TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 313/2019        

Fecha: 03 de abril de 2019

Expediente: LP-103-18-S.

Partes: Raquel María Quisbert Callisaya c/Adhemar Daniel Hurtado Montalvo.   

Proceso: División y partición de bienes gananciales.                                   

Distrito: La Paz.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 215 a 217 vta., interpuesto por Adhemar Daniel Hurtado Montalvo contra el Auto de Vista Nº 448/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 210 a 211 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de división y partición de bienes gananciales seguido por Raquel María Quisbert Callisaya contra el recurrente; el Auto de concesión de fs. 231; el Auto Supremo de Admisión Nº 844/2018-RA; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Raquel María Quisbert Callisaya inició la demanda de división y partición de bienes gananciales, cursante de fs. 19 a 23, en contra de Adhemar Daniel Hurtado Montalvo, quien una vez citado contestó en forma negativa e interpuso demanda reconvencional de declaración de bienes propios, mediante escrito de fs. 100  a 103. Tramitándose el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 54/2018 de 9 de febrero, cursante de fs. 180 a 187, con la que la Juez Público de Familia Nº 10 de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA en parte la demanda principal, en consecuencia, calificó la ganancialidad del capital de anticrético de $us. 7.000 y Bs. 6000, entregado a Matilde Quijarro Rodríguez, por contrato de anticresis de un departamento ubicado en la zona Periférica, calle Las Delicias e IMPROBADA respecto a la división de bienes muebles por no haberse acreditado su existencia; así también determinó IMPROBADA la demanda reconvencional, con las disposiciones descritas en dicho fallo.

2. Notificado el demandado con la Sentencia, impugnó dicha resolución mediante recurso de apelación, cursante de fs. 188 a 189, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 448/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 210 a 211 vta., que en su parte dispositiva CONFIRMÓ la Sentencia. 

3. Notificado Adhemar Daniel Hurtado Montalvo el 18 de julio de 2018, con la resolución de segunda instancia, que confirmó la Sentencia, este impugnó la misma en casación mediante memorial de fs. 215 a 217 vta., recurso es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. El recurrente manifestó, como primer agravio, que la jurisprudencia desarrollada en los Autos Supremos Nº 53/2015, Nº 137/2014, Nº 037/2014 y Nº 027/2014, concretó que la división y partición de bienes gananciales es una cuestión accesoria a la demanda de divorcio que puede ser realizada en ejecución de sentencia y su cónyuge solicitó la división en el Juzgado 10 de Familia, que no conoce la generalidad de lo ocurrido en el matrimonio Hurtado Quisbert.

2. Señaló, aludiendo al Auto Supremo  Nº 651/2014, incongruencia de la resolución judicial; con relación a la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R, la falta de motivación; y transcribiendo los Autos Supremos Nº 146/2015 y Nº 184/2015 una errada valoración de la prueba. 

3. El recurrente sostiene que el Auto de Vista, al igual que la Sentencia, realizó una errónea valoración de la prueba, ya que no tomó en cuenta que contrajo matrimonio en diciembre de 2014 y su demanda de divorcio data del mes de octubre de 2016, y salió del inmueble que tomaron en anticrético en enero de 2017, la obligación contraída a través de un contrato de mutuo que fue perfeccionado el 10 de diciembre de 2015; el contrato de anticresis se firmó el 19 de diciembre de 2015, con un plazo de un año forzoso, es decir, hasta el 19 de diciembre de 2016, fecha en el que ya se encontraba en proceso de divorcio, la devolución del anticrético fue el día 30 de noviembre de 2016, donde erróneamente los vocales aseveraron que si bien el contrato de préstamo, fue con anterioridad al contrato de anticrético no es menos evidente que el contrato de préstamo fue cancelado primero en el tiempo, en fecha 30 de noviembre de 2016, en tanto que la entrega del dinero de la anticresis a Adhemar Hurtado fue en el mes de enero de 2017; argumento falso que vulnera la falta de valoración de la prueba, acusando vulneración de los arts. 176.I, 190 de la Ley Nº 603 y art. 1318 del Código Civil.

Concluyó solicitando se case el Auto de Vista.

De la contestación al recurso de casación.

Señaló que desde el contrato de préstamo de dinero hasta la cancelación de dicho préstamo ambos en vínculo matrimonial, generaron ingresos para la colaboración de ambos cónyuges por lo cual es divisible entre ambos el dinero de la anticresis.

Manifestó que su persona y sus hijas recibieron agresiones por parte del recurrente  y que la propietaria del inmueble les privó de los servicios básicos y les agrede psicológicamente.

Concluyó solicitando se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. Del principio de la comunidad ganancial.

