TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 325/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: SC-123-18-S.

Partes: Claudia Ninett Padilla Menacho c/ Malena Calle Petroni.

Proceso: Mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria, pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 285 a 289, interpuesto por Malena Calle Petroni, contra el Auto de Vista Nº 295/2018 de 2 de julio, cursante de fs. 281 a 282, pronunciado por la Tercera Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria, pago de daños y perjuicios, seguido por Claudia Ninett Padilla Menacho contra la recurrente; la contestación cursante de fs. 293 a 296 vta., el Auto de concesión de 3 de agosto de 2018, cursante en fs. 297; Auto Supremo de admisión Nº 845/2018-RA de fs. 304 a 305 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Claudia Ninett Padilla Menacho, interpuso demanda de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, entrega de inmueble, acción negatoria y pago de daños y perjuicios, por memorial de fs. 34 a 36 vta., subsanada a fs. 39 y vta., 41 a 42, 44 a 45 y 51, sobre un bien inmueble ubicado U.V. 129, Mza. 16, lote Nº 27, con una superficie de 360 mts.2, cuyo derecho propietario se encuentra registrado en Derechos Reales con la Matrícula Computarizada Nº 7011060072313; acción dirigida contra Malena Calle Petroni, quien una vez citada, por memorial de fs. 78 a 80, contestó negativamente y presentó demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria, porque se encuentra en posesión por más de diez años de manera ininterrumpida.

2. Desarrollándose de esta manera la presente causa hasta dictarse Sentencia de 23 de febrero de 2018 (fs. 251 a 254), pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Nº 22 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que declara PROBADA en parte la demanda en lo relativo a la reivindicación, desocupación, entrega de inmueble y acción negatoria, IMPROBADA en relación al mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios e  IMPROBADA la demanda reconvencional sobre usucapión decenal interpuesta por la demandada.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Malena Calle Petroni mediante memorial cursante de fs. 257 a 260 vta., la Tercera Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 295/2018 de 2 de julio, cursante de fs. 281 a 282., declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación de fs. 257 a 260 vta., consecuentemente CONFIRMA la sentencia de fs. 251 a 254. Bajo la siguiente fundamentación:

Sobre el derecho de propiedad de la demandante del inmueble “objeto de litis” señala que fue acreditado acorde a los arts. 1296 y 1309 con relación al art. 1538 todos del Código Civil; respecto a la valoración de la prueba de descargo, precisó que dicha testifical se encuentra prohibida de anteponerse a los documentos de propiedad de la demandante, ni a la carta notariada de desocupación de fs. 264 a 265 por determinación del art. 1328 num. 2) de CC, razón por la que el juez de primera instancia desestimó la prueba testifical de descargo debido a la existencia de notificación de fecha 31 de agosto de 2016, carta notariada de desalojo y entrega de bien inmueble por parte de la propietaria Claudina Ninett Padilla Menacho dirigida a Malena Calle Patroni ahora demandada reconvencionista.

4. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Malena Calle Petroni, por memorial cursante de fs. 285 a 289, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación de fs. 285 a 289, interpuesto por Malena Calle Petroni, se desprende que la recurrente expone como reclamos, entre otros, los siguientes: 

Forma.

1. Que el Tribunal de alzada se pronunció de forma vaga, careciendo de fundamentación y motivación respecto al cimiento de la sentencia, es decir al derecho propietario de la demandante, al no considerar la prueba testifical de descargo manifestando que no tendría eficacia sobre los derechos del accionante por la supuesta prohibición del art. 1328 num. 2) del CC.

2. Acusa que el Auto de Vista recurrido violó el principio de congruencia en la parte dispositiva del fallo, determinando “no ha lugar el recurso”, confirmando la sentencia, además de entrar a considerar aspectos referentes a la acción principal de la reivindicación del inmueble infringiendo los arts. 236 del CPCA y 265.I del Código Procesal Civil.

