TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 332 /2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: LP-115-18-S.

Partes: Hugo Antonio García Medina c/ Myriam Karina García Rojas.

Proceso: División y partición de bienes gananciales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 615 a 618 vta., interpuesto por Myriam Karina García Rojas contra el Auto de Vista Nº 438/2018 de 4 de junio, cursante de fs. 612 a 613 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro de la acción de división y partición de bienes gananciales, seguido por Hugo Antonio García Medina contra la recurrente, el Auto de concesión de fs. 623, el Auto Supremo de admisión Nº 928/2018 - RA de fs. 629 a 630 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Hugo Antonio García Medina a través de su representante legal, Isaías Jorge Vargas Chambi, mediante memorial de 26 de enero de 2017 (fs. 216 a 220 vta.), presentó demanda de división y partición de bienes gananciales, contra Myriam Karina García Rojas, solicitando se proceda a la división y partición en partes iguales de los siguientes bienes gananciales: a) Casa ubicada en la zona San Miguel, Calle Gabriel René Moreno zona Calacoto de la ciudad de La Paz; b) División del 50% de los frutos civiles (alquileres); c) División de los terrenos 1 y 2 del manzano “U” de la Urbanización Villa Linda I, cantón Mecapaca del departamento de La Paz, adquiridos por TERRASUR asignando un lote a cada parte por sorteo; y d) División de los montos contenidos en las cuentas del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y Banco BISA S.A.

Admitida la demanda, se apersonó Myriam Karina García Rojas respondiendo negativamente y planteando reconvención sobre la división y partición de bienes gananciales (fs. 395 a 401).

2. La Juez Público de Familia Octavo de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia Nº 687/2017 de 24 de julio, cursante de fs. 571 a 582, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 216 a 220 vta., y PROBADA en parte la acción reconvencional de fs. 395 a 401 de obrados, asumiendo:

a) La ganancialidad del inmueble ubicado en la zona San Miguel, calle René Moreno Nº 1088 registrado en Derechos Reales, disponiendo su división y partición en el 50% de acciones y derechos mediante subasta pública previo avalúo pericial.

b) La ganancialidad del saldo de la deuda contraída con el Banco Mercantil Santa Cruz, debiendo cubrir en un 50% cada uno de los ex cónyuges en consideración a lo establecido en los numerales 5 y 7 del Considerando III.

c) La ganancialidad del contrato de adquisición de terreno conforme al contrato con reserva de propiedad Nº DPV 383/04 suscrito con la Empresa TERRASUR sobre el lote Nº 2, con una superficie de 312 m2.

d) La ganancialidad del contrato de adquisición de terreno con reserva de propiedad Nº DPV 431/04 suscrito con la Empresa TERRASUR signado como lote Nº 1, con una superficie de 320 m2.

e) La ganancialidad de las obligaciones pecuniarias contraídas con TERRASUR por la adquisición de los terrenos referidos, sujetas a división y partición del 50% de acciones y derechos.

f) La ganancialidad de los dineros en la cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. con un saldo de $us. 96,20 estableciendo su división.

g) La ganancialidad de los dineros existentes en la cuenta Nº 1269824014 caja de ahorro en moneda nacional del Banco BISA con un saldo de Bs. 63.807,95 a la fecha de separación, disponiendo su división en un 50% para cada uno de los cónyuges.

h) La ganancialidad de los alquileres generados por el inmueble de la Urbanización San Miguel zona Calacoto a partir del 1 de agosto de 2015 en adelante, debiendo deducirse de los mismos los gastos por las responsabilidades familiares y patrimoniales.

i) La ganancialidad de los bienes y enseres adquiridos en la República de Chile, así como los bienes y enseres existentes en el último domicilio conyugal en esta ciudad previa inventariación.

Asimismo, se declara IMPROBADA la demanda en cuanto a la división y partición del vehículo Volkswagen Bora y respecto a la cuenta Nº 1269825011 del Banco BISA a nombre de Myriam Karina Rojas e IMPROBADA la acción reconvencional en cuanto a la deuda de $us. 60.000.

3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por Myriam Karina García Rojas, mereció el Auto de Vista Nº 438/2018 de 4 de junio que confirma la sentencia pronunciada.

