TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                       S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 291/2019

Fecha: 01 de abril de 2019

Expediente:        CB-62-18-S.

Partes: Edgar Javier de La Riva Quiroga c/ Guillermo Garibay Hidalgo, Gualberto

Martínez Villarroel y María Irene Poppe Santelices.

Proceso: Nulidad de documento de transferencia y reivindicación.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 787 a 790, interpuesto por María Irene Poppe Santelices contra el Auto de Vista de fecha 1 de junio de 2018 cursante de fs. 772 a 775, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de documento de transferencia y reivindicación, seguido por Edgar Javier de La Riva Quiroga contra Guillermo Garibay Hidalgo, Gualberto Martínez Villarroel y contra la recurrente; la contestación al recurso que cursa de fs. 793 a 795; el Auto de concesión del recurso de fecha 18 de octubre de 2018 cursante a fs. 807; el Auto Supremo de admisión Nº 1125/2018-RA de 6 de noviembre que cursa de fs. 813 a 814 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Edgar Javier de La Riva Quiroga representado legalmente por Ramiro Terrazas Melgares, por memorial que cursa de fs. 38 a 40, inició demanda ordinaria de nulidad de documento de transferencia y reivindicación; acción que fue interpuesta contra Guillermo Garibay Hidalgo, Gualberto Martínez Villarroel y María Irene Poppe Santelices, quienes una vez que fueron debidamente citados, en el caso de María Irene Poppe Santelices, por memoriales que cursan de fs. 47 a 48 vta., 51, y de 53 a 55 vta., opuso excepciones previas, contestó negativamente a la demanda e interpuso demanda reconvencional de acción negatoria y usucapión quinquenal; por su parte, Gualberto Martínez Villarroel por memorial que cursa de fs. 67 a 69 interpuso excepciones previas; por su parte, Guillermo Garibay Hidalgo, a través de la defensora de oficio, por memorial de fs. 83, opuso excepciones.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia de fecha 6 de octubre de 2016, cursante de fs. 664 a 667 vta., declaró: 1) PROBADA en parte la demanda principal; 2) IMPROBADA las excepciones perentorias opuestas a la demanda principal; 3) IMPROBADA la acción reconvencional planteada por la codemandada María Irene Poppe Santelices; 4) PROBADA la tercería coadyuvante planteada por Nelson Javier Julio, Raúl Grover, Daysi Jannet, Miriam del Rosario, Ivonne Georgette y Naneth Enith Rivera Moreno; 5) Sin costas por ser juicio doble solo en lo que respecta a la codemandada María Irene Poppe Santelices; 6) Con costas para los demás codemandados.

En consecuencia, declaró nulo los actos jurídicos que generaron las minutas o proyectos de Escrituras Públicas: 1) de 26 de junio de 1978 reconocido en la misma fecha, registrado en DD.RR. a Fs. y Ptda. Nº 2410 del Libro Primero “A” de propiedad de 12 de octubre de 1992; 2) de 21 de noviembre de 1984 reconocido en la misma fecha, registrado en DD.R. a Fs. y Ptda.  Nº 2629 del Libro Primero “A” de propiedad de la ciudad; y 3) Nulidad de la venta realizada por Gualberto Martínez Villarroel a favor de María Irene Poppe Santelices registrado en Derechos Reales bajo las Matrículas Computarizadas Nº 3011010004072 y 3011010004074 de 07 de octubre de 1992, debiendo procederse a las cancelaciones de los registros citados previa notificación al Registrador de Derechos Reales; más el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Irene Poppe Santelices, mediante memorial de fs. 609 a 611 interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció el Auto de Vista de fecha 1 de junio de 2018 que cursa de fs. 772 a 775, donde los jueces de alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que de fs. 25 a 37 cursarían fotocopias legalizadas del informe pericial documentológico Nº 0277/93, reiterado de fs. 178 a 189 y 229 a 238, que habría sido efectuado al documento de transferencia del lote de terreno suscrito entre Amalia Quiroga Vda. de la Riva, Fresia de la Riva de Vidaurre, Sor Carmen Amparo y Javier de la Riva como vendedores y como comprador Guillermo Garibay de fecha 26 de junio de 1978 reconocido en la misma fecha en la localidad de Arani ante el Juez de Minina Cuantía Nº 3, y del documento de transferencia suscrito por Guillermo Garibay como vendedor y por Gualberto Martínez Villarroel como comprador de fecha 21 de noviembre de 1984 reconocido ante el Juez de Mínima Cuantía; informe que habría sido efectuado dentro del proceso penal seguido por Alberto Ricaldi Miranda contra Gualberto Martínez Villarroel y además habría sido presentado en la presente causa por la apelante mediante escrito de fs. 190 en calidad de prueba de reciente obtención, quedando de esta manera incorporado como prueba sin que hubiera sido objetado ni rechazado por ninguna de las partes procesales, por lo que el informe pericial practicado en proceso penal y que fue traslado al presente caso para su consideración, al margen de haber sido convalidado, al haber sido presentado por los propios demandados habilitaría la aplicación del principio de verdad material; de ahí que el argumento de que el demandado no habría realizado ninguna pericia para determinar la falsedad de las minutas de venta objeto del proceso carecería de sustento legal, máxime cuando la decisión de declarar probada la nulidad se habría fundado no solo en el informe pericial sino también en el certificado de defunción de Amalia Quiroga de Alcazar acecido el 23 de julio de 1974, por lo que no existiría indefensión ni vulneración del derecho a la igualdad ni del debido proceso. Del mismo modo, señalaron que el acta de inspección pericial reviste de autenticidad judicial por la sola participación de la autoridad judicial, tal como se inferiría del art. 1334 del C.C. con el agregado de que el art. 427 y siguientes del abrogado Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la realización de la referida probanza, establece las formas de procedencia de la inspección judicial, si hacer especifica referencia a que el acta deba estar suscrita por todos los actores procesales o intervinientes en dicha actuación jurisdiccional, además que la observación de la apelante debió haber sido realizada oportunamente. De igual forma, refirieron que la prueba testifical no resultaría relevante para demostrar la falsificación de firmas del documento cuya nulidad se pretende, por cuanto la prueba idónea indudablemente sería la pericial y en este caso también el certificado de defunción citado supra.

