TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                           S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 287/2019

Fecha: 01 de abril de 2019

Expediente: SC-125-18-S

Partes: Gaby Carrasco Márquez y otros c/ Jorge Paz Vaca y otra. 

Proceso: Reconocimiento y pago de mejoras.  

Distrito: Santa Cruz. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 574 a 576, presentado por Jorge y Juan Carlos ambos Justiniano Carrasco, en calidad de herederos de la demandante  contra el Auto de Vista Nº 244/2017 del 4 de diciembre de fs. 558 a 561, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de reconocimiento y pago de mejoras interpuesto por la progenitora de los recurrentes contra Jorge Paz Vaca y María Nelly Méndez Herbas, el Auto de concesión de 27 de agosto de 2018 de fs. 594, el Auto Supremo de Admisión Nº 905/2018-RA de 13 de septiembre de fs. 603 a 604 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Gaby Carrasco Márquez demandó el reconocimiento y pago de mejoras de fs. 386 a 388, acción dirigida contra Jorge Paz Vaca y María Nelly Méndez Herbas, donde únicamente contestó y opuso demanda reconvecional el primero de los nombrados. Tramitado así el proceso ordinario se dictó Sentencia Nº 104/2017, donde la Juez de la causa (Publico, Civil y Comercial Nº 3) declaró IMPROBADA la demanda de fs. 386 a 388, escrito de aclaración de fs. 392 a 393, y ampliación de demanda de fs. 393 (397) en lo que respecta a Jorge Paz Vaca, PROBADA la demanda de fs. 386 a 388 y escrito de aclaración de fs. 392 a 393 y ampliación de demanda de fs. 393 (397) en lo que respecta a María Nelly Méndez Herbas y en su mérito dispuso: 1) Que al tercero día de ejecutoriada la presente sentencia, María Nelly Méndez Herbas deberá pagar a Gaby Carrasco Márquez la suma de $us. 32.529.oo, bajo prevenciones de ley en caso de desobediencia. Asimismo, declaró IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 420 a 423 interpuesto por Jorge Paz Vaca.
  2. Gaby Carrasco Márquez impugnó dicha resolución mediante recurso de apelación cursante de fs. 532 a 533 vta., que fue resuelto por Auto de Vista Nº 244/2017 de 4 de diciembre de fs. 558 a 561, CONFIRMANDO en todas sus partes la sentencia, sustentando su fallo en los siguientes argumentos:

Que del examen de la sentencia de 2 de mayo de 2017, evidencian que cumple con lo establecido por el art. 213 del Código Procesal Civil y lo contenido en la SC 1326/2010-R, o sea que se encuentra debidamente motivada de acuerdo a las pretensiones establecidas en la demanda de fs. 386 a 388, no siendo evidente la infracción a la citada normativa.

Que la demandante reclama del por qué la exclusión en la sentencia del demandado Jorge Paz Vaca sobre la obligación de pagar el valor de las mejoras y construcciones en el inmueble ubicado en la UV. Nº 144, Mzo. Nº 50, Lote Nº 19, expresa que el recurrente no fundó su recurso en la aplicación del art. 961 del CC, estando demostrado que el referido demandado, se adjudicó el bien inmueble tanto como el terreno como las mejoras, por dicho motivo la determinación es sobre Mari Nelly Méndez  Hérbas y no contra Jorge Paz Vaca.

Determinación que es objeto de casación por los herederos de la demandante de fs. 574 a 576, recurso que es objeto de análisis.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Acusó vulneración del art. 180 de la CPE, con relación al art. 1 num. 16) del Código Procesal Civil, debiendo aplicar la verdad material, apartándose de los ritualismos jurídicos, toda vez que los de instancia reconocieron las mejoras en el inmueble objeto de Litis, por tal motivo no puede el codemandado en complicidad con la otra codemandada adjudicarse un predio en la ínfima suma de Bs. 91.000.
  2. Denunció vulneración del art. 97 del Código Civil, ya que de manera contradictoria el Tribunal de Alzada reconoce la existencia de mejoras en el inmueble objeto de Litis, aun así declararon improbada la demanda principal, desconociendo el hecho que el predio está en poder de Jorge Paz Vaca, correspondiendo en consecuencia declarar probada la demanda en contra de todos los demandados y no únicamente sobre uno, más aun si el nombrado se encuentran usando y aprovechando las mejoras.
  3. Refirió vulneración al art. 961 del Código Civil, en sentido que las personas que se encuentran gozando del inmueble objeto de litis se han enriquecido merced a la demandante.

