TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 324/2019

Fecha: 03 de abril 2019

Expediente: LP-116-18-S

Partes: Efraín Muruchi Valle c/ Feliciano Sonco Apaza, Rosa Mamani de Sonco y

             otros

Proceso: Nulidad de escritura pública  y reivindicación

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 436 a 449 vta., interpuesto por Gumercinda Calcina Mamani, Cecilia Ticona Calcina y Francisco Ticona Calcina, contra el Auto de Vista Nº S-495/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 432 a 434, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública  y reivindicación,  seguido por Efraín Muruchi Valle contra los recurrentes y otros, contestación al recurso de casación de fs. 451 a 453 vta., el Auto de concesión de 22 de agosto de 2018 cursante a fs. 457, el Auto Supremo de admisión Nº 944/2018-RA de fs. 463 a 464, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la acción de nulidad de escritura pública  y reivindicación de fs. 25 a 29, por Efraín Muruchi Valle en contra de Feliciano Sonco Apaza, Rosa Mamani de Sonco, Cecilia Ticona Calcina, Gonzalo Ticona Calcina, Juan Carlos Ticona Calcina, Juan Ticona Acarapi, Gumercinda Calcina Mamani y Francisco Ticona Calcina citados que fueron los demandados, los tres últimos contestaron negativamente de fs. 153 a 155.

Tramitado el proceso, el Juez de partido en materia Civil y Comercial  Nº 2 de la ciudad de El Alto departamento de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 206/2016 del 23 de marzo cursante de fs. 328 a 330 vta., donde declaró IMPROBADA la demanda de nulidad de escrituras públicas y reivindicación.

Resolución de primera instancia que fue apelada por el demandante a través del memorial de fs. 332 a 337, que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista Nº S - 495/2017 de 17 de noviembre, cursante de fs. 432 a 434, que ANULÓ obrados hasta fs. 327, argumentando que:

1. Indicó que el juez de primera instancia inobservó el principio de dirección y el poder jurídico de compeler a las partes para el cumplimiento de las resoluciones judiciales, dado que el juez de instancia dictó sentencia sin la espera del informe pericial elaborado por el IDIF.

2. Detalló que la sentencia carece de motivación y congruencia, debiendo el Juez A quo corregir tales irregularidades procesales.

Resolución que fue impugnada vía el recurso de casación de fs. 436 a 449 vta., recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó que el Auto de Vista recurrido vulnera los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y convalidación, puesto que no existe norma concreta que prescriba que por la falta del dictamen grafológico deba anularse la sentencia.

2. Enfatizó que la resolución recurrida no consideró los presupuestos para que opere la nulidad procesal, al efecto citó las Sentencias Constitucionales Nº 0508/2013 de 19 de abril y Nº 0731/2010-R de 26 de julio.

3. Señaló que el auto de vista anulatorio vulnera los principios de celeridad, inmediatez y eficacia, sin embargo, indicó que el Juez A quo actuó bajo los lineamientos de los principios antes señalados, tal como consta en los actuados procesales hasta la emisión de la Sentencia Nº 206/2016, puesto que no se podría esperar más de 354 días para la emisión de la Sentencia.

Por lo que solicitó que se anule el auto de vista Nº S-495/2017 de 17 de noviembre y se disponga que se dicte nueva resolución.

Respuesta al recurso

Señaló que hasta la emisión de la sentencia, los demandados habrían presentado memoriales infundados y dilatorios, por lo que habrían buscado la manera de que el expediente se encuentre en despacho del juez, circunstancia por las que acontecería una vulneración a los arts. 115 y 119 de la CPE, y por ende se impidió la producción de la prueba pericial.

Finalizó indicando que corresponde reponer el derecho de producir la prueba de estudio grafológico, por ser la base central de la demanda.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal.

Conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial por este Tribunal sobre la procedencia de las nulidades procesales debemos aludir el Auto Supremo Nº 705/2016 de 27 de junio, donde se manifestó que: “en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia (Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.


Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome un decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105-I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106-II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

III.2. De la nulidad en segunda instancia.

