TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 134/2019                                                                      Fecha: 12 de febrero de 2019                                                

Expediente: LP-67-18-S                                                                                 

Partes: Julia Saavedra Quispe y otros. c/ Corina Saavedra Quispe y otros.                                

Proceso: Nulidad de escritura pública y otros.                                                                                                       Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 435 a 437, interpuesto por Estela Margarita Saavedra Quispe, Reynaldo Saavedra Quispe y Daysi Yesica Saavedra Quispe; contra el Auto de Vista Nº 429/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 417 a 418 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de escritura pública, seguido por los recurrentes contra Corina Saavedra Quispe y otros; la respuesta al recurso de casación de fs. 440 a 441; el Auto de concesión cursante a fs. 447; el Auto Supremo de Admisión 505/2018-RA cursante de fs. 453 a 454 vta., los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Julia Saavedra Quispe, Estela Margarita Saavedra Quispe, Reynaldo Saavedra Quispe, Daysi Yesica Saavedra Quispe, interpusieron la demanda de nulidad de Escrituras Públicas y otros, por memorial de fs. 22 a 24, ratificada de fs. 53 a 55, acción que fue admitida por el juez de instancia y corrida en traslado a los demandados. Corina Saavedra Quispe y David Orlando Choque Rueda en calidad de demandados a través de memorial cursante de fs. 104 a 110 contestaron la demanda de forma negativa e interpusieron excepción de falta de personería, en el mismo sentido los co-demandados Víctor Elving Flores Ochoa y Carla Ibon Mallo Paz a través de memorial cursante de fs. 111 a 115, contestaron de forma negativa; tramitándose el proceso hasta que el Juez Público Civil y Comercial Décimo Séptimo de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 133/2016 de 28 de marzo, cursante de fs. 369 a 375, por la que declara IMPROBADA la demanda de nulidad de escritura pública e inscripción en Derechos Reales.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Julia Saavedra Quispe, Estela Margarita Saavedra Quispe, Reynaldo Saavedra Quispe, Daysi Yesica Saavedra Quispe, mediante el escrito de fs. 378 a 379 vta., impugnación que fue desistida solo por la recurrente Julia Saavedra Quispe a través de memorial de fs. 398 vta., subsanado a fs. 401 y aprobada mediante Auto Nº 394/2016 de fs. 402, a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz respecto a los demás recurrentes, pronunció el Auto de Vista Nº 429/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 417 a 418 vta., CONFIRMANDO la Sentencia.

El Tribunal Ad quem, señaló que de la revisión de autos, se tiene que los demandantes interpusieron acción de nulidad de minuta de transferencia de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, como de la minuta de transferencia de 26 de noviembre de 2012, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 472/2012 de 27 de noviembre, señalando que la co-demandada, Corina Saavedra Quispe hizo aparecer una minuta de transferencia mediante la cual sus progenitores transferirían a esta última el inmueble objeto de la litis, transferencia que sería nula por existir vicios en el consentimiento, por falta de forma prevista en la ley e ilicitud de la causa. 

Sostuvo que el instituto de nulidad y anulabilidad dentro de la legislación civil boliviana, son excluyentes entre sí, por lo que no pueden ser demandadas al mismo tiempo, como tampoco se puede demandar la nulidad con argumentos o causas propias de la anulabilidad o de manera inversa, debido a que nuestra legislación determina de manera expresa cuales son las causales de procedencia de cada uno de estos institutos de invalidez, entendimiento que no se consideró en el presente caso, toda vez que se advierte que la parte demandante confundió la causal de anulabilidad vicios del consentimiento- con la nulidad, por lo que evidenciando su improcedencia, el juzgador no puede fallar declarando la nulidad por causas que corresponden a la anulabilidad.