También precisa que nunca se analizó que la Sra. Nelly Méndez jamás asumió defensa, únicamente se apersonó a notificarse de manera personal y nunca más presentó memorial alguno, y el juez de la  causa no aprecio que el monto real  sobre el precio conforme al avaluó pericial está por encima de los $us. 70.000, aspectos no considerados que son base de la verdad material.

Contestación al recurso de  casación.

Que los recurrentes acusan la vulneración del art. 97 del Código Civil, sin embargo no indican en qué consiste la infracción del nombrado artículo.

Finalmente expresan la vulneración del art. 961 del Código civil,  pues expresa el recurrente que su persona se enriqueció ilícitamente, en base a un argumento erróneo porque el juez  del proceso ejecutivo le adjudicó en pública subasta el bien del cual se pide el reconocimiento de mejoras, adjudicación que incluía las mejoras, costumbres y servidumbres sin limitación alguna, no correspondiendo en consecuencia pago alguno sobre las mejoras reclamadas.

Solicitando en definitiva declarar improcedente el recurso de casación.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE


III.1 Reembolso al poseedor de buena fe por las mejoras y ampliaciones

Al respecto el AS Nº 399/2017 de fecha 12 de abril refiere: “ Con referencia a las mejoras útiles y necesarias realizadas por el poseedor de buena fe son reembolsables o indemnizables porque son de manifiesto provecho para cualquier poseedor de la cosa y en muchos casos necesarios y útiles para el mantenimiento del bien que han aumentado el valor económico del bien objeto de la reivindicación que no puede ser desconocido por el propietario, ya que van en completo beneficio del mismo bien; por eso el poseedor tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución o reembolso”

III.2 Del principio Per saltum

El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).-que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Del contenido de su recurso de casación se desprende que los dos primeros puntos son coincidentes, debido a que tienen por esencia observar la determinación de la sentencia que fue confirmada en alzada, en lo concerniente a declarar improbada la demanda con relación a Jorge Paz Vaca, sobre todo si demostró la existencia de mejoras, las cuales están siendo utilizadas y aprovechadas por el citado co-demandado, ante tal situación alega la vulneración del art. 97 del código Civil, con relación al art. 180 de la CPE y art. 1 num. 16) del Código Procesal Civil, debiendo aplicar la verdad material.

Para tener clara la problemática y con finalidad que la respuesta a emitirse sea coherente en su argumentación tanto fáctica como jurídicamente, corresponde establecer cuales los fundamentos de la demanda (fs. 386 a 388) de reconocimiento y de pago de mejoras, donde la accionante puntualiza que vivió de forma pacífica, continua e ininterrumpida con toda su familia durante 38 años en el inmueble ubicado en la UV 144, Mza. 50, Lote 19 Distrito Municipal Barrio Rancho Nuevo, pero se entera que iniciaron una demanda ejecutiva contra la anterior propietaria  María Nelly Méndez de Rojas por la Suma de $us. 7.000, donde el Juez del mencionado proceso ordena el desapoderamiento contra toda su familia en 09 de junio de 2015, sin tomar en cuenta todas las construcciones y mejoras realizadas,  en principio instalo cuartos de madera, posteriormente con ayuda de su familia realizó una construcción que consta de 4 dormitorios, una cocina, baño, lavandería y un departamento que contiene 5 dormitorios, un baño, lavandería, patio, habiendo instalado todos los servicios agua, luz y gas.

A los efectos de sustentar la desglosada pretensión se adjuntó como prueba en fotocopia legalizada el proceso ejecutivo de fs. 1 a 354, de donde se tiene como elementos trascendentales la visible a fs. 70 donde se tiene el informe de avaluó catastral que establece como valor del inmueble en el monto de Bs. 121.421.00, informe que en su contenido hace una división entre el valor catastral del terreno y el valor catastral de la construcción para determinar en base a su suma el aludido monto, que los avisos de remate se encuentran efectuados en base al informe catastral señalado precedentemente, el segundo señalamiento de subasta y remate se lo realizó con una rebaja del 25% del valor de avaluó catastral tal como refleja fs. 110 a 117, situación que es totalmente corroborada por el acta de remate de fs. 134 donde refleja como adquiriente en el acto de remate al codemandado Jorge Vaca Paz.

