo de favor que declaro sin conocer el terreno, de donde se advierte que el Banco solo pretende favorecer a su deudor para preservar su garantía. El avaluó pericial del Banco Sol, carece de eficacia probatoria porque el mismo corresponde a otro lote de terreno y no al lote objeto de usucapión, máxime cuando contiene errores y datos falsos y contradictorios, quedando demostrado la mala fe, el dolo y error con que se efectuó el gravamen, además el lote objeto de usucapión está signado con el Nº 17 en cambio los lotes de los demandantes están consignadas con los números 13 y 19. 

9. Refirió error de hecho y derecho en la valoración de la carta notariada de fs. 3 y su respuesta, porque su persona habría recibido dicha carta después de haber operado los diez años de posesión, computables desde el pago del precio por el lote.                  

II.3. Contestación al recurso de casación.

La demandante Francisca Tomasa Pimentel Leañez, contestó al recurso de casación manifestando en lo relevante, que su derecho propietario está protegido por el art. 56 de la Constitución Política del Estado, porque se halla inscrito en la oficina de Derechos Reales, por lo mismo oponible a terceros.

Que el reconvencionista no estuvo en posesión del lote de terreno más de 10 años y que el terreno adquirido es otro al que pretende usucapir.

La prueba pericial fue clara y contundente ya que estableció la data real de las construcciones y mejoras en el lote objeto del litigio. 

Finalmente alegó que el demandado en la presente causa desconoció la asociación de inquilinos, pero a la vez  le da toda la validez a tiempo de hacer valer la adquisición de su lote de terreno, que por cierto fue de la misma asociación.    


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. La asociación de hecho.

Las asociaciones de hecho de acuerdo a la doctrina dominante son aquellas que se constituyen por acuerdo de sus integrantes sea escrito o verbal, sin fines de lucro y con el propósito  de alcanzar un fin común altruista. Estas carecen de actas de fundación, estatutos y reglamentos.

Pese a que esta asociación humana no reúne las formalidades exigidos para constituirse  en una asociación de derecho, los actos y las obligaciones contraídas por estas surten efectos jurídicos, tal como Pablo Javier Rodríguez, en su trabajo La personalidad de las Sociedades de Hecho, ¨Se trata de una organización humana, encaminada a conseguir un fin que el derecho acepta, para lo cual le otorga capacidad jurídica y un tratamiento jurídico unitario.¨

Sobre el instituto en estudio el art. 66 del Código Civil, prescribe:¨I Las asociaciones que no tienen personalidad conforme a lo previsto en el art. 58 se rige por los acuerdos de sus miembros. II. Los bienes adquiridos constituyen un fondo común y los miembros de la asociación, mientras ella dure, no pueden pedir división de dicho fondo ni reclamar su cuota en caso de separación. III. Las obligaciones asumidas por los representantes  de la asociación se pagan con el fondo común. De dichas obligaciones responden también personal y solidariamente quienes han obrado en nombre de la asociación aún cuando no sean sus representantes….¨.  

Desde dicha perspectiva, se colige que las asociaciones de hecho se rigen por el acuerdo arribado por sus integrantes que son plasmados o ejecutados por sus representantes, de donde emergen derechos y obligaciones, esta última se cubre   con el fondo común, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del representante. Inclusive dicha responsabilidad alcanza a quienes actuaron en nombre de la asociación sin ser representante. Esta última parte es útil para la solución del caso, porque genera responsabilidad a quienes actuaron en nombre de la persona  sin ser representante, lo que equivale a concluir sin poder expreso notarial. (La negrilla nos corresponde). 

III.2. La usucapión decenal.

Sobre la usucapión decenal u extraordinaria en el Auto Supremo Nro. 647/2017 de 19 de junio se señaló: ¨…el art. 110 del CC., de manera general refiere: “ la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión…” asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna".

Posesión que debe ser por el tiempo requerido por la Ley Civil, concretamente por el art. 138; es decir, 10 años,  si la posesión no alcanza el tiempo previsto la usucapión no puede ser acogida. 


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


En el fondo.

1. Respecto al error  de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, la falta de motivación y pronunciamiento, porque no habría prueba. 

La demanda reconvencional de nulidad del documento y su registro en Derechos Reales, fue postulado por el recurrente, consecuentemente, de conformidad al art. 375 del Código de Procedimiento Civil este tenía la carga de probar dichas pretensiones, por ende, presentar la prueba necesaria al efecto, por lo que al no haber  presentado prueba alguna, no existe razón legal para anular la venta y la inscripción. Por consiguiente el reclamo carece de sustento legal.      

