TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                    S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 330/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: PT-13-18-S

Partes: María Eugenia Díaz Heredia de Martínez, Roxana Ivanna Díaz Heredia de Martínez y Mery Ruth Díaz Heredia c/ Julio César Canaviri Barrancos y otra.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 482 a 489 de obrados, interpuesto por Julio César Canaviri Barrancos y Marylene Emiliana Jerez Vera contra el Auto de Vista N° 97/2018 de 20 de enero, cursante de fs. 470 a 476 vta., de obrados, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de usucapión decenal, seguido por María Eugenia Díaz Heredia de Martínez, Roxana Ivanna Díaz Heredia de Martínez y Mery Ruth Díaz Heredia contra los recurrentes, el Auto de Concesión de fecha 24 de agosto de 2018 cursante a fs. 504, Auto Supremo 927/2018 RA de fs. 510 a 511 y vta., en el que admitió el recurso los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Planteada la demanda de fs. 43 a 45 vta., de obrados en la que María Eugenia Díaz Heredia de Martínez, Roxana Ivanna Díaz Heredia de Martínez y Mery Ruth Díaz Heredia en proceso ordinario demandan usucapión decenal; en relación al inmueble sito en calle Lanza Nº 28 entre calle Chuquisaca y Nogales, zona central de la ciudad de Potosí con una superficie de 432,50 m2, dirigiendo su acción contra Julio César Canaviri Barrancos y Marylene Emiliana Jerez Vera, quienes una vez citados, responden negativamente por memorial de fs. 124 a 129 vta., presentando demanda reconvencional de reivindicación de inmueble; desarrollándose de esta manera la causa.

2. El Juez Público Segundo Civil Comercial de la ciudad de Potosí pronunció la Sentencia Nº 73/2016 de 13 de junio, cursante de fs. 412 a 419 vta., declarando IMPROBADA la demanda de fs. 43 a 45 vta., de obrados, no dando curso a la usucapión y declaró PROBADA la acción reconvencional de reivindicación de inmueble planteada por Julio César Canaviri Barrancos y Marylene Emiliana Jerez Vera.

