TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A C I V I L 



Auto Supremo: 292/2019

Fecha: 01 de abril de 2019

Expediente:        CB-58-18-S

Partes: Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello Becerra de Abujder c/ María

de los Ángeles Grossberger y Antonio Luis Fernando Guzmán Torres.

Proceso: Reivindicación y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 195 a 199 y de fs. 204 a 208 vta., interpuesto por María de los Ángeles Grossberger y por Jorge Eduardo Salinas Águila en representación de Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello de Abujder, respectivamente, ambos contra el Auto de Vista REG/S.CII ASEN.049/2018 de 01 de junio, cursante de fs. 186 a 192 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso ordinario de reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello Becerra de Abujder contra María de los Ángeles Grossberger y Antonio Luis Fernando Guzmán Torres; las contestaciones a los recursos que cursan de fs. 204 a 208 vta., y de fs. 211 a 213, el Auto de concesión de los recursos de fecha 22 de agosto de 2018 cursante a fs. 214; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 981/2018-RA de 05 de octubre que cursa de fs. 222 a 224; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello Becerra de Abujder representados legalmente por Diego Alejandro Hirmas Salinas, por memorial que cursa de fs. 17 a 20 vta., que fue subsanado por fs. 29 y vta., iniciaron demanda ordinaria de reivindicación y pago de daños y perjuicios; que fue interpuesta contra María de los Ángeles Grossberger y Antonio Luis Fernando Guzmán Torres, quienes una vez citados, responde y reconviene por memorial que cursa de fs. 44 a 45 vta., subsanada de fs. 50, por María de los Ángeles Grossberger quien contestó negativamente a la misma, opuso excepciones perentorias de falsedad, contradicción, obscuridad y falta de acción y derecho, e interpuso demanda reconvencional solicitando se le mantenga en posesión del bien inmueble objeto de litis y a su vez se declare la existencia de contrato de antícresis con opción a compra; por su parte,  a través del memorial que cursa a fs. 67, Antonio Luis Fernando Guzmán Torres contestó a la demanda principal oponiendo excepciones perentorias de falta de acción y derecho y falsedad, de igual forma se adhirió a los fundamentos expuestos en el memorial de contestación y reconvención que interpuso su esposa María de los Ángeles Grossberger.


Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº88/2017 de 30 de junio de 2017, cursante de fs. 131 a 135 vta., en la que declaró: 1) PROBADA la demanda principal; 2) IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad y de falta de acción y derecho, que fueron interpuestas por los demandados por memoriales de 20 de Julio de 2015 y 24 de septiembre del mismo año; 3) PROBADA la excepción de falsedad interpuesta por los actores a la mutua petición planteada; 4) Ordenó que María de los Ángeles Grossberger y Antonio Luis Fernando Guzmán Torres entreguen la oficina de 61.45 m2, signada como 1-F que se encuentra en el primer piso del Edificio Juan Abujder ubicado en la Av. San Martín esquina Bolívar de la ciudad de Cochabamba, registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada Nº 3.01.1.99.0020259 de 15 de noviembre de 2010 a favor de los demandantes en el plazo de 30 días de ejecutoriada la resolución, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento y sin lugar al pago de daños y perjuicios que fueron demandados en forma accesoria; 5) Sin costas por ser juicio doble.


  1. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dió lugar a que los demandados María de los Ángeles Grossberger de Guzmán y Antonio Luis Fernando Guzmán Torres por memorial de fs. 139 a 141 vta., así como los demandantes Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello de Abujder por memorial de fs. 145 a 149, interpusieran recurso de apelación.


