TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 317/2019

Fecha: 03 de abril de  2019

Expediente: SC-119-18-S

Partes: Edwin Padilla Ayllón y otra c/ Modesta Marlín Olivera de Morales.

Proceso: Acción negatoria, declaración de mejor derecho propietario,

               reivindicación de terreno urbano y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 255 a 258, interpuesto por Edwin Padilla Ayllón y María del Carmen Vargas de Padilla contra el Auto de Vista Nº 026/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 237 a 239, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez,  Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso sobre acción negatoria y otros seguido por los recurrentes contra Modesta Marlín Olivera de Morales; el Auto de concesión de fs. 264, Auto Supremo Nº 816/2018-RA de 31 de agosto, que discurre de fs. 269 a 270 y que declaró admisible el recurso; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1.- Formulada la demanda por Edwin Padilla Ayllón y María del Carmen Vargas de Padilla de acción negatoria, declaración de mejor derecho propietario, reivindicación de terreno urbano, pago de daños y perjuicios en fs. 26 a 27, subsanada a fs. 30-31, ante la imposibilidad de conciliación de fs. 39, 40, 41, 42, 45, 48, es admitida mediante providencia de fs. 50, siendo notificada la demandada (fs. 53), responde mediante memorial de fs. 80 a 82 va., formulando demanda reconvencional de reconocimiento y declaratoria de las mejoras efectuadas en el inmueble. Tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Camiri, provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 36/2017 de 26 de junio, cursante de fs. 177 a  181 vta., declarando PROBADA EN PARTE la demanda respecto al derecho propietario de los demandantes e IMPROBADA con relación al pago de daños y perjuicios, así como IMPROBADA la demanda reconvencional planteada por la demandada.

2.- Resolución de primera instancia que fue apelada por la demandada Modesta Marlín Olivares de Morales, siendo resuelto por el Auto de Vista No. 026/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 237 a 239, recurso por el que se REVOCÓ EN PARTE la Sentencia respecto a la demanda reconvencional declarándola por tanto PROBADA fundando la resolución en lo principal lo siguiente: a) Que la demandada reconoció expresamente en la contestación el derecho propietario de los demandantes; b) Los actores no niegan la existencia de mejoras aunque refieren que fueron realizadas por Sarela Adriana Sejas Alvarado, sin embargo, observaron el informe pericial solicitando al juez A quo se designe un albañil o persona entendida que realice un verdadero peritaje; c) La posesión de la demandada fue de mala fe, en vista que al responder a la demanda primero señaló que fue contratada por los demandantes para cuidar el terreno, les reconoce su derecho propietario, empero, durante la sustanciación de la causa se estableció que la demandante estuvo en posesión del terreno porque aparentemente la señora Sarela Adriana Sejas Alvarado le habría transferido el terreno mediante un documento privado de trasferencia, en virtud del cual procedió a cambiar el nombre del terreno objeto de la litis en dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri, pruebas que no fueron objetadas por la demandada y menos consideradas por el juez de la causa; d) La cuantificación de las mejoras introducidas en la demanda serán evaluadas en ejecución de sentencia conforme previsión del art. 97 del Código Civil, mediante la prueba pericial realizada por un perito designado por el juez, en mérito a que el actual informe pericial está basado en una certificación extendida por una tercera persona que no fue nombrada por el juzgador.

3.- El fallo de segunda instancia fue recurrido de casación por los demandantes, Edwin Padilla Ayllón y María del Carmen Vargas de Padilla, cursante de fs.255 a 258, recurso que habiendo sido admitido por Auto Supremo Nº 816/2018-RA de 31 de agosto, es objeto de la presente resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN 

De la revisión del recurso de casación interpuesto por los demandantes, se advierte que en lo trascendental de dicho medio de impugnación señalaron:

1) Que el Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista impugnado, violando leyes en vigencia y realizando valoración de una inexistente prueba de descargo.  No consideró que la demandada adquirió de mala fe el lote de terrreno objeto de la litis, por una supuesta venta realizada en su favor por Sarela Adriana Sejas de Alvarado, con más las supuestas mejoras que ahora reclama la demandada, debiendo exigir la devolución de su dinero a esta supuesta vendedora que no era propietaria de aquel inmueble, contrariamente a lo reclamado por la demandada, debía valorarse el informe de fs. 166 a 167, que estableció que la demandada obtuvó ingresos por alquileres en la suma de Bs. 115.000 (Ciento Quince Mil 00/100 Bolivianos), por espacio de ocho años contados a partir de la supuesta venta el 13 de noviembre de 2009 hasta el momento de realizarse la pericia 5 de junio de 2017.