Finalmente, sobre el hecho de que no se habría notificado a la apelante con la demanda de tercería coadyuvante y reivindicación, señalaron que conforme a la revisión de antecedentes, no constaría que la apelante habría reclamado en vía incidental la falta de notificaciones referidas que pudiera habilitar a dichas autoridades a considerar tales reclamos.

En virtud a estos fundamentos, el citado Tribunal Ad quem CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas y costos a la apelante.

Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de las partes, ameritó que la codemandada María Irene Poppe Santelices, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa que es un error sustentar que la sentencia cumpliría con las exigencias previstas por el parágrafo I del art. 213 del Código Procesal Civil, toda vez que la parte resolutiva de la sentencia contendría un pronunciamiento citra petita, ya que el A quo se habría limitado a declarar improbada la acción reconvencional planteada por su persona sin realizar una motivación y fundamentación al respecto, violando así el principio de congruencia, pues no se habría referido para nada a la usucapión quinquenal que fue reconvenida, dejando cuestiones sin resolver.

2. Del mismo modo, acusa que en ningún acápite de la sentencia se valoraría o consideraría la prueba que sustentaría su acción reconvencional de usucapión quinquenal, por lo que existiría errónea valoración de la prueba que adjunto de fs. 203 a 205.

En ese entendido, solicita se anule obrados hasta dictarse nueva sentencia, toda vez que dicha resolución habría omitido referirse a la demanda reconvencional de usucapión quinquenal; alternativamente, solicitó se case el Auto de Vista y fallando en lo principal se declare improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional.

De la respuesta a los recursos de casación.

Ramiro Terrazas Melgares en representación de Javier de La Riva Quiroga y Carmen Amparo de La Riva de Hurtubise y otros, por memorial que cursa de fs. 793 a 795, contesta al recurso de casación, bajo los siguientes fundamentos:

Que la sentencia fue clara y categórica al desestimar la acción reconvencional con el fundamento de que la nulidad es imprescriptible y pretender una prescripción adquisitiva con documentación falsa sería una aberración que iría en contra de los fundamentos doctrinales de la nulidad.

Finalmente refiere que la recurrente carecería de legitimación para acusar en casación la falta de consideración de su demanda reconvencional, pues al no haber apelado contra el rechazo de dicha pretensión, el Auto de Vista no se refirió sobre el mismo y por ende no le causa indefensión.

Por lo expuesto solicita el rechazo in limine del recurso de casación.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. El debido proceso en sus vertientes congruencia y una debida fundamentación y motivación de las decisiones.

Conforme refiere la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero, el debido proceso, entre otras acepciones, fue concebido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar; en este sentido y tratando de demarcar su ámbito de aplicación, se ha determinado una estructura interna de este derecho que a su vez se compone de otros tantos que, aun cuando poseen la misma calidad jurídica como derechos -por ende son autónomos en su ejercicio-, se interrelacionan cuando de las reglas procesales se trata; así, la SS.CC 0531/2011-R de 25 de abril, señaló algunos de aquellos derechos: “…derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; el principio del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones…”.