  1. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista REG/S.C.II/ASEN.049/2018 de 1 de junio que cursa de fs. 186 a 192 vta., donde el juez de alzada en lo trascendental de dicha resolución refiriéndose al recurso de apelación interpuesto por los demandados señalaron que el contrato verbal que pactaron los demandantes y demandados, no podría ser interpretado como un contrato preliminar o sujeto a condición (desgravar la hipoteca), puesto que en ningún momento se habría establecido que el mismo sería un compromiso de venta, sino simplemente tendría la opción de la venta, razón por la cual no podría ser interpretado dentro de los alcances del art. 463 del Código Civil ya que no existiría ninguna situación progresiva para la formación del contrato, asimismo refirieron que el contrato verbal no cumpliría con todos los requisitos exigidos por ley para la formación de contratos (art. 452 del C.C.), incumpliéndose de esta manera con una de las tres características que hacen a los contratos preliminares; en cuanto al dinero entregado por la demandada en favor de los actores, advirtieron que la devolución del mismo no fue exigido en ningún acápite del memorial de contestación y reconvención ante una eventual negativa de otorgar validez al contrato verbal, razón por la cual señalaron que si el juez A quo habría dispuesto de cualquier forma de ese dinero, habría excedido su determinación recayendo en la emisión de una resolución ultrapetita; finalmente refirieron que sería un error considerar que un contrato verbal que jamás se formalizó y que además carece de valor probatorio pueda desvirtuar el conjunto de medios probatorios producidos en primera instancia, al margen de que no existiría prueba que lleve a la convicción de que se haya formalizado la venta o en su defecto se haya comprometido la transferencia. Con relación al recurso de casación interpuesto por los demandantes Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello Becerra de Abujder, señalaron que tendría carácter imprescindible la prueba para la acreditación de un daño, cuya carga, en el caso de autos, sería de atribución exclusiva del actor, en ese entendido consideraron que dicha parte procesal debió valerse de todos los medios probatorios que lleven a la comprobación real de daños y perjuicios, extremo que no habría cumplido la parte actora.


Por los fundamentos expuestos, el citado Tribunal de alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada, sin costas por ser apelación doble.


  1. Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de las partes, ameritó que la codemandada María de los Ángeles Grossberger, por memorial de fs. 195 a 199, y los demandantes Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello de Abujder a través de su representante legal Jorge Eduardo Salinas Águila, por memorial de fs. 204 a 208 vta., interpusieran recurso de casación, los cuales se pasa a analizar:


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION

Del recurso de casación interpuesto por María de los Ángeles Grossberger (memorial de fs. 195 a 199).

  1. Acusa que el Tribunal de Apelación habría violado, interpretado y aplicado indebidamente los arts. 452 y 463 del Código Civil, como también habría omitido aplicar los arts. 455 y 421 del mismo cuerpo legal, toda vez que no solo se habría producido la formalización del contrato mediante el consentimiento de ambas partes, sino que también se habría producido la entrega del bien inmueble, por lo que el contrato se mantendría vigente, ya que el mismo no habría merecido mención alguna por los jueces de instancia sobre su validez y vigencia, por lo que la reivindicación no procedería, pues lo que correspondía era una demanda de resolución de contrato.
  2. Aducen que ni el juez A quo ni el Tribunal de alzada habrían efectuado una valoración debida de los medios probatorios, de los cuales acusa que no se habría considerado que el folio real del bien inmueble acreditaría la existencia de un gravamen, la carta notariada demostraría la existencia de un contrato de compra-venta, el contrato de compromiso de venta con arras sería arbitrario porque no reflejaba el contrato de antícresis y la confesión judicial espontánea realizada en el memorial de demanda establecería que si existió un contrato verbal de compra-venta entre partes que nació como un anticrético y luego se habría convertido en un contrato real; fundamentos por los cuales considera que no se habría procedido con apego a lo establecido en el art. 1286 del Código Civil.
  3. Que no procede la reivindicación ya que la posesión que ejerce provendría de un compromiso verbal de venta tal como lo estipularía el art. 1462 del Código Civil.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declare la existencia del contrato y se establezca un plazo para la formalización de la sentencia.

Contestación al recurso de casación.

Los demandantes una vez notificados con la citada impugnación, a través del memorial de fs. 204 a 208 vta., contestaron al mismo bajo los siguientes fundamentos:

En ese entendido concluyen señalando que no existiría título alguno que faculte a los demandados a ocupar el inmueble, surgiendo de esta manera una presunción “iure et de iure” sobre la existencia de falsedad de dicha relación contractual por simple aplicación del art. 1318.II num. 1) del Código Civil, ya que al pretender invocar un contrato de anticrético verbal que resultaría nula por la norma citada se demuestra la falsedad del mismo; motivo por el cual solicita se declare improcedente la impugnación.