2) Denunciaron errónea aplicación del art. 97 del Código Civil, cuando debió aplicarse el art. 99 del mismo Código Sustantivo, concordante con los arts. 294, 984, 117, 241 253, 450, 855, 961. 963, 973, 984, 1012, 1283, 1360, 1398 y 1429 del mismo Código.

3) Afirmaron que la demandada presentó el recurso de apelación como medio dilatorio con el fin de seguir “usufructuando” ilegalmente el inmueble de su propiedad, que de manera abusiva pretende apropiarse mediante un documento de transferencia realizado por Sarela Adriana Sejas Alvarado como supuesta propietaria, a quién debía acudir la demandada para reclamar cualquier aspecto relacionado con su supuesto derecho propietario.

4) Finalmente, de manera concreta refirieron que el Tribunal de Alzada, violó el art. 115 incs. I y II, art. 120 inc. I y art. 180 inc. I de la Constitución Política del Estado.

II.1. PETITORIO.

Solicitó que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva “Dictar casación” (sic)  dejando sin efecto el Auto de Vista y se confirme la Sentencia de primera instancia. Con costas.

II.2. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO.

Notificada la demandada Modesta Marilín Olivera de Morales con el recurso de casación, cursante de fs. 260, respondió mediante memorial de fs. 261 a 262 vta., indicando en lo principal que de manera expresa reconoce el derecho propietario de los demandantes y que si formuló el recurso de apelación contra la Sentencia fue únicamente para que se le reconozca las mejoras que se vio obligada a realizar porque hace más de 27 años que cuida el inmueble y con el fin de evitar avasallamientos, en virtud a que los propietarios no aparecieron por años en el inmueble, realizó mejoras que además fueron comprobadas en la audiencia de inspección judicial y que por ello, solicitó se aplique el principio de verdad material.

Hizo hincapié en el hecho de que el recurso de casación, no contiene fundamentos legales que ameriten su interposición, simplemente argumentando bagatelas en relación al derecho propietario de los demandantes.

PETITORIO.

La demandada solicitó se declare Infundado el presente recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. Reembolso al poseedor de buena fe por las mejoras y ampliaciones.

El Auto Supremo 99/2017  de 12 de abril, señaló: “El art. 97 del Código Civil señala en la primera parte de su primer parágrafo que: “El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución.”,  para luego manifestar respecto al tema: “Con referencia a las mejoras útiles y necesarias realizadas por el poseedor de buena fe son reembolsables o indemnizables porque son de manifiesto provecho para cualquier poseedor de la cosa y en muchos casos necesarios y útiles para el mantenimiento del bien que han aumentado el valor económico del bien objeto de la reivindicación que no puede ser desconocido por el propietario, ya que van en completo beneficio del mismo bien; por eso el poseedor tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución o reembolso”.

III.2.- Sobre la primacía del principio de verdad material sobre la verdad formal en la valoración de la prueba.