2. En relación a la aplicación indebida de la Ley, concretamente del art. 66 del Código Civil.

Por un lado, el recurrente en el recurso de apelación (fs. 852 vta.) reconoció que Deterlino Leañez Sánchez fue dirigente de la Asociación Sindical de Inquilinos, asimismo, para usucapir reclama la validez de los comprobantes de pago que cursan a fs. 175 a 177, extendidos por Deterlino Leañez Sánchez como dirigente de la asociación antedicha, ahora indica que ni siquiera conoció a los integrantes de dicho sindicato, cuando el propio recurrente confiesa haber sido integrante de dicho sindicato y en esa condición adquirió un lote de terreno que no es el que se debate sino el que se encuentra en la manzana E-1, de donde se advierte una incongruencia porque por un lado desconoce la dirigencia y por otro lado la reconoce, proceder desleal que no merece protección legal.  

3. En lo que atañe al error de derecho en la aplicación de los arts. 452 y 805.II del Código Civil.

El art. 805 del Código Civil estipula: ¨I El mandato puede ser expreso o tácito. II El mandato expreso puede hacerse por documento público o privado, por carta o darse verbalmente, según el carácter del acto a celebrar en virtud del mandato.¨ 

De cuya cita queda claro que el mandato puede ser expreso o tácito  y si es expreso también puede darse en forma verbal según el carácter del acto, además debe tenerse en cuenta que el propósito altruista del sindicato fue que sus integrantes cuenten con una vivienda y por ello sus directivos no actuaban en nombre propio sino en representación de los inquilinos  integrantes del Sindicato, es más  no solo vendían lotes de terreno sino también compraban terrenos para luego ser transferidos a sus asociados, para lo cual no emplearon poder notarial. De donde no se advierte error en la aplicación de los arts. 452 y 805.II del Código civil.        

4. Con referencia a la indebida aplicación de los arts. 1548 num. 2), 1556 num. 1) y 1558 num. 3) del Código Civil. 

Como se dijo líneas arriba, al tratarse de una organización de hecho o de facto como también la denomina la doctrina, no resulta racional exigir el poder notarial para la venta y posterior registro, ya que el mandato también puede efectuarse en forma verbal, máxime, cuando estas asociaciones no cuentan con estatutos, reglamentos, testimonios, formalismos que inexcusablemente los notarios de fe pública exigen para la confección de un poder.

El representante actúa en nombre de la asociación, por ello, no puede exigirse la firma de todos los integrantes del Sindicato y de hecho cuando el representante transfirió el inmueble a su esposa no lo hizo a título personal sino en nombre de la asociación, siendo así el reclamo carece de sustento legal.

5.  En lo pertinente al error de apreciación de la prueba de confesión, testifical y los documentos de fs. 175 a 177.  

Ciertamente a fs. 777, Deterlino Leañez Sánchez  confiesa haber recibido el pago del precio de un terreno ubicado en la manzana E-1 colindante a los lotes de su hermana, pero niega que dicho pago fuera por el lote objeto de usucapión, es decir, por el lote No. 17 de la manzana D-2.

María Dorotea Romero  a fs. 779 señaló: ¨Aproximadamente desde el año 2010 don Claudio vive en ese lote de terreno, en ese tiempo empezó a hacerlo rellenar y vivió en una carpa, luego de aproximadamente un año y medio empezó poco a poco a realizar sus construcciones¨. 

Leonor Romero, a fs. 781 vta., atestó: ¨Don Claudio a fines del 2009, aproximadamente en noviembre fue a poner su carpa en ese lote de terreno, donde vivo aproximadamente  dos años, poco a poco empezó a realizar los trabajos de relleno del terreno…¨

Damacita Tejerina Obando, a fs. 783 vta., declaró: ¨En el año 2010 don Claudio fue a poner su carpa en el lote de terreno, luego empezó a construir, fue al mismo tiempo que yo empecé también a hacer la construcción de mi casa.¨

Rafael Sandoval Morales, a fs. 785 indico: ¨Desde el año 1992 lo he visto a Don Claudio Fernández en posesión de ese lote de terreno, el mismo que está ubicado al frente de mi casa, ya en esas épocas lo veía realizar trabajos en ese lote de terreno, además  de los trabajos que realizábamos todos los vecinos…¨

Los comprobantes de pago de fs. 175 a 177, demuestran la compra y el pago efectuado por un lote de terreno, en la gestión 2012; sin embargo, no específica que dicho pago corresponda al lote de terreno motivo de litis (Nº 17 de la manzana de D-2), por el contrario en la audiencia de confesión provocada cursante a fs. 777 vta., se indicó que dicho pago corresponde al terreno ubicado en la manzana E-1.

De cuyas citas también queda claro que no es evidente que el demandante Deterlino Leañez Sánchez haya confesado haber recibido el pago por el lote objeto de usucapión, tampoco los testigos del reconvencionista comprueban la posesión  a partir de 1992 en forma pacífica, quieta, pública y continuada, sino a partir del año 2009 y 2010, salvo la atestación de  Rafael Sandoval Morales quien señala que la posesión data desde 1992, pero dicha atestación es contradicha con las otras atestaciones. Por lo que el reclamo es fútil.

