TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                     S A L A C I V I L


Auto Supremo: 329/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: SC-126-18-S

Partes: Juliana Cabrera Tirado c/ Hilarión Ayala Alanoka y Mariano Castro

            Flores.  

Proceso: Anulabilidad de transferencia.

Distrito: Santa Cruz. 


VISTOS: Los recursos de casación planteados por Hilarión Ayala Alanoka y Mariano Castro Flores cursante de fs. 186 a 188 y fs. 190 a 191 respectivamente, impugnando el Auto de Vista Nº 203 de 26 de junio de 2018, pronunciado por la Sala Civil, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 181 a 183, en el proceso de anulabilidad de transferencias, seguido por Juliana Cabrera Tirado contra los recurrentes; contestación de fs. 195 a 196; Auto de concesión de fs.197, Auto Supremo de admisión Nº 900/2018-RA de 11 de septiembre de fs. 204 a 205 vta., y todo lo inherente;


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1. Juliana Cabrera Tirado planteó demanda ordinaria de anulabilidad de transferencia contra Hilarión Ayala Alanoka y Mariano Castro Flores, (fs. 13 vta., subsanada a fs. 16 vta.), ante lo cual el demandado excepcionó por incompetencia y contestó negativamente (fs. 28 a 29 vta.), posteriormente mediante memorial de fs. 79 a 80 vta., también el otro codemandado contestó de forma negativa la demanda  y excepcionó por prescripción, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 7 de febrero de 2017, el Juez Público Familiar Cuarto de la ciudad de Santa Cruz, dictó sentencia declarando: PROBADA la demanda y dispuso la anulabilidad del contrato de transferencia en documento privado de 14 de julio de 2012, ordenó la cancelación del registro de la referida transferencia en las oficinas de Tránsito y la Alcaldía Municipal a nombre de Mariano Castro Flores, quedando registrado el vehículo a nombre de quien se encontraba anteriormente es decir a nombre de Hilarión Ayala Alanoka y además a nombre de la demandante Juliana Cabrera Tirado.

3. Apelada la sentencia por los demandados (fs. 159 a 161 vta. y  fs. 164 a 165 vta.), el 26 de junio de 2018, la Sala Civil, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 203 (fs. 181 a 183), que resolvió CONFIRMAR TOTALMENTE LA SENTENCIA, bajo el fundamento que el inmueble fue transferido sin el consentimiento expreso de la actora, porque no suscribió la transferencia descrita en el documento de fs. 10, asimismo, tampoco el demandado demostró a lo largo del proceso que el consentimiento de la demandante hubiera sido tácito.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Conforme lo expuesto de los recursos de casación interpuestos tanto por Hilarión Ayala Alanoka y por Mariano castro Flores, se extractan los siguientes reclamos:


Recurso de casación de Hilarión Ayala Alanoka.

Recurso de forma.

Reclamó la existencia de error en la aplicación de la norma procesal al establecer  que  el recurso de reposición habría sido erróneamente interpuesto, apartándose de lo establecido en el art. 368 de la Ley Nº 603


Recurso de fondo.

1. Acusó que el auto que estableció que el vehículo era un bien ganancial estaría apartado de la realidad que solo probó que existía un proceso pendiente por lo que nunca debió interponerse, ni admitirse la demanda de anulabilidad.

2.  Se quejó que en los puntos de hecho a probar el juez no estableció demostrar que el bien fue comprado con sus propios recursos y que lo dio por intrínseco en el punto referido a la ganancialidad del referido bien, perjudicándole a probar específicamente ello.

3. Reclamó que la sentencia incumplió el art. 361 de la Ley Nº 603, complementada con el auto de fs. 156, con el que jamás habría sido notificado, causándole así indefensión.

4. Denunció que documental aparejada de fs. 32, 33, 106 y 107, fueron presentadas extemporáneamente, admitida ilegalmente por el Auto de Vista, utilizándola como sustento y fundamento legal.

5. Respecto a que el demandado no habría probado el consentimiento tácito de su ex cónyuge en la transferencia, refirió que no fue un punto de hecho a probar; sin embargo, expuso que existió tal consentimiento tácito porque la demandante nunca reclamó tales extremos.

6. Consideró la sentencia y el auto de vista como incongruentes y desmotivados, porque no se demostró con prueba documental, ni testifical,  la existencia de la falta de consentimiento de la demandante, solo se basaron en el propio documento del cual se busca la nulidad.