3. La resolución de primera instancia que fue objeto de recurso de apelación formulado por Clotilde Heredia Mendivil, María Eugenia Díaz Heredia de Martínez, Roxana Ivanna Díaz Heredia y Mery Ruth Díaz Heredia (fs. 425 a 437 vta.), siendo resuelto por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que emitió el Auto de Vista N° 97/2018 de fecha 20 de enero, cursante de fs. 470 a 476 vta., REVOCANDO TOTALMENTE la Sentencia Nº 73/2016 de fecha 13 de junio y en su mérito declaró PROBADA la demanda de usucapión saliente de fs. 43 a 45 de obrados reconociendo como propietarias del bien inmueble materia de autos a las demandantes María Eugenia Díaz Heredia, Roxana Ivanna Díaz Heredia y Mery Ruth Díaz Heredia, e IMPROBADA la demanda reconvencional de reivindicación interpuesta por los demandados, en consecuencia sin lugar a la restitución del bien inmueble, sin imposición de costas. Fallo de segunda instancia que fundó su decisión en lo principal en los siguientes argumentos: a) Se probó en el curso del proceso que a raíz de un proceso de ejecución coactiva que siguió el Banco de Crédito de Bolivia, sucursal Potosí contra Roxana y María Eugenia, ambas Díaz Heredia (demandantes), se procedió al remate del bien inmueble objeto de la litis, bien de propiedad de las nombradas (coactivadas), de José y Mary Ruth también Díaz Heredia y Clotilde Heredia de Díaz, registrado en Derechos Reales bajo la partida 64, folio 30. Libro 1 de 24 de septiembre de 1997, bien que fue adjudicado en el 50% de su valor pericial por Julio César Canaviri, que participó en el remate por la amistad con uno de los demandantes de nombre José Díaz Heredia, relación comprobada en el proceso por propia confesión del demandado, b) Se tiene probado el derecho propietario que asistió a las demandantes, antes de procederse al remate del inmueble, en el que habitaron toda su vida, por lo que no corresponde hacer mayores especulaciones sobre la posesión, resaltando la misma con ánimo de dueñas de manea irrefutable y que por esa posesión a título propietario se dispuso el bien en garantía de una obligación económica, c) Que las demandantes no pueden ser detentadoras porque en ningún momento tuvieron la condición de inquilinas, anticresistas o usufructuarias de Julio Canaviri Barrancos y su esposa, tampoco tuvieron dependencia laboral con ellos, para que como a tales se les haya permitido la ocupación de aquel bien inmueble, d) No puede hablarse de un acto de tolerancia, cuando la totalidad del bien es dispuesto por la parte demandante y su familia, sin que exista mínimamente una condición por el demandado, quién no ingresó al inmueble por más de diez años, e) Por la prueba testifical que es uniforme, la prueba pericial, inspección judicial, se evidenció la existencia de construcciones, remodelaciones, mejoras o mantenimiento del bien, realizado por los demandantes, que no hubiesen sido efectuadas si no existiría el animus y el corpus de la posesión,  f) La intervención del demandado en el remate efectuado fue solamente para evitar  que el bien salga del patrimonio de la familia Díaz Heredia, y que el mismo luego de una adjudicación formal volvería nuevamente a titularidad de la familia indicada, con un acuerdo de voluntades que si bien no fue trasuntado de manera escrita, por las pruebas se colige que el demandado hizo un préstamo a las demandantes conforme consta en la documental de fs. 39 a 40; g) Que si existió algún acto del demandado como propietario en ejercicio de su derecho, tal como el pago de una póliza de seguro, éste no fue de conocimiento de las demandantes como para ser considerado como perturbador de la posesión, más aún si tal acto se ejerció después de la notificación con la demanda de usucapión.

4. El fallo de segunda instancia fue recurrido en casación por Julio Cesar Canaviri Barrancos y Marylene Emiliana Jerez Vera según memorial cursante de fs. 482 a 489 de obrados, recurso que fue admitido por Auto Supremo 927/2018 RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 510 a 511 vta., motivando así la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

De la revisión del recurso de casación de fs. 482 a 489, se observa que Julio César Canaviri Barrancos y Marylene Emiliana Jerez Vera, formulan recurso de casación en el fondo y en la forma, acusando:

En la forma.

Acusaron que el Auto de Vista violó la norma procesal que afecta al debido proceso en su vertiente de falta de motivación e incongruencia, ya que conforme el art. 265.I y el art. 218.I ambos del Código Procesal Civil, el Auto de Vista debe ser fundamentado y motivado además debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación, aspecto que no fue considerado por el Tribunal de alzada, ya que no analizó la sentencia, ni la mencionó en todo el contenido de su resolución, limitándose a emitir una nueva sentencia, algo que va más allá de su competencia.

Expresaron que la incongruencia también se hace presente respecto a los agravios del apelante, toda vez que el Auto de Vista se limita a referir que son ciertos los agravios acusados, sin especificar si es verdad o no que la sentencia interpreta y aplica mal el art, 90 del Código Civil, si la sentencia es contradictoria, si el inmueble estaba o no dividido, si la sentencia no valoró la prueba presentada por los demandantes.

Solicitó que el Auto de Vista sea anulado sin reposición.

En el fondo.

Error de hecho en la apreciación de la prueba, por parte del Tribunal de alzada, toda vez que manifestó que Julio Canaviri Barrancos era solo un palo blanco que compró el inmueble de forma nominal, basando esta conclusión solo en presunciones, especulaciones y aseveraciones del demandante, sin observar que esta conclusión esta contrarrestada con documentos auténticos que cursan en obrados, mismos que tienen pleno valor probatorio conforme los arts. 149 y 150 del Código Procesal Civil y art. 1289 del Código Civil.

