TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 318/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: SC-117-18-S

Partes: Nancy Barrios Ortega c/ Lenny Ortiz de Bellido, Fernando Bellido Pérez y

            Roberto Troncoso Medrano.   

Proceso: Usucapión extraordinaria y declaratoria de propiedad de las mejoras.

Distrito: Santa Cruz. 

VISTOS: El recurso de casación planteado por Nancy Barrios Ortega (fs. 152 a 154 vta.), impugnando el Auto de Vista Nº 019/2018 de 8 de marzo, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 147 a 149 vta., en el proceso de usucapión extraordinaria y declaratoria de propiedad de mejoras, seguido por Nancy Barrios Ortega contra Lenny Ortiz de Bellido, Fernando Bellido Pérez y Roberto Troncoso Medrano; contestación de fs. 157 a 159 vta., Auto de concesión de fs.160,  Auto Supremo de Admisión Nº 807/2018-RA de 29 de agosto de fs. 168 a 169, y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Nancy Barrios Ortega planteó demanda ordinaria de usucapión extraordinaria y declaratoria de propiedad de mejoras contra Lenny Ortiz de Bellido, Fernando Bellido Pérez y Roberto Troncoso Medrano cursante a fs. 9 y vta., ampliada a fs. 38, contestando en principio el defensor de oficio asignado fs. 49 a 50, posteriormente se apersonó Lenny Ortiz de Bellido y su cónyuge de fs. 84 a 85, tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 28 de octubre de 2015, el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictó sentencia declarando: IMPROBADA la demanda, por cuanto la demandante no probó estar en quieta, pacífica y continuada posesión del inmueble durante más de diez años.

3. Apelada la sentencia por la demandante (fs. 122 a 124 vta.), el 8 de marzo de 2018, la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 019/2018 (fs. 147 a 149 vta.), que resolvió CONFIRMAR la sentencia, bajo el fundamento que la actora no acreditó que hubiera estado en posesión en la forma señalada y por el tiempo que exige la ley sobre el inmueble que pretendió usucapir; tampoco demostró a plenitud las mejoras en la vivienda que refirió haber introducido.

Concluyó estableciendo que la A quo al declarar IMPROBADA la demanda, obró correctamente, valorando las pruebas acompañadas y producidas dentro del proceso, en uso de la sana crítica y el prudente criterio, así como tampoco cumplió con los requisitos de procedencia de la apelación.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto del recurso de casación interpuesto por Nancy Barrios Ortega se extracta los siguientes reclamos:

1. Denunció error de hecho en la valoración de la prueba testifical de cargo cursante a fs. 65, en relación con la vulneración del art. 186 del Código Procesal Civil, la cual no fue considerada, ni analizada con base en la verdad material de los hechos, y porque no se tomó en cuenta el universo de los medios probatorios.

2. Reclamó defectuosa valoración del Auto de Vista respecto a la prueba documental de fs. 2, 5, 12 y 22 en relación a la vulneración del art. 145 del Código Procesal Civil, porque simplemente se limitó a transcribir la parte considerativa de la sentencia sin analizar, ni examinar la prueba referida, puesto que la instalación de agua potable data desde el 18 de octubre de 1996.

3. Refirió defectuosa valoración de la prueba documental de fs. 13, 70 a 75, en relación con la vulneración de los arts. 180 de la Constitución Política del Estado, 1.16) del Código Procesal Civil y 138 del Código Civil.

Petitorio.

Concluyó solicitando, casar el Auto de Vista Nº 019/2018 y en el fondo declarar probada la demanda en todas sus partes.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

La demandada refirió que el recurso de casación interpuesto carece de la técnica recursiva adecuada, porque en ninguna parte del mismo especifica en qué consiste la infracción, vulneración o error.

Asimismo, refirió que el Tribunal de alzada no ingresó a considerar más allá de lo peticionado en el recurso de apelación, puesto que no fueron objeto de la apelación, de tal manera que no podrían ser estimadas en casación porque supondrían incurrir en “per saltum”.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De la usucapión decenal o extraordinaria y sus requisitos.

Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la forma de adquirir la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria conforme al art. 138 del Código Civil y los requisitos que hacen procedente a dicha acción, emitió una vasta jurisprudencia, correspondiendo en ese sentido, citar el contenido del Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “… La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillen, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.

De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad”.

De lo expuesto en dicho Auto Supremo, se tiene que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posesión, que según lo expuesto en el art. 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por sí mismos, sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; de igual forma corresponde señalar que los actos de tolerancia no sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del CC.), pues se entiende que en los casos del detentador y tolerado, existe ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continua durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo sea ejercida ininterrumpidamente, de forma pacífica, sin perturbaciones, ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública, porque se ha efectuado según la naturaleza del bien, sin ocultar la misma frente al propietario. Reunidos esos caracteres o propiamente requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 87 del Código Civil.

III.2. Sobre el principio de la comunidad y valoración de la prueba.