Añadió que otro aspecto que se debe considerar, es la pretensión de la parte actora de la  nulidad por falta de las formas previstas por ley, pretensión que no considera que el contrato de compraventa para su perfeccionamiento, no exige formalidad alguna, más que el acuerdo de partes, sin embargo se pudo establecer que el documento demandado de nulidad, se suscribió en documento público conforme al art. 1287 del CC, aspecto que fue fundamentado por el juez de primera instancia. 

En relación a la acusación de que la resolución no impugnada no se pronunció, en términos claros, positivos, precisos sobre la demanda y la prueba producida. Refirió el Ad quem que debe considerar que la parte apelante, no señala cual sería la oscuridad e imprecisión en la que incurre la sentencia apelada, ya que la sentencia contiene el fundamento necesario de acuerdo a la normativa que regenta la materia en relación a la prueba portada en el proceso.

Por último, respecto a la adquisición del inmueble mediante transferencia dolosa y de mala fe, que se realizó entre Corina Saavedra Quispe, David Orlando Choque Rueda y los co-demandados Víctor Elving Flores Ochoa y Carla Ibon Mallo Paz, mediante Escritura Pública Nº 472/2012, expuso que si bien se demandó tal aspecto, empero no se llegó a demostrar con prueba fehaciente, la mala fe de los compradores co-demandados, sobre el bien objeto de la litis, mas al contrario se acredita mediante documentales de fs. 343 a 361, el proceso de interdicto de adquirir la posesión, que interpusieron los co-demandados, el cual a la fecha cuenta con sentencia que declara probada dicha acción, la misma que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, aspecto que fue valorado por el juez de la causa al emitir la resolución.

Esta resolución fue impugnada mediante recurso de casación cursante de fs. 435 a 437 interpuesto por Estela Margarita Saavedra Quispe, Reynaldo Saavedra Quispe y Daysi Yesica Saavedra Quispe, el cual se analiza. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

1. Señalaron que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, bajo el fundamento de que se demanda la nulidad de la transferencia por vicios del consentimiento, los cuales se constituyen en causales de anulabilidad y no así de nulidad, desconocieron los fundamentos de la SCP Nº 0919/2014 de 15 de mayo.

2. Acusaron que la resolución de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal Ad quem, no cumple con la fundamentación establecida en el art. 192 del Código de Procedimiento Civil, además de que no se ha valorado la prueba con la sana crítica y prudente criterio que determina al art. 397 del citado Código de Procedimiento Civil.

3. Alegaron que la Sentencia Constitucional es de carácter vinculante y obligatorio, aplicable al presente caso, por lo que el Tribunal Ad quem, siguiendo la sistemática de un sistema patriarcal, solo busca ampararse en tecnicismos jurídicos, para ratificar la ilegalidad de la transferencia demostrada fehacientemente.

4. Arguyeron que no se consideró, que se ha probado en juicio, que los propietarios del inmueble eran Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani, quienes solo tuvieron una relación concubinaria, que la minuta de transferencia de fecha de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Publica Nº 580/97 de 5 de agosto, ante la Notaria de Fe Pública Dra. María Rosa Barrón de Cordero, figura como vendedor Marcelino Saavedra U. con CI. Nº 160325 LP. que no guarda ninguna relación con el titular de dicha cédula de identidad, conforme el informe del SEGIP de fs. 43 a 44, del mismo modo la vendedora Lucila Quispe de Saavedra sin cédula de identidad, que no guarda ninguna relación con nuestra progenitora Rosa Rosario Quispe Mamani, soltera, conforme certificado del SEGIP de fs. 41 a 42, es decir la identidad de los vendedores fue suplantada.

5. Refirieron que en el mismo sentido, no se consideró que Corina Saavedra Quispe, en complicidad con su esposo David Orlando Choque Rueda, dolosamente y conociendo de la irregularidades de su derecho propietario, transfirieron el inmueble objeto de la litis, en favor de los co-demandados Víctor Elving Flores Ochoa y Carla Ibon Mallo Paz mediante minuta de 26 de noviembre de 2012, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 472/2012 de 27 de noviembre, suscrita ante la Notaria de Fe Pública Dra. Marlene Cabrera Jauregui, compradores que conocían plenamente dicha situación, resultando extraño que transcurridos cuatro años de la supuesta compra venta, sigan tranquilos y no realicen ningún reclamo a sus vendedores. 