El Tribunal de Alzada sostuvo en relación a la cuenta Nº 1269824014 del Banco BISA, que la suma de Bs. 86.750,77, depositada el 14 de julio de 2013, fue efectuada en vigencia del vínculo conyugal, siendo que la sentencia de divorcio adquirió la calidad de cosa juzgada el 10 de marzo de 2016, bajo ese entendido asumió que los beneficios sociales alegados son emergentes del trabajo prestado por la apelante conforme dispone el art. 188 inc. a) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, calificando dicho monto de ganancial.

Respecto al arrendamiento otorgado por la demandada el 1 de agosto de 2015 sobre el bien inmueble ubicado en la Urbanización San Miguel, celebrado en vigencia de su matrimonio aún y no teniendo sentencia, consideró que dicho fruto civil es ganancial, disponiendo su división y partición en un 50%.

Con relación al vehículo marca Volkswagen tipo Bora adquirido durante la vigencia del matrimonio, expresó que la misma parte apelante fue quien reconoció que dicho bien está a nombre de su hijo, extremo que en observancia del art. 328.II de la Ley Nº 603 no merece mayor consideración para su tratamiento.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las acusaciones expuestas se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Acusó vulneración de los arts. 187 y 188 inc. a) del Código de las Familias y del Proceso Familiar conforme al art. 393 inc. a) del referido código, por haber aplicado indebidamente dichas normas legales que no estaban en vigencia, en el momento en que se hizo el depósito de Bs. 86.750,77, el 24 de julio de 2013, en la cuenta Nº 1269824014 del Banco BISA, correspondiendo a la liquidación de sus beneficios sociales. Administrando dicho dinero en las necesidades de sus hijos conforme el art. 115 del Código de Familia abrogado que tuvo vigencia hasta el 18 de noviembre de 2014, empero se aplica retroactivamente la Ley Nº 603 de manera legal.

2. Denunció vulneración de los arts. 109, 112.I num. 2) y 120 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por no haberlas aplicado al momento de dictar la sentencia, debido a que la declaración de ganancialidad de los alquileres del bien inmueble de la Urbanización San Miguel a partir del 1 de agosto de 2015 hasta el 30 de julio de 2017, en adelante es una determinación ilegal e injusta, cuyo alquiler fue rescindido en mayo de 2017. Por lo que se vulneró el art. 393 inc. a) del referido compilado legal. Por otro lado, no hay nada que dividir del alquiler debido a la confesión espontánea que realiza el demandante cuando manifiesta en su demanda que el dinero del alquiler debía destinarse a los gastos de manutención de su familia. En ese sentido el Tribunal Ad quem ha vulnerado el art. 393 inc. b) de la Ley Nº 603.

3. Arguyó que el Auto de Vista vulneró el art. 393 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, al no considerar la confesión espontánea que realiza el demandante, cuando en su demanda manifiesta y reconoce de manera expresa la ganancialidad del vehículo marca Wolkswagen Tipo Bora, cuya compra se ha realizado en vigencia del matrimonio, que si bien estaba a nombre de su hijo, sin embargo el padre se quedó en posesión del vehículo en la República de Chile. En ese entendido se debió declarar la ganancialidad del vehículo y por ende su división.

4. Manifestó la violación de los arts. 332 y 335.II inc. f) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, al no haber apreciado la prueba de descargo presentada por la demandada consistente en el extracto bancario de la cuenta Nº 1269824014 del Banco BISA, verificándose el depósito del 24 de julio de 2013 de Bs. 86.750,77 por pago de liquidación de beneficios sociales de la Empresa John Snow Inc. Este dinero era de su exclusiva propiedad conforme el art. 115 del Código de Familia abrogado, norma vigente al momento del depósito, empero no se otorgó la validez incurriendo en la causal del recurso de casación el art. 393 inc. c) de la Ley Nº 603.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declarar Improbada la ganancialidad de los montos de dinero de la cuenta bancaria Nº 1269824014 del Banco BISA, Improbada la ganancialidad de los alquileres percibidos por el arrendamiento de un inmueble en copropiedad y Probada la ganancialidad del vehículo marca Volkswagen.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. Sobre la separación de los esposos y sus efectos.

