TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                    SALA CIVIL



Auto Supremo: 295/2019

Fecha: 01 de abril de 2019

Expediente: SC-124-18-S

Partes: Mario Franklin Chávez Méndez c/ Frans Rodolfo Antelo Franco.

Proceso: Compensación equitativa y resarcimi ento de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 207 a 209, interpuesto por Mario Franklin Chávez Méndez  mediante su representante Elio Sandagorda Cabrera, contra el Auto de Vista N° 125/18 de 7 de junio, cursante de fs. 203 a 205, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre compensación equitativa y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Mario Franklin Chávez Méndez contra Frans Rodolfo Antelo Franco, Auto de concesión de fs. 213, Auto Supremo de Admisión Nº 835/2018-RA de 5 de septiembre, cursante de fs. 219 a 220 vta., respectivamente, y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Mario Franklin Chávez Méndez planteó demanda por compensación equitativa y resarcimiento de daños y perjuicios, cursante de fs. 43 a 44, subsanada y adecuada  de fs. 45 a 46, contra Frans Rodolfo Antelo Franco; por su parte el demandado de fs. 65 a 67 vta., incidentó nulidad de citación que fue declarado probado por auto cursante de fs. 71 a 72, contestando por memorial cursante de fs. 132 a 133 vta., negando la demanda en todas sus partes y reconviniendo por cumplimiento de contrato con el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios, desarrollándose el proceso hasta el pronunciamiento de la sentencia.

2. El titular del Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 1/2018 de 10 de enero, cursante de fs. 179 a 183 vta., declaró IMPROBADA la demanda planteada por Mario Franklin Chávez Méndez, con el fundamento que la compensación equitativa no está librada al libre albedrío del juzgador, sino que el demandante debió producir las pruebas idóneas que den sustento legal, e IMPROBADA la demanda reconvencional opuesta por el demandado bajo el argumento que para su procedencia debió cumplir a cabalidad con su parte, reconociendo que pagó un 98 % del total de la obligación, por lo que debió acudir por la vía de la oferta de pago judicial, lo que hizo inatendible su demanda.

Resolución de segunda instancia que generó las apelaciones de ambas partes, cursantes de fs. 185 a 186 y de fs. 188 a 189 vta.

3. El 7 de junio de 2018, la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,        dictó Auto de Vista Nº 125/2018, cursante de fs. 203 a 205, en el que CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia de 10 de enero de 2018,  bajo la fundamentación respecto al demandado, que el juzgador otorga valor legal a la documentación aportada siempre y cuando le sirva para llegar al convencimiento de una posición, que en el caso las mismas no son pertinentes para adoptar una decisión respecto a la demanda de cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, en ese sentido el A quo fue claro al referir que el demandado debió acudir a la vía de la oferta de pago judicial buscando la declaración de validez de esa oferta de pago de saldo; por tanto la prueba del demandado no fue pertinente.

Respecto al demandante ratificó la consideración realizada por el A quo, respecto a que el mismo vendió el inmueble a un tercero en el año 2015, implicando que el demandante no tenga perjuicio alguno, porque recibió los pagos efectuados por el demandado y también recibió el dinero por la venta a la tercera persona, observándose por ello no haber generado perjuicio alguno, ameritando no realizar ninguna compensación.

Con base a esos antecedentes, la referida resolución de alzada fue recurrida en casación por Mario Franklin Chávez Méndez mediante su representante Elio Sandagorda Cabrera de fs. 207 a 209, correspondiendo su análisis y resolución. 

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

La parte recurrente expuso su recurso de casación en el fondo, del cual se extraen los siguientes agravios:

1. Acusó que los de instancia realizaron una interpretación errónea de la norma al razonar que por la venta efectuada por el demandante a un tercero, este no habría sufrido perjuicio alguno, siendo además ultra petita puesto que ninguna de las partes estableció esa pretensión en su demanda, a lo largo del proceso se probó que existió una relación contractual establecida entre las partes en virtud al documento privado de compra venta de 26 de agosto de 2009, suscrito entre ambas partes, conforme lo establecido en el art. 585 del Código Civil, no tomando en cuenta la cláusula sexta del referido contrato  en la que pactaron “la falta de pago de tres cuotas consecutivas, cualquiera sea el motivo dará derecho a los vendedores a considerar la obligación a plazo vencido y demandar el cumplimiento del pago total de la deuda o dar por rescindido este contrato, con la pérdida de las sumas abonadas por el comprador a favor de los vendedores, en carácter de indemnización por daños y perjuicios ocasionados con su incumplimiento”.