Petición.

Solicitó anular el proceso, ordenando la reposición por otro Tribunal.


Recurso de casación de Mariano Castro Flores.

De fondo.

1. Denunció  que la demandante no demostró que el vehículo fuera ganancial, tampoco que no habría consentido la transferencia. Refirió que si bien no se demostró el consentimiento tácito de la demandante, pero ella tampoco habría demostrado su no consentimiento

2. Expresó que no se realizó una adecuada valoración de la prueba del proceso puesto que un simple certificado de matrimonio no puede establecer la ganancialidad de bienes, puesto que no todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales.


Petitorio

Concluyó solicitando, anular el auto de vista de 26 de junio 2018 y la sentencia de 7 de febrero de 2017.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

La demandante respecto a los dos recursos interpuestos refirió que ambos recurrentes buscan confundir y dilatar aún más el proceso pretendiendo hacer caer en error a través de alegatos que no se encuentran dentro del objeto del proceso.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE


III.1. De la anulabilidad del contrato

Sobre el particular podemos citar el Auto Supremo  540/2017 de fecha 17 de mayo que haciendo hincapié en un caso análogo ha señalado: “Por otra parte en cuanto a la protección del derecho ganancial del cónyuge que no otorgó su consentimiento en la transferencia de un bien ganancial, en el Auto Supremo Nº 1176/2015 de 28 de Diciembre, se ha orientado que: “…el recurrente en apelación y posteriormente en casación pretende sustentar su acción en el art. 116 del C.F., sin embargo la anulabilidad de la transferencia dispuesta en el 50% en resguardo del derecho ganancial de Edwin Valdivia Méndez, no puede afectar la transferencia realizada por Dulía Hinojosa Guardia (esposa), máxime si esta última persona se ratificó posteriormente en dicha transferencia a favor de Ángel Guzmán Camacho mediante reconocimiento de firmas y rúbricas (fs. 10) dando a dicho contrato la eficacia establecida en el art. 1313 del C.C., en relación a la transferencia realizada sobre el 50% del bien inmueble que le correspondía a Dulia Hinojosa (+); pues en el caso de Autos el demandante no ha probado que la falta de consentimiento que arguye haya afectado la transferencia dispuesta por parte de Dulia Hinojosa o que dicha venta afecte su derecho ganancial (50%) en relación al bien inmueble en cuestión, pues si bien el art. 116 del Código de Familia, confiere la acción de la anulabilidad, a fin de invalidar los actos de disposición o de imposición de derechos reales de uno de los cónyuges respecto de los bienes comunes, celebrados sin el consentimiento del otro cónyuge; sin embargo en el caso presente no se ha probado la causal de Anulabilidad que haga procedente la opción de anular la transferencia realizada por parte de la cónyuge del actor, toda vez que como se expuso supra el consentimiento de Dulia Hinojosa Guardia fue expresado y ratificado por la misma (art. 1313 del C.C.), y tomando en cuenta que la base fáctica y probatoria en el proceso es la falta de consentimiento del actor en dicha transferencia realizada por su esposa (+) no resulta lógico pretender anular la transferencia realizada por la misma, toda vez que con la decisión de los jueces de instancia se ha resguardado el derecho ganancial del actor sobre el bien inmueble en cuestión.

Resultando en consecuencia correcto el razonamiento vertido por el Tribunal de Alzada quienes orientaron su razonamiento en lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 450/2012 que en relación a la aplicación del art. 548 del C.C., señaló: “…que en los contratos plurilaterales con prestaciones comunes, la nulidad o la anulación del vínculo que afecta a una de las partes no importa la nulidad o anulación del contrato, a menos que su participación se considere esencial de acuerdo a las circunstancias; norma legal que es aplicable al presente caso para determinar la nulidad parcial del documento que es objeto de litis…”.


III.2. Sobre el principio de la comunidad y valoración de la prueba.

De la vasta jurisprudencia referencial se tiene el Auto Supremo 501/2017 de 15 de mayo: “…José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC y 134, 136 y 145 del Código de Procesal Civil…”   


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Recurso de casación de Hilarión Ayala Alanoka.

Recurso de forma.