Que de forma errada el Tribunal de alzada aplicó el principio de verdad material, para sostener la existencia de hechos no acreditados con ningún medio probatorio pero que emergen de la especulación del juez, por lo que se valoró la prueba de cargo contra la prueba de descargo de forma arbitraria esto bajo el pretexto de usar el principio de verdad material.

Manifestaron que el Auto de Vista aplicó indebidamente el art. 89 del Código Civil, siendo que no tomó en cuenta que las demandantes perdieron posesión y se convirtieron en detentadoras, para que proceda la usucapión tenían que cambiar su título de detentadoras a poseedoras aspecto que no ocurrió en el presente proceso.

Petitorio.

De esta manera, solicitan la emisión de un auto supremo que case el auto de vista y confirme la sentencia

De la respuesta al recurso de casación.

Notificadas las demandantes con el decreto de traslado de fs. 489 vta., responden mediante memorial de fs. 491 a fs. 503, manifestando en lo principal:

En cuanto al recurso de casación en la forma, refieren que el Auto de Vista es producto de la revisión de la sentencia y los agravios denunciados en el recurso de apelación, que en ningún caso la actuación del Tribunal de alzada puede considerarse un exceso, pues, la ley faculta al Ad quem a pronunciar fallos confirmando, revocando total o parcialmente o anulando obrados, estando sus facultades plenamente establecidas en el art. 265 del Código Procesal Civil, sin ser evidentes las transgresiones denunciadas por los recurrentes, al existir una debida congruencia y motivación en la resolución ahora recurrida.

En relación al recurso de casación en el fondo, sostienen que el fundamento resulta redundante con el esgrimido para el recurso de casación en la forma, que los recurrentes en lugar de cumplir con la especificación de agravios, efectúan injurias contra los vocales suscriptores del Auto de Vista, en total incumplimiento a los requisitos del recurso de casación previstos en el art. 274 del Código Procesal Civil. Citó a tal efecto como jurisprudencia el Auto Supremo Nº 382/2012 que estableció que cuando se trate del recurso de casación en el fondo resulta inexcusable el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, trasuntados ahora en el art. 274 del Código Procesal Civil, pues, el objetivo de este recurso es lograr que el Tribunal de Casación emita nueva resolución con base a una correcta interpretación o aplicación de la ley sustantiva o eliminado el error de hecho o derecho en la valoración de la prueba y resuelva el fondo del litigio.

Petitorio. 

Solicitaron que ante la falta de cumplimiento de los requisitos se declare improcedente el recurso y en caso de ser admitido se declare infundado por no existir violación de ley o leyes acusadas en el recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO

III.1. De la usucapión decenal o extraordinaria.

Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la usucapión decenal o extraordinaria y los requisitos que hacen procedente esta acción, emitió una vasta jurisprudencia, correspondiendo en ese sentido, citar entre otros, al Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “(… ) el art. 110 del CC., de manera general refiere: “ la Propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión (…)”, asimismo en cuanto al tema de la usucapión el art. 138 del mismo cuerpo Sustantivo Civil refiere: “ La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillen, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado”.

De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa  "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa. De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “(…) la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”. A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad.”

Del entendimiento establecido en el Auto Supremo citado supra,  se tiene que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posesión,  que según lo expuesto en el art. 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; de igual forma corresponde señalar que los actos de tolerancia no  sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del CC.), pues se entiende que en ambos casos, es decir detentador y tolerado, existe ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica porque debe ser ejercida sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien sin ocultar a quien tiene derecho a él. Reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 87 del Código Civil.

III.2. De la congruencia en las resoluciones.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto,  no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.

III.3. De los actos de tolerancia.

El Auto Supremo Nº 394/2016 de 19 de abril, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia entere otros, respecto a los actos de tolerancia y la tenencia orientó; “Respecto a lo que debe entenderse como actos de simple tolerancia, el Autor Guillermo A. Borda en su obra titulada “Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales” Tomo I, sexta edición, señaló que: “Es necesario distinguir los actos posesorios propiamente dichos y los llamados actos de simple tolerancia. Se denominan así los realizados sobre un inmueble por un tercero que el propietario o poseedor permite por razones de tolerancia, amistad o buena vecindad, pero que él puede hacer cesar cuando le plazca (105) …”.