Expresó así que en base a los arts. 519 y 569 del Código Civil, no ameritaría juzgamiento ni interpretaciones por autoridad jurisdiccional en cuanto a que las partes pueden convenir expresamente la forma y manera en que se resolverá el contrato.

2. Reclamó que los Vocales de segunda instancia realizaron una interpretación errónea de la norma contenida en los arts. 585 y 572 del Código Civil, respecto a que la parte demandante no tendría derecho a la compensación por los actos de disposición realizados en favor de un tercero, vulnerando así el derecho al debido proceso del demandante protegido por el art. 180 de la Constitución Política del Estado.

En su opinión el carácter indemnizatorio por los daños y perjuicios ocasionados, se determinó en el documento de compra venta efectuado entre ambas partes, por lo que no es objeto de juzgamiento determinar ello, cuando el contrato ya lo estableció, razón por la que se acudió a la autoridad jurisdiccional por lo establecido en el art. 585 del Código Civil respecto a la venta con reserva de propiedad y para que determine en base a las circunstancias si se reduce o no la indemnización.

Petitorio.

Solicitó casar totalmente la resolución impugnada.

De la respuesta al recurso de Casación.

No existe respuesta.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III. 1. Sobre la interpretación del art. 568 del Código Civil.

El art. 568 del Código Civil dispone: “I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”, la norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acciones de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto por dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre que establece: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, ahora bien, es preciso tener presente que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante, determinar para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer que obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, es decir que dicha interpretación debe ser en relación a la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizado por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC.

III. 2. En relación a la interpretación de los contratos.

El art. 519 del Código Civil dispone que: “(Eficacia del contrato). El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”.

Asimismo, el art. 520 del mismo sustantivo, determina que: (Ejecución de buena fe e integración del contrato). El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.

Sobre el tema el Autor Carlos Morales Guillen en su Libro “Código Civil Concordado y Anotado”, Cuarta Edición, Tomo I, Pág. 741 refiere que: “…es principio supremo y absoluto que domina todo el derecho de obligaciones, el de que todas las relaciones de obligación, en todos los aspectos y en todo su contenido, están sujetos al imperio de la buena fe…El precepto dispone que los efectos de los contratos, no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o la equidad corresponda a la naturaleza del contrato…”.

III.3. Respecto al entendimiento de verdad material.

El Tribunal Constitucional de Bolivia en la SSCC Nº 1888/2011-R de 7 de noviembre de 2011, expresó que: “El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor supremo justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE que ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria el de “verdad material”, debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.

De este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.

III.4. Del principio de razonabilidad.

En cuanto a la aplicación del referido principio, la SCP Nº 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio de 2015 señaló: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP Nº0121/2012 de 2 de mayo, indico que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el vivir bien, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales”.

De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo modelo Constitucional, el principio de razonabilidad está orientado a que toda autoridad que ha de asumir una decisión, la haga de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante,  acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto esencial, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la búsqueda de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad.

III.5. De la valoración de la prueba.