3. Reclama que el Auto de Vista carece de motivación y fundamentación respecto a la apreciación de la prueba testifical de descargo como la interrupción de la prescripción, violando el contenido del art. 1503 del Código Civil.

Fondo.

1. Denuncia que el Ad quem realizó una interpretación errónea e indebida de los arts. 1348 num. 2) del Código Civil, 142 y 186 de Procesal Civil, al desestimar las declaraciones de los testigos de descargo argumentando que no son sustanciales, ni conducentes, prueba testifical que es importante para probar la cuestión de hecho para la acción reconvencional de usucapión.

2. Arguye que los jueces de instancia en la argumentación de su resolución, consideraron que la acción de usucapión decenal o extraordinaria habría sido interrumpida por la parte demandante con la carta notarial dirigida a la demandada en fecha 31 de agosto de 2016, refiere que desaloje el inmueble en litis, siendo que el escrito notarial no constituye una acción judicial por ser una cuestión unipersonal del interesado, llegándose a vulnerar el art. 1503 del sustantivo civil.

Petitorio.

Que determine la nulidad del Auto de Vista por los vicios procesales o en su defecto case el mismo revocando la sentencia declarando probada la demanda reconvencional.

Respuesta del recurso de casación.

De la revisión del recurso de casación resulta falso que el Tribunal de alzada hubiera ido más allá de lo peticionado tal como dispone el art. 180 de la Constitución Política del Estado y art. 16 del Procesal Civil, se entiende que tanto en primera y segunda instancia tiene el derecho y la obligación de ver más allá de las probanzas que hayan sido aportadas por las partes a fin de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual adoptan medidas probatorias necesarias por la ley aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Que la carta notarial se dio a conocer a la ahora recurrente, en el contexto del art. 1503.II de Código Civil, que la prescripción se interrumpe por cualquier acto, carta notarial de fecha 31 de agosto de 2016, que ha sido traída en colación por la propia recurrente con la cual se demuestra que el supuesto plazo de diez años que vivía en el inmueble de la demandante llegándose a interrumpir la prescripción.

Petitorio.

Solicita que el Tribunal superior confirme en todas sus partes el Auto de Vista y sea con costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la motivación de las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

De igual manera la Sentencia Constitucional Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC Nº 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. 

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”. 

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal Ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal Ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derechos constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.3. De la nulidad procesal.

Si bien el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado bajo un enfoque totalmente formalista conforme el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia( Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues, es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025, al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el principio de especificidad o legalidad, se encuentra establecido en el art. 105.I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El principio de trascendencia y el principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El principio de protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del principio de convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo, el principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107.I de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

III.4. De la interrupción de la posesión y de la interrupción de la prescripción.

Al respecto el Auto Supremo Nº 484/2014 de 29 de agosto, ha razonado que: “En la posesión, el poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien como si se tratara del propietario, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia; en ésta última el poder o relación material de la persona con el bien, que se usa o aprovecha, está mediado por dependencia o subordinación a la voluntad de otro sujeto…”.

Sobre este punto resulta pertinente referirnos a la interrupción de la prescripción adquisitiva, en ese sentido el Auto Supremo Nº 257/2013 de fecha 23 de mayo de 2013, estableció que: “Lo que si resulta conveniente diferenciar, es la interrupción de la posesión respecto de la interrupción de la prescripción. Como señala el Autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, no se debe confundir la interrupción de la posesión con la interrupción de la prescripción. Se entiende esto porque la primera supone la pérdida de la cosa, mientras que la segunda supone la pérdida del tiempo anterior de la posesión, el mismo que se refuta ineficaz para la prescripción. La interrupción de la prescripción adquisitiva según Planiol, citado en la obra “Tratado de Los Derechos Reales” de Arturo Alessandri R. y otros, supone: “Todo hecho que destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Al respecto en la citada obra se hace referencia a dos tipos de interrupción de la prescripción: la natural y la civil. La interrupción natural de la prescripción, tiene sustento en la pérdida de la posesión y en los casos en que dicha pérdida genera efectos interruptivos de la prescripción, pues, no toda pérdida o interrupción de la posesión conlleva necesariamente la interrupción de la prescripción, así por ejemplo el caso del poseedor privado de la posesión que dentro del término de un año propone demanda para recuperar la posesión y esta es recuperada como consecuencia de aquella, en cuyo caso, según prevé el art. 137.II del Código Civil, la interrupción de la prescripción se tendrá por no ocurrida, aunque materialmente hubiera ocurrido la pérdida de la posesión. La interrupción Civil de la prescripción, no está ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión, sino más bien a la actividad del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa, ante el poseedor y por medios legales, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad que afirma tener”.