Del recurso de casación con relación a la demanda accesoria de resarcimiento de daños y perjuicios, interpuesto por Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello de Abujder representados legalmente por Jorge Eduardo Salinas Águila (memorial de fs. 204 a 208 vta.)

  1. Arguyen que el Tribunal de alzada habría incurrido en una total inobservancia del art. 984 del Código Civil, ya que dicha norma condenaría a quien por un hecho culposo o doloso cause un daño injusto a otro; en ese entendido refiere que desde la pérdida de posesión del inmueble se habría visto privada de usar y gozar para su beneficio el inmueble, extremo que al ser un hecho notorio no requeriría de acreditación alguna, conforme lo establecería el art. 137 num. 3) del Código Procesal Civil.
  2. Denuncian la existencia de error de hecho y de derecho pues la parte demandada no habría negado el hecho de estar ocupando el bien inmueble donde funcionaría su florería, y por el simple principio de causa y efecto el perjudicado ante dicha posesión serían los demandantes.


  1. Acusan que no se habría valorado la inspección judicial en su total dimensión, pues al verse privado del derecho de uso y goce del bien inmueble por la ocupación de la demandada, generaría perjuicio, por lo que no se podría pedir que se acredite que el inmueble no pudo ser vendido ya que sería lógico que nadie quiera adquirir un inmueble ocupado.  

Por los fundamentos expuestos solicitan se declare procedente su recurso de casación y se case parcialmente el Auto de Vista recurrido, confirmándose respecto de la sentencia y condenándose al pago de daños y perjuicios a favor de los demandantes, monto averiguable en ejecución de sentencia.

De la respuesta al recurso de casación.

María de los Ángeles Grossberger por memorial que cursa de fs. 211 a 213, contesta al recurso de casación de la parte actora, en virtud a los siguientes fundamentos:

Por las razones expuestas solicitan se declare inadmisible, improcedente e infundado el recurso de casación de la parte actora, y en su defecto se declare improbada la demanda principal y probadas las excepciones, determinándose un plazo para el cumplimiento del contrato preliminar, es decir para la transferencia del inmueble.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…”.

Asimismo, y ahondando un poco más en la incongruencia omisiva, es menester señalar que el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre la posible omisión en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser este un aspecto que acusa un vicio de forma que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar si en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión; razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

Continuando, es importante considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nª 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.2 Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.

Previamente se debe tener presente que el art. 270.I del Código Procesal Civil expresa: “I. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley.”. Así también el art 271 del mismo compilado legal, dispone: “III. En cuanto a las normas procesales, solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores.”.

Por lo que al ser aplicable a cuestiones para subsanar cuestiones formales de las resoluciones como errores en la estructura de la resolución u omisiones que pudieren existir en la misma y entendiendo que los reclamos de forma tienen por finalidad anular obrado, Art. 17.III de la Ley Nº 025 normativa que rige dicho instituto procesal ha establecido lo siguiente: “III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”.

En este marco, se concluye que cuando se alegue incongruencia omisiva en la resolución impugnada, por la falta de pronunciamiento de algún reclamo, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de casación, hacer uso de la facultad establecida en el art.  226 del Código Procesal Civil, precepto normativo procesal que en su parágrafo III de manera clara señala que con esta facultad se puede: “…las partes podrán solicitar la aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se habría incurrido en sentencia, auto de vista o auto supremo”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o jueces de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad, conforme determinan las normas citadas supra.

Entendimiento orientado por este Supremo Tribunal en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 donde se señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17.III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.

III.3 De la carga de la prueba.

Previo a considerar lo concerniente a la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos al tratadista Carlos Morales Guillen quien en su obra titulada “CÓDIGO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO”, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”De lo que se puede asumir que la prueba está constituida por la actividad procesal de las partes y en ocasiones del propio juez o tribunal encaminada a la determinación de la veracidad o no de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, y cuya finalidad no es otra que la de conducir al órgano judicial sentenciador a la convicción psicológica acerca de la existencia o inexistencia de dichos hechos.