Respecto a la separación de los esposos el Auto Supremo 767/2017 de 24 de julio señaló: “El autor Félix C. Paz Espinoza en su Libro “Derecho de Familia y sus Instituciones”, segunda edición, Edit. Gráfica “Gonzáles”, La Paz-Bolivia, 2002, pág. 280 a 281, al realizar el estudio sobre la separación de cuerpos, menciona las clases y diferencias entre las separaciones, las que según su naturaleza jurídica tienen connotaciones y efectos diferentes, diferenciándolas en: “4.1. La separación personal y provisional de los cónyuges. Es aquella que se produce como consecuencia del inicio de la acción del divorcio vincular, es determinada como una medida provisional inmediata por la autoridad judicial que conoce el caso, otorgando las garantías y seguridades necesarias a los esposos. Esta separación tiene vigencia únicamente mientras dura la tramitación del proceso y termina si se produce el divorcio…Esta especie jurídica tiene la particularidad de producir dos efectos: 1. Respecto de la esposa, servirá para determinar la paternidad de los hijos que pudiese concebir posteriormente, pues, estando separados los cónyuges, se presume que ya no pueden tener acceso carnal. 2. A partir de la fecha que se determina la separación conyugal, los bienes que cada uno pudiera adquirir posteriormente no formarán parte de la comunidad de gananciales, porque se reputarán bienes propios con beneficio y disposición exclusiva”.

Carlos Morales Guillen en su obra “Código de Familia, Concordado y Anotado”, señala que Tiene importancia establecer la situación, para los fines de las relaciones patrimoniales de la sociedad conyugal con terceros. Y como el art. 142 es aplicable a la separación, respecto de la disolución de la sociedad conyugal (separación de bienes con su secuela de libre administración y disposición de los gananciales que corresponden a cada cónyuge.

El vínculo matrimonial subsiste. Esto es, el matrimonio mantiene todos sus efectos, excepto la vida en común que desaparece, porque disuelto el hogar no hay deber de cohabitación, y la comunidad de gananciales se liquida con los efectos señalados en el art. 126”.

El Tribunal Supremo en diferentes Autos Supremos, entre ellos el signado con el No. 470/2013 de 13 de septiembre 2013, señaló que: “Por dicha ambigüedad la doctrina estableció diferentes razonamientos sobre el tema, los cuales deben ser considerados para entender el espíritu de dicha norma, es así que tenemos lo expuesto por el doctrinario argentino Guillermo A. Borda en su libro Tratado de Derecho Civil y Familia, donde nos enseña sobre el fin de la comunidad de gananciales, página 350 y siguientes, establece que además de las causales taxativamente establecidas en la legislación Argentina, se debe tomar en cuenta la separación de hecho, corriente que es considerada como causal de separación de bienes; el merituado autor indica que: “la sociedad se disuelve por el abandono de hecho”, al respecto el mismo autor, líneas más abajo nos ilustra dicha ambigüedad, indicando que: “En la primera época se aplicó sin discriminación el principio de que la sociedad conyugal sólo se disuelve por las causas taxativamente enumeradas por la ley, dentro de las cuales no figura la separación de hecho.”, este aspecto fue cambiando, toda vez que se presentaron casos judiciales en los cuales moralmente no procedía la aplicación taxativa de la ley y se ponderó el aspecto moral sobre lo legal para resolver dichos casos y así consagrar a la separación de hecho como una causal que pone fin a la comunidad de gananciales.

En ese entendido tenemos que nuestra legislación no está alejada de dicha realidad, nuestra Constitución Política del Estado en su art. 8  determina: “El Estado asume y promueve como principios ético- morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble)”, principios ético morales que van encaminados a precautelar y buscar una sociedad justa y armoniosa.

Por su parte el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en varias Sentencias Constitucionales sobre los principios ético morales que deben regir nuestro buen vivir dentro de esta nueva sociedad, es así que tenemos a la S.C.P No. 1081/2013 de 16 de julio del mismo año que indica: “…los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón). Estos últimos mandatos restrictivos resultan ser imperativos para cada persona y en cada hogar de las bolivianas y bolivianos”.

