TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 315/2019        

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: O-40-18-S.

Partes: Angélica Valdivia Ayma c/ Juan Fernando Sardán Gómez.  

Proceso: Acción Reivindicatoria y otro.                                   

Distrito: Oruro.                

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 334 a 336, interpuesto por Juan Fernando Sardán Gómez, contra el Auto de Vista Nº 186/2018 de 01 de agosto, cursante de fs. 323 a 331 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro dentro del proceso ordinario sobre reivindicación y otros, seguido por Angélica Valdivia Ayma en contra el recurrente; el Auto de concesión del recurso de casación de 10 de septiembre de 2018, cursante en fs. 341; el Auto Supremo de Admisión N° 934/2018-RA; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base al memorial de demanda de fs. 26 a 27 vta., subsanada por memoriales de fs. 30 a 31 y fs. 41, Angélica Valdivia Ayma inició proceso ordinario sobre reivindicación, retiro de obras y pago de daños y perjuicios; acción que fue dirigida contra Juan Fernando Sardán Gómez, quien, una vez citado, por memorial cursante de fs. 57 a 80, contestó en forma negativa a la demanda e interpuso excepciones de demanda defectuosamente propuesta, indebida acumulación de pretensiones y emplazamiento a terceros; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 64/2017 de fecha 09 de agosto, cursante de fs. 208 a 214 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 5 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declaró PROBADA EN PARTE la demanda principal, PROBADA con relación a la reivindicación y SIN LUGAR a los daños y perjuicios, disponiendo la restitución del lote de terreno Nº 9 de la manzana Nº 211, Urbanización Ampliación San Isidro-Sin Techo, situado en la calle Cruz Huayllamarca esquina José Gabriel Condorcanqui.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Juan Fernando Sardán Gómez, mediante memorial de fs. 221 a 228 vta.; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 186/2018 de 01 de agosto, cursante de fs. 323 a 331 vta., CONFIRMANDO la sentencia apelada y en lo principal fundamenta que los vicios procesales al no haber sido denunciados inmediatamente que fue de su conocimiento hubo convalidado cualquier defecto procesal, no siendo viable retrotraer el procedimiento. Además, agregó que los presupuestos de viabilidad de la pretensión de reivindicación han sido cumplidos por la parte actora, ya que hubo demostrado con prueba idónea la propiedad real que reclama, pues, basta para que sea tutelada su pretensión el demostrar tener título de propiedad oponible ante terceros, es decir, registrado en Derechos Reales.; existiendo legitimación pasiva de parte demandado, puesto que por propia confesión, ha afirmado ser poseedor del bien sin título.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Juan Fernando Sardán Gómez mediante el memorial de fs. 334 a 336, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación planteado por el demandado establece como agravios lo siguiente:

1. Acusó violación y aplicación indebida de los arts. 338 y 342 del Código Procesal Civil, manifestando que la aplicación del principio de convalidación como soporte jurídico para desestimar y denegar el recurso de apelación, respecto al desistimiento de su excepción e incidente de nulidad, resulta forzado y errado, toda vez que la autoridad jurisdiccional de instancia se encontraba obligado a pronunciar auto interlocutorio que resuelva dicha excepción, puesto que el art. 365.III del mencionado código, solo es aplicable al desistimiento de la pretensión, cuando el actor o reconvencionista no asiste a la audiencia preliminar, y no así para disponer el desistimiento de excepciones o incidentes de nulidad, tal cual aconteció en el presente caso.

2. Denunció también violación de los arts. 338, 341, 342 y 344 de la Ley Nº 439, con relación a lo dispuesto por el art. 175 y 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, señalando que en el Auto de Vista no fundamenta, el por qué se rechaza vía desistimiento el incidente de nulidad suscitado por su esposa, y simplemente se subordina tal rechazo al presupuesto de la convalidación, cuando su esposa no ha ejecutado ni materializado, ningún acto que haga presumir dicha convalidación, puesto que la misma no ha sido integrada a litis, lo que le generó indefensión.

De la contestación al recurso de casación.

No se contestó el recurso por la parte demandante.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad de obrados.

El Estado, mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia, estableció el razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115-II.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: “Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebran tamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”.

En esa misma lógica, el art. 271.II del Código Procesal Civil, dispone que sólo constituye causal de nulidad la infracción o la errónea aplicación de normas procesales que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante el juez o tribunal inferior, por lo cual, la infracción o la errónea aplicación de normas procesales debe ser de trascendencia que afecte de manera objetiva al debido proceso y al derecho a la defensa de la parte denunciante y, necesariamente, hubiera postulado reclamo oportunamente sobre ese vicio, lo contrario impide que el Tribunal de casación realice análisis sobre la infracción denunciada. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso de casación, en su contenido anuncia agravios de fondo y forma, sin embargo, se verifica  que las denuncias son relativas a infracciones de forma y no sobre el mérito de la determinación que puede considerarse de fondo, por lo cual, sin hacer más distinción se pasa a examinar los agravios opuestos.

