TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

     S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 328/2019        

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: LP-107-18-A.

Partes: Alfredo Nelson Quisbert Valdez c/ PIL Andina S.A.    

Proceso: Cumplimiento de obligación.                                    

Distrito: La Paz.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 206 a 209 interpuesto por PIL ANDINA S.A., mediante su representante Wilder Gabriel López Clemente contra el Auto de Vista  N° 419/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 198 a 200 vta., pronunciado por Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de cumplimiento de obligación seguido por Alfredo Nelson Quisbert Valdez contra PIL ANDINA S.A.; la concesión de fs. 219; el Auto Supremo de Admisión Nº 903/2018- RA; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Alfredo Nelson Quisbert Valdez, con memorial cursante de fs. 54 a 57 vta., subsanado de fs. 87 a 91 vta., interpuso demanda de cumplimiento de obligación en contra de PIL ANDINA S.A. representada por Wilder Gabriel López Clemente, quien opuso excepción previa de prescripción, trámite que culminó con el Auto definitivo N° 572/2017 de 6 de noviembre, cursante de fs. 184 a 186, que declaró PROBADA la excepción aludida. Ante su insatisfacción con el fallo, Alfredo Nelson Quisbert Valdez, apeló (fs. 188 vta. a 189 vta.), emitiéndose el Auto de Vista N° 419/2018 de 28 de mayo, por el que REVOCÓ el Auto definitivo y declaró IMPROBADA la excepción de prescripción.

Determinación judicial que fue recurrida en casación por el demandado, que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Denunció que los vocales interpretaron erróneamente e infringieron el art. 1505 del Código Civil, por cuanto dicha norma establece una condición sine qua non para la interrupción de la prescripción que es que se reconozca el derecho a favor del titular y la demanda de extinción de la obligación no constituye un reconocimiento del derecho a favor del demandante, por el contrario, la demanda se sustenta en el hecho de que no existe obligación pendiente. Así también, añadió que el actor no manifestó su voluntad que acredite que no abandonó su acreencia que pudiese generar el efecto interruptivo.

De la contestación al recurso de casación.

En lo principal manifiesta que:

El deudor (PIL Andina) con su demanda civil de extinción de obligación no permitió que ejerciera mi derecho de acreencia, más aún con documentos falsificados, situación que fue desestimada por el Auto Supremo Nº 584/2014 de 10 de octubre y es desde este acto jurídico debe aplicarse el cómputo de la prescripción tal como establece el art. 1493 en relación con el art. 1507 ambos del Código Civil.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

De la interrupción del plazo de prescripción.

El Auto Supremo Nº 216/2015 respecto a la interrupción del plazo de prescripción manifestó: “Entre los modos de extinción de las obligaciones se encuentra la prescripción conforme establece el art. 351 Num. 7) del Código Civil. De conformidad con ello, el parágrafo I del art. 1492 de la citada norma, señala que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que prevé la ley, siendo que, de acuerdo al art. 1493 del mismo Compilado, la prescripción comienza a correr o se computa desde que el derecho puede hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. En virtud del art. 1507 de la norma indicada, los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción cuando durante cinco años no se ha ejercido el derecho de exigir el cumplimiento de tales obligaciones. Contrariamente, las causas que interrumpen la prescripción están señaladas en el art. 1503 del Código Civil, que son una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba el derecho, o por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Asimismo, de conformidad a la primera parte del art. 1505 de la norma en examen, la prescripción también se interrumpe por reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquél contra quien el derecho puede hacerse valer.

Como se tiene señalado precedentemente, la ley ha previsto causas que interrumpen la prescripción de las obligaciones; la prescripción se interrumpe o suspende cuando ocurre una de las causas previstas en la ley, produciéndose la interrupción de la prescripción cuando un acontecimiento previsto por la ley destruye o deja sin efecto todo el tiempo anteriormente transcurrido, comenzando un nuevo computo de la prescripción después de la interrupción.