En base a lo citado, corresponde centrar nuestro análisis en la interrupción Civil de la prescripción, puesto que los jueces de instancia consideraron que la Sub inscripción que habrían realizado los titulares del derecho propietario del bien inmueble, habría interrumpido el tiempo para el computo de los diez años, en ese sentido diremos que para que dicha prescripción adquisitiva opere, quien considere tener derecho de dominio sobre el bien, deben necesariamente accionar judicialmente sobre el poseedor, con la finalidad de hacer valer frente a este el derecho que pretende, oponiéndose a la posesión que se ejerce sobre el bien, bajo esa lógica el art. 1503 del Código Civil, señala que: “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.”, norma de la cual se extrae que para que proceda la interrupción civil, debe concurrir tres requisitos: 1. Debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2. Debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer el derecho de propiedad y oponerse a la posesión del poseedor; 3. Debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.


III.5. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil.  

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 ha orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397.I de su Procedimiento.  Ésta tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del juez el de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397.II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

Del recurso de casación se desprende los puntos 1 y 3, donde se acusa al Tribunal de alzada que pronunció de forma vaga su fundamentación y motivación respecto al cimiento de la sentencia, es decir respecto al derecho propietario de la demandante al no considerar la prueba testifical de descargo manifestando únicamente que no tendría eficacia sobre los derechos de la accionante por la supuesta prohibición del art. 1328 num. 2), asimismo violando el contenido del art. 1503 del Código Civil.

De lo acusado, con base doctrinal sostenida en el punto III.1, se puede establecer que la motivación y fundamentación es el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, misma que es expuesta en la cuestionada resolución de segunda instancia, donde expresa: “…MALENA CALLE PETRONI, por lo que la valoración de la prueba testifical reclamada aun la valoración que se hubiera efectuado, dicha testifical se encuentra prohibida de anteponerse frente a los documentos conforme determina el art. 1328-2 CC, en sentido de no admitirse la testifical en contra y fuera del contenido en los instrumentos, ni sobre lo que se alegue haberse dichos antes o después que ellos otorgaron. Razón por lo que el Juez, no ha podido anteponer las testificales en contra de los documentos de propiedad de la demandante y la carta notariada de desocupación que refiere la misma demandada haber recibido en el año 2016, según los documentos adjuntos a esta, consistente en fotocopias del proceso penal en el que se hace referencia del mismo. (ver fs. 118 vlta.)”, del fundamento extractado se advierte una respuesta fundamentada y motivada por el Tribunal de apelación que concluye que las pruebas testificales (Roxana Mengari Ramírez, Marcia Carola Juárez Veizaga y Lily Marisol Guzmán Suarez), declaraciones que son uniformes al manifestar que la demandada vive y la conocen desde el año 2007, pero es contrapuesto por la carta notarial de fs. 264 a 265 del año 2016, que causa la interrupción de la prescripción, entonces al existir una respuesta clara y coherente no resulta evidente que la resolución sea arbitraria, por lo que su reclamo resulta infundado.

El punto 2 reclama que el Auto de Vista recurrido violó el principio de congruencia en la parte dispositiva del fallo, determinando “no ha lugar el recurso”, confirmando la sentencia, además de entrar a considerar aspectos referentes a la acción principal de la reivindicación del inmueble, infringiendo los arts. 236 del Código de Procedimiento Civil y 265.I del Código Procesal Civil.