1. Reclamó la existencia de error en la aplicación de la norma procesal al establecer  que  el recurso de reposición habría sido erróneamente interpuesto, apartándose de lo establecido en el art. 368 de la Ley Nº 603.

De la revisión de obrados se tiene que a consecuencia de Auto interlocutorio dictado en audiencia preliminar de 18 de octubre de 2017 (fs. 100 a 101 vta.), que rechazó las excepciones propuestas por los demandados, así el demandado Hilarión Ayala Alanoka formuló por escrito y al día siguiente de la audiencia, recurso de reposición con alternativa de apelación, sin embargo, el mismo está resolviendo excepciones previas, que de acuerdo al art. 369.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar,  que establece que el recurso de reposición deberá ser interpuesto en la misma audiencia  para ser resuelto de inmediato, de hacerlo posteriormente como fue el caso, sólo admite recurso de apelación en el efecto diferido.

Bajo la misma mirada el Auto de Vista recurrido a fs. 182, dio respuesta a este punto: “En ese sentido, de acuerdo al art. 367 num.2) del Código procesal Civil, las resoluciones que resolvieran excepciones previas admitirán recurso de apelación en el efecto diferido, lo cual es concordante con el art. 378-II del Código de las familias y del Proceso Familiar. Es así que en el caso que se examina, una vez que el juez resolvió declarar improbadas las excepciones de proceso pendiente e incompetencia, el demandado por escrito de fs. 102 vta. Dedujo de manera errónea Recurso de Reposición bajo alternativa de Apelación por cuanto contra dicha determinación únicamente procedía la apelación de manera directa”.

Con base a lo esgrimido, se tiene que dicho agravio ya fue respondido correctamente por el Auto de Vista, por lo que sus reclamos al respecto son vanos y sin fundamento.

2.  Se quejó que en los puntos de hecho a probar el juez no estableció demostrar que el bien fue comprado con sus propios recursos y que lo dio por intrínseco en el punto referido a la ganancialidad del referido bien, perjudicándole a probar específicamente ello.

Al respecto correspondía al demandado establecer si los puntos establecidos por el juez en la audiencia eran los convenientes y reclamar en ese momento procesal sobre este punto, al no hacerlo convalidó y no corresponde tal reclamo en esta instancia del proceso. 

3. Reclamó que la sentencia incumplió el art. 361 de la Ley Nº 603, complementada con el auto de fs. 156, con el que jamás habría sido notificado, causándole así indefensión.

Al respecto y de la revisión del proceso a fs. 168, se establece que se notificó con el referido Auto y otro actuado adicional, en ese sentido su reclamo es impertinente.


Recurso de fondo.

1. Acusó que el auto que estableció al vehículo como ganancial estaría apartado de la realidad que solo probó que existía un proceso pendiente por lo que nunca debió interponerse ni admitirse la demanda de anulabilidad.

Respecto a este punto en la audiencia preliminar de fs. 100 a 101 vta., se estableció que en este proceso interviene una tercera persona distinta que en el proceso de divorcio y división de bienes gananciales, por ello tratándose de un proceso de anulabilidad de transferencia en el que interviene otro sujeto procesal adicional, la vía ordinaria es la más pertinente, en ese sentido se resolvió la excepción de proceso pendiente como improbada, estableciendo que es la vía familiar la que finalmente definirá la calidad del bien.

2. Denunció que documental aparejada de fs. 32, 33, 106 y 107, presentada extemporáneamente, fue admitida ilegalmente por el Auto de Vista, utilizándola como sustento y fundamento legal.

De la revisión en obrados se tiene que de fs. 32 a 33 cursa documental relativa a la resolución judicial de determinación de bienes gananciales certificada a fs. 31 por el secretario abogado del Juzgado Público de Familia Nº 6 con los sellos correspondientes.  En cuanto a la documental referida a fs. 106 y 107vta., relativa a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de apelación que impugna la determinación de bienes gananciales, presentada por la demandante en el proceso y acumulada a los antecedentes, se establece que el demandado no objetó ni reclamó nada dentro del proceso y en el debido momento, porque en obrados se observa que el recurrente se limitó a proponer su prueba (fs.112 y 113), por lo tanto esta su queja en esta etapa del proceso es inoportuna e irrelevante.

3. Con relación a que el demandado no habría probado el consentimiento tácito de su ex cónyuge en la transferencia, refirió que no fue un punto de hecho a probar; sin embargo a su criterio existiría tal consentimiento tácito porque la demandante nunca reclamó tales extremos.

