TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 316/2019

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: T-37-18-S

Partes: Javier René Solís Maure y otros c/ ENFE Residual y otra. 

Proceso: Cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios.  

Distrito: Tarija. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 256 a 259 vta., presentado por Nila N. Herrera Valdez en representación de ENFE, impugnando el Auto de Vista Nº 117/2018 pronunciado el 30 de julio por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 247 a 250) en el proceso ordinario de cumplimiento de contrato, resarcimiento de daños y perjuicios interpuesto por Javier René Solís Maure, Nancy García Cruz y Limbert Yucra Choque contra la Entidad recurrente (ENFE), Auto de concesión de 31 de agosto de 2018 de fs. 274, Auto Supremo de Admisión de 18 de septiembre de 2018 de fs. 278 a 279 vta., todo lo inherente, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Javier René Solís Maure, Nancy García Cruz y Limbert Yucra Choque, demandaron a la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE (fs. 26 a 31 vta., 57 a 58 vta., 62 a 63 y 65 y vta.), cumplimiento de contrato y otros, una vez corrido en traslado la Institución demandada contestó mediante memoriales de fs. 127 a 129, 143 a 145 y 150 a 151 en forma negativa y reconvino por nulidad de contrato, reivindicación y mejor derecho propietario. Tramitado así el proceso ordinario hasta la emisión de la Sentencia Nº 62/2016 de 08 de septiembre que declaró PROBADA la demanda principal de cumplimiento de contrato de compra-venta, e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad y otros. Disponiendo el cumplimiento del contrato de compra-venta de 10 de octubre de 2001. Ordenando a la Empresa demandada (ENFE-RESIDUAL), mediante sus representantes legales: a) Presentar en el término de 90 días computables a partir de la fecha de ejecutoria la presente sentencia la documentación saneada del inmueble transferido a los demandantes, es decir el cambio de nombre, los planos de individualización del bien transferido; b) En el mismo plazo, extender en favor de los demandantes las escrituras traslativas de dominio o aclarativas que sean necesarias. Bajo apercibimiento, de que los demandantes podrán hacerlo a su costa y de librar el juez subsidiariamente una escritura aclarativa de compra-venta a su nombre. Condenó a la entidad demandada a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes averiguables en ejecución de sentencia.

2. Nila N. Herrera Valdez en representación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) impugnó dicha resolución mediante recurso de apelación cursante de fs. 215 a 217 que fue resuelto por Auto de Vista Nº 117/2018 de 30 de julio (fs. 247 a 250) que en su parte dispositiva CONFIRMÓ en todas sus partes la sentencia recurrida sin costas al tratarse de una institución pública.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia con base a los siguientes argumentos: de la revisión del documento de fs. 2 a 3 vta., el mismo tiene eficacia probatoria que le asigna el art. 1297 del Código Civil, ya que Carlos Alberto Alarcón Uría, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Ferrocarriles residual y Luis Eduardo Baldivieso Rodríguez, en su condición de Gerente General Nacional de ENFE, con las facultades conferidas en la Ley Nº 2188 de 10 de abril de 2001, ceden en calidad de venta real y enajenación perpetua, la superficie de 600 m2, ubicado sobre la Av. San Martín de la localidad de Yacuiba, por el precio libremente convenido entre partes de $us.15.600 (Quince mil Seiscientos Dólares Americanos) suma de dinero que ENFE como vendedor declaró haber recibido en su integridad a la suscripción del contrato.

Asimismo el Tribunal de alzada sostuvo que la Escritura Pública Nº 05/2002 que cursa de fs. 132 a 139 vta., no desvirtúa ni invalida el documento privado de compra-venta suscrito entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) representada por Carlos Alberto Alarcón Uría y Luis Eduardo Baldivieso Rodríguez, Presidente Ejecutivo y Gerente General Nacional de ENFE respectivamente, a favor de Javier René Soliz Maure, Nancy García Cruz y Limbert Yucra Choque, transferencia respaldada por la Ley Nº 2188 de 19 de abril de 2001 sancionada por el Honorable Congreso Nacional y que cursa de fs. 140 y vta., y que en su inciso c) señala: “terrenos e inmuebles ubicados en las Avenidas, Las Delicias y San Martín, Casillas de ENFE Residual, ubicados en la Av. San Martín, a favor de los asentados, preferentemente para viudas y ex trabajadores de ENFE Red Oriental”, y en la cláusula TERCERA del documento de fs. 2 a 3 vta., se reconoce la calidad de ASENTADOS a los compradores Javier René Soliz Maure, Nancy García Cruz y Limbert Yucra Choque, sosteniendo que no es evidente de que los compradores en calidad de demandantes no se encuentren dentro de los alcances de la Ley Nº 2188 como se afirma en el recurso de apelación planteado de fs. 215 a 217 por la institución recurrente.      