6. Por otro lado acusaron, que las partes en litigio ofrecieron en terminó, prueba testifical, confesión provocada e inspección ocular, las que no se produjeron, por los famosos inventarios, que determinaron que los juzgados suspendieran su atención, para la transición al nuevo Código Procesal Civil, habiendo pedido ambas partes al Juez A quo, que ejerza la facultad que le confiere el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, extremo que no ha sido considerado por el tribunal de segunda instancia.

7. Sostuvieron que los elementos expuestos en su recurso de casación, demuestran que dicha transferencia es nula de pleno derecho, al existir vicios del consentimiento en su suscripción, por faltar las formas previstas por ley, respecto a la ilicitud en la causa extremos por los que se hubiera violado los arts. 450, 452, 482, 483, 485, 489, 490, 546, 547, 549 nums. 1) y 3), 551, 552, 553, 984 y 994 del Código Civil, art. 31 de la Ley de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, arts. 50 y 51 del D.S. Nº 27957 de 24 de diciembre de 2004 del reglamento, modificación y actualización a la ley de Inscripción de Derechos Reales.

8. Expusieron que se ha demostrado la nulidad de la minuta de trasferencia de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, y subsecuentemente la minuta de transferencia de 26 de noviembre de 2012, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 472/2012, debiendo cancelarse las inscripciones de dichos documentos en Derechos Reales, retornando al título primigenio a nombre de Marcelino Saavedra U. y Lucila Quispe de Saavedra, para que se regularice la trasferencia del mismo por sucesión hereditaria a sus hijos, previo trámite de regularización de datos de identidad.             

Por todo lo expuesto solicitaron al Tribunal Supremo dicte Auto Supremo en conformidad del art. 220.IV del Código Procesal Civil, casando el Auto de Vista y declarando probada la demanda de la parte actora.         

Respuesta al recurso de casación.

Expresaron que el recurso de casación, carece de fundamentación de agravios, limitándose a realizar un análisis de una Sentencia Constitucional.

Señalaron del mismo modo que el recurso de casación se ampara en el art. 270 al 277 del Código Procesal Civil, olvidando mencionar si su recurso es en el fondo o en la forma, requisito que el recurrente debió cumplir conforme a norma.

Por otro lado alegaron que la causa se tramitó en la vía sumaria hasta llegar a la sentencia, estableciéndose que el recurso de casación en estos procesos no procede en casación conforme al art. 270 del Código Procesal Civil.

Por lo que el memorial de recurso de casación no cumple con la previsión señalada en el art. 274.I núm. 2 y 3 del Código Procesal Civil.

En tal sentido solicitaron que el Tribunal de Alzada debe negar directamente la concesión al recurso de casación, y se disponga la ejecutoria de la resolución de segunda instancia.     

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1. Sobre el principio de verdad material.

En el Auto Supremo Nº 690/2014 de 24 de noviembre, se refirió lo siguiente: “La SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la Ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales en procura de lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien...”.

Asimismo en el Auto Supremo Nº 22/2016 de 15 de enero se razonó lo siguiente: “Conforme el principio de verdad material u objetiva, la función jurisdiccional desarrollada y aplicada con plenitud, va mucho más allá de la verdad formal que subyace en la mera formalidad de la norma jurídica en la cual el Juez se constituye en un simple espectador de los acontecimientos que se suscitan en el proceso que lejos de contribuir, obstruye el efectivo surgimiento de la verdad del hecho controvertido en detrimento del objetivo primario de las autoridades jurisdiccionales, que debe ser la materialización de la justicia a través de un fallo en el que impere no solo la correcta aplicación de la norma, sino por sobre todo el logro de la justicia, en ese entendido, el proceso no puede ser conducido en términos puramente formales, sino que debe encaminarse al establecimiento de la denominada verdad jurídica objetiva (real) como esencia de la justicia”.