En lo que concierne al tema o fundamentación jurídica vinculada a las mejoras el art. 97 del sustantivo de la materia determina: “I. El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa; y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte, y el aumento del valor, por otra. II. Las mejoras de mero recreo o suntuarias no son indemnizables, pero el poseedor que las hizo puede retirarlas restableciendo las cosas a su primitivo estado, a no ser que el reivindicante prefiera retenerla reembolsando el importe de los gastos. III. Las ampliaciones de acuerdo a su naturaleza, se rigen por lo dispuesto en el artículo presente” acudiendo a la vasta doctrina podemos citar a  Ricardo J. Papaño, Claudio M. Kper Gregorio A. Dillon y Jorge R. Causse que al respecto refieren: “ Se debe tener en cuenta  que cuando una persona ha poseído el inmueble y resulta condenada a restituirlo en virtud de la sentencia que hace lugar a la demanda de reivindicación, su posesión debe reputarse ilegitima, pues de lo contrario la reivindicación no hubiera prosperado. Esta situación genera derechos y obligaciones a cargo del poseedor vencido, pues debe terminar el derecho a los frutos percibidos y pendientes; el derecho a la indemnización por mejoras introducidas en la cosa (…) En lo que concierne a los gastos y mejoras realizadas sobre la cosa, el poseedor de buen fe tiene  derecho a que le sean pagados los gastos necesario y útiles”1, asimismo Morales Guillen opina: “ toda la teoría de la indemnización gira en derecho de una idea cardinal que el poseedor no padezca daño y que una justa indemnización repare el gasto hecho en beneficio de la conservación y aprovechamiento útil de la cosa.”2 del entendimiento doctrinal esbozado podemos destacar que el pago de las mejoras realizadas en el predio, emergen como una consecuencia de la restitución del predio por parte del poseedor al propietario por no acreditarse una posesión legitima, es decir sustentada en derecho real o por no existir un vínculo jurídico anterior emergente de un derecho personal que haga legitima su posesión, entonces ante tal emergencia la restitución de la cosa del poseedor genera consecuencias jurídicas y una de ellas es el reconocimiento y pago de las mejoras, cuya la naturaleza jurídica en palabras de Peyrano es entendida como toda aquella modificación material de la cosa que signifique un aumento de valor, ya que esta tiene por fin evitar el enriquecimiento indebido del propietario del bien donde se ejecutaron la mejoras y en el marco de igualdad impedir el detrimento patrimonial del poseedor.

Dentro del tema de las mejoras nuestro ordenamiento jurídico las cataloga como: a) necesarias, b) útiles y c) las de mero recreo.

Sobre este tipo de división la doctrina se encargó de definirlas a las necesarias, como las realizadas para evitar el deterioro o destrucción del bien, es decir tiene un carácter de precautelar el bien, o sea las primeras están relacionadas a los actos de conservación y la segunda tiene por finalidad de evitar una destrucción inminente de la cosa.

Las útiles de manera opuesta son todas aquellas que tienen por esencia incrementar el valor del bien, en otras palabras es aquella no necesariamente afecta de forma positiva en el valor del predio.

Y las de mero recreo no ingresan en ninguna de las citadas categorías, por tener un fin de mera comodidad.

La citada clasificación debe ser analizada por las autoridades judiciales a los efectos del mencionado art. 97 del CC, para determinar la viabilidad del pago de las mejoras, también otro elemento importante para el tema del importe es la categoría de la buena o mala fe que debe necesariamente ser definido, en suma el régimen de las mejoras busca restituir el equilibrio patrimonial entre el poseedor que se ha sacrificado y el propietario que ha visto incrementado el valor de su patrimonio, criterio coincidente con lo referido en el apartado III.1., cabe aclarar que el presente entendimiento se hace aplicable a los casos de una posesión ilegitima, o sea donde el poseedor no cuenta con un título o cualquier otro acto jurídico que respaldo su posesión, pues a diferencia de otros casos en este tipo de situaciones el vínculo jurídico nace como emergencia del desapoderamiento y a contrario sensu cuando la posesión es legitima sustentada en derecho como emergencia de un derecho personal o una obligación de dar, el vínculo jurídico ya  estipula el derecho de uso, caso para el cual es necesario otro tipo de análisis totalmente contrapuesto para el tema de las mejoras.