1. El recurrente acusa violación y aplicación indebida de los arts. 338 y 342 del Código Procesal Civil, manifestando que la aplicación del principio de convalidación como soporte jurídico para desestimar y denegar el recurso de apelación, respecto al desistimiento de su excepción e incidente de nulidad, resulta forzado y errado, toda vez que la autoridad jurisdiccional de instancia se encontraba obligada a pronunciar auto interlocutorio que resuelva dicha excepción, puesto que el art. 365.III del mencionado código, solo es aplicable al desistimiento de la pretensión, cuando el actor o reconvencionista no asiste a la audiencia preliminar, y no así para disponer el desistimiento de excepciones o incidentes de nulidad, tal cual aconteció en el presente caso.

Al agravio expresado se debe responder que, conforme el art. 271.II del Código Procesal Civil, sólo constituye causal de nulidad la infracción o la errónea aplicación de normas procesales que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante el juez o tribunal inferior. En esa premisa, el recurrente acusa violación y aplicación indebida de los arts. 338 y 342 del Código Procesal Civil, incidiendo que en la audiencia preliminar se le rechazó una excepción y un incidente de nulidad por ausencia, sin que el parágrafo III del art. 365 del adjetivo civil sea aplicable a ese caso; por lo que, revisados los antecedentes, se puede establecer que Juan Fernando Sardán Gómez, propuso excepciones de demanda defectuosamente propuesta, indebida acumulación de pretensiones y emplazamiento a terceros cursante de fs. 57 a 60 y por su parte Margarita Rocío Blacutt Ramírez presentó nulidad de obrados por escrito de fs. 70 y vta., pretensiones procesales que fueron rechazadas en audiencia preliminar de 14 de julio de 2017, en la que el Juez de la causa, arguyó que las excepciones opuestas así como el incidente  de nulidad planteado por Rocío Margarita Blacutt Ramírez, esposa del demandado, sean consideradas como desistidas por su inconcurrencia  a la audiencia.

Determinación judicial con la que se notificó a Juan Fernando Sardán Gómez y Rocío Blacutt Ramírez, el 31 de julio de 2017 (ver diligencias de fs, 195 y vta.), que no fue cuestionada e impugnada oportunamente si era ofensiva a su derecho a la defensa, indolencia que, en aplicación del art. 107 del Código Procesal Civil, se considera haber consentido tácitamente aquel vicio procesal sobre el cual no puede pedirse una nulidad procesal.

En ese margen, conforme ya lo describió el Tribunal de apelación, era obligación del recurrente impugnar en forma oportuna aquella decisión del juez A quo de desestimar la pretensión de excepciones y la nulidad de obrados, si le era gravosa a su derecho a la defensa, el no hacerlo es convalidar aquel acto sobre el cual no puede suscitarse reclamo posterior, más aun en etapa de casación, en aplicación del art. 271.I del Código adjetivo de la materia, lo cual inhibe realizar examen de los arts.  338 y 342 del Código Procesal Civil, por la convalidación del acto supuestamente irregular ocurrido en el trámite, constituyendo el reclamo insustancial a los fines de protección del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa.

2. El recurrente sostiene también violación de los arts. 338, 341, 342 y 344 de la Ley 439, en relación a lo dispuesto por el art. 175 y 176 del Código de la Familias y del Proceso Familiar, señalando que el Auto de Vista no fundamenta, el por qué se rechaza vía desistimiento el incidente de nulidad suscitado por su esposa, y simplemente se subordina tal rechazo al presupuesto de la convalidación, cuando su esposa no ha ejecutado ni materializado ningún acto que haga presumir dicha convalidación, puesto que la misma no ha sido integrada la litis, lo que le generó indefensión.

Respecto a esta denuncia, conforme se explicó en el primer agravio expresado, el art. 271.II del Código Procesal Civil, dispone que sólo constituye causal de nulidad la infracción o la errónea aplicación de normas procesales que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante el juez o tribunal inferior, conforme se describió en la doctrina legal aplicable, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que no se reclamó o impugnó oportunamente la decisión del juez inferior de tener por desistida la pretensión de nulidad de obrados expresado por Margarita Rocío Blacutt Ramírez ante su ausencia a la audiencia preliminar de 20 de julio de 2017; acotando que en esa decisión el juez de la causa, más allá de establecer la ausencia, agregó que “sin embargo al tener efecto la sentencia contra sus herederos y sus causahabientes pues no es necesario inclusive la integración a la Litis a la señora esposa Margarita Roció Blacutt Ramírez, por lo que, asumiendo esta decisión se pasa a la actividad cuarta” (ver fs. 191), fundamento relacionado a la integración  al proceso de la incidentista que, como se dijo, no fue impugnado por Margarita Roció Blacutt Ramírez, lo que inhibe realizar análisis de las normas presuntamente violadas por el principio de convalidación de los actos ocurrido en proceso, precisando que la misma tenía oportunidad de defensa al haberle hecho conocer con la decisión judicial mediante acto de notificación, habiendo sido de su conocimiento todos los actos posteriores. Cabe precisar que si bien el recurrente no tiene legitimación para reclamar por afectación de derechos de otro, sin embargo, era necesaria la explicación supra por la incidencia del efecto de la Sentencia contra la incidentista.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el arts. 41 y 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación, cursante de fs. 334 a 336, interpuesto por Juan Fernando Sardán Gómez, contra el Auto de Vista Nº 186/2018 de 01 de agosto, cursante de fs. 323 a 331 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Sin costas ni costos por no haber contestado al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                     

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.