A tal efecto, el mencionado autor, ha momento de referirse a la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…..el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit,  nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo de 2015,  que sobre este punto señala: Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….” (El resaltado es nuestro).

III.4 De la valoración de la prueba.

Sobre este tema el autor José Decker Morales en su obra “Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia”, señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

En ese orden de ideas, el autor Víctor De Santo, en su obra “LA PRUEBA JUDICIAL (Teoría y Práctica), haciendo alusión al principio de unidad de la prueba, indica: “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”. Asimismo con respecto al principio de comunidad de la prueba, señala: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Finalmente, el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

Entonces, de todo lo dicho hasta ahora se puede concluir que estos principios que rigen en el proceso civil, orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145.I del Código Procesal Civil. Tomándose en cuenta que dicha tarea constituye un facultad privativa de los jueces de grados, quienes deben apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando esta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana critica, según disponen las referidas disposiciones legales, de tal manera que a partir del examen de todo ese universo probatorio la autoridad judicial pueda definir las pruebas esenciales y decisivas para encontrar la verdad real de los hechos y de esa manera dirimir el conflicto en consideración del interés general para los fines mismos del derecho.  

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del recurso de casación interpuesto por María de los Ángeles Grossberger (memorial de fs. 195 a 199).

1. Con relación a la denuncia de que el Tribunal de alzada habría interpretado y aplicado erróneamente los arts. 452 y 463 del Código Civil como también habría omitido aplicar los arts. 455 y 421 del mismo cuerpo legal, toda vez que el contrato se habría formalizado no solo con el consentimiento de ambas partes sino también con la entrega del bien inmueble, por lo que este se mantendría vigente, pues los jueces de instancia no habrían hecho mención alguna sobre la validez y eficacia del mismo.

Del análisis del presente reclamo se infiere que el mismo está centrado en acusar una posible incongruencia omisiva, ya que la recurrente considera que el Tribunal de alzada no habría realizado mención alguna sobre el contrato que ésta celebró con los demandantes; en ese entendido, con la finalidad de corroborar si la transgresión del principio de congruencia resulta o no evidente, corresponde remitirnos a los fundamentos que sustentan el Auto de Visa recurrido, resolución de la cual se advierte que los jueces que conforman el Tribunal de apelación, en el acápite II.4.a de manera por demás clara y precisa dieron respuesta a los agravios acusados en el recurso de apelación, y sobre el tema en particular, es decir sobre el reconocimiento de validez del contrato verbal de compromiso de venta, al cual hace alusión la recurrente, dichas autoridades señalaron de manera expresa, que el citado contrato preparatorio al cual los demandados llaman “preliminar” tendría tres caracteres: que es típico, autónomo y perfecto, sin embargo, en virtud al desarrollo que realizaron de cada uno de estos requisitos, concluyeron que el contrato verbal que pactaron los demandantes y demandada no podía ser interpretado como un contrato preliminar o sujeto a condición, puesto que en ningún momento se habría establecido que dicho pacto sería un compromiso de venta, sino que simplemente tendría la opción de venta, pues como habrían señalado los demandados lo acordado era una supuesta antícresis con opción a venta, por lo que el mismo no podría ser interpretado dentro de los alcances del art. 463 del Código Civil, ya que no existiría relación con el objeto del contrato, por lo que no cumpliría con todos los requisitos de formación de los contratos y por ende tampoco con una de las características descritas que hacen a los contratos preliminares; razón por la cual infirieron que el juez de la causa no reconoció la validez del supuesto contrato verbal.

De lo expuesto se concluye que el juez de alzada, contrariamente a lo acusado, hizo referencia al contrato, toda vez que éstos, conforme a lo expuesto supra, explicaron de manera detallada las razones por las cuales consideraron que el mismo no se trataba de un compromiso de venta sino de un supuesto contrato de antícresis que tendría la opción de venta; consiguientemente y toda vez que ante la acusación de incongruencia omisiva que ataca a la estructura formal de la resolución, este Tribunal de casación se ve limitado a verificar si el mismo resulta o no evidente, corresponde desvirtuar el mismo, ya que se constató que los jueces de segunda instancia si analizaron y explicaron por qué dicho contrato no podría ser reconocido como válido.