Expuestos los principios que rigen nuestra sociedad, los cuales tiene que ser la base para resolver lo acontecido en la litis, se tiene que al demostrarse en obrados que el recurrente y la actora se encontraban separados desde el año 2000, punto que no fue objetado por ninguna de las partes, este hecho hace evidente que desde dicho año, ambos consintieron en su separación de hecho, por dicho motivo, si bien el vínculo matrimonial seguía vigente como lo estableció el Tribunal Ad quem, este hecho no puede ser motivo para incluir dentro de la comunidad de gananciales los bienes adquiridos con posterioridad a la separación, o sea, dentro de la vigencia de la separación de hecho, en virtud de que ya no existió el esfuerzo común y ayuda mutua que debe reinar en un matrimonio, aspectos que se constituyen en elementos importantes para que los bienes sean considerados gananciales.

Al quebrarse el deber de cohabitación en forma permanente (separación de hecho), ya sea por la voluntad de uno o ambos cónyuges, se puso fin a la comunidad de gananciales. Los cónyuges ya no se encontraban viviendo en un mismo domicilio conyugal, de modo, que el cese de cohabitación, ocasionó la vulneración de los deberes y derechos de los esposos regulados estos en los arts. 97 y 98 del Código de Familia, los cuales establecen sobre los deberes comunes y las necesidades comunes que deben tenerse ambos cónyuges; al no existir dichas obligaciones, se llega a suponer que terminó toda relación entre ambos en especial el de la comunidad de gananciales.

Por dicho motivo al separarse desde el año 2000, la responsabilidad mutua terminó, cada uno continuó con su vida por separado, ya no existió la convivencia en un domicilio conyugal, tampoco la satisfacción de sus necesidades ya no fueron comunes y por ende el esfuerzo y sacrificio de ambos conyugues no existió; convirtiéndose la separación de hecho en una de las causales que puso fin a la comunidad de gananciales, porque moralmente el esfuerzo individual, luego de la separación de hecho no puede ser parte de la comunidad de gananciales porque simple y llanamente ya no existió el esfuerzo común de los cónyuges, perdieron esa calidad de igualdad de condiciones.

Por lo indicado lo establecido por el art. 123 en su numeral 3) del Código de Familia, con respecto a la separación de los esposos, debe interpretarse en un sentido más amplio y no restrictivo a una simple orden judicial, o sea, desde la separación de hecho comprobada en proceso y al ser demostrada dicha separación mediante prueba idónea que avale dicha desvinculación, será desde dicho momento en el cual se pondrá fin a la comunidad de gananciales establecida en el art. 101 en relación con el art. 123 en sus distintos numerales, ambos del Código de Familia.

En ese entendido y al constituirse la comunidad de gananciales en un esfuerzo común de ambos cónyuges que forman un patrimonio mutuo, moral y éticamente al separarse de hecho y estar comprobada dicha separación, los bienes adquiridos con esfuerzo individual por cada uno de los cónyuges después de la separación, no pueden formar parte de dicha sociedad conyugal, aún esté vigente el vínculo matrimonial, dichos bienes no pueden ser parte de la comunidad de gananciales por que no fueron adquiridos mediante un esfuerzo común y sacrificio que toda familia realiza para hacerse de bienes comunes.  Sobre dicho aspecto el consagrado autor y doctor en derecho, Augusto Cesar Belluscio en su libro Manual de Derecho de Familia nos dice: “…no se considera como ganancia lo que de ninguna manera podría estimarse que ha ingresado en el patrimonio de uno de los cónyuges como consecuencia del esfuerzo común de ambos ni de la colaboración o apoyo moral de uno en la actividad productiva del otro”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. De la revisión de los reclamos 1 y 4 del recurso de casación planteado por la demandada se detecta la similitud de contenidos siendo que su acusación enfatiza la vulneración del art. 332 y 335.II inc. g) de la Ley Nº 603 con relación al depósito efectuado de su liquidación de beneficios sociales, por lo que se resolverán ambos de manera conjunta.

Respecto a la vulneración de los arts. 187 y 188 inc. a) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por haber aplicado indebidamente dichas normas legales que no estaban en vigencia, en el momento en que se hizo el depósito de Bs. 86.750,77 en la cuenta Nº 1269824014 del Banco BISA el 24 de julio de 2013, dinero que corresponde a la liquidación de sus beneficios sociales, que fue destinado a las necesidades de sus hijos conforme el art. 115 del Código de Familia abrogado, empero se aplican retroactivamente las normas de la Ley Nº 603 de manera ilegal.

