TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 293/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha: 01 de abril de 2019

Expediente: LP-18-19-S.

Partes: Ada Cristina Patiño Montalvo representada por Alejandra Josefa Chacón Mamani c/ Edmundo Sánchez Melgar y Edwin Rolando Sánchez Patiño.

Proceso: Reivindicación y resarcimiento de daño por responsabilidad extracontractual.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 172 a 174, interpuesto por Edmundo y Edwin  Sánchez Melgar contra el Auto de Vista Nº 324/2018 de 5 de noviembre, cursante de fs. 164 a 165, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre reivindicación y resarcimiento de daño por responsabilidad extracontractual, seguido por Alejandra Josefa Chacón Mamani en representación de Ada Cristina Patiño Montalvo contra los recurrentes, la contestación de fs. 176 a 177 vta., el Auto de concesión de fs. 178, el Auto Supremo de Admisión N° 92/2019-RA de 6 de febrero de fs. 184 a 185 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público en lo Civil y Comercial Cuarto de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 14/2018  de 9 de enero de 2018, cursante de fs. 111 a 113 vta. de obrados, declarando PROBADA la demanda planteada por Ada Cristina Patiño, sobre la reivindicación del inmueble ubicado en la zona  Villa Adela, Plan 4, Manzano 223 Nº 28 con superficie de 312 m2., registrado en Derechos Reales con la Matrícula Computarizada Nº 2.01.4.01.0122111,  disponiendo que los demandados  hagan  entrega  del inmueble a los tres días de ejecutoriado el fallo.

Contra la referida resolución, Edmundo Sánchez Melgar y Edwin Rolando Sánchez Patiño interpusieron recurso de apelación por memorial de fs. 124 a 126, resuelto por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien pronunció el Auto de Vista Nº 324/2018 de 05 de noviembre, cursante de fs. 164 a 165, por el cual CONFIRMÓ la sentencia impugnada, bajo los siguientes argumentos:

Con relación a que la resolución sea ultra petita, por el hecho de que en el encabezamiento de la sentencia se indique “resarcimiento de daño por responsabilidad extracontractual”  (sic) si bien seria evidente, sin embargo en su parte considerativa y dispositiva  la sentencia  se concentra en la resolución de la reivindicación solicitada por la actora, por cuanto a fs. 456, la actora habría  ratificado y aclarado que su demanda únicamente versa sobre esa pretensión  en consecuencia lo mencionado en el encabezamiento no causa perjuicio  siendo algo intrascendente.

En cuanto al agravio referido a la falta de fundamentación o motivación en la sentencia e inobservancia de normas procedimentales, el Ad quem observó que a través del recurso de apelación no se efectuó una relación de causalidad con la sentencia impugnada.

Finalmente, en cuanto a los actos procedimentales que se apartaron del adjetivo civil, como son la falta de notificación con la observación a la demanda reconvencional y fijación extemporánea de la audiencia, sostiene que no ejercieron ningún medio de impugnación en su contra, convalidando de esa forma los señalados actos y operando el principio de preclusión.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. El Auto de Vista carece de motivación suficiente en infracción del art. 115 de la Constitución Política del Estado.

Los recurrentes haciendo cita del art. 115.II de la Constitución Política del Estado que  contempla los derechos del debido proceso, defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna,  además de las Sentencias Constitucionales números 0106/2016-S1 de 29 de enero y 0316/2010-R de 15 de junio, alegan que el Auto de Vista recurrido no posee motivación suficiente, al omitir pronunciamiento sobre la negativa a su reconvención, no procesar las pruebas que ofreció en la respuesta aceptada a fs. 74 y ratificadas mediante memorial de fs. 80, para ese efecto por determinación de fs. 81 vulnerando el art. 119 de la Constitución Política del Estado, que ha conllevado ilegalmente una confesión provocada (personal)  por la apoderada  quien  no contaría  con las facultades para  absolverla de acuerdo al poder de fs. 3 a 5 en vulneración del art. 811.II del Código Civil, “objetivizado” (sic) a fs. 91 con relación  al art. 158.II de la Ley  Nº 439.

2. Denuncia que no debió admitir la demanda.

Añade que se admitió una demanda sin que la apoderada  cuente con facultades para promover acción de reivindicación, ni de resarcimiento de daños, en consecuencia la admisión  resultaría  insoluta, quebrando el debido proceso y el principio de legalidad establecidos en los arts. 115, 117, 118 y 180 de la Constitución Política del Estado además del art. 17 de la Ley Nº 025, pues considera que de oficio el Tribunal de alzada debió analizar este aspecto, al contemplarse en el ámbito infraconstitucional previsto por el art. 178.I de la Constitución Política del Estado.