Del contexto de su recurso se infiere que el tema de litis es la incongruencia interna del Auto de Vista quien de forma contradictoria confirma y dispone no ha lugar el recurso, es decir, solicita una nulidad procesal al ser esa la finalidad conforme al razonamiento asumido en el punto III.3, (nulidad procesal) el actual modelo constitucional de derecho supone que este instituto es una medida de ultima ratio aplicable en casos excepcionales en resguardo al debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, directriz que debe ser asumida en apego a los principios o postulados que rigen ese instituto procesal, bajo un criterio de juridicidad, habida cuenta que la finalidad de la administración de justicia no es la perfección procesal, sino la solución al conflicto jurídico y la búsqueda de la paz social.

Por lo manifestado y respecto a la parte dispositiva de la resolución de segunda instancia, situación que a su parecer importa la trasgresión de las garantías constitucionales y el debido proceso donde señala “…de no ha lugar al recurso de apelación de fecha 15 de marzo 2018 de fs. 257 a 260. Consecuentemente confirma La Sentencia…”, la cita realizada en principio no implica incongruencia debido a que todo el argumento decanta en que los agravios de apelación no son ciertos por eso se determina la confirmación de la sentencia en aplicación del art. 218 del procesal civil, denotando coherencia en la parte resolutiva, por otro lado no acredita como este error generaría indefensión o agravio a la causa, pues si no existe indefensión no hay nulidad no correspondiendo acoger la nulidad.

Del fondo.

En el punto 1 del recurso de casación la recurrente denuncia que el Ad quem realizó una interpretación errónea e indebida de los arts. 1348 num. 2) del Código Civil, 142 y 186 del Código Procesal Civil, al desestimar las declaraciones de los testigos de descargo, argumentando que no son sustanciales, ni conducentes, siendo que la prueba testifical resulta tener relevancia para probar la cuestión de hecho en la acción reconvencional de usucapión.

De una revisión minuciosa del Auto de Vista se denota que el Ad quem cumplió con lo determinado en el punto III.5, realizando la valoración de todo el universo probatorio en aplicación del principio de unidad y comunidad probatoria, contrastando todos los elementos para determinar cuáles resultan trascendentales y esenciales, es así que entramos al siguiente análisis.

Sobre el particular según la demanda reconvencional manifiesta estar en posesión por más de diez años, situación que fue acreditada por la prueba testifical de descargo de fs. 223 a 225, tal como lo dispone el art. 186 del CPC (declaraciones de Roxana Mengari Ramírez, Marcia Marcia Carola Juárez Veizaga y Lily Marisol Guzmán Suarez), quienes declararon conocer a la demandada desde el 2007, señalando haber cumplido los diez años de posesión del respectivo inmueble en litis, sin embargo el Auto de Vista desestima su pretensión debido a que se contrapone a la carta notarial de desocupación y entrega de inmueble realizado mediante la notificación en fecha 6 de septiembre de 2016, sobre el estudio de la misiva notarial de fecha 31 de agosto de 2016, se denota que en su contenido expresa “…a la fecha su persona conjuntamente con sus familiares se encuentra ocupando de mi propiedad cito sobre: U.V. 129, Mza 16, lote Nº.- 27, urbanización Urucu, zona sur, Calle s/n, Distrito 9, desde hace aproximadamente 8 años, (…) en ese sentido y siendo necesario para mi persona ocupar mi inmueble, es que de manera muy cordial, solicito por este medio se haga la ENTREGA Y DESOCUPACIÓN del inmueble señalado líneas arriba a mi persona que soy la legitima propietaria sea en el plazo máximo de 10 días a partir de la recepción de la misiva…”, que fue puesta en conocimiento de la parte que posee el inmueble (ahora demandada), antecedentes por lo que se evidencia una interrupción extrajudicial en la prescripción, porque tomando como parámetro el inicio de la posesión en fecha 3 de enero de 2007, y el acto de interrupción es del 6 de septiembre de 2016, es decir antes que se cumpla los diez años establecidos en la norma, en consecuencia, por más que los testigos puedan acreditar una aparente posesión de más de diez años, lo que tiene que entender la recurrente es que ha sido interrumpida la prescripción antes que opere el plazo; uno de los efectos de esa  interrupción es que se deja sin efecto el plazo anterior que no puede seguir corriendo porque quedaron sin efecto; consecuentemente deberá comenzar a contarse nuevamente el termino para prescribir, en coherencia con lo señalado podemos citar a Juan Andrés Orrego Acuña en su aporte “La Prescripción” que nos dice “La regla general, es que la interrupción hace perder todo el tiempo anterior que se lleva de posesión. Si el prescribiente continúa en posesión de la cosa, empezará a prescribir de nuevo, como si se tratara de la primera ocasión en que lo hace…”. En conclusión, al existir un acto interruptivo que generó ese efecto no puede tenerse por operados los diez años que establece la norma.