En ese entendimiento, la pretensión del demandado es la división del saldo de Bs. 13.773,96 que contiene la cuenta Nº 126982-4014 y que la demandada debe rendir cuentas, en su caso restituir el 50% del monto total.

Por su parte, la demandada contesta mediante memorial de fs. 395 a 401, indicando que la referida cuenta no presenta mayor movimiento económico, sino que se debe a los depósitos que efectuaba la empresa Deliver John Snow Inc. donde era empleada y cuyos dineros fueron destinados a la manutención de sus hijos de su familia, gastos médicos, alimentarios, vivienda, mensualidades de la universidad de sus hijos por lo que no existe monto a dividir.

La sentencia de la A quo (fs. 571 a 582) con referencia a la pretensión de división y partición de la cuenta Nº 126982-4014 del Banco BISA, fundamenta que se realizaron distintos depósitos y retiros por distintos montos existiendo un saldo al 04 de septiembre de 2013 en la suma de Bs. 63.807,95 constituyéndose en dineros gananciales, tomando en consideración que la parte demandada no ha demostrado que dichos dineros fueran propios o tuviesen otro origen correspondiendo el 50% para cada uno de los cónyuges del saldo existente al 5 de septiembre de 2013, fecha en que se citó con la demanda de divorcio a la demandada.

En apelación, el Tribunal ad quem consideró que el depósito bancario de la indemnización de Bs. 86.750,77 (fs. 589) como fue depositado el 24 de julio de 2013 momento en que se encontraba aún vigente el vínculo matrimonial, que adquirió calidad de cosa juzgada el 10 de marzo de 2016 el proceso de divorcio, siendo que los beneficios sociales emergen del trabajo prestado por la apelante conforme lo dispuesto por el art. 188 inc. a) del Código de las Familias y el Proceso Familiar, dicho monto se considera como ganancial.

Con relación a la separación de hecho se ha desarrollado la doctrina aplicable en el punto III.1, donde se ha señalado que al quebrarse el deber de cohabitación en forma permanente (separación de hecho), ya sea por la voluntad de uno o ambos cónyuges, se puso fin a la comunidad de gananciales, entendiendo que los cónyuges ya no viven en un mismo domicilio conyugal, al cesar la cohabitación también cesan los deberes y derechos que preveían los arts. 97 y 98 del Código de Familia, concluyendo entonces que al no existir dichas obligaciones producto de la separación, también feneció toda relación entre ambos, en especial la de la comunidad de gananciales.

Al respecto en la presente demanda de división y partición de bienes gananciales, se interpuso en vigencia del Código de las Familias y del Proceso Familiar contando como antecedente la existencia de la demanda de divorcio al estar unidos los cónyuges por 21 años (desde 1989 hasta el 2010), tal cual se aprecia de la demanda como de la contestación de la demanda de divorcio (fs. 4 a 17 vta.) y de la sentencia que declara disuelto el vínculo matrimonial el 12 de enero de 2016 (fs. 21 a 22), empero no debe perderse de vista que la separación de hecho ocurrió desde el mes de noviembre de 2010 conforme alegó el propio actor en el memorial de demanda (fs. 4 a 6 vta.), por lo mismo se solicitó la procedencia del divorcio en la causal contenida en el art. 131 del Código de Familia vigente en el momento de inicio de la referida acción, habiéndose tomado estos antecedentes en la sentencia de divorcio de 12 de enero de 2016 (fs. 21 a 22).

En el presente caso, al tener establecido que la separación de hecho sucedió en el mes de noviembre de 2010, la responsabilidad mutua terminó, y al no continuar la convivencia en domicilio conyugal, tampoco la satisfacción de sus necesidades de manera común pervivió, entendiendo que el esfuerzo y sacrificio de ambos cónyuges ya no existió aun de estar unidos en matrimonio legalmente; convirtiéndose la separación de hecho en una de las causales que puso fin a la comunidad de gananciales, porque moralmente el esfuerzo individual, luego de la separación de hecho no puede ser parte de la comunidad de gananciales porque simple y llanamente ya no existió el esfuerzo común de los cónyuges, perdieron esa calidad de igualdad de condiciones.