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte demandada, Empresa Nacional de Ferrocarriles representado legalmente por Nila N. Herrera Valdez se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen los siguientes argumentos:

1. Denunció violación del art. 7 de la CPE, afectando directamente a los intereses de ENFE. Hace mención a la SC N° 287/99 de 28 de octubre.

2. Acusó violación de los arts. 59 inc.7) sin mencionar el cuerpo normativo de la Ley del Congreso Nacional, y 339.II de la CPE, ya que son atribuciones del Poder Legislativo del Estado Plurinacional enajenar y autorizar lo bienes de ENFE, y no así la vía civil ordinaria.

3. Refirió que la venta estuvo viciada de nulidad tomando en cuenta que no fue actualizada la documentación a nombre de ENFE, por lo tanto, no se podía realizar la transferencia.

4. Denunció violación de los derechos como Empresa del Estado Boliviano Plurinacional, no reconociendo sus Decretos Supremos Nº 6909 de 6 de octubre de 1964, D.S. N°14148 de 29 de noviembre de 1976, D.S. N° 24177 de 8 de diciembre de 1995, D.S. N° 28971 de 15 de diciembre de 2006, Ley N° 2188 de 10 de abril de 2001, art. 339.II de la CPE y art. 59 inc. 7) del Congreso Nacional del Poder Legislativo.

Petitorio.

Peticionando en definitiva se case el Auto de Vista, declarando improbada la demanda principal.

Respuesta al recurso de casación.

La parte actora contestó que ENFE manifestó en forma genérica que los tribunales de instancia realizaron una incorrecta valoración de la prueba presentada por la parte demandada

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.


III.1. Sobre el principio de comunidad de la prueba.

Con relación al principio de comunidad de la prueba el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales señaló el: “principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana crítica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la alega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso al adversario”.

III.2. De la eficacia del contrato.

Carlos Morales Guillen en su Código Civil Concordado y Anotado refiere sobre las obligaciones del contrato: “El contrato, fuente importantísima de las obligaciones, produce como efecto principal e inmediato la formación de la relación jurídica, con todas las consecuencias a que da origen. Esta consecuencia pertenece, realmente, a los efectos de las obligaciones examinadas ya al tratar el art. 291 y s. Sin embargo, no debe olvidarse que todos los efectos de las obligaciones también son propios del contrato.”

“Principio dominante del derecho moderno -a pesar de cualquier eufemismo sobre la relatividad de la autonomía de la voluntad individual en el negocio jurídico en general y en el contrato en particular- es conceder la mayor libertad a los contratantes, y, por esto mismo, la mayor eficacia a su voluntad, en todo aquello que es lícito.

El precepto del art. 519, es consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el art. 454 (Mazeaud) y no reposa únicamente sobre consideraciones individualistas. Le informa asimismo un fundamento moral, económico y social. Por el primero la palabra dada debe ser mantenida, la promesa debe ser cumplida: pacta sunt servanda. Respetar el contrato vale tanto como el deber de cumplirlo (Messineo). El fundamento económico y social tiene relación con el interés de la sociedad entera, que exige la mayor confianza en la puntual observancia de lo pactado. Es el secreto del crédito, sobre que reposa la subsistencia de la sociedad (Rouast, cit. por Mazeaud).

Las dos reglas contenidas en este artículo, se explican por sí solas.