(…) Conforme se tiene señalado anteriormente, la prescripción puede ser interrumpida por ejercicio judicial o extrajudicial, o por cualquier otro acto de reconocimiento de deuda, situación ésta que ha acontecido en el presente caso, ya que si bien en el proceso no existe prueba que demuestre que el acreedor hubiera iniciado acción judicial o extrajudicial alguna exigiendo el cumplimiento de la obligación, sino más bien el deudor quien, a través de las mencionadas cartas notariadas, fue dando explicaciones sobre su incumplimiento pidiendo prórrogas de plazos a fin de cancelar la deuda, y si bien es cierto que no existe constancia de recepción de las mismas como ha informado el Notario de Fe Público a fs. 134, respecto de la carta de 28 de enero de 2004, señalando: “…la carta notariada… fue intervenida por mi autoridad con el sello que dice Pasó por mí la carta notariada que antecede, de lo que doy fe, en la que firmo y sello… Debo hacer notar que la misma no fue diligenciada o notificada al Sr. Raúl Beltrán B…”, no es menos cierto que esa declaración o manifestación de voluntad vertida en cartas que fueron intervenidas notarialmente, implica el reconocimiento de la obligación en favor del deudor, demandado en el presente caso, considerándose aquéllas como un verdadero documento público que hace plena fe respecto de la declaración o convención que contiene, conforme a los arts. 1505, 1287.I y 1289.I del Código Civil, cuya acusación de falsedad no fue demostrada en el proceso”. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La entidad recurrente denunció que los vocales interpretaron erróneamente e infringieron el art. 1505 del Código Civil, por cuanto dicha norma establece una condición sine qua non para la interrupción de la prescripción que se reconozca el derecho a favor del titular y la demanda de extinción de la obligación no constituye un reconocimiento del derecho a favor del demandante, por el contrario, la demanda se sustenta en el hecho de que no existe obligación pendiente.

En función al agravio expresado, corresponde señalar que la prescripción extintiva o liberatoria es una forma de extinción de las obligaciones y tiene su fundamento en el interés público de dar certeza a las relaciones jurídicas, de tal modo que un derecho subjetivo no ejercitado durante un período prolongado de tiempo se considere  abandonado por su titular; concepto que se subsume al art. 1492 del Código Civil que establece: "Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece", figurando dos presupuestos para que opere la prescripción: la falta del ejercicio del derecho y el transcurso del tiempo fijado por ley.

En ese orden, debemos manifestar que el plazo de la prescripción en su curso puede ser interrumpido mediante actos desarrollados por el titular del derecho o por aquel contra quien el derecho puede hacerse valer, es decir la interrupción opera desde la postura del titular o desde la conducta del sujeto pasivo de la obligación. Así los actos que pueden ser desarrollados por el titular del derecho para interrumpir el plazo de prescripción son: el ejercicio judicial del derecho, que detalla el art. 1503.I del Código Civil; y el ejercicio extrajudicial del derecho, que describe el art.  1503.II del precitado Código. En cambio, el sujeto contra quien se puede hacer valer el derecho interrumpe el plazo de prescripción mediante el reconocimiento del derecho, descrito en el art. 1505 del Código Civil.

Establecido el marco conceptual y normativo de la prescripción, es necesario reseñar que, anterior al presente proceso, se suscitó una demanda de declaratoria de extinción de obligación a instancia de PIL ANDINA S.A. contra Alfredo Nelson Quisbert Valdez, conforme las literales legalizadas de fs. 2 a 43, que tuvo como causa la obligación de falta de entrega de productos por un valor de $us. 46.001 que, según el distribuidor, incumplió PIL ANDINA S.A., cuya sentencia declaró probada la demanda en razón que, a criterio del juez, quedó demostrado que, por un lado la empresa PIL Andina S.A. entregó parte del producto correspondiente a las Facturas Nº 7512 y 7513 a entera satisfacción del comprador y por otro lado, que Alfredo Nelson Quisbert Valdez no reclamó dentro el plazo la falta de entrega total de los productos correspondientes a la Factura Nº 1499 ni la falta de entrega parcial de los productos correspondientes a la Factura Nº 7500, por lo cual se declaró extinguida la obligación del demandante consistente en la entrega de productos lácteos; determinación que fue confirmada por Auto de Vista. Sin embargo, impugnación de por medio, se dictó Auto Supremo Nº 584/2014 de 10 de octubre (fs. 39 a 43), que casó parcialmente el Auto de Vista, en el que deliberando en el fondo determinó: “…declara Improbada en parte la demanda principal referente a la extinción de la obligación concerniente a la entrega de los productos consignados en las Facturas N° 7499 y 7500, ésta última solo respecto al restante de 210 unidades (35 paquetes) que no fueron entregados por PIL Andina S.A. manteniendo los demás dispuesto en sentencia con referencia a las facturas No. 7512 y 7513”. Determinación judicial última que es base del proceso de cumplimiento de obligación que pretende le sea entregado al actor por parte  de la empresa demandada 4000 latas (1000 paquetes) de leche instantánea de 2,5 Kg., correspondiente a la Factura Nº 7499 de 29 de febrero de 2008 y de 210 unidades (35 paquetes) de leche en polvo instantánea se 1,8 kg., correspondiente al saldo de la Factura Nº 7500. 