De igual forma, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 506/2013 respecto a lo que debe entenderse por tolerancia ha orientado en sentido que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, por tolerancia se entiende como la acción de tolerar, y a este último término como “permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente”.

Sobre este punto, el Código Civil en su art. 90, establece que: “Los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión”, lo que nos da a entender que los actos de tolerancia para la tenencia de cierto bien, no llega a constituirse como posesión propiamente dicha.

Sin embargo, si bien resulta evidente que un acto de tolerancia no constituye posesión y por ende tampoco puede generar que quien se encuentra en calidad de tolerado adquiera el bien inmueble en razón a la prescripción adquisitiva o usucapión; empero, corresponde precisar que, conforme a la cita doctrinaria expuesta supra, esta autorización o consentimiento que otorga ya sea el propietario o poseedor, para que un tercero realice actos sobre la cosa, debe necesariamente ser demostrado, pues el presumir que por vínculos de amistad o familiaridad entre el tercero y el propietario, se constituya como una razón para que no prospere la usucapión extraordinaria, resulta ser una apreciación subjetiva, que requiere ser respaldada con otros medios probatorios, puesto que se constituye en una presunción judicial, consiguientemente quien refiera que un tercero se encuentra en calidad de tolerado en un inmueble de su propiedad, debe demostrar que este dio su consentimiento para que este tercero realice actos sobre el mismo, máxime si el art. 88 del Sustantivo Civil, establece que se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder de la cosa.

En ese entendido este Tribunal Supremo de Justicia al establecer en el Auto Supremo Nº 567/2014 de fecha 9 de octubre, que no existe óbice para que opere la usucapión entre coherederos, quienes por deducción lógica resultan tener vínculos de familiaridad. Por otro lado, respecto a la detentación o tenencia, la doctrina la define en los siguientes términos: “Cuando alguno por sí o por otro se hallase en la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre alguna cosa, pero sólo con la intensión de poseer en nombre de otro, será también simple tenedor de la cosa”, también se indica que el tenedor reconoce el dominio en otra persona, porque carece de ánimus domini, de modo que no está legitimado para ejercer actos que sólo le competen al dueño de la cosa.

En ese entendido la tenencia o la detentación se distingue de la precariedad, Néstor Jorge Musto indica que “…la tenencia puede ser precaria o no serlo.” la tenencia puede tener su origen en un contrato que otorgue un derecho personal con estabilidad en el tiempo, la precariedad en cambio implica precisamente la inestabilidad, o posibilidad de revocación unilateral en base a la voluntad de quien ha concedido o tolerado la tenencia o detentación.

Por lo dicho la detentación o tenencia se inicia en virtud de un título que por su naturaleza es apto para autorizar el ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa; pero que, al mismo tiempo, impone el deber de restituirla a una persona determinada "nominatim" a quien, por lo tanto, se le reconoce implícita o explícitamente "mejor derecho". El título puede ser de diversa naturaleza: depósito, arrendamiento, anticresis, usufructo, etc”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con el propósito de resolver el recurso en análisis, dentro del marco establecido por la resolución recurrida, los fundamentos del recurso resumidos supra más la doctrina legal establecida para el presente caso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones de orden legal. 

En principio, debe decirse que conforme a  la doctrina legal aplicable, se tiene que para efectos de la usucapión debe tomarse como base el inicio de la posesión en sus elementos del corpus y animus, mientras no exista uno de ellos no puede considerarse posesión propiamente dicha, por lo que es necesario considerar cual el inició de la ocupación del usucapiente sobre el bien que se pretende usucapir, que puede ser posesión o puede ser detentación, esta última no permite al demandante a considerar que se hubiese generado la posesión, pues la detentación, es entendida como el poder de hecho sobre una cosa (bien) sin la voluntad externa de actuar como titular del derecho, esta figura de la detentación es la que excluye el elemento del “animus” de la posesión, y la asignación de este elemento diferencia la posesión de la detentación.