En ese orden de ideas, la fundamentación y motivación como vertientes del debido proceso, deben ser entendidas como aquellas garantía del sujeto procesal, donde el juzgador ha momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino también que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SSCC 1369/2001-R).

Asimismo, en lo que respecta a la congruencia de las resoluciones, la SS.CC. No. 2218/2012 de 08 de noviembre, remitiéndose a la SS.CC. 0486/2010-R de 5 de julio, manifestó: “…De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia del contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.”

A tal efecto, el Auto Supremo Nº 651/2014 de 06 de noviembre, señaló: “… la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, lo relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y. segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

Fundamentos estos, que motivan a concluir que la congruencia en definitiva marca el ámbito del contenido de la resolución orientando a que ésta deba dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formulada por las partes, además de velar por que la resolución no contenga criterios, ni afirmaciones que se contradigan entre sí, constituyendo el primer aspecto a considerarse la congruencia externa y el segundo como la interna.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De conformidad a los fundamentos expuestos supra, los cuales han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los extremos denunciados en el recurso de casación que fue interpuesto por María Irene Poppe Santelices.

En ese entendido, de la revisión prolija de dicha impugnación, se advierte que la recurrente acusa la falta de motivación y fundamentación respecto a su demanda reconvencional de usucapión quinquenal, toda vez que el juez A quo simplemente se habría limitado a declarar improbada la misma, sin referirse para nada a dicha pretensión, ni a las pruebas que la recurrente habría presentado para sustentar la misma, por lo que existiría vulneración del principio de congruencia.

Sobre el particular, y toda vez que las nulidades procesales en este Estado Constitucional de Derecho ya no operan ante el simple alejamiento o desviación del acto procesal de las formas previstas por ley, sino sólo cuando este hecho ocasiona un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin perjuicio; es que, previamente a declarar la nulidad, se debe tener presente que el perjuicio ocasionado al justiciable sea real y lesivo al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que quede el sujeto procesal en una situación de indefensión material, pues lo contrario obviamente implicaría declarar una nulidad irrelevante e innecesaria.

En ese entendido y como bien ya lo señaló el tratadista Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, al referirse al principio de trascendencia que: “no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen); criterio que se ve reflejado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0427/2013 de 3 de abril, que señaló  lo siguiente: “… las nulidades de los actos procesalesserán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso,siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesalsin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.”. De lo expuesto, se infiere que al momento de analizar el vicio que podría generar una nulidad de obrados, corresponde previamente determinar la trascendencia y/o relevancia del mismo; es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al debido proceso, así como la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa, máxime cuando ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no se vulnere el derecho a la defensa.

Consiguientemente, al ser la motivación y fundamentación, así como la congruencia, elementos que constituyen el debido proceso, entendida esta última principio de congruencia- como la estricta correspondencia que debe existir en toda resolución entre lo peticionado, lo considerado y lo resuelto, estableciéndose de esta manera que en el caso de la sentencia de primera instancia esta debe ser pronunciada en concordancia con las pretensiones demandadas, la contestación formulada y las acciones reconvenidas, si es que obviamente fueron interpuestas. En ese contexto, corresponde a continuación verificar si lo acusado por la recurrente es o no evidente, por lo que corresponde realizar las siguientes consideraciones:

- Por memorial de fs. 38 a 40, Ramiro Terrazas Melgares en representación legal de Edgar Javier De la Riva Quiroga, interpuso demanda ordinaria de nulidad de documentos de transferencia y reivindicación, identificando como sujetos pasivos a Guillermo Garibay Hidalgo, Gualberto Martínez Villarroel y María Irene Poppe Santelices.

- Citados los demandados, María Irene Poppe Santelices, ahora recurrente, por memorial que cursa de fs. 47 a 48 vta., subsanado a fs. 51, opuso excepciones previas de impersonería en el demandante, oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda.

- Posteriormente, la citada codemandada, por memorial de fs. 53 a 55 vta., al margen de contestar negativamente a la demanda principal, interpuso demanda reconvencional de acción negatoria y usucapión quinquenal; que fue admitida y corrida en traslado, por decreto de fecha 16 de noviembre de 2005 que cursa a fs. 56.