III.2. Valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 señaló que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.3. De la confesión espontánea.

Al respecto el Auto Supremo Nº 941/2018 de 01 de octubre, señaló: La confesión según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, es la “Declaración que, sobre lo sabido o hecho por él, hace alguien voluntariamente o preguntando por otro. Reconocimiento que una persona hace, contra ella misma, de la verdad de un hecho”; para Couture la confesión es: “El acto jurídico consistente en admitir como cierto, expresa o tácitamente, dentro o fuera del juicio un hecho cuyas consecuencias de derecho son perjudiciales para aquel que formula la declaración”, Arístides Rengel Romberg la define como: “…la declaración que hace una parte, de la verdad de hechos a ella desfavorables afirmados por su adversario, a la cual la ley atribuye el valor de plena prueba”. De lo que se concluye que la confesión, sea efectuada de manera espontánea o provocada, es la admisión de un hecho manifestado por el adversario como cierto y que no le es favorable para quien confiesa y que la misma sea efectuada en el proceso.

III.4.  De las nulidades procesales.

La SC 0731/2010-R de 26 de julio puso énfasis en los principios que rigen las nulidades procesales, desarrollando de manera amplia los alcances de cada uno de dichos principios conforme se describe a continuación:

“Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos “No hay nulidad, sin ley específica que la establezca” (Eduardo Cuoture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinado; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, “en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento” (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, “Nulidades Procesales”).

En concordancia con éste último principio se tiene a la impugnación tardía de las nulidades, que siguiendo al mismo autor Couture, op. cit. p. 396, se da en cuatro supuestos: 1) Cuando la parte que tiene en su mano el medio de impugnación de una sentencia y no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, y en ese caso su conformidad trae aparejada la aceptación; 2) Si tiene conocimiento de la nulidad durante el juicio y no la impugna mediante recurso, la nulidad queda convalidada; 3) Si vencido el plazo del recurso y pudiéndola atacar mediante un incidente, deja concluirse el juicio sin promoverlo, también consiente, y; 4) Pudiendo promover un juicio ordinario, hace expresa declaración de que renuncia a él, también debe reputarse que con su conformidad convalida los vicios y errores que pudieran existir en el proceso.

Supuestos relacionados con el principio de preclusión, entendido como la clausura definitiva de cada una de las etapas procesales, impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o consumados (…)”.

El criterio jurisprudencial que fue reiterado en la SCP Nº 0876/2012 de 20 de agosto, complementado a su vez el razonamiento en la SCP 0376/2015-S1 de 21 de abril de 2015 donde estableció los presupuestos para la procedencia de la nulidad de los actos procesales.

III.5. De la falsedad de documentos.

En el AS 112/2016 de 05 de febrero, se orientó en sentido que: “En este entendido, como administradores de justicia, tenemos el deber de reiterar y puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito, en denuncias de vulneración a lo dispuesto en el art. 554 inc. 1) del Código Civil que establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, situación que se encuentra por demás considerada supra; tampoco puede avalarse dicho hecho ilícito en el derecho que cuenta el “tercero adquiriente” de buena fe que para el caso de falsificación de documentos o lo que se conoce en la esfera internacional como “fraude registral”, no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito, basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad e inexistencia de la minuta y de su protocolo -Escritura Pública-, por dicha consecuencia corresponde expulsarla del tráfico jurídico y retrotraer sus efectos hasta antes de su inscripción en el registro público de Derechos Reales (conforme lo señalado por el Tribunal Ad quem); este Tribunal  Supremo no puede reconocer una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, pueda confirmarse en total detrimento del derecho del propietario original quien por hechos fraudulentos pierde su derecho propietario, aspecto que no puede ser consentido porque supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Con relación a los puntos impugnados en el recurso de casación es preciso realizar las siguientes consideraciones:

1. Señalaron los recurrentes a lo extenso de su recurso de casación que el Auto de Vista al confirmar la Sentencia, que declaró improbada su demanda, no consideró, que se ha probado en juicio, que los propietarios del inmueble eran Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani, quienes solo tuvieron una relación concubinaria, que la minuta de transferencia de fecha de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, ante la Notaria de Fe Pública Dra. María Rosa Barrón de Cordero, figura como vendedor Marcelino Saavedra U. con CI. Nº 160325 LP. que no guarda ninguna relación con el titular de dicha cédula de identidad, conforme el informe del SEGIP de fs. 43 a 44, del mismo modo la vendedora Lucila Quispe de Saavedra sin cédula de identidad, que no guarda ninguna relación con su progenitora Rosa Rosario Quispe Mamani, conforme el certificado del SEGIP de fs. 41 a 42, es decir la identidad de los vendedores fue suplantada, en tal sentido la resolución de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal Ad quem, no cumple con la fundamentación establecida en el art. 192 del Código de Procedimiento Civil, además de que no se ha valorado la prueba con la sana crítica y prudente criterio que determina el art. 397 del citado Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, para dar una adecuada respuesta, se debe considerar la aplicación del principio de vedad material, de la que se puede establecer que la convicción del juzgador no debe ser reflejo de una verdad formal, ni que consista en una certeza meramente subjetiva, sino en una certeza objetiva, basada en la realidad de los hechos y en el Derecho, con la finalidad de asegurar una correcta y justa solución del conflicto o de la incertidumbre jurídica, en el mismo sentido la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1662/2012 de 1 de octubre, señaló: “Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Jurisdiccional y de otras instancias, se encuentran impelidos de dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

De los antecedentes del proceso se puede establecer que la pretensión de los demandantes ahora recurrentes gira entorno a la nulidad de la minuta de transferencia de fecha de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, ante la Notaria de Fe Pública Dra. María Rosa Barrón de Cordero, arguyendo que su hermana mayor Corina Saavedra Quispe se hubiere adjudicado el inmueble objeto de la litis, suplantando las identidades de sus progenitores, figurando como vendedores Marcelino Saavedra U. con CI. Nº 160325 LP. que no guarda ninguna relación con el titular de dicha cédula de identidad Marcelino Saavedra Morales, conforme el informe del SEGIP de fs. 43 a 44, del mismo modo la vendedora Lucila Quispe de Saavedra sin cédula de identidad, que no guarda ninguna relación con Rosa Rosario Quispe Mamani, conforme certificado del SEGIP de fs. 41 a 42, generándose en este sentido la nulidad por falta de consentimiento y sobre la falta de las formas previstas por ley respecto a la cusa ilícita.

Al respecto, del análisis integral de la prueba, se tiene que el origen del derecho propietario de los señores Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani deviene de la Escritura Pública Nº 2/74, de 14 de enero, cursante de fs. 72 a 74, adquirido mediante compra venta, del vendedor Julian Ibañez Huanca, que para dicho acto jurídico utilizaron los nombres de Marcelino Saavedra U. y Lucila Quispe de Saavedra. Aspecto que genera identidad con relación a la transferencia que hicieron posteriormente a su hija mediante la Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, cursante de fs. 123 a 125.