En relación a este extremo, el Auto Supremo 871/2017  de 21 de agosto, en relación a este principio, señaló: “Sobre este punto este Tribunal desarrollando los alcances del principio de verdad material en cuanto a la valoración de los medios probatorios en el AS 730/2015 L de fecha 27 de agosto 2015 ha orientado en sentido que : “Sobre lo explanado en la parte in fine de lo anteriormente expuesto sobre el tema conforme orienta el art. 190 del Código de procedimiento civil, -la sentencia pone fin al proceso y recae sobre la cosa demandada conforme a la verdad que evidencie la prueba producida en la causa-, es decir dicho articulado  postulaba el principio de verdad material, mismo que conforme a un nuevo modelo constitucional ha sido incorporado su aplicación a todos los jueces ordinarios, como principio fundamental del derecho, mismo que se encuentra consagrado en el art. 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el mismo sentido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional contenida en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2015-S2 sobre el tema ha señalado:“ Resulta necesario precisar entonces que, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 180.I de la Ley Fundamental, que consagra los principios de la jurisdicción ordinaria, se halla contemplado el de verdad material, que comprende la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que concierne a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro, o de definir sus derechos y obligaciones, arribando a una decisión injusta que no corresponda a los principios, valores y valores éticos instituidos en la Ley Fundamental y a los que todas las autoridades de todos los órganos de poder, están compelidos a cumplir; en ese sentido, es lógico que a fin de efectivizar una impartición de justicia menos formalista y procesalista, dando lugar a una material y efectiva que respete los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Establecidos los argumentos del recurso de casación de la parte demandante, este Tribunal no puede dejar de expresar que el mismo es carente de toda técnica recursiva, pues no cumple con la exigencia de indicar si formula el recurso en la forma, en el fondo o en ambas formas, tampoco indica con precisión cual las normas transgredidas por el Tribunal de alzada, o si éstas fueron erróneamente aplicadas, empero, en base a la nueva visión de la Administración de Justicia que deja de lado el aspecto meramente formalista, en un esfuerzo por comprender el sentido del recurso en análisis, se ingresa a resolver el mismo, en respeto al derecho a la doble instancia y el derecho de impugnación que asiste a las partes en contienda.

Con este propósito, de la lectura del recurso, se evidencia que los recurrentes, única y exclusivamente se avocan a reclamar por la presunta aplicación errónea del art. 97 del Código Civil cuando el Tribunal de alzada, debió aplicar a juicio de los recurrentes el art. 99 del mismo Código Sustantivo, concordante con los arts. 294, 984, 117, 241 253, 450, 955, 961. 963, 973, 984, 1012, 1283, 1360. 1398. 1429 del mismo Código.

En suma, los recurrentes reclaman que el Tribunal Ad quem, haya dado lugar al pago de mejoras infracción introducidas en el bien inmueble en litigio, cuestionando la decisión del Tribunal de segundo grado, en mérito a que según los recurrentes, esas mejoras ya existían en el momento en que se produjo la transferencia del inmueble objeto de litis a la demandada por parte de Sarela Adriana Sejas Alvarado, motivo por el cual se hubiese incurrido en una errada valoración de la prueba, incurriendo el Tribunal de apelación en error de hecho y error de derecho.

Siendo este, el aspecto central del recurso en análisis, se hace innecesario analizar aspectos referidos a la existencia y cuantificación de las mejoras, cuyo reconocimiento y pago reclama la demandada, debiendo dilucidarse sí, efectivamente le corresponde su reconocimiento o por el contrario, tales mejoras no fueron realizadas por la demandada, no siendo por tanto susceptibles de reconocimiento.

Al fin señalado, se evidencia que el Ad quem, decidió revocar la Sentencia de primer grado, declarando probada la demanda reconvencional, reconociendo de pago de mejoras en favor de la demandada, afirmando para tal decisión que la demandada fue una poseedora de mala fe, habida cuenta que según el argumento de su demanda reconvencional, ingresó al inmueble contratada por los demandantes para cuidar el terreno desde abril de 1989, empero, durante la tramitación de la causa se demostró que “Aparentemente”,  la señora Sarela Adriana Sejas Alvarado le hubiere transferido dicho terreno mediante un documento de compra venta. Extremo afirmado por el Ad quem que denota falta de certeza en cuanto al status jurídico de la demandada, es decir, no existió probanza plena en sentido de que la demandada ocupa el inmueble objeto de litis por haber sido contratada como cuidante por los demandantes, o como supuesta propietaria en mérito al documento de fs. 65 y vta., que fue presentado por los demandantes en calidad de prueba de cargo, con el fin de probar su condición de propietarios, por cuanto  en la cláusula quinta de aquel documento se consigna como colindante a Salomón Rueda Peña, de quién adquirieron el inmueble en cuestión. Así también en Alzada no se considera que el informe pericial de fs. 145 a 154, mereció observación por parte de los demandantes de fs. 156 a 157, designando el A quo nuevo perito, pero esta vez con el fin que se realice “peritaje sobre daños causados y montos de alquileres en el inmueble” de fs. 158, aspectos diferentes al primer peritaje técnico. Cabe mencionar que el informe pericial fue considerado por el juez A quo, conforme el art. 202 del Código Procesal Civil, norma que establece con meridiana claridad que la autoridad judicial no está obligado a seguir el criterio del perito, y podrá apartarse del dictamen mediante resolución fundada, por lo que, ante la falta de certidumbre de los aspectos materia del peritaje fue desestimado por el Juez de primera instancia.