La  doctrina y la jurisprudencia, han establecido que la valoración de la prueba en general es una prerrogativa inherente a los jueces de grado, conferida por la ley,  asumiendo prudente criterio o sana crítica, tal como se encuentra plasmado en el Art. 1286 del Código Civil que refiere “ las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si esta no determina otra cosa podrá hacerlo conforme a su prudente criterio, el mismo que contiene como principio la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, cual fue desarrollada en varios Autos Supremos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Auto Supremo Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y el Código Procesal Civil  y en su Art. 145 par. II”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Acusó que los de instancia realizaron una interpretación errónea de la norma al razonar que la venta efectuada por el demandante a un tercero, este no habría sufrido perjuicio alguno, siendo además ultra petita puesto que ninguna de las partes estableció esa pretensión en su demanda, a lo largo del proceso se probó que existió una relación contractual establecida entre las partes en virtud al documento privado de compra venta de 26 de agosto de 2009, suscrito entre ambas partes, pactado conforme lo establecido en el art. 585 del Código Civil , sin tomar en cuenta la cláusula sexta del referido contrato en el que pactaron “la falta de pago de tres cuotas consecutivas, cualquiera sea el motivo dará derecho a los vendedores a considerar la obligación a plazo vencido y demandar el cumplimiento del pago total de la deuda o dar por rescindido este contrato, con la pérdida de las sumas abonadas por el comprador a favor de los vendedores, en carácter de indemnización por daños y perjuicios ocasionados con su incumplimiento”.

Expresó así que en base a los arts. 519 y 569 del Código Civil, no ameritaría juzgamiento ni a interpretaciones por la autoridad jurisdiccional en cuanto a que las partes pueden convenir expresamente la forma y manera en que se la resolverá el contrato.

Al respecto y de la revisión del proceso se tiene de fs. 150 a 151 la comunicación de resolución de contrato por incumplimiento de pagos realizada por el vendedor al comprador, mediante carta notariada de 18 de abril de 2012, en la que se hace alusión al contrato pactado con reserva de propiedad (de un lote signado con el Nº 64),  de 26 de agosto de 2009, otorgándole al comprador un plazo de 10 días para pagar la totalidad de la deuda, bajo el argumento que el comprador incumplió el pago de tres cuotas consecutivas, lo cual conferiría derecho a los vendedores para la resolución de contrato y/o reversión del lote de terreno.

Asimismo, cursa en el proceso el contrato de compra venta con reserva de propiedad pactada entre el demandante y el demandado donde se evidencia que las partes acordaron una compra venta a plazos, de un lote de terreno signado como Nº 64, con reserva del derecho de propiedad, al tenor del art. 585 del Código Civil, sobre una fracción de un lote equivalente a 1.100,00 m2 de superficie por el precio convenido de $us.16.500,00. (Dólares Americanos Dieciséis Mil Quinientos 00/100), a ser pagados mediante cuota inicial de $us. 825,00. (Dólares Americanos Ochocientos Veinticinco 00/100), y 96 cuotas mensuales de $us. 255. (Dólares Americanos Doscientos Cincuenta y Cinco 00/100) según plan de pagos adjunto.

De la revisión del plan de pagos adjunto ya mencionado en el contrato principal, que cursa de fs. 37 a 38, en el que se evidencia que el plan de pagos estableció 96 cuotas equivalentes a $us.255.-, que debían ser pagadas mensualmente e iniciadas con la cuota Nº 1 el 26 de agosto de 2009 y concluidas de pagar con la cuota Nº 96 el 20 de julio de 2017.

Revisado el contrato de compra-venta, así como el proceso, no existe cláusula en el mismo contrato de 26 de agosto de 2009 ni tampoco otro contrato modificatorio, que establezca que en el caso de efectuarse pagos por adelantado, los plazos se modificarían o que al acortarse estos, conllevarían también alguna ventaja para el comprador como ser el consiguiente efecto de la disminución de intereses.

En tanto a que el vendedor por documental cursante a fs. 42, definió contabilizar las cuotas impagas a partir del 13 de agosto de 2011, resolviendo el contrato expresado por carta notarial de fs. 150 a 151 en la que el vendedor unilateralmente amparándose en la cláusula sexta del contrato interpretó que la ausencia de tres cuotas consecutivas importaría la resolución del contrato, sin considerar que el comprador realizó pagos mayores a los fijados mensuales de doscientos cincuenta y cinco dólares, que dan lugar a establecer que dichos pagos adelantados habrían cubierto cuotas hasta la gestión 2016, ello de acuerdo al plan de pagos adjunto al contrato, lo cual  inviabilizaba resolver unilateralmente el contrato en la gestión 2012.

Con base a lo razonado y resuelto unilateralmente por el vendedor tampoco tomó en cuenta la intención de pago del comprador y dejó de lado la carta notariada de 16 de julio de 2012 (fs. 121) en la que el comprador solicitó al vendedor recepcionarle el saldo del precio de la venta con la consiguiente transferencia de la minuta correspondiente.