Hecha la puntualización anterior, se ingresa a resolver el recurso de casación en la forma. Los demandados, acusaron que el Auto de Vista es carente de motivación e incongruencia, transgresor del art. 265.I y el art. 218.I ambos del Código Procesal Civil, por no haberse circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación, a más que el hecho de haber pronunciado una nueva resolución es algo que va más allá de su competencia.

Al respecto se tiene que, efectivamente, en mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia.”

De lo anterior, se concluye entonces que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; “extra petita”, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante “citra petita”. “infra petita”, cuando el Auto de Vista no se pronunció sobre todos los puntos de la apelación. En suma todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación; caso contrario estas omisiones y defectos del Auto de Vista infringen el debido proceso.

En autos, ante la denuncia de los demandados, hoy recurrentes, este Tribunal, debe analizar si evidentemente, hubo o no respuesta a los reclamos de los demandantes plasmados en el recurso de apelación de fs. 425 a 437 vta., de cuya revisión, contrastada con el fundamento del Auto de Vista ahora recurrido, se evidencia no ser cierta la acusación de los recurrentes, habida cuenta que la resolución de segundo grado procedió a un exhaustivo análisis no sólo de la sentencia sino de los antecedentes del proceso, respondiendo a cada uno de los puntos que hacen al recurso de apelación, concluyendo de los datos del cuaderno procesal, que la decisión a ser tomada debía ser la de revocar totalmente la sentencia apelada, forma de resolución prevista en el art. 218.II.3 del Código Procesal Civil,  a más de evidenciar que la sentencia no guardaba relación con los datos del proceso, motivo por el cual, con la permisión contenida en el numeral III del artículo antes citado, procedió a fallar en el fondo, disposición legal que de manera expresa prevé “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”,  por lo que, el fallo de segunda instancia en su forma de resolución, cuando ingresa a resolver el fondo del asunto,  no resulta un exceso del Tribunal de Alzada conforme indicaron los recurrentes. En suma el Auto de Vista cumple con el debido proceso, si se considera que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En relación a la denuncia en sentido que la incongruencia se hace patente respecto de los agravios del apelante, toda vez que el Auto de Vista se limita a referir que son ciertos los agravios acusados, en una mala aplicación del art. 90 del Código Civil, corresponde decir que a los demandados no les corresponde reclamar este extremo, aun si fuese evidente esta transgresión, es la parte afectada con la decisión (los apelantes), quienes deberían realizar el reclamo del fallo y no así los recurrentes.

En el fondo.

El reclamo de los recurrentes se concentra en tres aspectos fundamentales como son: a) Error de hecho en la apreciación de la prueba, toda vez que manifestó que Julio Canaviri Barrancos era solo un “palo blanco” que compró el inmueble de forma nominal, b) Aplicación errónea del principio de verdad material, y mala valoración de la prueba para sostener la existencia de hechos no acreditados con ningún medio probatorio pero que emergen de la especulación del juez c) Aplicación indebida del art. 89 del Código  Civil, siendo que no tomó en cuenta que las demandantes perdieron posesión y se convirtieron en detentadoras.