Tramitada la causa, el Juez A quo pronunció la Sentencia de fecha 6 de octubre de 2016 que cursa de fs. 664 a 667, que en su parte resolutiva, exactamente en su numeral 3.- declaró: Improbada la demanda reconvencional planteada por la codemandada María Irene Poppe Santelices.

De estas precisiones se advierte que la ahora recurrente, evidentemente interpuso demanda reconvencional de usucapión quinquenal, que fue declarada improbada; sin embargo, de la revisión exhaustiva de los considerandos que conforman dicha resolución, tal y como lo acusa la recurrente, se observa una total ausencia de fundamentos y motivos respecto a dicha pretensión, ya que al margen de señalar en los “Hechos no probados” que no se logró probar las excepciones perentorias opuestas a la demanda principal y tampoco la acción reconvencional planteada por la codemandada María Irene Poppe Santelices, el Juez A quo no realizó mayor consideración sobre la usucapión quinquenal; es decir, que el juzgador a momento de emitir la resolución de primera instancia omitió explicar de manera clara, precisa y sustentada, las razones por las cuales decidió no acoger favorablemente dicha pretensión; situación que nos permite inferir que la sentencia contiene una ausencia absoluta de motivación y fundamentación sobre la citada acción, lo que conlleva lógicamente a la transgresión del principio de congruencia, pues no existe la debida coherencia respecto a todos los hechos demandados, toda vez que el Juez A quo omitió efectuar una exposición puntual de los elementos jurídico-legales por los cuales declaró improbada la tantas veces citada usucapión quinquenal.

Lo expuesto, permite concluir que en el caso de Autos el Juez A quo, al haber emitido una resolución donde no expuso las razones y/o motivos que le impulsó a declarar improbada la usucapión quinquenal, que fue debidamente reconvenida por la recurrente, ciertamente produjo un quebrantamiento al debido proceso, en sus elementos de debida motivación, fundamentación y congruencia (interna); pues al ser la usucapión quinquenal u ordinaria un modo de adquirir la propiedad, era deber del juez de la causa, conforme lo establece el art. 134 del sustantivo civil, comprobar el cumplimiento de los cuatro requisitos que hacen procedente dicha acción, estos son justo título, buena fe, posesión continuada y trascurso del tiempo. En ese entendido, el juez A quo, para llegar a la conclusión expuesta en el numeral 3.- de la parte resolutiva de la sentencia, debió explicar en la parte considerativa de su fallo si la Escritura Pública Nº 1622/99 de 17 de abril de 1999 por el cual Gualberto Martínez Villarroel le transfiere a María Irene Poppe Santelices dos lotes de terreno (Lote Nº 652 “B” de 421,55 mt2 y el Lote Nº 649 “B” de 379,30 mt2) que se encuentran registrados en Derechos Reales en las Matriculas Computarizadas Nº 3011010004072 y 3011010004074 (fs. 203 a 205 vta.), se constituye o no en un título idóneo, es decir si se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a punto tal que de haber emanado del verdadero propietario; asimismo, debió determinar si la reconvencionista tiene la calidad de adquirente de buena fe, o sea, si ésta desconocía que los lotes de terreno que estaba adquiriendo lo hacía de alguien que no era el verdadero propietario; como también debió determinar si se encuentra en posesión de los citados inmuebles por más de cinco años, los cuales se computan desde la fecha en que el título fue registrado en DD.RR.; fundamentos que al no existir en la sentencia de primera instancia, ocasionan un perjuicio real e irreparable en la codemandada María Irene Poppe Santelices, a quien sin razón alguna que se contraponga a su pretensión reconvencional de usucapión quinquenal u ordinaria, se le declaró nula la transferencia de los lotes de terreno que realizó en su favor Gualberto Martínez Villarroel y como consecuencia de dicha disposición también se dispuso la cancelación de sus registros en Derechos Reales, lo que obviamente le impide realizar su petición a efectos de una futura impugnación, de ahí que la presente desviación procesal resulta trascendental y relevante, ya que dicha omisión ocasiona un perjuicio real e irreparable en la recurrente que no puede ser convalidada, correspondiendo en esa lógica declarar la nulidad de obrados, con la finalidad de que el Juez de la causa, al no haber sido dicha omisión subsanada en segunda instancia por el Tribunal de Apelación, pronuncie nueva sentencia, respetando los elementos del debido proceso que ya fueron citados supra.

Por las razones expuestas, y toda vez que lo acusado en casación resulta evidente, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.III num. 1 inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 664 inclusive (sentencia), y se dispone que sin espera de turno, el juez de la causa, pronuncie nueva resolución tomando en cuenta los extremos advertidos en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de Segunda Instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.