Sin embargo, al margen de lo ya expuesto es menester aclarar que si la recurrente consideraba que el Tribunal de alzada no se habría referido sobre la validez del contrato y que por dicha razón este se mantendría vigente, así como el hecho de que se habría omitido aplicar el art. 455 y 421 del Sustantivo Civil, debió, dentro del plazo establecido en el art. 226.III del Código de Procesal Civil, solicitar enmienda y complementación de dicho extremo; sin embargo, como no hizo uso de dicha facultad, se infiere que el acto procesal advertido (incongruencia omisiva) quedó convalidado.

Continuando con los reclamos denunciados en casación, así la parte recurrente no haya fundamentado de manera debida el mismo, corresponde señalar que el Tribunal de alzada no aplicó indebidamente ni vulneró los arts. 452 y 463 del Código Civil, puesto que del desarrollo de las características propias del contrato preliminar que fue ampliamente desarrollado por los vocales que conforman dicho Tribunal, se infiere que este tipo de contrato preliminar-, es considerado como el preámbulo del futuro contrato, que por lo general contiene la mención de los puntos esenciales del contrato definitivo, es decir que debe adquirir la misma forma que la ley señala para el contrato futuro, de ahí que estos se constituyen en una etapa de la formación progresiva del contrato definitivo. En razón a dicho entendimiento, como correctamente lo hizo el Tribunal Ad quem, se colige que el supuesto contrato verbal de anticrético con opción a venta, el cual habría sido convenido entre los sujetos procesales (demandantes y demandada), no puede ser considerado como un contrato preliminar, puesto que en ningún momento se estableció que el supuesto acuerdo verbal sea considerado como un compromiso de venta, pues simplemente, existía una opción de venta sin que se haya concretado dicha intención así sea de manera preliminar. De esta manera, se infiere que los jueces de segunda instancia no aplicaron, ni interpretaron erróneamente los artículos citados supra.

2. Ahora bien, refiriéndonos a la errónea valoración de los medios probatorios, de los cuales acusa que no se habría considerado que el folio real del bien inmueble acreditaría la existencia de un gravamen, que la carta notariada demostraría la existencia de un contrato de compra-venta, que el contrato de compromiso de venta con arras sería arbitrario porque no reflejaba el contrato de antícresis y que la confesión judicial espontánea realizada en el memorial de demanda establecería que si existió un contrato verbal de compra-venta entre partes que nació como un anticrético y luego se habría convertido en un contrato real; fundamentos por los cuales considera que no se habría procedido con apego a lo establecido en el art. 1286 del Código Civil.

Con relación al presente reclamo, debemos señalar que la norma aludida establece que las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley o en su defecto conforme a su prudente criterio; concordante con lo expuesto, el Código Procesal Civil en su art. 145 refiriéndose también a la valoración de los medios probatorios, dispone que la autoridad judicial a momento de pronunciar resolución, debe apreciar en conjunto todos los medios probatorios, individualizando a aquellas que le ayudaron a formar convicción de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.

En razón a estas consideraciones, se infiere que la autoridad judicial a momento de pronunciar resolución, básicamente tiene la obligación de apreciar aquella prueba que considera vital y desechar las innecesarias, inconducentes e impertinentes para el objeto del proceso, en otras palabras debe explicar de manera fundamentada que hechos se llegaron a demostrar y cuáles no, y con qué medios probatorios llegó a dicha conclusión. De esta manera y toda vez que con la valoración de la prueba se pretende llegar a la verdad material de los hechos, de la revisión de los fundamentos que sustentan el Auto de Vista recurrido se tiene que los vocales suscriptores de dicha resolución, en atención al agravio acusado en apelación referido a que el juez A quo debió reconocer la validez del contrato verbal de compromiso de venta, señalaron que el referido contrato que fue pactado entre los demandantes y demandada, ahora recurrente, no podría ser interpretado como un contrato preliminar o sujeto a condición (desgravar la hipoteca), toda vez que en ningún momento se estableció que este sería un compromiso de venta sino simplemente un supuesto acuerdo de antícresis con opción a venta; de lo expuesto se colige que el Ad quem para llegar a dicha conclusión, consideró todos los medios probatorios producidos y presentados durante la tramitación del proceso, entre ellos obviamente el folio real, la carta notariada, el contrato de compromiso de venta con arras y los fundamentos expuestos en la demanda principal, probanzas que les permitió concluir que entre los sujetos procesales (demandantes y demandada) no existe ni existió un compromiso de venta al cual se hayan sometido, por lo que el bien inmueble objeto de litis (oficina) no estaba comprometida a la demandada, consecuentemente ni ella la demandada- ni su cónyuge tendrían derecho sobre el mismo.