6. En cuanto al error en la apreciación de la prueba testifical de cargo, mismas que se contraponen  a la prueba de inspección judicial y pericial.

Silvia Elvira Gutiérrez Michaga, en su condición de oficial de crédito del Banco Sol  a fs. 766, señaló que a fines del año 2009 se inició el trámite para la concesión de un crédito y que por ello verifico el lote de terreno en el que observó que no hubo construcciones, cerramientos o trabajos.

Marciana Adela Sánchez Guerrero, indicó que el año 2010, efectuó el cerramiento de su terreno y que en esa época no había construcciones en el lote en debate y que un tiempo después vio la construcción de unos cuartos. Añade que su lote se encontraba al lado izquierdo del lote motivo de litis. (fs. 767).

Marcelo Choque Herbas, atestó que el terreno era de tierra y que no estaba erosionado.

De acuerdo a la inspección ocular se observó que el inmueble contiene la construcción  de dos cuartos, un baño, lavanderías, plantas ornamentales entre otras mejoras. (fs. 763 vta.).

La pericia estableció  que las mejoras, el terraplenado y las construcciones tienen una antigüedad aproximada de 5 y 8 años. (fs. 750 a 751)

De lo anotado, queda claro que las atestaciones de los testigos de cargo y descargo son coincidentes en cuanto a la antigüedad de las construcciones, la prueba de inspección si bien constató la existencia de mejoras y construcciones, el mismo no estableció la antigüedad o data de las mismas, sino la pericia como se tiene apuntado. Consiguientemente, no se advierte que dicha información fuera de favor o producto de la presión del Banco Sol, por el contrario al ser coincidente con las atestaciones de los testigos descargo denota que los testigos cuestionados realmente fueron al  lote de  terreno y por lo mismo la conocen, gozando de credibilidad, siendo así el valor probatorio asignado es correcto, por lo que el reclamo es irrito.          

7. Acerca del error de hecho por falta de valoración del avaluó pericial de fs. 18 a 22, y que el lote objeto de usucapión esta signado con el Nº 17 en cambio los lotes de los demandantes están consignadas con los números 13 y 19.

Ciertamente el avaluó pericial de fs. 18 a 22, no fue tenido en cuenta en el Auto de Vista, no obstante de ello, de acuerdo a dicha pericia practicada  el año 2009, en el predio signado como lote Nº 17 de la manzana D-12, concluye que en dicho terreno no se realizaron trabajos de mejoras  y construcciones, encontrándose en estado rústico. Entonces, si bien es cierto que no se tuvo en cuenta dicha prueba, la misma resulta irrelevante porque lejos de constituir una prueba favorable a la usucapión, resulta perjudicial porque en ella claramente informa que en el año 2009 no hubo mejoras ni construcciones.

Por otra parte, el recurrente pierde de vista que los jueces de instancia para establecer la data de las mejoras y las construcciones tuvieron en cuenta el peritaje propuesto por el propio recurrente (fs. 738, 750 a 752), y no la pericia del Banco Sol, de hecho dicha prueba no fue tomada en cuenta para decidir la causa, por lo que resulta, inútil analizar si dicha prueba contiene datos falsos o no,  por lo que el reclamo es intrascendente.

Reiteramos si el recurrente considera que el lote motivo de litis es de su propiedad y no de propiedad de los demandantes, resulta un contrasentido pretender usucapir de lo que  se es dueño.        

8. En referencia a la existencia de error de hecho y derecho en la valoración de la carta notariada de fs. 3 y su respuesta.

Primero, es los puntos anteriores se estableció que no operó la usucapión decenal, porque no se demostró la posesión por el tiempo de diez años, por dicha razón, es ilógico sostener que la carta notariada habría sido recibido después de los diez años de posesión.                   

Segundo, de la revisión del recurso de apelación (fs. 852 a 860) no se advierte reclamo vinculado a la carta notariada de fs. 3 y su respuesta, razón por la cual, el Auto de Vista omitió pronunciamiento al respecto; por lo que en aplicación del art. 270.I del Código Procesal Civil y el principio del per saltum, esta sede casacional se ve impedido de examinar dicho reclamo, porque en el Auto de Vista no existe pronunciamiento relativo al reclamo que amerite fiscalización, en otras palabras no se puede revisar un vacío,  por lo que el agravio carece de sustento.       

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Sala Civil, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo  cursante de fs. 902 a 909 vta., planteado por Claudio Fernández Saavedra, contra el Auto de Vista Nº 89/2018 de 1 de junio, sal iente de fojas 891 a 896, pronunciado por la Sala Civil Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas y costos al recurrente.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Se regula honorario profesional del abogado que contesto el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.