Los contratos formalizados legalmente tienen fuerza de ley para aquéllos que los han celebrado. El contrato es para las partes contratantes una ley, con la misma fuerza y autoridad que cualquier norma, aunque su alcance sea limitado y único: obliga exclusivamente a los contratantes (art. 523), porque el negocio jurídico da nacimiento a normas jurídicas solamente individuales, no generales (Kelsen, cit. por R. Villegas).”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver los agravios planteados por los recurrentes:

A efectos de dar respuesta al recurso de casación interpuesto por Nila N. Herrera  Valdez en representación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE se dirá que los demandantes por memorial de fs. 26 a 31 vta., 57 a 58 vta. y 62 a 63; 65 y vta., amparados bajo los arts. 339, 344, 568.I, 614, 617 y 636 del Código Civil relacionado con los arts. 316, 327, 521.III del Código de Procedimiento Civil y 115 de la CPE interpusieron demanda de cumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) sosteniendo que según el contrato de compra venta de 10 de noviembre de 2001 ENFE les transfirió un bien inmueble de 600 m2, ubicado sobre la Av. San Martín de la ciudad de Yacuiba por el precio de $us. 15.600. Cumplida con su obligación de pagar el precio y pretender registrar el título propietario en Derechos Reales, toman conocimiento de que el derecho propietario del aludido inmueble no corresponde a ENFE, sino a la Ex-Comisión Mixta Ferroviaria Argentino-Boliviano. En tal sentido el A quo dictó sentencia declarando probada la demanda principal de cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, confirmado por el Auto de Vista.

1. Ahora bien la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE en su recurso de casación denunció violación del art. 7 de la CPE, manifestando la errónea valoración de la prueba, afectando directamente a los intereses de ENFE. Hace mención a la SC N° 287/99 de 28 de octubre.

Al respecto sobre la prueba aportada al presente proceso y de la doctrina legal aplicable al presente caso en el considerando III.1, y del análisis de las determinaciones asumidas por los tribunales de instancia con base en los datos que arrojó el proceso, se llegó a la conclusión de que según la base fáctica erigida en torno a las pruebas aportadas, las mismas generaron convicción para las decisiones jurisdiccionales asumidas, advirtiéndose una aplicación adecuada al principio de verdad material constituida en el art. 180.I de la norma suprema, llevando a los de instancia a concluir que de acuerdo a los medios probatorios, la parte demandante probó su pretensión, decisiones asumidas de acuerdo a la valoración de la prueba, todo esto según establece el art. 145 del Código Procesal Civil, concluyendo que el contrato objeto de litis cumple con las formalidades del art. 491 y 492 del Código Civil.

Referente a la Sentencia Constitucional Nº 287/99-R de 28 de octubre, que invoca la parte recurrente, la misma estableció la seguridad jurídica como condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las Naciones y de los individuos que la integran representando la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Al respecto se debe aclarar que los de instancia cumplieron con el mandato de la ley al otorgar la seguridad jurídica a los sujetos procesales, por cuanto este Tribunal Supremo no entiende que se hayan soslayado o transgredido los derechos de ENFE, al contrario, la institución demandada tenía la obligación de cumplir el contrato pactado con la parte demandante, de lo que retomamos el aforismo “Pacta Sunt Servanda”, o lo mismo, “lo pactado obliga”, es decir, se obliga a su cumplimiento, aspecto que significa una regla jurídica donde se manifiesta que las partes deben atenerse a los términos de lo acordado en el contrato. Así lo plasma nuestro cuerpo sustantivo civil en su art. 519 que le da eficacia a las obligaciones del contrato, en sentido que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes suscribientes. Por lo que no puede ser disuelto, sino por consentimiento mutuo o por causas autorizadas por la ley. En el mismo entendido el art. 520 de la misma norma sustantiva le da efectividad desde el momento en que los sujetos procesales consienten tener obligaciones el uno con el otro, en el presente caso para transferir el bien inmueble objeto de litis. Consiguientemente el reclamo deviene en infundado.