De lo expuesto se infiere que el Tribunal de alzada para emitir resolución (Auto de Vista), si consideró los medios probatorios acusados de omitidos, los cuales fueron correctamente valorados pues si nos remitimos a estos, se podrá advertir que ninguno de ellos demuestra que entre las partes haya existido un contrato de compromiso de venta sujeta a condición como es el levantamiento del gravamen que pesaba sobre el mismo, máxime cuando es la misma recurrente quien manifiesta de manera expresa en su memorial de contestación a la demanda que lo supuestamente acordado de manera verbal sería un contrato de anticrético con opción de compra, por lo que de manera reconvencional solicitó que se le mantenga en posesión del inmueble y se declare la existencia del contrato de anticrético con opción de compra. Fundamentos estos por los cuales se infiere que el reclamo acusado en este punto deviene en infundado, pues al margen de no ser evidente la falta de consideración de los citados medios probatorios, el Tribunal de alzada tampoco incurrió en errónea apreciación de los mismos.

3. Finalmente, con relación a que en el caso de autos no procedería la acción reivindicatoria porque su posesión provendría de un compromiso verbal de venta del bien inmueble; con relación a este último reclamo corresponde reiterar que conforme a los fundamentos expuestos tanto en la sentencia como en el Auto de Vista, la parte demandada no demostró con prueba idónea que lo supuestamente acordado con los demandantes haya sido un contrato de compromiso de venta, por lo que el bien inmueble objeto de litis no podría ser considerado como un bien comprometido a la  demandada, ahora recurrente, por el cual ésta tendría algún derecho sobre el mismo, como tampoco acreditó que lo supuestamente acordado haya sido un contrato verbal de anticrético con opción a venta; consecuentemente, si la recurrente no cumplió en su calidad de demandada con su obligación de desvirtuar los fundamentos expuestos en la demanda y menos presentó prueba idónea y pertinente que demuestre su pretensión reconvencional, es decir, que sobre el inmueble objeto de litis ésta celebró un contrato de anticrético con opción a venta; es que resulta lógico que se haya concluido que al carecer ésta de derecho sobre el bien inmueble, la posesión que ejerce deba ser restituida a los demandantes.

Por los fundamentos expuestos, y toda vez que los fundamentos acusados en el recurso de casación de la codemandada fueron desvirtuados, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

Del recurso de casación con relación a la demanda accesoria de resarcimiento de daños y perjuicios, interpuesto por Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello de Abujder representados legalmente por Jorge Eduardo Salinas Águila (memorial de fs. 204 a 208 vta.)

Del examen de los reclamos que sustentan el recurso de casación de los demandantes, se desprende que estos de manera uniforme acusan la transgresión del art. 984 del Código Civil, pues aducen que por haber perdido la posesión del bien inmueble se habrían visto privados de usar y gozar para su beneficio el mismo, extremo que al ser un hecho notorio no requeriría de acreditación alguna conforme lo dispondría el art. 137 num. 3) del Código Procesal Civil.