Así planteado en recurso de casación en el fondo, debiendo responder a cada una de las transgresiones en las que, a juicio de los recurrentes, hubiere incurrido el juez Ad quem, en primer término debe tenerse presente que los demandantes formulan su demanda indicando que por más de cincuenta (50) años, se encuentran en posesión del inmueble sito en calle Lanza Nº 28, zona central de la ciudad de Potosí, inmueble adquirido por sucesión hereditaria de los abuelos a sus padres y de estos a los demandantes, tan evidente es que siempre estuvieron en posesión del inmueble en calidad de propietarios que otorgaron el bien inmueble en calidad de garantía hipotecaria por un crédito obtenido el Banco de Crédito de Bolivia S.A., agencia Potosí, institución que ante el incumplimiento del pago, procedió a embargar y rematar aquel inmueble, oportunidad en la que, las demandantes a fin de no perder el acervo hereditario obtuvieron del demandado Julio César Canaviri Barrancos un préstamo de $us 12.444 bajo dos condiciones, una, que debería cancelarse parte del crédito con un lote del terreno de propiedad de una de las demandantes y que entraría como postor al remate, para que, una vez adjudicado el inmueble, inscrita la transferencia en Derechos Reales y se cancele el resto del préstamo, se procedería a “devolverles” el inmueble, firmando la transferencia a su favor, extremo que jamás ocurrió, negándose a cumplir con lo pactado, por lo que demandan la usucapión del inmueble.

Contrariando los fundamentos de la demanda, Julio César Canaviri Barrancos, indicó que él, se constituye en legítimo propietario del bien inmueble objeto de litis, al haber adquirido la titularidad del mismo en subasta pública, que simplemente consintió que las demandantes permanecieran en el inmueble como un “acto de tolerancia”, por lo que, negando los extremos de la demanda, plantea acción de reivindicación con la intención de recobrar la titularidad de aquel inmueble.

Ahora bien, así planteada la demanda, respuesta y reconvención, el Tribunal de alzada,  precisamente con la facultad prevista en el art. 265 del Código Procesal Civil, revocó totalmente la decisión del juez A quo, evidenciando que, efectivamente, conforme la documental de fs. 28 a 35, el recurrente se adjudicó en subasta pública el inmueble objeto de litis, a raíz de que el Banco de Crédito S.A. regional Potosí, siguió contra las demandantes un proceso de ejecución coactiva que concluyó con la subasta del inmueble de su propiedad,  hecho que importa que el demandado inscriba esa titularidad en Derechos Reales el 29 de diciembre de 2004 cursante en fs. 16, siendo importante considerar que el inmueble rematado constituía propiedad de las demandantes, quienes otorgaron el mismo como garantía hipotecaria del crédito bancario.

Resulta importante destacar que el Tribunal de alzada, evidenció conforme a la confesión del propio demandado (recurrente), que este participó como postor en la subasta pública por mantener relación de amistad con uno de los co-demandados, así se evidencia cuando Julio César Canaviri Barrancos en su confesión expresó: “(…) Se adjudicó judicialmente el inmueble a pedido del señor José Díaz y bajo el compromiso de proceder a la reventa del inmueble a favor de José Díaz y sus hermanas (…)”, manifestando más adelante ser cierto que las demandantes ocupan el inmueble por más de diez años (fs. 399). Así mismo el Tribunal Ad quem concluyó que después de la fecha de la subasta pública las demandantes continuaron viviendo en el inmueble, desechando la condición de detentadoras, pues en ningún momento las demandantes tuvieron la calidad de inquilinas, anticresistas o usufructuarias del demandado, o que hubiesen tenido relación de dependencia laboral, menos se comprobó en el devenir del proceso que Julio César Canaviri Barrancos permitió a las actoras vivir y habitar en el inmueble materia de autos como un acto de tolerancia.

Resulta también relevante el hecho que el demandado, desde el momento de la subasta pública, hasta la fecha de iniciación del presente proceso, jamás ocupó el inmueble, quienes siempre ejercitaron actos de dominio fueron los demandantes, así se evidenció de las declaraciones testificales uniformes y contestes (fs. 268 a 273), así como del informe pericial que acredita la existencia de construcciones nuevas dentro del inmueble y de otras de data antigua (fs. 279 a 290), mientras que no existen actos de dominio ejercitados por el demandado, que puedan ser considerados como idóneos para interrumpir la posesión.

Por otra parte, cursa en obrados la documental de fs. 39 y 40, que acredita que los demandantes cancelaron al demandado ciertas sumas de dinero, haciendo alusión a que estos dineros guardan relación precisamente con la subasta del inmueble materia de autos.