El art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar prescribe que: “(Principio) I. Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. II. Disuelto el vínculo conyugal, deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes”; norma descrita que recoge el sentido fundamental de la comunidad ganancial, fundado en la  paridad de derechos de los cónyuges sobre los bienes,  ganancias y beneficios, así como  la responsabilidad conjunta de las obligaciones asumidas durante la vigencia del matrimonio.

III.2. De los actos propios.

El Auto Supremo No 591/2014 de 17 de octubre, manifestó sobre los actos propios que: “Conviene destacar la teoría de los actos propios, según la cual no puede venirse contra los propios actos, negando efecto jurídico a la conducta contraria, siendo inadmisible que un litigante fundamente su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. El recurrente manifestó, como primer agravio, que la jurisprudencia desarrollada en los Autos Supremos Nº 53/2015, Nº 137/2014, Nº 037/2014 y Nº 027/2014 concretó que la división y partición de bienes gananciales es una cuestión accesoria a la demanda de divorcio que puede ser realizada en ejecución de sentencia y su cónyuge solicitó la división en el Juzgado 10 de Familia, que no conoce la generalidad de lo ocurrido en el matrimonio Hurtado Quisbert.

El agravio descrito no fue planteado en el recurso de apelación de fs. 188 a 189, y es traído recién en esta etapa casacional, por lo cual ese agravio es interpuesto en per saltum, es decir, en salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, lo que imposibilita su consideración por no existir una decisión al respecto en el contenido del Auto de Vista.

2. Respecto al Auto Supremo  Nº 651/2014 de la congruencia de las resoluciones judiciales,  la Sentencia Constitucional Nº 0012/2006-R relativo a la motivación de los fallos judiciales, los Autos Supremos Nº 146/2015 y Nº 184/2015  que versan sobre la valoración de la prueba, considerados como agravios segundo, tercero y cuarto por el recurrente; se debe manifestar que la copia inextensa de la jurisprudencia constitucional y legal descritas, per se, no pueden ser considerados como agravios, por lo cual el recurrente debe explicar de qué manera esa jurisprudencia se vincula a la afectación generada por la decisión impugnada; sin embargo el demandado se limitó a anunciar la jurisprudencia citada y, lacónicamente, manifiesta su vulneración, sin explicar por qué considera que, en función a la jurisprudencia, el Auto de Vista hubiera afectado sus derechos, pues no se concreta el agravio siendo solo una locución genérica de afectación que no puede ser considerado como una expresión de agravios.

3. El recurrente sostiene que el Auto de Vista, al igual que la Sentencia, contiene una errónea valoración de la prueba, ya que no tomó en cuenta que contrajo matrimonio en diciembre de 2014 y su demanda de divorcio data del mes de octubre de 2016, y salió del inmueble que tomaron en anticrético en enero de 2017, la obligación contraída a través de un contrato de mutuo fue perfeccionada el 10 de diciembre de 2015, que el contrato de anticresis se lo firmó el 19 de diciembre de 2015 con un plazo de un año forzoso es decir hasta el 19 de diciembre de 2016, fecha en el que ya se encontraba en proceso de divorcio, que la devolución del anticrético fue el día 30 de noviembre de 2016, donde erróneamente los vocales aseveraron que si bien el contrato de préstamo fue con anterioridad al contrato de anticrético no es menos evidente que el contrato de préstamo fue cancelado primero en el tiempo, en fecha 30 de noviembre de 2016, en tanto que la entrega del dinero de la anticresis a Adhemar Hurtado fue en el mes de enero de 2017; argumento falso que vulnera la falta de valoración de la prueba, acusando vulneración de los arts. 176.I, 190 de la Ley Nº 603 y art. 1318 del Código Civil.

A afectos del examen del agravio, se debe manifestar que el art. 176 del Código de las Familias y del Proceso Familiar prescribe que: “(Principio) I. Los cónyuges desde el momento de su unión constituyen una comunidad de gananciales. Esta comunidad se constituye aunque uno de ellos no tenga bienes o los tenga más que la o el otro. II. Disuelto el vínculo conyugal, deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes”; norma descrita que recoge el sentido fundamental de la comunidad ganancial, fundado en la  paridad de derechos de los cónyuges sobre los bienes,  ganancias y beneficios, así como  la responsabilidad conjunta de las obligaciones asumidas durante la vigencia del matrimonio.

Teniendo en cuenta esa descripción normativa, se debe señalar que el recurrente denuncia una errónea valoración de la prueba, aunque sin concretar el medio probatorio en el que se cometió el yerro por parte de juzgador; sin embargo, por la referencia de datos de la conclusión del contrato de préstamo y de anticresis establecidos en el recurso, acudiremos a las literales que contienen esos contratos para su análisis.