En función a todo lo anotado, se puede inferir que en la litis los jueces de instancia han obrado apego a los antecedentes que informan el proceso, no correspondiendo el pago de las mejoras por parte del codemandado Jorge Vaca Paz, y eso en función a los fundamentos antes anotados, pues como se dijo el régimen de las mejoras tiene por finalidad generar un equilibrio para evitar un enriquecimiento ilícito en el propietario y un detrimento patrimonial en el poseedor, donde en la generalidad de los casos el propietario que ejerce el desapoderamiento es la persona que se obligada a pagar dichas mejoras sobre todo en los casos de reivindicación, sin embargo dicho entendimiento no puede ser asimilado como una regla absoluta, debiendo cada caso ser analizado y ponderado de acuerdo a su realidad fáctica, en la Litis conforme se ha descrito supra y coincidiendo con el criterio de los jueces de instancia el codemandado al momento de adquirir el predio en remate, lo realizó en función a un avaluó catastral de fs. 70 que reflejaba un monto de Bs. 121.421.00,  que incluyó el valor catastral del terreno y el valor catastral de la construcción, pero posteriormente el predio  fue rematado menos el 25% del valor de avaluó catastral por tratarse de un segundo subasta tal como refleja fs. 110 a 117, criterio que demuestra que al momento de la subasta o remate el pago que se hizo incluía las mejoras realizadas, situación que no implica que no se pague a la demandante (poseedor ilegitimo), al contrario para devolver ese equilibrio entre el poseedor que se ha visto mermado en su patrimonio, corresponde advertir quien ha incrementado su patrimonio, para lo cual con criterio acertado tanto la sentencia como el auto de vista han determinado que es la Sra. María Nelly Méndez de Rojas, esto debido a que fue ella a quien correspondía asumir la deuda contraída y ejecutada en el proceso ejecutivo, quien al no pagar se ha visto beneficiada, sobre todo si tomamos en cuenta que las mejoras según avaluó sobrepasaban al valor del suelo, mas aun si el saldo ha sido solicitado por la anterior propietaria (ver fs. 172, 174  y 175), entonces claramente quien ha visto incrementado su patrimonio es María Nelly Méndez de Rojas entonces siguiendo la regla de equilibrio establecida supra, se concluye que los jueces de instancia han obrado conforme a derecho.

Como tercer tópico hace cita de la vulneración del art. 691 del CC, el cual no ha sido reclamado en su recurso de apelación menos ha sido debatido en la litis, por lo que, en aplicación del principio -per saltum- expuesto en el punto III.2 no corresponde  su análisis, en el entendido que la parte afectada debió reclamarlo en apelación a objeto que ese Tribunal tomen aprehensión de ese reclamo para así existir un pronunciamiento expreso,  agotando de forma correcta el debate y la doble instancia, y de ningún modo realizarlo recién en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de casación, como es el caso en cuestion lo cual impide su análisis.

En lo concerniente a cualquier otra observación al estar vinculada al tema de que la sentencia incluya al codemandado Jorge Vaca Paz, nos ratificamos en los fundamentos vertidos en la presente resolución, no mereciendo mayor pronunciamiento al respecto.

En tal razón, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil,  declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 574 a 576, presentado por Jorge y Juan Carlos Justiniano Carrasco,  impugnando el Auto de Vista Nº 244/2017 de 4 de diciembre (fs. 558 a 561), pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Con costas y costos. Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.




1 Ricardo J. Papaño, Claudio M. Kper Gregorio A. Dillon y Jorge R. Causse, Derecho Civil, Derechos Reales, Tomo 2, pag. 435

2 Carlos Morales Guillem, Código Civil, Concordado y anotado (interpretación del art. 97).