Ahora bien, establecidas las actuaciones de los jueces de grado, se concluye que con la producción de la prueba tanto de cargo cuanto de descargo, únicamente se logró probar sin lugar a equívoco el derecho propietario que ostentan los demandantes sobre el inmueble materia de autos, no así los otros puntos de la demanda principal y la reconvencional.

Dicho lo anterior, y en consideración a que los recurrentes denuncian la mala aplicación del art. 97 del Código Civil, cuando debió aplicarse el art. 99 del mismo cuerpo normativo, corresponde el análisis de dichas disposiciones legales. Así el art. 97 del Código Civil prevé; “(MEJORAS Y AMPLIACIONES).- I. El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa; y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte, y el aumento del valor, por otra”.

Por su parte el art. 99 del Código Civil, cuya aplicación en la resolución impugnada pretenden los demandantes actuales recurrentes, señala: “(RESPONSABILIDAD DEL POSEEDOR).- El poseedor obligado a la restitución debe resarcir al propietario por los daños o pérdida de la cosa durante la posesión”

De las normas glosadas precedentemente, se extrae que la primera disposición prevé la indemnización a la que tiene derecho el poseedor por las mejoras que hubiese efectuado, no importado si éste es de buena o mala fe, mientras que la segunda disposición se refiere a la restitución a la que tiene derecho el propietario por los daños o pérdida de la cosa en el tiempo que dure la posesión. Empero, ambos supuestos llevan implícita la obligatoriedad a la que se encuentran constreñido tanto poseedor como propietario de demostrar intraproceso las mejoras o los daños ocasionados, probanza inexistente en el caso de autos, en cuya virtud el juez A quo determinó no haber lugar a los daños y perjuicios impetrados por los demandados, como tampoco hubo lugar  a la solicitud de pago de mejoras así solicitadas por la demandada, extremo que no pudo ser revocado en Alzada con el solo fundamento de que en primera instancia no existió valoración de toda la prueba presentada en el curso del proceso los daños serían averiguados en ejecución de sentencia.

De lo anterior se concluye que la resolución del Tribunal de alzada resulta equivocada en el entendimiento asumido para revocar el fallo de primer grado, en el que el juez A quo, realizó una correcta valoración de las normas aplicadas a la resolución del asunto, más aún si toma en cuenta que la problemática central del caso de autos, radica en determinar si existe lugar al pago de las mejoras o el resarcimiento por los daños, ambos derivados de la posesión del inmueble materia de autos, toda vez que el derecho propietario de los demandantes no fue cuestionado en el proceso, más, este fue expresamente reconocido por la demandada.

Ante la fundamentación de la presente resolución en la que se concluye que no poseen razón las partes en solicitar el pago de daños y la restitución de mejoras, resulta innecesario referirse a las demás normas civiles adjetivas acusadas de transgredidas por los recurrentes, correspondiendo resolver el recurso de casación en la forma prevista por el art.  220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto por el art. 220.IV de la Ley Nº 439, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 026/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 237 a 239, pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez,  Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y en su mérito mantiene firme y subsistente la Sentencia N° 36/2017 de 26 de junio, cursante de fs. 177 a 181 vta. Sin multa por ser el error excusable.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.