Por otro lado se puede establecer que los mencionados señores Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani, evidentemente tuvieron problemas de identidad, porque en el trascurso de su vida realizaron distintos actos jurídicos y civiles, utilizando distintas identidades conforme lo acreditan las documentales de fs. 1 a 5, 75, 76, 72 a 74 consistentes en los certificados de nacimiento de sus hijos, acta de reconocimiento de hija y Escritura Pública Nº 2/74, de 14 de enero, de los que se puede establecer por ejemplo que la Sra. Rosa Rosario Quispe Mamani, utilizó los nombres de “Lucy Rosa” Quispe Mamani, “Lucila” Quispe Mamani, “Lucila Quispe”, “Lucy Quispe”, “Lucila Quispe de Saavedra” y por último “Rosa Rosario” Quispe Mamani, además cursa documentales de fs. 320 y 321, referentes al informe evacuado por el Servicio de Registro Cívico-La Paz, donde se acredita las rectificaciones al nombre de la madre de los demandantes por “Rosa Rosario”, que fueron realizadas el 10 de mayo de 2013, rectificación solicitada por su hija Estela Margarita Saavedra Quispe ahora co-demandante, en el mismo sentido se tiene las documentales de fs. 72 a 74, 77, 78, 84, 85, 86, 246, 247, 248 y 249, consistentes en Escritura Pública Nº 2/74, de 14 de enero, certificado de bautizo y certificado de matrimonio de Corina Saavedra Quispe, comprobantes de pago del impuesto a la propiedad, boletas de pago por servicios de agua y alcantarillado a nombre de Marcelino Saavedra Morales, de los que se puede establecer del mismo modo que este utilizó los nombres de “Marcelino Saavedra U.”, “Marcelino Saavedra” y por último “Marcelino Saavedra Morales”.

Aspecto que fue corroborado incluso por los mismos demandantes en los diversos memoriales presentados dentro del proceso, como en la demanda a fs. 22 señalaron “…nuestra madre Rosa Rosario Quispe Mamani tenía problemas con sus documentos de identidad desde su niñez, motivo por el cual durante años no tenía carnet de identidad y usaba el nombre de Lucila Quispe Mamani, Lucy Rosa Quispe Mamani y Rosa Rosario Quispe Mamani, hasta que finalmente regularizo sus documentos de identidad como Rosa Rosario Quispe Mamani, igualmente nuestro padre Marcelino Saavedra Morales tuvo observaciones en sus documentos de identidad que también los pudo regularizar en vida.”, recurso de apelación a fs. 378 y vta., donde en su punto séptimo expresaron “Se ha demostrado que Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani tenían problemas con sus documentos de identidad, extremo confesado con el valor probatorio que le asigna el art. 404 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil por la demandada Corina Saavedra Quispe, en el memorial de fs. 104-110, donde reconocen que su padre era Marcelino Saavedra Morales que utilizaba el nombre de Marcelino Saavedra U. y su madre era Rosa Rosario Quispe Mamani quien utilizaba los nombres de Lucy Rosa Quispe Mamani, Lucila Quispe Mamani y Rosa Rosario Quispe Mamani.”, e incluso en su mismo recurso de casación cuando en su punto séptimo a fs. 437 refirieron “Se ha demostrado la nulidad de la minuta de trasferencia de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, y subsecuentemente la minuta de transferencia de 26 de noviembre de 2012, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 472/2012, debiendo cancelarse las inscripciones de dichos documentos en Derechos Reales, retornando al título primigenio a nombre de Marcelino Saavedra U. y Lucila Quispe de Saavedra, para que se regularice la trasferencia del mismo por sucesión hereditaria a sus hijos, previo tramite de regularización de datos de identidad.” (el subrayado nos pertenece), confesiones espontáneas que tienen todo el valor probatorio que les otorgan los arts. 157.III del Código Procesal Civil y 1321 del Código Civil. 

Respecto a las documentales concernientes a las certificaciones emitidas por el SEGIP, cursante de fs. 41 a 42, y de fs. 43 a 44, estas solo acreditan la actual identidad de los señores Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani, aspecto que no desvirtúa, que los mencionados señores realizaron actos jurídicos y civiles, en el transcurso de su vida con distintas identidades conforme los expuesto en la presente resolución.       