En mérito del recurso de casación emerge el punto 2, arguye que los jueces de instancia en la argumentación de su resolución, consideraron que la acción usucapión decenal o extraordinaria habría sido interrumpida por la parte demandante con la carta notarial dirigida a la demandada en fecha 31 de agosto de 2016, refiere que desaloje el inmueble en litis, siendo que el escrito notarial no constituye una acción judicial por ser una cuestión unipersonal del interesado, llegándose a vulnerar el art. 1503 del sustantivo civil.

Al respecto cabe anotar lo establecido en el art. 1503 del CC, que dice “I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente, II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.”, normativa que nos refleja la forma de interrupción en una judicial y la otra extrajudicial 1. La primera la judicial es cuando las partes la realizan con intervención de la autoridad judicial en la jurisdicción voluntaria o contenciosa y la 2. Acto extrajudicial es realizado sin concurrencia de la autoridad judicial, acto que debe tener el mismo fin de controvertir la posesión y ser de conocimiento del poseedor, con estos requisitos este acto extrajudicial es válido para interrumpir la prescripción.

De lo que acontece en el presente caso, que la carta notarial es un acto extrajudicial realizado a través de la Notaria de Fe Pública, quien dió fe del acto que garantiza la legitimidad del mismo, al respecto con base al punto III.4, de la doctrina aplicable, se puede establecer que la interrupción civil de la prescripción no ésta ligada a la pérdida o interrupción material de la posesión, sino más bien a la actividad del que pretende ser verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad y expresa, ante el poseedor y por medios, su inequívoca intención de no abandonar el derecho de propiedad, lo cual aconteció en la presente litis por carta notarial de fs. 264 a 265.

Por las razones expuestas se puede advertir que por carta notarial de fecha 31 de agosto de 2016, y la certificación de notificación  de fecha 6 de septiembre de 2016 de la desocupación y entrega de inmueble que menciona “la suscrita Dra. Maritza Bernal Viera, Notaria de Fe Publica de Primera Clase a cargo de la Notaria 96 de este Distrito, con residencia en la ciudad de Santa Cruz, a horas 17:35 pm del 06 de septiembre de 2016, a solicitud de la Sra. CLAUDIA NINETT PADILLA MENACHO, me apersone al Patio de Comidas de la Universidad Utepsa, ubicada en el 3er anillo interno entre Av. Busch y Av. San Martin, a realizar la entrega de la presente carta notariada dirigida a la Señora: MALENA CALLE PETRONI, REF: SOLICITA DESOCUPACION Y ENTREGA DE INMUEBLE, una vez en el lugar fui atendida por la requerida quien recibe el original y firma las copias de ley…”, acto extrajudicial que tiene como finalidad interrumpir la prescripción, entonces resulta un elemento válido para ese fin, resultando correcto el análisis de los Jueces de instancia.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 285 a 289, interpuesto por Malena Calle Petroni, contra el Auto de Vista Nº 295/2018 de 2 de julio, cursante de fs. 281 a 282, pronunciado por la Tercera Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula en honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.