3. El A quo incumplió plazos procesales.

Más adelante aduce que hubo incumplimiento de los plazos procesales por el A quo en cuanto al señalamiento de audiencia preliminar de fs. 107 en infracción de los arts. 89, 90, 365 y 367.IV de la Ley Nº 439 y la falta de diligenciamiento de prueba.

4. El Auto de Vista es infra petita.

Arguyen, que el fallo recurrido no se pronunció sobre los daños y perjuicios, y declaró probada la demanda parcialmente e impuso costas, resultando ser una resolución desajustada que considera debe ser objeto de nulidad.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Alejandra Josefa Chacón Mamani en representación de Ada Cristina Patiño Montalvo, por memorial de fs. 176 a 177 vta., señalando que no es evidente que su reclamo referido a que no se dio curso a la reconvención, no haya merecido pronunciamiento por el Tribunal Ad quem, asimismo pudieron haber impugnado el Auto de rechazo, sin embargo no lo  hicieron tampoco incidentaron en primera instancia habiendo operado la preclusión.

Con relación a que el poder notarial de la demandante para absolver confesiones provocadas, este aspecto tampoco habría sido objeto de apelación, no obstante de que la apoderada contaba con dichas facultades, haciendo hincapié en que la sentencia no se basó en esta prueba para declarar probada su demanda y reconocer su derecho propietario, sino se basó en la prueba documental y en la inspección ocular.

Adicionalmente rechaza que la demandante haya acrecido de poder para interponer la demanda de reivindicación.

En cuanto a la denuncia de que su prueba no se habría diligenciado, señala que hicieron producir su prueba testifical y que fue objeto de valoración además de la prueba documental que correspondían a una época anterior a su posesión.

Respecto a la prueba pericial grafológica ofrecida en la demanda reconvencional considerando que la demanda reconvencional fue declarada por no presentada en consecuencia esa prueba no pudo diligenciarse, concluye pidiendo la improcedencia del recurso de casación planteado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la motivación y fundamentación de las resoluciones.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

El art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 213.II del Código Procesal Civil dispone que la sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la resolución de alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

Al efecto podemos citar la SC. 0669/2012 de fecha 2 de agosto que ha referido:” …. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresarlas convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' ( SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional extractado se advierte que para el cumplimiento del debido proceso en su sub elemento motivación de una resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, realizada esa actividad intelectiva se tiene por cumplida la motivación de una resolución, empero, cuando las partes, no están de acuerdo con esa motivación en su contenido, otro resulta el tema o reclamo a invocar, como ser la errónea aplicación, interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de casación en el fondo.

III.2. Del principio per saltum.

El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1) que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observados en el recurso de apelación, y 2) Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la revisión del recurso de casación, se desprende que:

1) Con relación a las denuncias de que el Auto de Vista carece de motivación suficiente en infracción del art. 115 de la Constitución Política del Estado y que el A quo incumplió plazos procesales.

De la revisión de antecedentes se establece que los ahora recurrentes plantearon recurso de apelación contra la sentencia, aduciendo entre sus agravios la inobservancia de las normas procedimentales, observando: a) la sentencia fue  emitida de forma ultra petita al incluir en su encabezado el resarcimiento de daño por responsabilidad extra contractual, b) la notificación con la observación a la demanda reconvencional, c) el señalamiento de audiencia preliminar fuera del plazo establecido por ley, d) que concluidos los alegatos, se dio lectura inmediatamente a la sentencia sin que haya existido un cuarto  intermedio para valorar las pruebas y emitir el fallo, siendo notificadas las partes en ese mismo acto, para luego adherir la transcripción de la audiencia de inspección ocular; y, e) al emitir la sentencia el a quo omitió fundamentar y motivar coherente y claramente las razones fácticas y jurídicas de su decisión en vulneración al debido proceso en su “vertiente” (sic) del debido proceso.

Reclamos que el Tribunal Ad quem a través del Auto de Vista ahora recurrido, ha manifestado: a) Con relación a que la sentencia sea ultra petita, en su parte considerativa y resolutiva se concentra en la acción de reivindicación, pues la actora aclaró que su demanda era solo sobre esa acción y retiro  su pretensión sobre la reparación de daños como se desprende de fs. 49 a 50 vta. resultando ese agravio  intrascendente;  b) y c) respecto a la observación de la notificación  y el señalamiento de audiencia, el Ad quem señalo que los apelantes no  plantearon ningún medio de impugnación para restablecer sus supuestos derechos  vulnerados continuando con el trámite de la causa convalidando así los actos procesales y operando el principio de preclusión;  d)  y e) finalmente refiere que las acusaciones sobre falta de fundamentación  y motivación de la sentencia  y ausencia de criterio  jurídico  y parcialidad del A quo, son efectuadas por los apelantes sin desarrollar una relación de causalidad con el fallo apelado, tampoco especifican  donde se encuentran estas falencias o de qué forma se alejó de los principios  y normas en los que se sustenta.