De lo anterior, se concluye entonces,  que el Tribunal de alzada, cuando declara probada la demanda de usucapión realiza una correcta valoración de la prueba, a través de la cual evidenció ser ciertos los extremos de la demanda, contrariamente a lo afirmado por el recurrente que denunció error de hecho en la apreciación de la prueba,  aplicación errónea del principio de verdad material, y mala valoración de la prueba, fallo que responde a hechos totalmente probados y no a especulaciones del Ad quem

En cuanto a la aplicación indebida del art. 89 de Código Civil, es necesario expresar que esta normativa señala: “(Como se transforma la detentación en posesión) Quién comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quién detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal”, precepto legal que para su aplicación supone primero la presencia de un detentador cuyo título para adquirir la posesión debe ser cambiado por causa de un tercero o por causa propia (oposición) y que, no puede ser apropiado en la litis, habida cuenta que se tiene comprobada la condición de “propietarios” de los demandantes que nunca fueron detentadores del bien conforme se tiene explicado, resultando entonces también ser falsa la denuncia del recurrente en este punto del recurso.

Ahora bien, considerando la naturaleza de la acción demandada como es la usucapión decenal o extraordinaria, que se constituye un modo de adquirir la propiedad según previsión del art. 110 del Código Civil y, conforme se señaló en el apartado III.1 de la presente resolución, la usucapión decenal o extraordinaria, prevista en el art. 138 del Código Civil, supone como requisito para su procedencia únicamente la posesión continuada durante diez años, siendo por tanto el elemento esencial la posesión, sin la presencia de la posesión no puede si quiera hablarse de la posibilidad de usucapir determinado bien, ahora bien, establecido que para la usucapión decenal o extraordinaria es un requisito indispensable la posesión continuada y a efecto de evidenciar si en la especie existió esta posesión, es necesario referir qué debe entenderse por “posesión”,  siendo el art. 87. I del Adjetivo Civil quien nos ilustra al respecto señalando que: “La posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real”, para continuar en el punto II señalando que esta posesión puede ser ejercida por sí mismo o por medio de otra persona que se constituye en detentador de la cosa, debiendo confluir en la posesión dos elementos indispensables conocidos doctrinalmente como el corpus y el animus, el primero es el elemento material y el segundo trasuntado en la “intención” o elemento subjetivo de la posesión, siendo este el elemento principal que permite establecer la distinción con la simple detentación en la que si bien existe el dominio físico sobre la cosa, no existe la “voluntad” de comportarse como propietario de la misma.

En autos, ha quedado establecido que los demandantes además de haber poseído el inmueble por décadas (el inmueble fue transmitido por sucesión hereditaria), ejercieron actos que denotaban el ejercicio de su derecho propietario, por lo que mal puede decirse que fueron simples detentadores del inmueble materia de autos, como pretenden hacer ver los recurrentes para señalar que existió en alzada una aplicación indebida del art. 89 del Código Civil, denuncia que tampoco resulta evidente, máxime si se tiene en cuenta conforme se estableció en la doctrina legal que se entiende como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes adquieren la condición de “transitorios” condición en la que ejercen posesión para el propietario, características exentas de los demandantes.

En la litis, el Tribunal de alzada en base en la prueba ofrecida y producida por las partes determinó como ciertos los extremos de la demanda por lo que, en estricta aplicación de la ley revocó la resolución inferior al ser ciertos los agravios expresados por los demandantes e el recurso de apelación.

En suma, por la fundamentación de la presente resolución se concluye que no son ciertas las denuncias del recurso de casación, correspondiendo emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 y lo dispuesto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 482 a 489 de obrados, interpuesto por Julio César Canaviri Barrancos y Marylene Emiliana Jerez Vera contra el Auto de Vista N° 97/2018 de 20 de enero, cursante de fs. 470 a 476 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

Con costas y costos a los recurrentes.

Se regula honorarios del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.