En ese marco, en obrados a fs. 3 se tiene copia legalizada de un contrato privado de “anticresis” suscrito entre Matilde Quijarro Rodríguez, en calidad de propietaria de un inmueble ubicado en la Avenida Periférica Nº 285, con Adhemar Daniel Hurtado Montalvo, en calidad de anticresista, por la suma de $us. 7.500 y Bs. 6000, celebrado en fecha 19 de diciembre de 2015, con un plazo de un año forzoso y un año voluntario a partir de la ocupación del departamento. De este contrato no se tiene un documento cierto de su finalización, teniendo como referencia a fs. 6 una carta notariada de fecha 20 de enero de 2017 en la que la propietaria del inmueble, Matilde Quijarro Rodríguez, intima a Raquel María Quisbert Callisaya a desalojar el inmueble, indicándole que devolvió el dinero de la anticresis a Adhemar Daniel Hurtado Montalvo y este le hizo entrega de las llaves el 11 de enero de 2017; sin embargo, se puede establecer que, considerando el contrato de anticresis que se estableció en un año forzoso computable a partir del 19 de diciembre de 2015, la devolución del dinero fue posterior al 19 de diciembre de 2016 y no anterior a esa fecha, coincidiendo con la temporalidad de la carta notariada de 20 de enero de 2017.

De otro lado, a fs. 4 se tiene un contrato privado de préstamo por el que Esther Hurtado Vda. de Pérez prestó a Adhermar Daniel Hurtado Montalvo la suma de $us. 8.000 hasta el 30 de noviembre de 2016. También, a fs. 5 se tiene un documento de devolución de préstamo de dinero de 30 de noviembre de 2016, por el que Adhemar Daniel Hurtado Montalvo devuelve la suma de $us. 9.000 adeudado a Esther Hurtado Vda. de Pérez.

En función a estos documentos, el Auto de Vista concluyó que el contrato de préstamo fue cancelado primero en el tiempo, en fecha 30 de noviembre de 2016, en tanto la entrega del dinero de anticresis al demandado fue en el mes de enero de 2017, por lo cual, el préstamo se canceló con ingresos de ambos cónyuges y no fue con el dinero del anticrético por ser su devolución posterior; conclusión lógica, que comparte este Tribunal de casación, que emerge de la apreciación de las literales descritas, tomando en cuenta que el préstamo de dinero se canceló el 30 de noviembre de 2016, con dinero generado de la comunidad ganancial, y no fue con el dinero de la anticresis, cuya devolución fue posterior al 19 de diciembre de 2016, considerando la estipulación del año forzoso del contrato y la entrega de las llaves del inmueble a la propietaria conforme la carta notariada de 20 de enero de 2017; fundamentos que no pudieron ser desvirtuados por la parte recurrente por medio de la pruebas traídas a proceso.  

Además, resulta contradictoria la postura del recurrente porque, en la contestación de fs. 100 a 103, manifestó que el dinero de la anticresis que se entregó a la propietaria del inmueble era propio y que no fue habido en matrimonio; postura contraria en el recurso de casación que manifiesta que el dinero del anticrético fue conseguido por medio de un préstamo de dinero y debe ser imputable a la comunidad ganancial, lo cual hace establecer que el recurrente no mantiene una postura estable en el tiempo, ya que varía su argumento respecto al dinero con la cual se contrató la anticresis, lo cual se subsume a la teoría de los actos propios, según la cual es inadmisible que un litigante fundamente su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior, desarrollado en la doctrina legal aplicable.

Así también, se hace necesario precisar que el recurrente a tiempo de interponer el recurso de casación adjuntó un documento privado de devolución del monto del capital anticrético suscrito por Matilde Quijarro Rodríguez y Adhermar Daniel Hurtado Montalvo de 30 de noviembre de 2016, señalando que es prueba de reciente obtención; documento que no es susceptible de apreciación por la etapa en que se presentó y, además, al afirmar que es de reciente obtención se discrepa  con la fecha del documento (30 de noviembre de 2016) anterior a la contestación de la demanda y no contemporáneo al recurso de casación. 

En consecuencia, no se evidencia la existencia de una valoración impropia de las literales del proceso por parte del Tribunal Ad quem, como tampoco se evidencia vulneración de los arts. 176.I y 190 de la Ley Nº 603, por su aplicación conforme a las pruebas y datos del proceso, que se explicó supra; así también, no se evidencia infracción del art. 1318.I del Código Civil ya que la presunción de ganancialidad se aplicó en forma correcta respecto al dinero de la anticresis por parte de los jueces de grado, por no existir pasivos que deban ser respondidos por la comunidad ganancial.

Por lo manifestado, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 215 a 217 vta., interpuesto por Adhemar Daniel Hurtado Montalvo contra el Auto de Vista Nº 448/2018 de 18 de junio, cursante de fs. 210 a 211 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera  del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costos y costas a la recurrente.

Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000 (Mil 00/100 Bolivianos). 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.