Por lo que del análisis integral de la prueba se pudo llegar a la conclusión de que evidente los señores Marcelino Saavedra Morales y Rosa Rosario Quispe Mamani tenían problemas con sus documentos de identidad, que en el trascurso de su vida realizaron distintos actos jurídicos y civiles con diferentes identidades, y que en el documento que dio origen al derecho propietario de los anteriormente nombrados sobre el bien objeto de la litis, Escritura Publica Nº 2/74, de 14 de enero, cursante de fs. 72 a 74, utilizaron las identidades de Marcelino Saavedra U. y Lucila Quispe de Saavedra, identidades que del mismo modo fueron utilizados posteriormente para la transferencia de venta que le hicieron a Corina Saavedra Quispe actual demandada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, cursante de fs. 123 a 125, por lo que se entiende que no existió suplantación de identidades, como tampoco existe nulidad por falta de consentimiento y sobre la falta de las formas previstas por ley respecto a la causa ilícita, en la transferencia que le hicieron sus progenitores a la ahora demandada.

2. Los recurrentes expresaron que  no se consideró que Corina Saavedra Quispe, en complicidad con su esposo David Orlando Choque Rueda, dolosamente y conociendo de la irregularidades de su derecho propietario, transfirieron el inmueble objeto de la litis, en favor de los co-demandados Víctor Elving Flores Ochoa y Carla Ibon Mallo Paz mediante minuta de 26 de noviembre de 2012, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 472/2012 de 27 de noviembre, suscrita ante Notario de Fe Pública Dra. Marlene Cabrera Jauregui, compradores que conocían plenamente dicha situación, resultando extraño que transcurridos cuatro años de la supuesta compra venta, sigan tranquilos y no realicen ningún reclamo a sus vendedores.

Sobre este punto se debe considerar lo desarrollado por el Tribunal de segunda instancia, que al respecto expuso: “…cabe aclarar que si bien se demandó tal aspecto, no es menos evidente que en el transcurso de la tramitación de la causa no se llegó a demostrar con prueba fehaciente la acusada mala fe de los co-demandados Víctor Edwing Flores Ochoa y Carla Ibon Mallo Choque al adquirir dicho bien inmueble, mas al contrario cursa a fs. 343-361, el proceso de interdicción de adquirir la posición, el cual a la fecha cuenta con sentencia que declara probada la demanda de interdicto, confirmado por el Tribunal de alzada…” (sic.), fundamento jurídico, con el que coincide este Tribunal de casación, en sentido que de la revisión del legajo del proceso, la parte demandante no pudo acreditar, la mala fe, de los co-demandados Victor Elving Flores Ochoa y Carla Ibon Mallo Paz, al haber adquirido el bien objeto de la litis, de su propietaria Corina Saavedra Quispe y su esposo mediante minuta de transferencia  de 26 de noviembre de 2012, protocolizada mediante Escritura Pública Nº 472/2012 de 27 de noviembre, cursante de fs. 120 a 122.

3. Acusaron que de los elementos expuestos en su recurso de casación, demuestran que dicha transferencia es nula de pleno derecho, al existir vicios del consentimiento en su suscripción, por faltar las formas previstas por ley, respecto a la ilicitud en la causa extremos por los que se hubiera violado los arts. 450, 452, 482, 483, 485, 489, 490, 546, 547, 549 nums. 1) y 3), 551, 552, 553, 984 y 994 del Código Civil, art. 31 de la ley de Derechos Reales de 15 de noviembre de 1887, arts. 50 y 51 del D.S. Nº 27957 de 24 de diciembre de 2004 del reglamento, modificación y actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales.

Al respecto la parte recurrente debe considerar que el planteamiento de sus vulneraciones no se adecua a lo establecido en el art. 274 núm. 3 del Código Procesal Civil, además de que se ingresó al análisis de la prueba aportada en el proceso en aplicación del principio de verdad material, descrita en la doctrina legal aplicable al caso III.1, llegándose a la conclusión que la parte demandante no pudo demostrar los extremos de su demanda. 