Ahora bien, el recurrente se equivoca en establecer una posible prescripción de derechos del actor porque, conforme se ha reseñado, el Auto Supremo Nº 584/2014 de 10 de octubre (fs. 39 a 43), emitido dentro el proceso de extinción de obligación interpuesto por la empresa láctea, determinó el incumplimiento de PIL Andina S.A. con respecto la entrega de los productos de 4000 latas (1000 paquetes) de leche instantánea de 2,5 Kg., correspondiente a la Factura Nº 7499 y de 210 unidades (35 paquetes) de leche en polvo instantánea se 1,8 kg., correspondiente al saldo de la Factura Nº 7500; estableciéndose una obligación de dar a cumplimiento por  PIL Andina S.A. a favor de Alfredo Nelson Quisbert Valdez, cuyo plazo de prescripción respecto a ese derecho inició una vez emitido el Auto Supremo Nº 584/2014, por ser esta determinación un acto interruptivo manifiesto que, a la vez, establece derechos para uno y obligación para el otro; en tal caso, siendo que la pretensión tiene por objeto el cumplimiento de esa obligación de dar que debe cumplir PIL Andina S.A. a favor del actor, se puede establecer que a la citación de la empresa demandada en fecha 11 de julio de 2017 (conforme diligencia de fs. 161) no feneció el plazo de prescripción previsto en el art. 1507 del Código Civil, por lo cual el derecho a obtener el cumplimiento de la obligación de dar establecido en el Auto Supremo Nº 584/2014 no prescribió, lo cual hace inviable la excepción opuesta.

Vale precisar, que los antecedentes ocurridos respecto a la  entrega de los productos lácteos por parte de empresa demandada al actor,  ocurridos anterior al proceso de extinción de obligación indicado, no pueden ser considerados como situaciones autónomas en su apreciación, por cuanto esos hechos decantaron en la determinación asumida por el Auto Supremo Nº 584/2019 que consignó el derecho a favor del actor a que la empresa demandada cumpla con la obligación de dar, descrito supra; siendo esa determinación la que debe considerarse a fines de establecer el derecho y el plazo de prescripción, por haber quedado sin efecto los plazos transcurridos anteriormente.

Si bien ciertamente el Auto de Vista estableció la aplicación del art. 1505 del Código Civil en el caso de autos, su interpretación debe ser considerada también como útil, por cuanto la empresa láctea al haber recurrido al órgano jurisdiccional buscando una determinación respecto a los derechos y las obligaciones que tenía con Alfredo Nelson Quisbert Valdez, mediante un proceso de declaratoria de extinción de obligación, más allá que en su demanda hubo indicado que no tenía obligación pendiente, supone el acatamiento de la determinación que se asuma, que puede derivar también en reconocer el derecho de la parte demandada, implicando un reconocimiento tácito del derecho del otro por el actor. Bajo esa consideración, el Auto de Vista concluyó, en forma idéntica al razonamiento supra, que el Auto Supremo Nº 584/2019 como acto idóneo para inicio del cómputo del plazo de prescripción, siendo totalmente incoherente que se pretenda omitir los efectos generados en aquel proceso respecto a la prescripción.

Asimismo, el recurrente entiende que el actor no manifestó su voluntad que acredite  que no abandonó su acreencia que pudiese generar el efecto interruptivo; sin embargo el recurrente soslaya que no era necesario que Alfredo Nelson Quisbert Valdez realice un acto desde su posición de titular del derecho, ya que fue el accionar de PIL Andina S.A. mediante la instauración del ya mencionado proceso de extinción de obligación que generó consecuencias interruptivas y de establecimiento de derechos que no pueden ser omitidas en su consideración. En ese margen, se establece que no existió vulneración del art. 1505 del Código Civil, como afirma la parte recurrente, debiendo infundarse el recurso interpuesto.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 206 a 209 interpuesto por PIL ANDINA  mediante su representante legal Wilder Gabriel López Clemente contra el Auto de Vista N°419/2018 de 28 de mayo, cursante de fs. 198 a 200 vta., pronunciado por Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costos y costas a la recurrente.

Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.