En cuanto al art. 569 del Código Civil en relación al art. 519 del mismo cuerpo sustantivo civil,  respecto a la estipulación de una cláusula resolutoria que las partes puedan establecerla en razón de su libre consentimiento, se tiene que en el caso de autos, la misma es válida y está establecida en la cláusula sexta como un medio de seguridad de cumplimiento del contrato; sin embargo para su interpretación cabal se entiende que en todo contrato cada cláusula está íntimamente concadenada de manera completa, por lo tanto el error está en la mala y abusiva interpretación  realizada por el vendedor y no como falsamente quiere atribuirse al Órgano Jurisdiccional, que más allá de ciertas imprecisiones, estableció correctamente sus decisiones en el fondo de la causa, porque realizó interpretación amplia del contrato buscando la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma tal como establece el punto III.1 de la doctrina aplicable.

En ese entendido se concluye que la resolución de contrato unilateral determinada por el vendedor en la gestión 2012, no cumple a cabalidad con todos los preceptos acordados en el mismo suscrito en 2009, entendiéndose que la parte demandante tampoco probó que se hubiera modificado posteriormente el contrato, puesto que de acuerdo al plan de pagos adjunto (citado en el contrato de 2009), el comprador tenía como plazo de pago establecido para su última cuota el 20 de julio de 2017 y siendo que pagó cuotas por adelantado, solamente le restaban las últimas diez cuotas, entendiéndose claramente que pagó hasta la cuota Nº 85, misma que por el plan de pagos adjunto al contrato, correspondía ser pagado todavía hasta el 20 de agosto de 2016, por lo que su mora, o cuotas impagas, debieron correr tres meses posteriores a esta fecha, vale decir recién a partir del 20 de noviembre de 2016.

En ese marco las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias tienen el deber de dar solución a los conflictos en aras de conseguir la paz social, resguardando los principios, valores y derechos fundamentales, aplicando el principio de razonabilidad, esto es pronunciando decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales; asimismo, las autoridades jurisdiccionales deben llegar a tutelar efectivamente todos los derechos no formalmente sino a través del logro de la efectivización de la justicia material y del debido proceso, tal como establecen los puntos III.3 y III.4 de la doctrina aplicable en la presente resolución.

Por lo cual y en aplicación a lo expresado supra y de la interpretación realizada al contrato, se establece que de la redacción del mismo, la venta fue realizada por cuotas establecidas para cada mes (a facilidades), siendo las mismas 96 (noventa y seis), vale decir desde agosto del 2009 hasta julio del 2017, no pudiendo la parte demandante unilateralmente establecer un contexto diferente a lo acordado en el contrato de 2009, por lo que le corresponde al vendedor recepcionar el saldo adeudado por el comprador y entregar el lote de terreno, o en su caso entregar un lote con características similares o existiendo acuerdo de partes, el vendedor debe hacer la devolución del dinero entregado más los intereses que hubiera generado hasta el día de la devolución a ser calculado en ejecución de sentencia.

2. Reclamó que los vocales de segunda instancia realizaron una interpretación errónea de la norma contenida en los arts. 585 y 572 del Código Civil, respecto a que la parte demandante no tendría derecho a la compensación por los actos de disposición realizados en favor de un tercero, vulnerando así el derecho al debido proceso del demandante protegido por el art. 180 de la Constitución Política del Estado.

En su opinión el carácter indemnizatorio por los daños y perjuicios ocasionados, se determinó en el documento de compra venta efectuado entre ambas partes, por lo que no es objeto de juzgamiento determinar ello, cuando el contrato ya lo estableció, por lo que se acudió a la autoridad jurisdiccional por lo establecido en el art. 585 del Código Civil respecto a la venta con reserva de propiedad y para que determine en base a las circunstancias si se reduce o no la indemnización.