De la vasta jurisprudencia referencial se tiene el Auto Supremo Nº 501/2017 de 15 de mayo que expresó: “…José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC y 134, 136 y 145 del Código de Procesal Civil…”  

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Denunció error de hecho en la valoración de la prueba testifical de cargo cursante a fs. 65, en relación a la vulneración del art. 186 del Código Procesal Civil, la cual no fue considerada, ni analizada con base en la verdad material de los hechos, y porque no se tomó en cuenta el universo de los medios probatorios.

En relación a esta prueba reclamada y de la revisión de la misma corresponde establecer que la declaración testifical de fs. 65, si bien en un primer momento expresó que la demandante poseyó el inmueble desde el año 2000 y además refirió ser vecina desde tiempo antes; sin embargo, pese a expresar conocer ese barrio no precisa el nombre de la propietaria, puesto que Aida Aguilera Montero resulta una extraña en este proceso, lo cual establece que la referida declaración testifical no es idónea y carece de elementos para hacerla creíble, en ese sentido corresponde establecer que una sola prueba contradictoria no hace fe, ni convicción suficiente para aseverar el tiempo requerido en la posesión, en ese entendido la demandante requería prueba que avale con claridad su pretensión, por lo que no puede reclamar sobre una única prueba contradictoria e imprecisa, cuando debió probar con mayores elementos creíbles su pretensión; por tanto su reclamo es infundado.

2. Reclamó defectuosa valoración del Auto de Vista respecto a la prueba documental de fs. 2, 5, 12 y 22 en relación con la vulneración del art. 145 del Código Procesal Civil, porque simplemente se limitó a transcribir la parte considerativa de la sentencia, sin analizar, ni examinar la prueba referida, puesto que la instalación de agua potable data desde el 18 de octubre de 1996.

De la revisión de la prueba reclamada corresponde establecer que la misma refiere que la demandante habría registrado y hecho figurar con su nombre los servicios de energía eléctrica y agua potable a partir de la gestión 2013 y aunque pretendería reclamar posesión anterior, no existen las pruebas que respalden dicha versión, puesto que también de la documental de fs. 22 se advierte que el primer registro del servicio de agua potable correspondiente al 18 de octubre de 1994 estuvo a nombre de Roberto Troncoso Medrano, y de la revisión al Folio Real de la propietaria Lenny Ortiz de Bellido (fs. 81), se puede establecer que  justamente el primer propietario del inmueble fue Roberto Rubén Troncoso Medrano, quien posteriormente, en fecha 03 de julio de 1996 vende a Teodoro Velásquez Barrientos, mismo que finalmente es transferido por Resolución Judicial de 23 de septiembre de 1996 a favor de Lenny Ortiz de Bellido y registrado en la oficina de Derechos Reales el 26 de marzo de 2003 tal como consta en las documentales de fs.79 a 80.

En razón a estos agravios formulados por la demandante en la apelación, el Auto de Vista refirió que es facultad privativa de los jueces el apreciar las pruebas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no dispone otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio.

En ese contexto cabe resaltar la doctrina establecida en el apartado III.2 de la presente resolución, por ello no es evidente que el Auto de Vista haya realizado una defectuosa valoración de la prueba, sino que la parte demandada no pudo establecer con prueba fehaciente haber cumplido con los diez años requeridos para su pretensión, por lo que sus reclamos devienen en infundados.

3. Refirió defectuosa valoración de la prueba documental de fs. 13, 70 a 75, en relación con la vulneración de los arts. 180 de la Constitución Política del Estado, 1.16) del Código Procesal Civil y 138 del Código Civil, el hecho que la propietaria pagó los impuestos no significa que la misma haya estado ejerciendo posesión material del inmueble.

Al respecto corresponde realizar previamente algunas puntualizaciones de orden legal, el art. 138 del Código Civil establece que: “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años”. Además de ejercitar 10 años dicha posesión, es importante que la misma sea pacífica y pública. El art. 135 del Código Procesal Civil establece “I. Las afirmaciones de hecho efectuadas por una parte que fueren relevantes o controvertidas, deben ser probadas. II. También requieren prueba los hechos expresa o tácitamente admitidos, si así lo dispone la Ley”. El art. 136 del mismo Código Procesal respecto a la carga de la prueba señala: “I. Quien pretende un derecho, debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. III. La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial”.

En función a ello corresponde establecer que la demandante únicamente probó estar en posesión a partir de la gestión 2012, y la única prueba testifical fue totalmente imprecisa y contradictoria, en ese sentido, no probó idóneamente estar en posesión por el tiempo de diez años requeridos, independientemente a la propietaria, porque esta última con los documentos ofrecidos, simplemente demostró estar ejerciendo su derecho propietario.

De lo que se concluye que el conjunto de la prueba de cargo correspondiente a la parte demandante, no permite evidenciar que el bien objeto de litis haya sido poseído durante diez años, por ello es que este reclamo deviene en infundado.

Respuesta al recurso de casación.

Se tiene que la presente resolución se resolvió infundando el recurso, por lo que no amerita respuesta.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia conforme al art. 220.II de la Ley Nº 439 y en aplicación al art 42.I núm.1) de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs.152 a 154 vta., planteado por Nancy Barrios Ortega contra el Auto de Vista Nº 019/2018 de que cursa de fs.147 a 149 vta., dictado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Santa Cruz.

Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.