De acuerdo a la doctrina desarrollada en el acápite III.1 del presente fallo, la motivación y fundamentación de las resoluciones constituyen elementos del debido proceso, consistentes en el contenido obligatorio de cada resolución  de exponer  los motivos que sustenten la decisión asumida,  a efectos de lograr un  convencimiento de las partes en conflicto sobre la misma, situación que aconteció en el caso de autos, tal cual se ha detallado a través de los párrafos que anteceden, donde se observa como el Tribunal de segunda instancia, procedió a dar respuesta  a cada uno de los agravios formulados en etapa de apelación, explicando no solo el hecho fáctico, sino también amparó su decisión en la normativa aplicable a la disyuntiva planteada,  consecuentemente no se observó que carezca de fundamentación, mucho menos que  no se haya  pronunciado sobre cada denuncia formulada, pues pese a que se pretendió  una nulidad de obrados, el Ad quem  ha verificado el correcto tramite y la falta de reclamo oportuno sobre aspectos que no se hallaban sustentados para poder proceder a un saneamiento procesal, operando los principios de preclusión y de convalidación, en consecuencia aunque de forma concreta el Auto de Vista recurrido cuenta con la debida fundamentación y motivación, la cual no debe ser necesariamente ampulosa o extensa en sus argumentos, pues bastara dar a conocerlos y que estos sean acordes a los datos del proceso y las normas que rigen la materia al caso concreto, para tener por cumplido este elemento parte del derecho al debido proceso, por lo que no se ha demostrado la infracción a los arts. 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado, ni que el A quo incumplió plazos procesales, pues como el Ad quem verificó los antecedentes, el entonces apelante no observó oportunamente este aspecto, tampoco hizo uso de algún medio de impugnación en contra de lo determinado por el juez A quo, falencia que el ahora recurrente pretende subsanar en esta nueva etapa procesal, buscando un retroceso a fases ya precluídas y convalidadas.

2) Con relación a los reclamos de que no se debió admitir la demanda, en razón a que la apoderada no contaba con las facultades suficientes para plantear una acción de reivindicación, ni de resarcimiento de daños, tampoco para  prestar una confesión provocada, lo cual generó vulneración del art. 811.II del Código Civil, con relación al art. 158.II de la Ley Nº 439; se constata que los recurrentes incorporan estos agravios al margen de aquellos que fueron contemplados en la apelación, infiriéndose que la parte recurrente no ha tomado en cuenta la naturaleza del “per saltum (pasar por alto)”, y pretende que este Tribunal ingrese a considerar aspectos nuevos que no fueron objeto de apelación y fundamentación, por tal motivo el mismo no merece pronunciamiento alguno, puesto que para estar a derecho, la parte recurrente debió instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el “per saltum”, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de casación como es el caso; es decir, que el trámite debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, aspecto que imposibilita su análisis, dicho criterio tiene sustento en el contenido del art. 272.II del Código Procesal Civil, cuando señala que no podrá hacer uso del recurso de casación quien no apeló la sentencia, exigencia procesal que se interpreta en forma extensiva a la formulación de agravios, en sentido que el agravio debe ser activado en fase de apelación y en caso de no acogerse el agravio postulado, deducir la infracción en el recurso de casación respecto al fundamento del Auto de Vista que considera inviable el agravio. 

En cuanto a la denuncia de que el Auto de Vista es infra petita.

La parte recurrente omite considerar que mediante el Auto de Vista recurrido se aclaró que la demandante retiró su pretensión de reparación de daños efectuada por memorial de fs. 49 a 50, por consiguiente resulta ilógico pretender que el fallo de primera y segunda instancia emitan mayor pronunciamiento al respecto en virtud al principio de congruencia, por consiguiente no es evidente que el Auto de Vista recurrido sea infra petita, pues tampoco se ha demostrado que haya otorgado más allá de lo pedido.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista ha resuelto la causa de forma fundamentada, motivada y congruente, sin que se haya vulnerado norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 172 a 174, interpuesto por Edmundo y Edwin  Sánchez Melgar contra el Auto de Vista Nº 324/2018 de 5 de noviembre, cursante de fs. 164 a 165, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.