Al constituirse la comunidad de gananciales en un esfuerzo común de ambos cónyuges que forman un patrimonio mutuo, moral y éticamente al separarse de hecho y estar comprobada dicha separación, los bienes adquiridos con esfuerzo individual por cada uno de los cónyuges después de la separación, no pueden formar parte de dicha sociedad conyugal, aún esté vigente el vínculo matrimonial, dichos bienes no pueden ser parte de la comunidad de gananciales porque no fueron adquiridos mediante un esfuerzo común y sacrificio que toda familia realiza para hacerse de bienes comunes.

Este aspecto tiene relevancia cuando se analiza la pretensión del demandante de la declaración de ganancialidad de los depósitos efectuados por ambos cónyuges en la cuenta Nº 1269824014 en el Banco BISA según la demanda- tenía un saldo de Bs. 13.773,96 sin embargo del extracto del mes de enero de 2017 de fs. 524 se cuenta con el saldo de Bs. 146,66. Máxime que como se ha explicado supra se ha dejado claramente establecido que la fecha de la separación de hecho data del mes de noviembre de 2010, momento a partir del cual ha cesado la comunidad ganancial, por lo que la pretensión del actor se extralimita al pretender dineros que ya no son considerados como bienes gananciales.

En consecuencia, se concluye que los depósitos efectuados por los cónyuges desde en el mes de diciembre de 2010, a la cuenta bancaria Nº 1269824014 en el Banco BISA no tienen la calidad de bienes gananciales sino son propios de cada uno de los esposos por separado. Por lo que el depósito de Bs. 86.750,77 (fs. 475) efectuado el 24 de julio de 2013 conforme a los fundamentos esgrimidos en líneas arriba se establece que no es un bien ganancial, por haberse depositado después del mes de diciembre de 2010.

En cuanto a la aplicación del art. 115 del Código de Familia abrogado es innecesario analizar por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Siendo evidente la equivocación en las decisiones asumidas por el A quo y el Ad quem, sobre la división y partición de los depósitos efectuados en el Banco BISA, dando la razón a la demandada en la vulneración del art. 393 incs. a) y c) de la Ley Nº 603, por lo que es pertinente modificar la determinación conforme al estado de cuentas existente al mes de diciembre de 2010, evidenciándose del extracto bancario del mes de diciembre de 2010 a fs. 439, que tiene un saldo de Bs. 509,75, éste monto total deberá procederse a la división del 50% para cada uno de los cónyuges.

2. Con referencia a la vulneración de los arts. 109, 112.I num. 2) y 120 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, debido a que la determinación de ganancialidad de los alquileres del bien inmueble de la Urbanización San Miguel a partir del 1 de agosto de 2015 hasta el 30 de julio de 2017 en adelante es una determinación ilegal e injusta, que fue rescindido en mayo de 2017. Además, dando cuenta que no hay nada que dividir del ingreso de alquiler debido a la existencia de confesión espontánea que realiza el demandante cuando manifiesta en su demanda que con el dinero del alquiler debía realizarse todos los gastos de manutención de su familia. En ese sentido el Tribunal Ad quem ha vulnerado los arts. 393 inc. a) y b) de la Ley Nº 603.

Corresponde señalar que la pretensión del demandante es la división y partición de la ganancialidad del pago de alquiler del bien inmueble de la zona Calacoto Urbanización San Miguel ubicada en la Calle Gabriel René Moreno Nº 1088 de la ciudad de La Paz. Asimismo, la demandada indica en su contestación a la demanda haber alquilado el bien inmueble desde el 1 de agosto de 2015 con vigencia hasta el 30 de julio de 2017, el precio del alquiler de $us. 1.400, y que los montos de dinero del cobro mensual se invirtieron en el pago de impuestos, IVA, transacciones además del pago de un departamento donde vive con sus tres hijos y otros gastos necesarios para su familia.

Constatada la propiedad del bien inmueble mediante el informe de la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz (fs. 183 y vta.), la esposa efectúa un contrato de arrendamiento (fs. 307 a 310), que tiene una duración de un año forzoso y un año voluntario, término que comienza a partir del 1 de agosto de 2015, con un canon de arrendamiento de $us. 1.400, según la confesión espontánea efectuada en su respuesta a la demanda donde admite haber efectuado el contrato de arrendamiento y la sentencia de la presente causa reconoce la ganancialidad de los alquileres divisibles al 50% de los alquileres generados en el monto que se cuantificará en ejecución de fallos desde la suscripción del contrato en adelante debiendo considerarse también el 21 de julio de 2017. Asimismo las obligaciones respecto a los hijos como las cargas de la comunidad ganancial se pagan con los bienes comunes conforme al art. 195 de la Ley Nº 603, corresponde deducir los gastos de los alquileres generados por el inmueble ganancial.