4. Alegaron que las partes en litigio ofrecieron en terminó, prueba testifical, confesión provocada e inspección ocular, las que no se produjeron, por los famosos inventarios judiciales, que determinaron que los juzgados suspendieran su atención, para la transición al nuevo Código Procesal Civil, habiendo pedido ambas partes al Juez A quo, que ejerza la facultad que le confiere el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, extremo que no ha sido considerado por el Tribunal de segunda instancia.

Sobre este punto si bien es evidente que después de emitido el Auto de clausura de la etapa de prueba a fs. 309 y vta.,  los demandantes a través de distintos memoriales de fs. 324, 330, 335 y vta., solicitaron al Juez A quo, la facultad que le confiere el art. 378 del CPC, es también evidente que los mismos demandantes a través de distintos memoriales de fs. 339, 364 y 368  exigieron al Juez A quo, que conforme al estado de la causa y al no existir diligencias pendientes, en estricto cumplimiento del art. 484 del Código de Procedimiento Civil, se dicte el decreto de AUTOS, actos procesales que convalidaron los reclamos anteriormente señalados de fs. 324, 330, 335 y vta., por lo que respecto al punto presente deviene en infundado.

5.  Por otro lado refirieron que, las Sentencias Constitucionales son de carácter vinculante, obligatorio y que el Tribunal Ad quem, al confirmar la Sentencia, bajo el fundamento de que se demanda la nulidad de la transferencia por vicios del consentimiento, los cuales se constituyen en causales de anulabilidad y no así de nulidad, desconocieron los fundamentos de la SCP Nº 0919/2014 de 15 de mayo.

Respecto a este punto los recurrentes deben considerar, que si bien es adecuado el criterio de la viabilidad de la demanda de nulidad respecto a actos fraudulentos, que son considerados ilícitos o que devienen de actos ilegales por cuanto contravienen los principios éticos y morales de la Constitución Política del Estado, esto conforme lo expuesto en la doctrina aplicable al caso III.5, también se debe tener presente que en el presente caso, se ingresó al análisis integral de los medios probatorios acumulados al proceso, conforme lo acusado en el recurso de casación en el primer punto de los fundamentos de la presente resolución y en aplicación el principio de verdad material se pudo establecer que no existió la suplantación de identidades de los progenitores de los demandantes, respecto a la minuta de transferencia del bien inmueble de fecha de 20 de junio de 1997 protocolizada mediante Escritura Pública Nº 580/97 de 5 de agosto, que se realizó a favor de la demandada Corina Saavedra Quispe, por lo que no corresponde la pretensión de la demanda sobre la nulidad por falta de consentimiento y sobre la falta de las formas previstas por ley respecto a la causa ilícita. Que si bien el fundamento de la resolución del juez A quo, como del Tribunal de segunda instancia no fueron los correctos, en el presente caso se dio respuesta aunque con distinto criterio expuesto supra, que en base del análisis de la prueba, no corresponde la viabilidad de la demanda, por lo que aplicar la Sentencia Constitucional expuesta por los recurrentes, resulta insustancial, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.   

De la contestación al recurso de casación.

En referencia a lo alegado en su contestación al recurso de casación sobre los agravios planteados que no reúnen las exigencias legales y doctrinarias corresponde remitirnos a lo señalado en el Auto Supremo de Admisión 505/2018-RA cursante de fs. 453 a 454 vta., donde se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios bajo la orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 8 de noviembre.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir falló en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 435 a 437, interpuesto por Estela Margarita Saavedra Quispe, Reynaldo Saavedra Quispe y Daysi Yesica Saavedra Quispe; contra el Auto de Vista Nº 429/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 417 a 418 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000 (Mil 00/100 Bolivianos), para el bogado que contesto el recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.