Al respecto corresponde señalar que el demandado debió probar tal situación, más allá de que el Juez hubiera especificado o no tal punto de probanza, puesto que el argumento y prueba de no existir la firma, ni anuencia de la cónyuge en la transferencia, son la prueba evidente de la no manifestación del consentimiento de la misma, ante lo cual y a contrario sensu correspondía a la contraparte probar el argumento contrapuesto y no referir simples expresiones, tal afirmación del recurrente respecto a que habría existido consentimiento tácito tampoco es viable en cuanto a su argumentación en esta fase del proceso.

4. Consideró la sentencia y el auto de vista como incongruentes y desmotivados, porque no se demostró con prueba documental, ni testifical,  la existencia de la falta de consentimiento de la demandante, solo se basaron en el propio documento del cual se busca la nulidad.

Corresponde previamente realizar un análisis de la normativa, así el art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, establece que la comunidad se constituye desde el momento de la unión conyugal es decir desde el día de la celebración del matrimonio civil, el art. 190 del citado Código, presume la comunidad de gananciales, el art. 192 de la señalada Ley Nº 603 respecto a la disposición de los bienes comunes expresa que es indispensable el consentimiento expreso de ambos cónyuges, en ese marco normativo el documento de matrimonio de fs. 1 y los de fs. 9 a 10 de transferencia del vehículo modelo 1980, evidencian que la demandante en calidad de cónyuge no firmó tal transferencia, vulnerando lo estipulado en el art. 192 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, por tanto se puede apreciar que la valoración realizada fue en función a la documental aparejada en el momento oportuno en relación a la normativa establecida para tal efecto. (Las negrillas son nuestras)

Así de la revisión al Auto de Vista a fs. 182 vta., estableció que de la revisión documental se demostró que el bien inmueble fue transferido sin el consentimiento expreso de la demandante, y tampoco el demandado demostró que el consentimiento de su ex cónyuge hubiera sido tácito, ello porque también le correspondía  la carga de la prueba, para demostrar y afirmar tales argumentos.

Con base a ello se concluye que su reclamo es infundado.


Recurso de casación de Mariano Castro Flores.

De fondo.

1. Denunció que la demandante no demostró que el vehículo fuera ganancial, tampoco que no habría consentido la transferencia. Refirió que si bien no se demostró el consentimiento tácito de la demandante, pero ella tampoco habría demostrado su no consentimiento.

En relación a ello corresponde señalar, que por documental aparejada al proceso la demandante demostró su pretensión; en tanto que el reclamo traído por el recurrente a esta fase, debió ser desde un principio afirmado como carga de su prueba y debió ser incorporada por la parte demandada para crear pleno convencimiento en el juzgador, al no haberlo hecho, resulta irónico tal reclamo.

2. Expresó que no se realizó una adecuada valoración de la prueba del proceso puesto que un simple certificado de matrimonio no puede establecer la ganancialidad de bienes, puesto que no todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales.

Al respecto y si bien dentro del matrimonio en ciertos casos pueden adquirirse bienes propios y bienes comunes, la determinación de los mismos está establecida en la norma familiar, de acuerdo al art. 190 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, así se tiene que la comunidad de gananciales se presume salvo prueba de contrario.

En el caso de autos, la parte demandante adjuntó prueba para sustentar su pretensión, en tanto que la parte demandada careció de prueba  y sustento de sus argumentaciones; por lo tanto de la revisión realizada al proceso se establece que no es evidente lo acusado en relación a la valoración de un único documento, puesto que los de instancia realizaron una valoración integral de la prueba y motivaron adecuadamente de acuerdo a la normativa vigente y tal como refiere el punto III.2. de la doctrina aplicable, por tanto su reclamo es infundado.


Respuesta al recurso de Casación.

Se tiene que la presente resolución se resolvió infundando el recurso, por lo que no amerita respuesta.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia conforme al art. 401.I inc .b) de la Ley Nº 603 y en aplicación al art 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 186 a 188 y de fs. 190 a 191, planteados por Hilarión Ayala Alanoka y Mariano Castro Flores respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 203 de 26 de junio de 2018, que cursa de fs. 181 a 183, dictado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz. Con costas.

Se regula honorario profesional del abogado que contesto el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.