2. Sobre la acusación de violación de los arts. 59 inc.7) de la Ley del Congreso Nacional y 339.II de la CPE, ya que son atribuciones del Órgano Legislativo del Estado Plurinacional enajenar y autorizar los bienes de ENFE, y no así la vía civil ordinaria. Al respecto se debe señalar que ciertamente todos los bienes del Estado tienen naturaleza especial en las transferencias conforme establece el art. 158.I de la norma suprema en su inc. 13) Señalando de forma literal. “Aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado”, siendo prerrogativa del Órgano Legislativo aprobar las enajenaciones de los bienes estatales, misma situación ocurría con la anterior legislación constitucional que en su art. 59 inc. 7) señalaba: Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público.”  Bajo ese parámetro se emitió la Ley Nº 2188 de 10 de abril de 2001 cursante de fs. 140 y vta., vigente al momento de la suscripción del documento privado que en su art. 1 señala:Se autoriza a la Empresa Nacional de Ferrocarriles Residual, la transferencia, a título oneroso, de los siguientes inmuebles de su propiedad en la ciudad de Yacuiba (…) c) Terrenos e inmuebles ubicados en las Avenidas, Las Delicias y San Martín, Casillas de ENFE Residual, ubicadas en la Av. San Martín, a favor de los asentados, preferentemente para viudas y ex trabajadores de ENFE Red Oriental.” Aspecto que representa la autorización requerida por la norma constitucional para la enajenación y transferencia de los bienes estatales. Por lo que el reclamo de la Empresa recurrente no tiene sustento, ya que existió una autorización expresa para la transferencia del bien inmueble objeto de litigio.

3. Respecto al reclamo que la venta estuvo viciada de nulidad, ya que no se actualizó la documentación a nombre de ENFE, por lo tanto no se podía realizar la transferencia. Debemos manifestar que resulta incongruente que la institución recurrente acuse nulidad en su propio error, porque quiera o no es la Empresa ENFE Residual como órgano estatal quien transfirió el bien objeto de debate, por lo que estaba obligada por el principio de buena fe gestionar que el comprador pueda registrar a su nombre el bien adquirido según la Ley Nº 2188 misma que estableció la autorización para la transferencia. Entendiéndose que el bien perteneció a ENFE, si bien el inmueble objeto de litis tenía un registro a nombre del propietario anterior, empero esa situación fue subsanada con la Escritura Pública N° 05/2002 de 22 de enero cursante de fs. 132 a 139 vta. de obrados, lo que no implica que existió un vicio estructural a momento de la transferencia del bien inmueble objeto de litis.

4. Referente al reclamo sobre la supuesta violación de los derechos como Empresa del Estado Boliviano Plurinacional, no reconociendo los Decretos Supremos Nº 6909 de 6 de octubre de 1964, D.S. Nº 14148 de 29 de noviembre de 1976, D.S. Nº 24177 de 8 de diciembre de 1995, D.S. Nº 28971 de 15 de diciembre de 2006 y la Ley N° 2188 de 10 de abril de 2001, art. 339.II de la CPE, art. 59 inc. 7) del Congreso Nacional del Poder Legislativo. Al respecto corresponde señalar que el reclamo es insustancial, ya que el D.S. Nº 6909 de 6 de octubre de 1964 refiere a la creación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, el D.S. N° 14148 de 29 de noviembre de 1976 versa sobre los Estatutos de ENFE y el D.S. Nº 28971 de 15 de diciembre de 2006 hace referencia a derechos de propietarios de la ciudad de Santa Cruz, máxime que el aludido D.S. Nº 28971 no estaba vigente al momento de la elaboración del contrato objeto de litis el año 2001. Asimismo, se debe aclarar que dichos decretos son de orden orgánico y no relativos al terreno objeto del debate.

Finalmente, la Ley N° 2188 de 10 de abril de 2001 autorizó expresamente la enajenación de los bienes inmuebles de la ciudad de Yacuiba como se desarrolló en el punto 2 de la presente resolución. En ese entendido el reclamo no tiene sustento jurídico legal.

De la respuesta del recurso de casación.

Se dirá que mediante el Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones de la Empresa recurrente, esto bajo la orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 256 a 259 vta., presentado por Nila N. Herrera Valdez en representación de ENFE, impugnando el Auto de Vista Nº 117/2018 pronunciado el 30 de julio por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Sin costas ni costos al tratarse de una institución pública.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.