En ese contexto habiendo sido confirmada la sentencia por el Tribunal Ad quem no se advierte la vulneración a los arts. 109, 112.I num. 2) y 120 del Código de las Familias debido a que se ha declarado la ganancialidad del bien inmueble.

Asimismo, que los frutos civiles como las rentas por los alquileres se consideran a título de copropiedad debido a que a partir del mes de noviembre de 2010 se ha producido la separación de hecho entre los esposos a partir de esa fecha los bienes son propios de cada uno de los cónyuges.

Además tomando en cuenta que existe la confesión espontánea del demandante que señala en el apartado 3.3.1.2 de su demanda (fs. 216 vta. a 217) lo siguiente: “…frutos civiles no solo debían ser invertidos para el pago del préstamo, sino también para la asistencia familiar en favor de mis hijos y remanente ser entregado a favor de mi poderdante”. Es por ello que la Jueza de primera instancia ha decidido que el monto de dinero generado por alquileres del inmueble de la Urbanización San Miguel a partir del 1 de agosto de 2015 en adelante será cuantificado en ejecución de sentencia.

Por lo que, la decisión del Ad quem al confirmar la resolución del Juez de primera instancia ha obrado correctamente al haber declarado la división del 50% de los frutos generados por el bien inmueble calificado de ganancial y se deduzcan los gastos para las responsabilidades familiares y patrimoniales en ejecución de sentencia.

3. Con relación a que el Auto de Vista infringe el art. 393 inc. b) del Código de las Familias y el Proceso Familiar, al no considerar la confesión espontánea que realiza el demandante, cuando en su demanda manifiesta y reconoce de manera expresa la ganancialidad del vehículo marca Volkswagen Tipo Bora, cuya compra se ha realizado en vigencia del matrimonio, si bien estaba a nombre de su hijo, sin embargo el padre se quedó bajo la posesión del vehículo en la República de Chile. En ese entendido se debió declarar la ganancialidad del vehículo y por ende su división.

A respecto de los antecedentes del proceso se concluye que no se ha adjuntado prueba alguna de la existencia del vehículo marca Volkswagen tipo Bora no teniendo convicción para demostrar la adquisición del motorizado en la República de Chile, por lo que no merece mayor consideración al ser una obligación de parte que efectúa sus alegaciones conforme señala el art. 328.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

Además que de la revisión de los antecedentes no hubo confesión espontánea debido a que en su contestación a la reconvención Hugo Antonio García Medina por memorial de fs. 533 a 534 vta., señala que: “…respecto del automóvil Volkswagen Bora ese vehículo correspondió al hijo de ambos y fue quien dispuso el mismo siendo ese extremo de amplio conocimiento de la reconvencionista por lo que se rechaza el mismo”. Versión que no se ajusta a una confesión espontánea conforme señala el art. 339.I inc. b) de la Ley Nº 603, se trata de una alegación que no tiene respaldo de prueba para determinar el momento de la compra y el registro correspondiente del vehículo que es sujeto de inscripción en registros públicos. Asimismo, no existen otras pruebas que demuestren las aseveraciones vertidas por la demandada sobre los hechos mencionados para proceder a su división.

Por lo que, al haber confirmado el Tribunal Ad quem ha razonado coherentemente desestimando la pretensión de división del vehículo marca Volkswagen no teniendo sustento legal para acoger su agravio.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 401.I inc. d) de la Ley Nº 603.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 401.I inc. d) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, CASA en parte el Auto de Vista Nº 438/2018 de 4 de junio de fs. 612 a 613 vta., y deliberando en el fondo se revoca la declaratoria de ganancialidad de los dineros depositados en la cuenta Nº 126982-4014 del Banco BISA, disponiendo la división y partición del 50% para cada uno de los cónyuges del saldo de Bs. 509,75, conforme al extracto bancario del mes de diciembre de 2010 (fs. 439), al haberse consumado la separación de hecho desde el mes de noviembre de 2010. Sin costas, por la revocatoria parcial.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.