Respecto al decreto de nulidad en segunda instancia en el Auto Supremo Nº 74/2017 de 01 de febrero se expresó: “Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I.  El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II.  Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”,  de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar una nulidad procesal advertirá, si la misma ha sido oportunamente reclamada en su recurso esto en aplicación de los principios de preclusión, convalidación, conservación y protección de los actuados, y en caso de ser reclamada la misma debe ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, de lo que se concluye que el requisito principal es que este aspecto como ser la nulidad procesal debe ser reclamado como agravio en el recurso de apelación, para el Tribunal de alzada en aplicación de los principios antes descritos, determine o no su procedencia, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia genere total indefensión.”

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En consideración a los principios y valores establecidos en nuestra constitución debemos establecer el alcance efectivo de las nulidades procesales, entre las razones que vinculan esta materia citamos la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que indicó: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”, de tal manera que el juzgador al momento de emitir una resolución debe proseguir con el desarrollo del proceso, este aspecto orienta que la nulidad procesal es una medida excepcional, una medida de última necesidad al litigio, dado que la finalidad del proceso es brindar materialmente a las partes una tutela judicial efectiva e inmediata, sin una dilación innecesaria de los actos, por lo tanto las autoridades judiciales a tiempo de acoger esta medida de última ratio deben considerar la incidencia directa de la decisión sobre el litigio, tomando en cuenta que el Tribunal ad quem tiene plenas facultades para proseguir con el desarrollo del proceso, en virtud a los art. 218.III, 264.I, 265.I y III del Código Procesal Civil.

a) Entonces abordando los reclamos descritos en los puntos 1, 2 y 3 de los recurrentes preponderan que la emisión de la Sentencia Nº 206/2016 del 23 de marzo se debió a una correcta aplicación de los principios de celeridad, inmediatez y eficacia, sin embargo, hacen relieve a fs. 447 sobre la presentación de un estudio grafológico de fs. 379 a 406 entregada por la Lic. Karina Daphne Lazarte Velarde, la cual fue presentada después de haberse dictado la Sentencia.

Al respecto conforme a los datos del proceso, debemos hacer hincapié en las facultades suministradas por nuestra norma adjetiva civil a los Tribunales de Apelación, debiendo referir el art. 261.III num. 3) de la Ley Nº 439: “Cualquiera de las partes podrá solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación, y el tribunal superior accederá a la solicitud en los siguientes casos: 1. Cuando las partes lo pidieren de común acuerdo. 2. Cuando, decretadas las pruebas en primera instancia, no hubieren sido diligenciadas por causas no imputables a las partes que las ofrecieron. 3. Cuando versare sobre hechos ocurridos después de la sentencia. 4. Cuando se tratare de desvirtuar documento que no se pudo presentar en primera instancia, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. En estos casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme a lo prescrito para presentar prueba con la demanda.”, este articulado necesariamente debe ser enlazado con el art. 264.I del Código Procesal Civil respecto a la facultad de mejor proveer, en tal entendimiento no existe óbice ni impedimento para valorar adecuadamente el dictamen pericial de fs. 379 a 406 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

b) Asimismo del análisis del expediente respecto al dictamen pericial grafotécnico de fs. 379 a 406, se tiene a fs. 409 la nota de remisión de la citada pericia que el Tribunal Ad quem puso en conocimiento de las partes, la cual fue sujeta a impugnación a fs. 426 a 427 vta., de tal manera que el Tribunal de segunda instancia implícitamente accedió al diligenciamiento de prueba en segunda instancia, pese a ello la resolución del Tribunal Ad quem fue ajeno a las facultades conferidas por los art. 261.III num. 3) y 264 del Código Procesal Civil, omisión que debe ser subsanada.

En este entendido, corresponde al Tribunal de apelación, pronunciarse resolviendo los recursos de apelación conforme al art. 218.III del Código Procesal Civil, otorgando a las partes recurrentes una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 265.I y III del Código Procesal Civil, y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, toda vez que no se diligenció la prueba pericial en primera instancia, situación que es manifestado por los recurrentes y condice con lo solicitado por el demandante en su respuesta al recurso de casación, puesto que pide se produzca la prueba de estudio grafológico.

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 218.III, 261.III num. 3) y 264.I del Código Procesal Civil, normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Por todos los fundamentos expuestos corresponde corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.III. num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-495/2017 de 17 de noviembre pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que el Tribunal de Alzada sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva resolución en el marco de la presente resolución, salvando la facultad del Ad quem de generar prueba para mejor proveer conferido por el art. 264.I del Código Procesal Civil. Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.