Al respecto y del razonamiento ya expresado en el punto 1, corresponde establecer que la resolución unilateral realizada por el vendedor fuera del contexto integral del contrato, bajo parámetros establecidos por una sola de las partes amparándose bajo su propio entendimiento errado sobre la base de una sola de las cláusulas sin respetar y dejando de lado las demás cláusulas del contrato, principalmente aquella que estableció 96 cuotas de doscientos cincuenta y cinco dólares a ser pagadas cada mes, por ello tal resolución no constituye ley entre partes, puesto que en lo que respecta a la interpretación correcta de los artículos 585 y 572 del Código Civil, no puede pactarse ni tampoco resolver contratos bajo una interpretación sesgada y amañada excediendo los límites que la ley impone, esto es que al tenor del análisis previamente realizado en el punto 1, se tiene claramente establecido que en los hechos y por la modalidad de pago efectuada no existió tal incumplimiento ni  se operó tal resolución del contrato.

En cuanto a que el Auto de Vista habría realizado una interpretación errónea al tenor de lo establecido en el art. 572 del Código Civil, referente a la gravedad e importancia de incumplimiento y que expresa: “No habrá lugar a la resolución del contrato si el incumplimiento de una de las partes es de poca gravedad o de escasa importancia teniendo en cuenta el interés de la otra parte”. Al respecto corresponde establecer que si bien esta norma suele ser aplicable en los casos en los que la obligación ha sido cumplida en un porcentaje que no amerita ya su resolución; sin embargo en el caso de autos no resulta imperativa su aplicación, puesto que en los hechos y desde una interpretación cabal de cumplimiento al contrato, no existe tal resolución, puesto que la misma fue definida unilateralmente y solamente bajo una interpretación errada y abusiva de una de las partes, ignorando intencionadamente el contexto integral del contrato, no obstante ello, esta observación del recurrente tampoco cambia el fondo de la decisión asumida.

Respecto al art. 585 del Código Civil y lo concerniente a los efectos establecidos en numeral III, necesariamente la condición para la resolución es que exista incumplimiento del comprador, lo cual en el caso de autos no existió, por lo que no amerita mayor interpretación ni aplicación del mismo.

Con base a lo expresado, la parte demandante con el criterio errado de entender que la cláusula sexta del contrato suscrito dió pie a su pretensión porque estableció que: “la falta de pago de tres cuotas consecutivas, cualquiera sea el motivo…(…)…a dar por rescindido este contrato, con la pérdida de las sumas abonadas por el comprador a favor de LOS VENDEDORES, en carácter de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento”, entendiendo que el vendedor no pagó nada desde agosto del 2011 hasta abril del 2012 y en razón a ello se haría pasible a lo estipulado en dicha cláusula del contrato así como a ser beneficiario de daños y perjuicios ocasionados.

Sin embargo, por el análisis realizado supra el vendedor no puede solicitar ninguna compensación así como tampoco ninguna indemnización, mucho menos demandarla; porque la resolución contractual no se operó, ya que las cuotas estaban pagadas de acuerdo al plan de pagos referido en el contrato hasta septiembre de 2016, tiempo en el que recién debió computarse la aplicación de la cláusula sexta, por otra parte resulta incongruente la pretensión errada del demandante respecto a reclamar compensación equitativa y resarcimiento de daños y perjuicios cuando  nunca hizo entrega del terreno y el comprador tampoco poseyó ni utilizó dicho lote de terreno, por el contrario el comprador realizó pagos por adelantado de las cuotas, llegando a cubrir 86 cuotas, incluidas también las expensas cual si estuviera utilizando el mismo, dinero que respecto al pago del referido lote pudieron haber sido reinvertidos y utilizados por el vendedor, por lo tanto se tiene que todos sus reclamos no tienen el fundamento menos ameritan compensación ni indemnización alguna, porque como ya se dijo no existió causal verdadera que ameritara la resolución unilateral del contrato, por lo tanto el criterio del demandante y recurrente es errado.

De la respuesta al recurso de casación.

No existe respuesta.

Por lo manifestado, corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación planteado por Mario Franklin Chávez Méndez  representado por Elio Sandagorda Cabrera (fs. 207 a 209), contra el Auto de Vista Nº 125/2018 de  07 de junio de fs. 203 a 205, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sin costas ni costos por no haberse contestado el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.