En lo que respecta a este reclamo y con la finalidad de dar una respuesta debidamente motivada y fundamentada, es preciso remitirnos a lo establecido tanto en el Sustantivo Civil como en el Adjetivo Civil, normas que en sus arts. 1283 y 136, respectivamente, al referirse a la carga de la prueba, señalan que quien pretende un derecho debe demostrar por todos los medios probatorios legales los hechos que constituyen su pretensión, de igual forma, quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la contraparte, carga probatoria que no impide que la autoridad judicial por iniciativa propia no pueda producir los medios probatorios necesarios para llegar a la verdad material de los hechos. Sin embargo, debemos señalar que esta obligación que tienen las partes procesales de cumplir con la carga probatoria, no es absoluta, toda vez que es la misma norma adjetiva civil (Código Procesal Civil), que en su art. 137, estipula los casos o hechos en los cuales la citada carga probatoria queda exenta, es decir libre de demostración o comprobación, siendo estos: 1) Los hechos admitidos por la parte adversa; 2) Los hechos notorios conocidos por la generalidad de las personas; 3) Los hechos evidentes cuya existencia se acredite por sí misma, y 4) Las presunciones establecidas por ley; de estas consideraciones, se infiere que nuestro ordenamiento civil instituye que solo los hechos controvertidos requieren ser demostrados con prueba legal.

En ese contexto, abocándonos al agravio acusado por los demandantes, conforme  fundamentó el juez de la causa y confirmó el Tribunal de alzada, éstos cumplieron con los tres requisitos que hacen procedente la acción reivindicatoria, pues con prueba documental como es el título de propiedad y el folio real, acreditaron ser los titulares del bien inmueble objeto de litis que al estar registrado en Derechos Reales es perfectamente oponible frente a terceros, de igual forma con la fotocopia legalizada del plano aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de la comuna de Cochabamba, que coincide con los documentos de propiedad citados anteriormente, determinaron e individualizaron el inmueble objeto de litis, finalmente con la inspección judicial quedó demostrada la posesión que es ejercida por la demandada.

Ahora bien, centrándonos en el último requisito, es preciso aclarar a los demandantes, ahora recurrentes, que lo que ellos acreditaron con la inspección judicial es simplemente que la parte demandada es quien se encuentra ocupando el bien inmueble, y no así otros extremos como los daños y perjuicios, pues no es viable que por consecuencia lógica de la posesión que ejercen los demandados se presuma que se encuentran ocasionando daños y perjuicios, ya que el daño sufrido debe ser demostrado de manera fehaciente y no así por simple lógica que emerja de la posesión,   puesto que para el derecho es fundamental que se demuestre la existencia del daño y esta situación incumbe al damnificado, o sea, a los ahora recurrentes, quienes en virtud a la carga  de la prueba, tenían la obligación, durante la tramitación del proceso, de valerse de todos los medios probatorios idóneos para acreditar que por la posesión que ejerce la demandada con su florería en el bien inmueble del cual ellos son propietarios, se vieron perjudicados de vender o de percibir frutos por la titularidad que ostentan; sin embargo, en obrados no cursa prueba alguna que demuestre de manera fehaciente que el bien inmueble se encontraba en venta, en arrendamiento, anticrético o que haya existido alguien que pretendía adquirir el bien inmueble; en otras palabras al no existir prueba alguna que demuestre ese nexo de causalidad entre la posesión y el perjuicio o daño ocasionado, mal podría haberse dado curso a dicha pretensión accesoria.

En ese entendido se concluye que en el caso de daños y perjuicios, no hubo error de hecho ni de derecho en la valoración de la inspección judicial, pues valga la redundancia, los daños y perjuicios no emergen como consecuencia lógica de la posesión, al contrario, estos daños deben ser perfectamente demostrados, pues no se adecuan a ninguna de las causales inmersas en el art. 137 del Código Procesal Civil

Por las razones expuestas, al no ser evidente el reclamo acusado en el recurso de casación de los demandantes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.II  del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO los recursos de casación de fs. 195 a 199 y de fs. 204 a 208 vta., interpuesto por María de los Ángeles Grossberger y por Jorge Eduardo Salinas Águila en representación de Juan Arturo Abujder Eid y Ximena Bello de Abujder, respectivamente, ambos contra el Auto de Vista REG/S.CII ASEN.049/2018 de 01 de junio, cursante de fs. 186 a 192 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas ni costos por haber recurrido ambas partes procesales en casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu