TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 249/2019                                                                      Sucre: 08 de marzo de 2019                                                

Expediente: SC-149-18-S                                                                                 

Partes: Flavio Costa Beber y otros. c/ Sociedad Aceitera del Oriente SRL. “SAO”                                

Proceso: Nulidad de contratos y otros.                                                                                                       Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1130 a 1137 vta., interpuesto por la Sociedad Aceitera del Oriente SRL. “SAO” a través de sus representantes legales contra el Auto de Vista Nº 432/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 1054 a 1058, pronunciado por la Sala Civil Comercial, Familiar, Niñez, y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contratos y otros, seguido por Antonio Ereña de Oregui, Ramiro Pardo Ortiz, Flavio Costa Beber y Flavio Junior Costa Beber contra la entidad recurrente; la respuesta al recurso de casación de fs. 1155 a 1160; el Auto de concesión cursante a fs. 1161; el Auto Supremo de Admisión Nº 1170/2018-RA, cursante de fs. 1167 a 1168 vta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Antonio Ereña de Oregui, Ramiro Pardo Ortiz, Flavio Costa Beber y Flavio Junior Costa Beber, interpusieron demanda de nulidad de contratos, enriquecimiento ilegítimo, más el pago de daños y perjuicios, por lucro cesante y daño emergente, por memorial de fs. 156 a 170 vta., subsanada de fs. 173 a 174, fundando en dicha acción que los demandantes suscribieron distintos contratos con la empresa demandada entre los que se encuentran: 1.- contrato de venta de soya a futuro de 30 de mayo de 2007, 2.- contrato de venta de soya a futuro inserto en el instrumento público Nº 1569/2007, 3.- contrato de venta de soya a futuro inserto en el instrumento público Nº 580/2008, 4.- adenda sobre ampliación de plazo para entrega de grano de venta a futuro, los que por eventualidades climáticas no pudieron ser cumplidos en tal sentido serían nulos, esto en aplicación del art. 594.II del CC. En el mismo sentido, existiría causa y motivo ilícito en dichos contratos por la imposibilidad de su cumplimento, además de la causal de anulabilidad por falta de consentimiento. Por otro lado, expresan que existió enriquecimiento ilegítimo por parte de la empresa demandada, por lo que correspondería se repare dicho aspecto, además del resarcimiento de daños y perjuicios, acción que fue admitida por el juez de instancia y corrida en traslado a la empresa demandada, entidad que por intermedio de su representante legal a través de memorial cursante de fs. 533 a 547 contestó la demanda de forma negativa e interpuso al mismo acción reconvencional de cumplimiento de contrato más el resarcimiento de daños y perjuicios, tramitándose el proceso hasta que la Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 2 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia Nº 1/2018 de 23 de enero, cursante de fs. 934 a 940, por la que declara: PROBADA la demanda principal en lo que corresponde a la nulidad de contratos, enriquecimiento ilegitimo, lucro cesante y daño emergente. Con relación al pago de daños y perjuicios, e IMPROBADA la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato como también en relación a los  daños y perjuicios, con las disposiciones expuestas en dicho fallo.

Resolución de primera instancia que fue apelada por la empresa demandada, mediante el escrito de fs. 947 a 953, a cuyo efecto la Sala Civil Comercial, Familiar, Niñez, y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 432/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 1054 a 1058, que CONFIRMA los autos de fecha 05 de septiembre de 2014, cursante de fs. 823  vta., el auto de fecha 05 de marzo de 2015, cursante de fs. 841 a 843, y la sentencia de 23 de enero de 2018 saliente de fs. 934 a 940 vta.

El Tribunal de segunda instancia señaló, con relación a las apelaciones en efecto diferido, contra los autos de fecha 05 de septiembre de 2014 cursante de fs. 823 vta., y el de fecha 05 de marzo de 2015 cursante de fs. 841 a 843 lo siguiente:

Que mediante auto de fecha 05 de septiembre de 2014, cursante a fs. 823 vta., ratificado por providencia de 25 de noviembre de 2014, cursante a fs. 825 vta., la  juez A quo, repone la resolución de 26 de junio de 2014 y al mismo tiempo rechaza la proposición de prueba ofrecida por la parte demandada, resolución que fue notificada a la entidad recurrente en fecha 08 de enero de 2015, (fs. 826), la que a través de memorial de 16 de enero de 2015, cursante de fs. 827 a 829, interpuso recurso de apelación en efecto diferido. No obstante a la impugnación anterior, la entidad demandada en fecha 20 de enero de 2015 a través de memorial de fs. 830 a 835 presenta incidente de nulidad procesal en el que arguye la nulidad de la notificación de fs. 826, así como también interponen reposición bajo alternativa de apelación contra el  auto de 05 de septiembre de 2014, que rechazo la prueba, por haberse computado erróneamente el plazo a efectos de proponer y ratificar sus pruebas, incidente que es rechazado mediante auto de 05 de marzo de 2015 cursante de fs. 841 a 843 vta. El cual es impugnado a través de recurso de reposición bajo alternativa de apelación según memorial de fs. 846 a 851 vta., que mereció auto de 08 de junio de 2015 cursante de fs. 857 vta. a 858, por el cual al juez de instancia rechazó la reposición y concedió la  apelación en efecto diferido.

La entidad demandada mediante memorial cursante de fs. 880 a 884 vta., nuevamente insiste e interpone incidente de nulidad, bajo los mismos fundamentos anteriores, tanto porque se rechazó de forma indebida la proposición y ratificación de sus pruebas, como por la nulidad de la diligencia de notificación de fs. 826, impugnación que motivó el auto de 11 de noviembre de 2015 cursante de fs. 890 vta., que rechazó dicho incidente de nulidad, el mismo que fue objeto de apelación por la parte incidentita mereciendo Auto de Vista de fecha 14 de marzo de 2017 cursante de fs. 928 a 929 vta., el cual CONFIRMA el rechazo del incidente planteado por la parte demandada. 

En segunda instancia, el Tribunal Ad quem concluyó, que si bien es cierto, que se concedió los recursos de apelación en efecto diferido interpuestos por la parte demandada, no es menos cierto que los motivos y fundamentos expuestos en las apelaciones anteriormente mencionadas, han sido plasmadas en otro incidente de nulidad que cursan de fs. 880 a 884 vta., impugnación que fue rechazado y confirmado por Auto de Vista de fecha 14 de marzo de 2017 cursante de fs. 928 a 929 vta., situación que impidió al Tribunal Ad quem de ingresar a un nuevo análisis de cuestionamientos que ya fueron considerados por un Tribunal de segunda instancia.   

En relación a la apelación interpuesta contra la sentencia, el Tribunal de segunda instancia expuso:  

En cuanto a la inexistencia de la causal de nulidad manifestada por la entidad recurrente, bajo el fundamento de que si existió la cosecha de soya, empero parcialmente. En este sentido el Ad quem remitió, al contrato de fs. 1, cuya cláusula quinta, señala: “(del incumplimiento).- Vencido el plazo estipulado para la entrega del grano en la presente venta a futuro y en caso de incumplimiento parcial total o parcial por parte del VENDEDOR, este se constituye en mora y el comprador quedara habilitado y plenamente facultado para exigir el cumplimiento del contrato. Se aclara de forma expresa que el comprador, no asume los riesgos de la cosecha, por lo tanto, si por cualquier motivo la cosecha y el grano no llega a existir, la presente venta es nula, conforme a lo establecido en el párrafo II del art. 594 del Código Civil”, exponiendo que la autoridad judicial realizó una correcta interpretación integral del contrato así como de la adenda de fs. 12. La cláusula descrita, no establece el cumplimiento parcial de la cosecha, sino más al contrario refiere que en caso de incumplimiento total o parcial por parte del vendedor (demandante), este se constituye en mora y el comprador (ente demandado) quedará habilitado para exigir el cumplimiento del presente contrato. De ahí que realizando una interpretación bajo el principio de razonabilidad, resultaría inequitativo que el comprador pueda ejecutar por incumplimiento total o parcial, empero no se puede declarar la nulidad de este contrato porque no existió la cosecha, lo que quiere decir que el vendedor estaba obligado a la entrega del total del producto, y con relación a la adenda de fs. 12, esta no existió la producción total del producto, por lo que se evidencia que si existió la nulidad establecida en el art. 594.II del CC. 

En relación a la inexistencia de la nulidad por objeto incierto, causa ilícita, ni vicio del consentimiento, se debe considerar que la causal del contrato es ilícita cuando está prohibida por ley o es contraria a las buenas costumbres o al orden público según el art. 489 del CC. En el caso de autos, dicha ilicitud deviene de la imposibilidad de la cosecha determinada de dos campañas en un mismo año, empero pese a ello se realizó la suscripción de adenda y modificación de plazo, cuando estos eran de imposible cumplimento, hechos que hacen al vicio del consentimiento, hecho corroborado por el informe pericial saliente de fs. 805 a 819, que demuestra tal situación además de que la parte demandada no ha realizado impugnación sobre el mismo.

En cuanto a la inexistencia de enriquecimiento ilegítimo, la supuesta contradicción de esta con la nulidad, así como el pago de daños y perjuicios. El Ad quem sostuvo que la autoridad judicial ha realizado una correcta apreciación y valoración integral de la prueba, toda vez que en este punto fundamenta su resolución teniendo como base el informe pericial de fs. 805 a 819, además de haberse acreditado que la parte demandada, ha incurrido en enriquecimiento ilegítimo ante la existencia de grano embargado sin causa establecida, además que la parte demandada ha impedido la respectiva inspección judicial, según acta de fs. 786, es así que al demostrarse la tenencia indebida de los granos por parte de la empresa demandada este accionar se configura en el art. 961 del CC, asimismo se ha demostrado que la empresa demandada, ante el incumplimiento de la totalidad de la cosecha determinada en los contratos objeto de la presente litis, ha percibido una indemnización de $us.24.647.11 y una multa a la parte demandante de $us.5.630, así como también recibió una cantidad de girasol por el valor de $us.66.204 que fue recibida por la parte demandada, según confesión provocada de fs. 801, no obstante a que todo lo anteriormente mencionado fue percibido pese a la nulidad expresada en los contratos, situación que se adecua a lo establecido en el art. 961 del CC. 

Por último en el mismo sentido corresponde precisar que estas acciones no resultan contradictorias toda vez que la única vía idónea para la restitución del empobrecimiento de la parte demandante, más allá del entendimiento que implica la nulidad, debe notarse que la empresa demandada ha percibido tales beneficios, como los cobros de dineros entre otros, los cuales emergieron de los contratos, empero a raíz de que los mismos de acuerdo a lo expuesto anteriormente son nulos de pleno derecho, en consecuencia la determinación de daños y perjuicios se ha basado en las pericias que no fueron impugnadas, teniéndoselas como válidas, por lo que se puede evidenciar que la juez actuó correctamente.       

Esta resolución fue impugnada mediante recurso de casación cursante de fs. 1130 a 1137 vta., interpuesto por la Sociedad Aceitera del Oriente SRL. “SAO” a través de sus representantes legales, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

  1. Señaló que el Auto de Vista, ha vulnerado el debido proceso en su componente de una resolución congruente puesto que la entidad demandada en su recurso de apelación, alegó que había sido vulnerado su derecho al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, deber de fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales insertos en los párrafos 35 y 65 de su recurso de impugnación, pero contradictoriamente el Tribunal Ad quem, no hizo alusión siquiera a los argumentos esgrimidos por la empresa recurrente, ignorándolos aun cuando estos constituían una cuestión esencial para la resolución de la controversia, además que la carencia de manifestación y resolución sobre estos argumentos inevitablemente conllevan a que la resolución de segunda instancia carezca de congruencia. 
  2. Acusó que además de no existir congruencia en la resolución de segunda instancia, esta no se encontraría fundamentada, puesto que los vocales debieron individualizar concretamente todos los argumentos vertidos por la empresa recurrente a través de un nexo de causalidad entre las pretensiones y los supuestos previstos en la norma, sustentado su decisión en relación a cada argumento, limitándose el Tribunal Ad quem a citar doctrina, normas y pruebas sin establecer el nexo de causalidad o la razón por la cual aquellos desvirtúan los argumentos del recurso de apelación.
  3. Alegó que el auto de vista vulneró las normas procesales aplicables al cómputo de plazos, al señalar que el reclamo ha sido plasmado en otro incidente de nulidad empero este fue rechazado y confirmado mediante auto de vista de 14 de marzo de 2017 a fs. 928 a 929. Aspecto que no es cierto ya que de la lectura del citado auto se entiende que el juez A quo actuó correctamente al dictar el auto apelado, amparando su decisión de rechazar el incidente de nulidad, en el hecho comprobado de la existencia de otra resolución que ya resolvía el fondo de la supuesta causa de nulidad de obrados, específicamente el auto de fecha 05 de marzo de 2015. En consecuencia los vocales han aplicado erróneamente la norma procesal y, por consiguiente, el auto de vista debe ser anulado.
  4. Arguyó que la resolución del Tribunal Ad quem, consolidó la vulneración formal incluida en la sentencia. En este sentido el Tribunal de apelación tenía el deber de remediar y precautelar los derechos agraviados por la sentencia, como el derecho a la defensa que tutela a la empresa demandada y el derecho a la valoración de la prueba, en vista de que no se consideraron, ni valoraron las pruebas pre-constituidas presentadas en la demanda reconvencional, ni las pruebas presentadas durante el plazo probatorio. 

En el fondo.   

  1. Señaló que el Tribunal Ad quem realizó una incorrecta interpretación del art. 594.II del CC, al afirmar que un contrato de venta futura, solo sería válido en caso que la cosa (en este caso grano) exista en su totalidad. Argumentó que contradice manifiestamente lo establecido en el art. 594 del CC, que establece que la venta es nula si la cosa o el derecho no llega a tener existencia. La disposición del Código Civil claramente hace referencia a los casos en los cuales contrario a lo que alegan los vocales- la cosa futura no existe, es decir, no sea producida o creada en su totalidad, puesto que por cuestión lógica, la existencia parcial de la cosa per se hace inaplicable la nulidad referida.
  2. Acusó que el auto de vista realizó una errónea interpretación del art. 489 del CC, en relación que la imposibilidad de cumplimiento de un contrato podría ser considerado como causa ilícita. En sentido que la norma referida establece tres alternativas para la procedencia de la causa ilícita siendo las siguientes: 1. Que la causa sea contraria al orden público, 2. Que la causa sea contraria a las buenas costumbres, y 3. Cuando el contrato busca evadir una norma imperativa. Siendo que en este caso no se ha demostrado que el contrato vulnere el orden público, ni las buenas costumbres. Tampoco se ha demostrado que las partes hayan buscado eludir una norma imperativa. Por tanto, en este caso, no se ha demostrado la existencia de causa ilícita.  
  3. Refirió que la resolución de segunda instancia realizan una incorrecta aplicación e interpretación del art. 961 del CC, en sentido que los vocales entienden, que debido a la supuesta tenencia indebida de granos probada por el informe pericial, ha existido enriquecimiento ilegítimo de acuerdo a lo previsto en el art. 961 del CC. Sin embargo el Tribunal de apelación no considera que existen cuatro elementos para la determinación del enriquecimiento ilegítimo y su procedencia 1. Que el enriquecimiento sea sin justo motivo; 2. Que dicho enriquecimiento sea ocasionado en desmedro del otro; 3. La obligación de indemnizar al afectado, proporcionalmente a su disminución patrimonial y 4. El afectado no debe tener otro remedio legal para obtener la indemnización. En tal sentido el Tribunal Ad quem, pierde de vista que durante el proceso la empresa demandada, habría probado que el grano se encontraba en su posesión, debido a un embargo judicial emitido dentro de un proceso coactivo iniciado por la entidad recurrente contra los demandantes, prueba cursante a fs. 531, que no fue valorada por los vocales de instancia al momento de arribar su decisión, sino que más al contrario sin ninguna prueba argumentan que la tenencia fue efectuada de forma ilegal.  
  4. Alegó que la demanda de enriquecimiento ilegítimo no es la vía idónea para el reclamo de daños y perjuicios, siendo que el art. 962 del CC, señala la citada acción no es admisible cuando el perjudicado puede ejercer otra acción para obtener, se le indemnice por el perjuicio que ha sufrido. en tal sentido si bien los vocales señalan erróneamente que la acción directa es la del enriquecimiento, hacen referencia a la “nulidad de pleno derecho de los contratos” a lo que la nulidad surte efectos retroactivos, de este modo en aplicación de la nulidad, la empresa demandada estaría en la obligación de restituir en favor de los demandantes los montos que estos adelantaron a la empresa a tiempo de suscribir los contratos, en consecuencia la nulidad sería la acción disponible para que los demandantes puedan obtener la restitución de su supuesto empobrecimiento.  
  5. Arguyó que el resarcimiento de daños y perjuicios nace de la existencia de una relación jurídica generadora de obligaciones, en la cual, una de las partes, a raíz de su incumplimiento le ha generado daño a la otra. Por otro lado en el caso de la nulidad, la relación jurídica y por ende, el hecho generador de las obligaciones se extingue, dado que un acto declarado nulo, es inexistente para el derecho, en consecuencia un acto nulo no puede, a su vez, generar el resarcimiento de daños y perjuicios, para ninguna de las partes. 
  6. Expone que en relación al daño emergente y el lucro cesante, estos deben ser calculados en virtud a las consecuencias directas del acto generador del daño, conforme lo establece el art. 346 del CC. Por lo que el monto establecido tanto que el juez A quo como por el Tribunal Ad quem en favor de los demandantes, parte de un cálculo arbitrario, sobre potenciales ingresos fantasiosos, que desde ningún punto de vista tienen como consecuencia directa ningún incumplimiento o acto por parte de la empresa demandada. Por otro lado en el supuesto caso no consentido de que se concluya que la empresa demandada retuvo ilegítimamente montos de los demandados, estos no tendrían derecho a más de los intereses correspondientes conforme lo establecido en el art. 347 del CC.  
  7. Sostuvo que el auto de vista, realizá una incorrecta interpretación del art. 961 del CC, puesto que no es posible condenar enriquecimiento ilegítimo y al mismo tiempo exigir la cancelación por el pago de daños y perjuicios.    

Respuesta al recurso de casación.

Señaló que el memorial de recurso de casación no cumple con la previsión señalada en los arts. 271.I y 274.I num 3) del Código Procesal Civil.

Respecto a la falta de congruencia sostuvo que el auto de vista impugnado, hace un análisis pormenorizado de cada uno de los puntos apelados y se pronuncia sobre los que la ley le admite, con la debida congruencia, por lo que con relación a este punto el reclamo devendría en infundado.  

En cuanto a la supuesta vulneración de normas aplicables al cómputo de plazos, sobre el tema se debe considerar que la resolución de segunda instancia impugnada, señaló que el auto de 5 de septiembre de 2014, cursante de fs. 823 vta., y el de 05 de marzo de 2015, cursante de fs. 841 a 843, fueron confirmados por auto de vista de 14 de marzo de 2017 cursante de fs. 928 a 929, este último que se encuentra plenamente ejecutoriado.

Con relación a la aplicación indebida de los arts. 594.II y 489 del Código Civil respecto a la nulidad declarada, señaló que el Tribunal Ad quem, realizo una adecuada interpretación de la cláusula quinta del contrato puesto que esta no admite cumplimiento parcial y es taxativa, por lo que ante la inexistencia de defensa efectiva de la parte demandada, y el solo hecho de no existir la cosecha de grano pactada, ya constituye causal de nulidad.

Por otro lado en relación a la causa ilícita el Tribunal de segunda instancia a través de los informes periciales, pudo determinar la imposibilidad de lograr dos cosechas en un año, aspecto que hace ilícito el contrato.

En relación a la errónea interpretación del Código Civil, en cuanto a enriquecimiento ilegítimo más pago de daños y perjuicios. Expuso que de las propias pruebas se tiene demostrado la tenencia indebida de grano, por la parte demandada, más aun cuando la nulidad del contrato fue generada al pretender dos cosechas en un mismo año, recibiendo indemnizaciones sobre el valor de $us.24.647,11 y ha cobrado una multa de $us.5.630 recibiendo además granos de girasol por un valor de $us.66.204 conforme se tiene de la confesión de fs. 801, beneficios que la parte demandada recibió a pesar de la nulidad del contrato, hechos que como bien refiere el auto de vista impugnado, hace plenamente aplicable el art. 961 del Código Civil. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la Congruencia en las resoluciones y el art. 265 del Código Procesal Civil.

El Tribunal Supremo de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nº 651/2014, 254/2016) ha descrito la congruencia de las resoluciones judiciales desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado…”. 

III.2. De la motivación y fundamentación de las resoluciones.

Al efecto podemos citar la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio que sobre el tema expresó: “Del entendimiento constitucional dado se advierte que para el cumplimiento del debido proceso en su subelemento  motivación de una resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada  la motivación de una resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta motivación, ya que, no nos encontramos dentro del marco de la falta de motivación, sino por el contrario el de una errónea aplicación,  interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de  casación en el fondo”.

III.3. De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación conforme orienta la Ley Nº 439.

El Auto Supremo Nº 272/2017 de 10 de marzo, orientó sobre las resoluciones recurribles en casación, en sentido de que: “…preliminarmente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador  para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

Sobre el tema el art. 250.I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario ”  norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido que las resoluciones judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270.I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley.

Resultando únicamente ambiguo en su literalidad el primer caso, correspondiendo en consecuencia su interpretación por parte de este Máximo Tribunal de Justicia, el mismo conforme a lo determinado referido en el punto precedente debe ser desde y conforme a un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, de acuerdo a los principios pro homine y pro actione, (…).

Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 num. 3) de la Ley Nº 025, en aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos.

Y a los efectos de tener un entendimiento certero se debe aclarar que se entiende por Auto de definitivo, sobre la definición de este tipo de resolución la  SC 0092/2010-R ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser auto interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la resolución.”.

III.4. Sobre el principio de verdad material.

En el Auto Supremo Nº 690/2014 de 24 de noviembre, se refirió lo siguiente: “La SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales en procura de lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien...”.

Asimismo en el Auto Supremo Nº 22/2016 de 15 de enero se razonó lo siguiente: “Conforme el principio de verdad material u objetiva, la función jurisdiccional desarrollada y aplicada con plenitud, va mucho más allá de la verdad formal que subyace en la mera formalidad de la norma jurídica en la cual el Juez se constituye en un simple espectador de los acontecimientos que se suscitan en el proceso que lejos de contribuir, obstruye el efectivo surgimiento de la verdad del hecho controvertido en detrimento del objetivo primario de las autoridades jurisdiccionales, que debe ser la materialización de la justicia a través de un fallo en el que impere no solo la correcta aplicación de la norma, sino por sobre todo el logro de la justicia, en ese entendido, el proceso no puede ser conducido en términos puramente formales, sino que debe encaminarse al establecimiento de la denominada verdad jurídica objetiva (real) como esencia de la justicia”.

III.5. Valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

III.6. Del principio de razonabilidad.

En cuanto a la aplicación del referido principio, la SCP 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio de 2015 ha señalado: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, indico que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el vivir bien, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el 15 valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales

De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo modelo constitucional, el principio de razonabilidad está orientado a que toda autoridad que ha de asumir una decisión, la haga de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante,  acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto esenciales, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la búsqueda de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad.

III.7. De la interpretación de los contratos.

Según Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, pág. 721 respecto de la interpretación de los contratos nos señala que; “El art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. (…). De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación. (…).

La primera regla de la interpretación, no inserta el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.”. (…).

“Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato…”. (…).

“Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas...”.

De la relación normativa y doctrinal precedentemente efectuada, se conoce que las partes deben concurrir al negocio jurídico voluntario de buena fe y expresar en el contrato los términos convenidos de forma clara, expresa y concreta, toda vez que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, es más los efectos de los contratos no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o de la equidad corresponde a la naturaleza del contrato, en esa medida el contrato será interpretado por el juzgador en el marco de la equidad y de la buena fe y a ese efecto resulta acertado el criterio vertido por Guillermo A. Borda en su libro Manual de Contratos al señalar : “…cuando las mismas partes con su conducta posterior han revelado inequívocamente cuál es el resultado y el alcance del contrato, no podrán luego ampararse en una cláusula de interpretación dudosa para desviarse de lo que ellas mismas han demostrado querer.”

III.8. Respecto a la teoría de los actos propios.

El Auto Supremo Nº 658/2014 de fecha 06 de noviembre, respecto a la teoría de los actos propios señaló: “…no resulta coherente que ahora pretenda negar sus propios actos contrariando sus propias declaraciones, actitud que atenta la buena fe y la lealtad que se deben quienes suscriben contratos con prestaciones recíprocas, o quienes participan en un litigio, para mejor entendimiento, resulta pertinente referirnos a la teoría de los actos propios, definida la misma por los doctrinarios como: “…un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente”, cuyo fundamento reposa en el hecho de que resulta inadmisible que un litigante o contratante sostenga su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud opuesta a la tomada anteriormente en otro acto. La teoría de los actos propios prohíbe la sorpresa, la volubilidad en el actuar de las partes preservando el ámbito del litigio judicial, pero también el de las relaciones contractuales, de los cambios bruscos de conducta, sean estos culposos o malintencionados; el Dr. Marcelo J. López Mesa en su obra: “la doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación”, refiere: “Se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se auto contradigan al efectuar un reclamo judicial”.

III.9. Del objeto imposible dentro de los contratos.

Al respecto cabe citar lo establecido en el art. 485 del Código Civil que con relación a los requisitos del objeto expresa: “todo contrato debe tener un objeto posible licito y determinado o determinable”.

De lo expuesto el tratadista Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, pág. 679 y siguientes, refiere “Se considera verdad eterna la de que todo contrato ha de tener por objeto una cosa que uno de los estipulantes se obliga a dar, hacer o no hacer (Farvard cit. por Scaevola). Por eso se dice que el objeto es tan consustancial al contrato, como el hidrogeno al agua.” (…).

“Desde luego es totalmente imposible concebir una obligación o un contrato sin objeto. No existiría el contrato ni la obligación. el art. 549, caso 1) declara nulo el contrato que carezca de objeto.” (…).

Con relación a la imposibilidad dicho autor señala “Se distingue la imposibilidad absoluta, de nulidad insubsanable, de la imposibilidad relativa susceptible de ulterior perfeccionamiento. La absoluta es perpetua, sin posibilidad de rectificación o temporal, que puede cumplirse donde y cuando la prestación sea posible.”. (…).

Siguiendo con la explicación se puede establecer que existe dos tipos de imposibilidades una la natural y la otra la jurídica, a lo que el mencionado tratadista expone: “la imposibilidad es natural cuando se refiere a la entrega de una prestación que tiene por objeto individuos, especies o géneros no subsistentes…” (…).

“La imposibilidad es jurídica, cuando tiene en mira un quid iuris incompatible con la ley, de manera que no se pueda concebir su existencia...”.

En tal sentido la imposibilidad natural hace al contrato nulo, por la falta de objeto mismo del contrato, como la espera de una producción que no llega a suceder.

En cambio la imposibilidad jurídica debe de recaer necesariamente contra el ordenamiento legislativo interno de un Estado, como la adquisición de los derechos civiles, políticos o la venta de bienes que se encuentran fuera del comercio del derecho positivo, como por ejemplo la compra de bienes públicos (carreteras calles etc.) o a aquellas con la que se quiere adquirir un derecho del que ya se goza, como la adquisición de la propiedad de la que uno ya es propietario, recayendo dichos contratos en el mismo sentido dentro de la nulidad.

III.10. Sobre la causa ilícita.

Respecto a la causa ilícita, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo, que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, (…), y de igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

III.11. Del enriquecimiento ilegítimo.

En relación a este instituto jurídico, el mismo que se encuentra regulado por los arts. 961 que señala “(Acción). Quien, sin justo motivo, se enriquece en detrimento de otro está obligado, en proporción a su enriquecimiento, a indemnizar a este por la correspondiente disminución patrimonial.”, y 962 que expone “(carácter subsidiario de la acción). La acción de enriquecimiento no es admisible cuando el perjudicado puede ejercer otra acción para obtener se le indemnice por el perjuicio que ha sufrido.”, ambas normativas de nuestro ordenamiento sustantivo civil.

De la normativa precedente el tratadista Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, pág. 1226, citando a Capitant refiere “El enriquecimiento sin causa es el desplazamiento de valor de un patrimonio a otro, con empobrecimiento del primero y enriquecimiento del segundo, y sin que ello esté justificado por una operación jurídica o por la ley.”. (las negrillas nos pertenecen).

Ahora con relación a los requisitos para la procedencia de este instituto jurídico el autor Raúl Romero Sandoval, en su obra Derecho de las Obligaciones, Editorial Los Amigos del Libro, La Paz Cochabamba, Bolivia, pág. 95 y siguientes, expone “La jurisprudencia francesa ha establecido cinco requisitos del enriquecimiento sin causa: a) El empobrecimiento debe ser la consecuencia del enriquecimiento; pero interesa poco que el enriquecimiento se realice directamente o por mediación de otro patrimonio. b) El empobrecido no debe de haber incurrido en ninguna culpa. c) El empobrecido no debe de haber obrado en su propio interés. d) El enriquecimiento no debe tener una causa ilegítima (la palabra causa se toma aquí en el sentido que tenía en el Derecho romano; se trata de la fuente del enriquecimiento); el enriquecimiento tiene una causa legitima, cuando su fuente es regular. Sucede así cuando resulta, ya sea de un acto jurídico valido, ya sea de la aplicación de una regla legal o consuetudinaria (MAZEAUD Parte II, Vol. II Pág. 500). e) La acción in rem verso no tiene sino un carácter subsidiario: se niega cuando el legislador ha previsto otra acción, pero se permite la acción de in rem verso cuando la acción normal resulta ineficaz.”. (Las negrillas nos pertenecen).

En relación al carácter subsidiario del enriquecimiento ilegitimo y su distinción con el resarcimiento de daños el mismo autor señala “El carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento (art. 962), significa que dicha acción solo se puede incoar cuando el perjudicado se vea imposibilitado de ejercitar una acción específica, para obtener la indemnización del perjuicio sufrido. Obsérvese que el art. 962 habla de “indemnización”, y no de “resarcimiento”. La indemnización presupone un daño patrimonial, independiente del presupuesto de la ilicitud del mismo; la indemnización tiene naturaleza restitutoria. El resarcimiento es homologo al acto ilícito y tiene naturaleza sancionatoria..

“Sin embargo, como observa MESSINEO “a la acción de reconocimiento se ha reconocido, el carácter de remedio de orden general; en ella, en efecto, se manifiesta el principio según el cual no es admisible el perjuicio patrimonial ajeno sin una razón justificada” (T. VI, Pag. 467).”.

III.12. De las causales de eximición de la responsabilidad civil y su prueba.

Es importante conocer que requisitos debe existir para la procedencia de la responsabilidad civil, primeramente, debe existir un perjuicio o daño, una culpa y un vínculo de causalidad entre la culpa y el perjuicio, aun cuando se trate de responsabilidad contractual.

El perjuicio o daño material: Se entiende por ello, el atentado que se produce contra los derechos pecuniarios de una persona. Para dar lugar a la reparación, el perjuicio debe ser cierto; no debe haber sido indemnizado anteriormente; debe implicar un ataque a un interés legítimo jurídicamente protegido; debe ser directo; en principio, debe ser previsible cuando la responsabilidad sea contractual.

La culpa: Puede ser intencional: caracterizada por la mala intención del autor del daño; en materia extracontractual se la denomina culpa delictual o delito y, en materia contractual, culpa dolosa o dolo. También puede ser no intencional, cuando el autor del daño no ha querido la realización de ese daño, pero ha incurrido en un error de conducta: imprudencia o negligencia; en materia extracontractual se la denomina culpa cuasi delictual o cuasidelito y, en materia contractual, culpa no dolosa.

Vínculo de causalidad: Para que proceda la indemnización debe existir necesariamente una relación entre la culpa que hubiera podido tener el autor y el daño ocasionado, puesto que de lo contrario se estaría en presencia de causales eximentes de la responsabilidad.

Teniendo en claro el tema de la responsabilidad civil, conforme se ha referido,  para su viabilidad debe existir una relación o vinculo de causalidad  entre la culpa y el daño causado, sino caso contario existe una causal de eximente.

Los eximentes, como se dijo son factores interruptores del nexo o vínculo de causalidad, o factores que demuestran que el daño o perjuicio no pudo evitarse ya sea, por uno u otro motivo, extremos que han de librar de responsabilidad. Dentro del primer caso, se encuentran aquellos factores que demuestran la falta de culpa, debido a que esa falta o ausencia de culpa, en doctrina es debidamente entendido como un eximente de responsabilidad, así el autor Marcelo López Mesa señala que -la culpa entre sus diferentes funciones opera como un eximente de responsabilidad, puesto que dentro de los sistemas de responsabilidad objetiva existe una cuña o núcleo de subjetivismo, que no es otro que la culpa de la víctima como palanca de detención del sistema objetivo y de exoneración del responsable-, el mismo que para su aplicación al caso en concreto debe ser analizado de manera minuciosa para determinar si estos factores o hechos han interrumpido ese vínculo de causalidad, los cuales son viables cuando se demuestra que el supuesto infractor no ha participado en el acto, ya sea, por voluntad propia o por existir cuestiones ajenas, como ser la propia culpa del damnificado o culpa de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, posturas que hacen viable eximir de responsabilidad siempre y cuando estos factores sean demostrados de forma manifiesta e inequívoca, caso contrario estos no causan tal efecto.

A los efectos de la presente argumentación jurídica, corresponde avocarnos a los temas del factor de ausencia de culpa, acudiendo a la doctrina en cuanto a la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad la autora María Antonieta Pizza Bilbao en su obra La Responsabilidad Extracontractual en el Mundo Actual pág. 114 refiere: “la culpa de la víctima ha constituido un elemento de ruptura del nexo de causalidad de la responsabilidad desde el derecho antiguo. Ya desde los romanos se cita una frase de PONPONIO: Quod quis ex culpa sua damnun sentir, non intellegitur damnum senitre; ello significa que el daño que alguien experimentaba por su propia culpa debe considerarse como si no hubiera ocurrido a efecto de la responsabilidad.” Entendimiento que orienta en sentido de que si el daño o perjuicio causado, responde a la negligencia o culpa de la propia víctima, el mismo genera una interrupción del vínculo de causalidad, un eximente de responsabilidad civil.

- De la prueba de los daños.

El Auto Supremo Nº 687/2018 de 23 de julio, sobre el tema expuso que: “La primera característica del daño resarcible es, que el menoscabo sea cierto, real y efectivo, en otras palabras, no es indemnizable aquel daño eventual o hipotético fundado en supuestos o conjeturas, incluso, el daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación; por otra parte, tampoco debe confundirse certeza con actualidad, porque es posible reparar aquel menoscabo futuro. La segunda característica del daño resarcible, se encuentra en la lesión al interés jurídicamente relevante y merecedor de protección, de manera que, puede existir un damnificado directo y otro indirecto, como serían la víctima, en el primer caso, y sus sucesores en el segundo. Una tercera característica, el daño debe haber sido causado por un tercero y ser subsistente, es decir, que aún no haya sido reparado por el dañoso o por un tercero, como podría ser un ente asegurador. Finalmente, debe mediar una relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño. (…).

Existen daños patrimoniales y morales, y la diferencia fundamental entre ambos es la valorización en dinero, pues el primero hace referencia a un menoscabo valorable económicamente, mientras que el segundo es extrapatrimonial, pues afecta elementos de difícil valoración pecuniaria como la libertad, la salud, el honor.

Empero, existe un vacío con respecto a la determinación del daño moral, por el hecho de que el mismo afecta a bienes jurídicos extrapatrimoniales, y porque es casi imposible hacer una valoración económica de dicho daño cuando en ella no intervengan módulos de valoración objetivos, fijos y aisladamente considerados; sin embargo, la jurisprudencia comparada en “...relación con la acción de resarcimiento por daño moral que ha intentado el ofendido por el delito, preciso es tener en cuenta que todo daño debe probarse, sea patrimonial o extrapatrimonial. En efecto sobre la prueba del daño moral rigen las reglas generales, por lo que se requiere que el actor pruebe la verdad de sus proposiciones, esto es, que sufrió un daño cierto o real, sin que pueda darse por establecido o priori el agravio, su entidad y magnitud y las consecuencias que de él se han derivado…” (Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 30 de mayo de 2001, Rol N.° 25.892- 2001).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En relación a los agravios que nos presenta la institución recurrente en su recurso de casación se puede evidenciar que disgrega el mismo en vulneraciones de forma y de fondo, siendo pertinente para este Tribunal comenzar a dar respuesta a los agravios de forma, siendo que de no encontrar fundamento en estos, abriría la posibilidad de ingresar a resolver el fondo. 

En la forma.-

1. La entidad demandada, ahora recurrente acusa que el Tribunal de alzada no se habría referido de forma expresa sobre todos los agravios denunciados en el recurso de apelación sobre todo en relación a que alegó que había sido vulnerado su derecho al debido proceso en sus componentes de derecho a la defensa, deber de fundamentación y congruencia de las resoluciones judiciales insertos en los párrafos 35 y 65 de su recurso de apelación, por lo que argumenta que existiría falta de congruencia de la resolución de segunda instancia, en relación con la pertinencia de la misma. 

Con relación a la falta de congruencia, inserta en el art. 265.I del Código Procesal Civil, ampliamente explicada en la doctrina legal aplicable III.1, de la lectura del auto de vista se puede establecer que previamente a realizar un análisis del recurso de apelación, en el primer considerando ingresa a realizar una descripción de los antecedentes procesales, y con relación al cómputo del plazo para la presentación de las pruebas de descargo, el Tribunal Ad quem, realizó un análisis de las impugnaciones en efecto diferido, contra los autos interlocutorios de 5 de septiembre de 2014 y 5 de marzo de 2015, concluyendo que los mismos, hubieran sido expuestos en otro incidente de nulidad cursante de fs. 880 a 884 vta., y que el mismo fue rechazado y confirmado por otro auto de vista, el que se encuentra en la actualidad ejecutoriado aspecto que impediría su análisis.

Posteriormente la resolución de segunda instancia con relación a que la declaración de nulidad fue establecida erróneamente contradiciéndose la juez y que en tal sentido se hubiera vulnerado su derecho a una resolución congruente, el Tribunal Ad quem al respecto expresó: “…en este sentido es menester remitirnos, al contrato de fs. 1, el mismo que en su cláusula quinta señala: “Quinta (del incumplimiento).- Vencido el plazo estipulado para la entrega del grano en la presente venta a futuro y en caso de incumplimiento parcial total o parcial por parte del VENDEDOR, este se constituye en mora y el comprador quedara habilitado y plenamente facultado para exigir el cumplimiento del contrato. Se aclara de forma expresa que el comprador, no asume los riesgos de la cosecha, por lo tanto, si por cualquier motivo la cosecha y el grano no llega a existir, la presente venta es nula, conforme a lo establecido en el párrafo II del art. 594 del Código Civil”, en este entendido y más allá de una adenda, tal como lo manifiesta la entidad recurrente, la autoridad judicial ha realizado una correcta interpretación integral del contrato así como de la adenda de fs. 12…”, por lo que se entiende que el auto de vista procedió a dar respuesta a la cuestionantes planteadas en los puntos 35 y 65 del recurso de apelación de la parte demandada ahora recurrente, guardando la debida pertinacia que exige la norma en relación con el derecho de congruencia de las resoluciones, por lo que en cuanto en este punto no correspondería la nulidad procesal peticionada.

2. La entidad recurrente expuso que la resolución de segunda instancia, esta no se encontraría fundamentada, puesto que los vocales debieron individualizar concretamente todos los argumentos vertidos por la empresa recurrente a través de un nexo de causalidad entre las pretensiones y los supuestos previstos en la norma, sustentado su decisión en relación a cada argumento, limitándose el Tribunal Ad quem a citar doctrina, normas y pruebas sin establecer el nexo de causalidad o la razón por la cual aquellos desvirtúan los argumentos del recurso de apelación.

En virtud a lo acusado, es menester señalar que si bien las partes procesales tienen derecho de conocer las razones en las cuales la autoridad judicial funda su resolución, sin embargo para que una resolución sea considerada como debidamente motivada y fundamentada, no necesariamente debe contener una exposición ampulosa de consideraciones o citas legales y argumentos reiterativos, pues para tener dicha calidad, solo basta que la resolución sea concisa, clara y satisfaga todos los puntos demandados, conforme lo expuesto en la doctrina legal aplicable III.2. 

En ese entendido, de la revisión del auto de vista recurrido, exactamente de los fundamentos inmersos en su segundo considerando, se advierte que los jueces de alzada, explicaron de manera clara, precisa y entendible para las partes, las razones y/o motivos por los cuales decidieron confirmar la sentencia de primera instancia, por lo que la decisión asumida en el auto de vista estaría totalmente justificada. Empero, si el recurrente, considera que los fundamentos expuestos en el auto de vista no son suficientes o son confusos, podía haber suplido esta omisión, solicitado la debida aclaración o complementación, tal como dispone el art. 226.III del Código Procesal Civil, por lo que tampoco corresponde declarar la nulidad según lo peticionado en su recurso,  por un aspecto que al margen de no ser evidente debió ser reclamado oportunamente.

Por otro lado deben entender la partes del proceso que el hecho de que una resolución de segunda instancia guarde la debida congruencia, motivación y fundamentación, aspectos que atienden a la forma de la resolución, aquello no  obliga a asumir que la misma se encuentre conforme a una correcta interpretación de la norma o que la valoración realizada dentro del proceso sea la adecuada, puesto que estos aspectos serán debidamente observados en el fondo siempre que hayan sido reclamados por el recurrente.  

3. Alegó que el auto de vista vulneró las normas procesales aplicables al cómputo de plazos, al señalar que el reclamo ha sido plasmado en otro incidente de nulidad empero este fue rechazado y confirmado mediante auto de vista. Aspecto que no es cierto ya que de la lectura del citado auto se entiende que el Juez a quo actuó correctamente al dictar el auto apelado, amparando su decisión de rechazar el incidente de nulidad, en el hecho comprobado de la existencia de otra resolución que ya resolvía el fondo de la supuesta causa de nulidad de obrados, específicamente el auto de fecha 05 de marzo de 2015. En consecuencia los vocales han aplicado erróneamente la norma procesal y, por consiguiente, el auto de vista debe ser anulado.

Al respecto la entidad recurrente debe tomar en cuenta que el agravio expuesto supra, hace alusión en su contenido y fundamento, a aspectos que fueron impugnados en apelación vía efecto diferido, contra resoluciones que no cortan procedimiento ulterior y si bien los mismos fueron considerados en la resolución de segunda instancia, e impugnados de casación, no puede ser analizados por este Tribunal, conforme lo explicado en la doctrina aplicable III.3, por lo que no correspondería la nulidad solicitada con relación a este punto.

4. Arguyó que la resolución del Tribunal Ad quem, consolidó la vulneración formal incluida en la sentencia. En este sentido el Tribunal de apelación tenía el deber de remediar y precautelar los derechos agraviados por la sentencia, como el derecho a la defensa de la empresa demandada y el derecho a la valoración de la prueba, en vista de que no se consideraron, ni valoraron las pruebas pre-constituidas presentadas en la demanda reconvencional, ni las pruebas presentadas durante el plazo probatorio. 

Respecto a este punto se debe considerar que la entidad recurrente acusa la falta de valoración de pruebas de descargo tanto por la juez de instancia como por el Tribunal de alzada, aspecto que vulneraría su derecho a la defensa, en tal sentido se entiende que el mismo irá enfocado a resolver el fondo de la causa, aspecto que será considerado posteriormente pues ira enfocado a lo sustancial de la presente resolución, en tal sentido, las partes del proceso deben considerar, que la Constitución Política del Estado, genera un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Aspecto en el que los operadores de justica cumplen un rol primordial, puesto que en su labor cotidiana de administración de justica a nombre del Estado, no podrán desconocer la primacía de la Constitución que desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En ese entendido se puede establecer que el principio de verdad material consagrado en el art. 180 de la CPE, alude a que en la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no deben ser conceptualizados como, el mero cumplimiento de la formas del mismo proceso, puesto que el fin teleológico del proceso en sí es la aplicación de la norma sustantiva, y la búsqueda de la verdad material de los hechos, con el objeto de que la administración de justicia cumpla con su mayor ideal de justicia, generando la solución del conflicto social, a partir de la comprobación de los hechos fácticos que dieron lugar al mismo, y que bajo el análisis del administrador de justicia, este pueda priorizar la aplicación de la verdad material por encima de los ritualismos formales que le presenta el procedimiento, llegando a una efectiva solución del conflicto, que pueda dar a entender a las partes que el motivo del fallo no es más que el resultado del análisis fáctico de las pruebas aportadas al proceso, restableciendo de esta forma el operador de justica la armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien, tal y conforme se expuso en la doctrina legal aplicable III.4, en aquel entendido, en el caso presente si bien es correcto que la prueba de descargo fue ofrecida de manera extemporánea, no es menos cierto que el principio de verdad material consagrada en la Constitución Política del Estado, prioriza la búsqueda de la verdad material por encima de los preceptos procedimentales que tiendan a obstaculizar la misma, puesto que solo en el hecho de que la prueba sea relevante para el proceso en sí y demuestre la relación fáctica del conflicto, el operador de justicia se encontrara facultado de analizarla en aplicación del principio de verdad material, y así evitar resoluciones que puedan alejarse de la verdadera solución del conflicto, generando vulneraciones de los derechos fundamentales de las partes.   

Del análisis expuesto se ingresa a responder las cuestionantes pertinentes al fondo de la resolución.

En el fondo.   

Para dar una adecuada respuesta al recurso de casación, primero ha de procederse a conocer las circunstancias fácticas que devinieron en la problemática planteada.

  1. Con relación a la nulidad del contrato de 30 de mayo de 2007.

De la relación de los antecedentes del proceso, se puede establecer primero que con base en el contrato de 30 de mayo de 2007, el Sr. Flavio Junior Costa Beber compromete la venta a futuro de las primeras un mil toneladas (1.000 TM), de granos soya, que se produzcan en la propiedad Santa Lucía, dentro de la campaña agrícola denominada “Verano 2008”, a favor de la empresa “ADM SAO S.A.”, entidad que compromete la cancelación de $us.200 (Doscientos 00/100 Dólares Americanos), por tonelada de grano, el mismo que debía ser cumplido hasta el 30 de marzo de 2008, y en la cláusula quinta, se estableció que “el comprador, no asume los riesgos de la cosecha, por tanto si por cualquier motivo la cosecha y el grano no llega a existir, la presente venta es nula, conforme a lo establecido en el párrafo II del artículo 594 del Código Civil.”.

De lo expuesto la entidad recurrente en su recurso de casación acusó que el Tribunal Ad quem realizó una incorrecta interpretación del art. 594.II del CC, al afirmar que un contrato de venta futura solo sería válido en caso que la cosa (en este caso grano) exista en su totalidad. Argumentó que contradice manifiestamente lo establecido en el art. 594 del CC, que establece “la venta es nula si la cosa o el derechos no llega a tener existencia”. La disposición del Código Civil claramente hace referencia a los casos en los cuales contrario a lo que alegan los vocales- la cosa futura no llegare a existir, es decir, no sea producida o creada en su totalidad, puesto que por cuestión lógica, la existencia parcial de la cosa per se hace inaplicable la nulidad referida.

Se debe considerar lo expuesto en la doctrina legal aplicable III.6, que alude a la aplicación del principio de razonabilidad, que puede resumirse en el análisis que pueda llegar a hacer el operador de justica sobre la problemática planteada, el mismo que debe de enmarcarse en los valores constitucionales de igualdad y justicia, que son consustanciales al vivir bien, debiendo ser su resolución lo más razonable a los valores anteriormente mencionados, además las partes deben asumir lo dispuesto por el art. 514 del CC, que establece “las cláusulas del contrato se interpretan las unas por intermedio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto”, es ese entendido del análisis del contrato de venta a futuro de 30 de mayo de 2007, se puede establecer que en su cláusula segunda con relación al objeto del contrato señala que el vendedor, Flavio Junior Costa Beber, de la cosecha denominada campaña verano 2008, sembrara 1.200 hectáreas de soya en la propiedad Santa Lucia, de cuya producción y cosecha “transfiere bajo modalidad de venta a futuro, las primeras un mil toneladas (1.000 Tm) de grano de soya a favor del comprador (ADM SAO S.A.)”, ahora de la cláusula expuesta la misma da a entender, que el vendedor realizó la siembra en las 1.200 hectáreas de su propiedad, y que de la producción de la misma se comprometía a entregar la cosecha “ de las primeras”, mil toneladas, aspecto que genera la convicción de que el contratante, en las hectáreas de su propiedad, pudo llegar a tener más de un mil toneladas (1.000 Tm), como así también en menor cantidad, como sucedió posteriormente, en tal sentido no se puede entender que el contrato estaba supeditado a la existencia de la  totalidad de las un mil toneladas de granos de soya, sino únicamente a las primeras un mil, que pudiera o no producir, en tal sentido la aplicación del art. 954 inserta en la cláusula quinta de dicho contrato, sobre el riesgo de la cosecha no puede ser aplicado en el presente caso, puesto que evidentemente de las “primeras” un mil toneladas de la cosecha, se llegó entregar, cantidades de grano de soya a la empresa demandada, aspecto que hace ineficaz la aplicación del art. 594 del CC, en el presente caso.  

Por otro lado, en el análisis del contrato de fecha 30 de mayo de 2007, se debe interpretar cual ha sido la común intención de las partes, no solo en relación a su constitución, sino también en el transcurso de su ejecución, puesto que dicha interpretación adimentada al principio de buena fe, importa que las partes deben en todo momento, prever en la realización de sus actos contractuales, conforme la doctrina legal aplicable III.7.

De la prestaciones comprometidas por la partes en el contrato de 30 de mayo de 2007, conforme la prueba documental de fs. 368 consistente en el acta de cierre de precio, se puede acreditar la existencia de 785,45 toneladas de granos de soya que hubo ingresado a los silos de la empresa demandada a nombre del Sr. Flavio Junior Costa con código en ADM-SAO S.A. Nº 7896, documental mediante el cual las partes realizan un reajuste sobre el precio de la soya entregada, estableciéndose la modificación de cláusula tercera del contrato analizado al precio de $us.226/TM (doscientos veintiséis dólares americanos por tonelada), aspecto que fue consentido y firmado por el Sr. Flavio Junior Costa Beber  en fecha 06 de mayo de 2008. Por otra parte tampoco se debe desconocer que a fs. 529, cursa la factura Nº 54 de 30 de mayo de 2008, con NIT 124291026, perteneciente a Agro Apolonia, de Flavio Junior Costa Beber, en la que se puede constatar la cancelación del mencionado grano por la suma de $us. 177.077,76, aspecto que genera el convencimiento de que el contrato fue ejecutándose por la partes integrantes del contrato, tanto por el vendedor Sr. Flavio Junior Costa Beber, como por el comprador ADM-SAO S.A. (actualmente Sociedad Aceitera del Oriente SRL.), conforme la común intención de la partes, además las partes no deben dejar de considerar que fueron sus propios actos posteriores a la conformación del contrato, los que generaron la eficacia del mismo, siendo totalmente inapropiado, pretender desconocer actos que fueron ejecutados por ellos mismos, conforme lo expuesto en la doctrina legal aplicable III.8.

Por lo que en relación a este contrato se puede concluir que el Tribunal Ad quem incurrió en error al confirmar la sentencia que declaró la nulidad del contrato de 30 de mayo de 2007.  

  1. Con relación a la adenda de 19 de mayo de 2008

En relación a dicha adenda, se puede establecer que la misma no es un contrato independiente, puesto que de la lectura de su cláusula séptima de dicho documento se somete a las demás cláusulas estipuladas en el contrato de venta a futuro suscrito “en fecha 30 de mayo de 2007, (…) formando parte integrante del contrato”, en ese entendido la mencionada adenda, solo puede ser considerada como una ampliación del plazo sobre la entrega de los restantes granos de soya, que por aspectos climatológicos no pudieron producirse, consiguientemente se puede establecer que dicha ampliación de plazo para el cumplimiento del restante grano de soya, se estipuló en su imposibilidad, puesto que al conocer las partes que el restante de la producción de soya en la hacienda Santa Lucía ya no se realizó por aspectos de climatológicos, por ende la entrega del mismo, en su cumplimiento era ya imposible, esto conforme el art. 507 del CC, que en relación al caso presente señala “las condiciones imposibles se consideran no puestas…”. Por lo que se entiende que la adenda fue constituida en su imposibilidad aspecto que acarrea su ineficacia.

Por lo que en relación a la adenda, se puede concluir que el Tribunal Ad quem incurrió en error al confirmar la sentencia que declaró la nulidad de la misma, siendo que lo adecuado era dejarla sin efecto por su ineficacia. 

  1. Con relación a los Instrumento Nros. 1569/2007 de 01 de octubre y Nº 580/2008 de 24 de abril.

De la lectura del primer instrumento Nº 1569/2007, se puede establecer que el Sr. Flavio Costa Beber (padre), con código en AMD SAO. S.A. Nº 5979 y la Sra. Noemi Terezinha Costa Beber, casados entre sí, constituyeron en el presente instrumento, la venta a futuro de granos se soya  de la denominada campaña de verano 2008, sobre la totalidad a producirse en las 420 hectáreas de la hacienda Santa María, a la empresa AMD SAO S.A. (actualmente sociedad aceitera del oriente SRL), por un precio convenido entre partes de $us.100 (Cien 00/100 Dólares Americanos por tonelada de soya), precio que podía ser modificado hasta el 30 de junio de 2008, además en su cláusula quinta, se estableció que: “Para efectos de la presente transferencia los vendedores declaran recibir de ADM SAO S.A. la suma de CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($us.50.000,00) monto de dinero que constituye un pago anticipado, imputable al valor final de la venta, sirviendo el presente documento de suficiente recibo”, siendo que la entrega del producto de la venta a futuro del grano de soya, será hasta el 30 de junio del año 2008, fecha inamovible e impostergable.

Por otro lado con relación al Instrumento Nº 580/2008, se puede establecer que el Sr. Flavio Costa Beber (padre), con código en ADM SAO S.A. Nº 5975, constituyó en el presente instrumento, la venta a futuro de granos de soya  de la denominada campaña de Verano 2008, sobre la totalidad que llegara a producirse en las 420 hectáreas de la hacienda Santa María, a la empresa AMD SAO S.A. (actualmente Sociedad Aceitera del Oriente SRL), por un precio convenido entre partes de $us.100 (Cien 00/100 Dólares Americanos por tonelada de soya), precio que podía ser modificado hasta el 30 de junio de 2008, además en su cláusula quinta, se estableció que “Para efectos de la presente transferencia el vendedor declara recibir de ADM SAO S.A. la suma de CINCUENTA Y UN MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($us.51.000,00) monto de dinero que constituye un pago anticipado, imputable al valor final de la venta, sirviendo el presente documento de suficiente recibo.”, siendo que la entrega del producto de la venta a futuro del grano se soya, será hasta el 30 de junio del año 2008, fecha inamovible e impostergable.

De lo expuesto la empresa recurrente, expresó que el auto de vista realiza una errónea interpretación del art. 489 del CC, en relación a que la imposibilidad de cumplimiento de un contrato podría ser considerado como causa ilícita. En sentido que la norma referida establece tres alternativas para la procedencia de la causa ilícita siendo las siguientes: 1.- que la causa sea contraria al orden público, 2.- que la causa sea contraria a las buenas costumbres, y 3.- cuando el contrato busca evadir una norma imperativa. Siendo que en este caso no se ha demostrado, que el contrato vulnere el orden público, ni las buenas costumbres. Tampoco se ha demostrado que las partes hayan buscado eludir una norma imperativa. Por tanto, en este caso, no se ha demostrado la existencia de causa ilícita.  

Ahora respecto a la acusación anteriormente expuesta, se debe considerar lo expuesto en la doctrina legal aplicable III.10, la que define a la causa, como “la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto…”, continuando en relación a los requisitos para determinar que la causa del contrato sea ilícita señala “La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).”.

De lo anteriormente expuesto, y del análisis de los Instrumentos Públicos Nº Nº 1569/2007 de 01 de octubre y Nº 580/2008 de 24 de abril, se puede establecer que ambos tienen como fin inmediato, la venta a futuro de granos se soya de la denominada campaña de Verano 2008, sobre la totalidad que llegara a producirse en las 420 hectáreas de la hacienda Santa María, a la empresa AMD SAO S.A. (actualmente Sociedad Aceitera del Oriente SRL.), por un precio convenido entre partes de $us.100 (Cien 00/100 Dólares Americanos por tonelada de soya), y que debía ser entregado al comprador hasta el 30 de junio de 2008, operaciones jurídicas negóciales que evidentemente, no van en contra de la ley, el orden público o las buenas costumbres, por lo que no se puede considerar que en dichos contratos exista causa ilícita. 

Por otro lado del apartado anterior y en aplicación de los principios de verdad material y razonabilidad, con relación a los Instrumentos Nros. 580/2008 y 1569/2007, ambos pretendían ejecutar la venta a futuro de granos se soya de la denominada campaña de Verano 2008, sobre la totalidad que llegara a producirse en las 420 hectáreas de la hacienda Santa María, a la empresa AMD SAO S.A., por un precio convenido entre partes de $us.100, y que debía ser entregado al comprador hasta el 30 de junio de 2008, dicho aspecto evidentemente genera la imposibilidad en el objeto del contrato  inserto en el Instrumento Nº 580/2008, puesto que al estar ya comprometida para la siembra de 420 hectáreas, la hacienda Santa María de acuerdo al Instrumento Nº 1569/2007, la segunda operación de venta a futuro inserta en el Instrumento Nº 580/2008, hacía imposible su ejecución, siendo además que la hacienda Santa María tiene una superficie de 500.00 hectáreas conforme las documentales de fs. 116, de fs. 523 a 528 y 531 aspecto que debe ser considerado según lo expuesto en la doctrina legal III.9.

Por lo que con relación al contrato de venta a futuro inserta en el Instrumento Nº 580/2008, se puede concluir que la nulidad dispuesta por el juez y confirmada por el Tribunal Ad quem, en el presente caso fue adecuada, pero considerando que los motivos de la nulidad, fueron distintos a los expuestos por los de instancia.

Con relación al primer contrato inserto en el Instrumento Nº 1569/2007, en el mismo sentido, en aplicación de los principios de verdad material y razonabilidad, se ingresa a realizar el análisis del mismo, siendo que de la lectura de dicho contrato de venta a futuro de soya, se puede establecer que al igual que el Instrumento anteriormente analizado (Nº 580/2008), en el mismo no existiría causa ilícita, puesto que este, como el anterior contrato, no irían contra la ley, el orden público ni las buenas costumbres, no es menos evidente que de los antecedentes del proceso se puede establecer que la soya comprometida bajo modalidad de venta a futuro, sobre las 420 hectáreas de la hacienda Santa María, no existe constancia de que el producto de dicha cosecha hubiera ingresado bajo el nombre del vendedor Sr. Flavio Costa Beber (padre), con código en ADM SAO S.A. Nº 5975, puesto que el mismo vendedor sostuvo, mediante la documental de fs. 13, que el ingreso de soya a los silos de la empresa correspondería a su hijo (Flavio Junior Costa Beber), que por un error del transportista, que dio la información del nombre y apellido, al momento de ingresar al silo y como ambos tienen el mismo nombre, se consignó dicho grano a su código, y que por tal motivo, solicitó a la empresa demandada, el traspaso de dicho grano al código de su hijo anteriormente nombrado, en tal sentido y de forma posterior no se pudo acreditar el ingreso al silo de grano que pudiera corresponderle al Sr. Flavio Costa Beber (padre), consecuentemente se establece que en el grano comprometido en el instrumento Nº 1569/2007, no llegó a producirse, aspecto que evidentemente hace aplicable la cláusula séptima de dicho contrato, además de considerarse que si el producto del grano de soya comprometido no se produjo, genera la falta de objeto dentro del contrato, aspecto que acarrea su nulidad, conforme lo desarrollado en la doctrina legal aplicable III.9.

Por lo que con relación al contrato de venta a futuro inserta en el Instrumento Nº 1569/2007, se puede concluir que la nulidad dispuesta por el juez y confirmada por el Tribunal Ad quem, en el presente caso fue adecuada, pero considerando que los motivos de la nulidad, fueron distintos a los expuestos por los de instancia.

  1. Con relación al enriquecimiento ilegítimo.

La empresa demandada ahora recurrente refirió que la resolución de segunda instancia realiza una incorrecta aplicación e interpretación del art. 961 del CC, en sentido que los vocales entienden, que debido a la supuesta tenencia indebida de granosprobada por el informe pericial, ha existido enriquecimiento ilegitimo de acuerdo a lo previsto en el art. 961 del CC. Sin embargo, el Tribunal de apelación no considera que existen cuatro elementos para la determinación del enriquecimiento ilegítimo y su procedencia 1.- que el enriquecimiento sea sin justo motivo; 2.- que dicho enriquecimiento sea ocasionado en desmedro del otro; 3.- la obligación de indemnizar al afectado, proporcionalmente a su disminución patrimonial y 4.- el afectado no debe tener otro remedio legal para obtener la indemnización. En tal sentido el Tribunal Ad quem, no considera que durante el proceso la empresa demandada, habría probado que el grano se encontraba en su posesión, debido a un embargo judicial emitido dentro de un proceso coactivo iniciado por la entidad recurrente contra los demandantes, prueba cursante a fs. 531, que no fue valorada por los vocales de instancia al momento de arribar su decisión, si no que más al contrario sin ninguna prueba argumentan que la tenencia fue efectuada de forma ilegal, sin considerar que esto ya había sido desacreditado por la empresa demandada. 

Al respecto y en aplicación del principio de verdad material y razonabilidad, se debe considerar lo conceptualizado en la doctrina legal aplicable III.11, donde se pudo establecer que el enriquecimiento ilegítimo o sin causa, es el desplazamiento de valor de un patrimonio a otro, con empobrecimiento del primero y enriquecimiento del segundo, y sin que ello esté justificado por una operación jurídica o por la ley, a lo que se puede acotar que uno de los requisitos de la procedencia para la indemnización por enriquecimiento ilegítimo, es justamente, que este no se genere en justa o legítima causa, de lo expuesto se considera causa legítima a la que se encuentre respaldada, ya sea por un acto jurídico válido (operación contractual) o la aplicación de una regla legal (emergencia  de la ley).

De lo expuesto, se puede establecer que el enriquecimiento ilegítimo, a la que arguye la parte demandante, primero devendría de un embargo, que realizó la empresa demandada sobre la cantidad de 449.34 toneladas de grano de girasol  conforme fs. 530, en sentido que la empresa demandada inició un proceso  de ejecución contra los vendedores ahora demandantes e integrantes de los Instrumentos Nº 1569/2007 de 01 de octubre y Nº 580/2008 de 24 de abril, bajo concepto de recuperar los anticipos de pago que se realizaron en estos contratos, puesto que de la cláusula octava, inserta en ambos Instrumentos, se puede señalar que “vencido el plazo estipulado para la entrega del grano en la presente compra venta a futuro, (…), el hecho de no sembrar, o producir lo necesario que garantice la entrega de grano suficiente para cubrir el monto anticipado (…). En tales eventos (…), el comprador quedara habilitado y plenamente facultado para perseguir el cobro y ejecutar coactivamente el presente contrato, por la vía judicial (…). En caso de incurrir en la mora señalada los vendedores se comprometen a devolver al comprador el dinero recibido por concepto de pago indebido…”. (Las negrillas nos corresponden). En el mismo sentido la cláusula décima tercera, inserta del mismo modo en ambos instrumentos señala “Los vendedores garantizan el complimiento de la presente obligación con la generalidad de sus bienes muebles e inmuebles, (…), presentes y futuros…”, (las negrillas nos pertenecen) de lo que se puede establecer, que el embargo realizado por la empresa demandada, sobre la cantidad de 449.34 toneladas de girasol, fue justificada, puesto que el proceso coactivo que inicio la empresa demandada fue en su legítimo derecho de que se restituyeran, los pagos anticipados que se realizaron en los Instrumentos Nº 1569/2007 de 01 de octubre y Nº 580/2008 de 24 de abril.

El segundo motivo, que señalaron los demandantes para la procedencia del enriquecimiento fue que la empresa demandada hubiera cobrado una póliza de seguro por el concepto de las inundaciones que se produjeron en el predio Santa Lucia, por la suma de $us.24.647,11 (Dólares Americanos, Veinte Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete 11/100), de lo expuesto y conforme las documentales de fs. 19, 517, 519, y 522 se puede concluir que evidentemente el Sr. Flavio Junior Costa Beber, constituyó un contrato de seguro, que beneficiaba a la empresa AMD SAO S.A. (actualmente sociedad aceitera del oriente SRL), pero dicho seguro corresponde a la hacienda el “Triangulo”, y no así por la hacienda Santa Lucía que según prueba pericial de fs. 813 a 814, comprende (de sur a norte desde Mora hasta Colonia Pirai-Canandoa y Peta Grande y de este a oeste, desde Río Grande hasta Yapacani), comprendiendo los Municipios de (1. San Pedro, con las comunidades asentadas desde San Silvestre, San José del Norte, Sagrado Corazón, Murillo, Hardeman, Colonia San Julián del Pirai, Canandoa Hasta Peta, 2. San Julián-Norte, que comprende la banda del Causa Viejo llegando  a las comunidades: 19 de Agosto, Limoncito Rio Grande hasta la propiedad el Guineal, 3. El Puente-Norte, comprende la banda del Cause Viejo desde la propiedad Las Londras, La Luna hasta Los Yuquises), aspecto que acredita que la cancelación por dicha póliza, no fue consecuencia del contrato de 30 de mayo de 2008 que sostuvo el Sr. Flavio Junior Costa Beber con la empresa demandada, por tal motivo no podría justificarse el enriquecimiento de la empresa a costa del demandante Sr. Flavio Junior Costa Beber, puesto que se entiende que dicho seguro fue cobrado a consecuencia de otra operación que pudieron llegar a tener las partes del proceso.

El tercer último motivo, que sostiene la parte demandante, para la procedencia del enriquecimiento ilegítimo, lo fundamenta en sentido que existiría una multa de $us.5.360 (Dólares Americanos Cinco Mil Trecientos Sesenta 00/100), que hubo realizado la empresa demandada a los demandantes por el incumplimiento del contrato de 30 de mayo de 2007, de lo expuesto y de la revisión del legajo de pruebas, no se pudo acreditar prueba sobre la cancelación de dicha multa que hubieran realizado los demandantes, por lo que se puede establecer que con relación a este punto, no existiría el enriquecimiento de la empresa demandada a costa del patrimonio de los demandados.   

Por lo que con relación a la pretensión de enriquecimiento ilegítimo, se puede concluir que al haber sido declarada probada dicha pretensión por la juez y confirmada por el Tribunal Ad quem, se incurrió en error sobre la apreciación de la prueba, aspecto que corresponde ser enmendado.

Alegó que la demanda de enriquecimiento ilegítimo no es la vía idónea para el reclamo de daños y perjuicios, siendo que el art. 962 del CC, señala “la acción de enriquecimiento no es admisible cuando el perjudicado puede ejercer otra acción para obtener, se le indemnice por el perjuicio que ha sufrido”. En tal sentido si bien los vocales señalan erróneamente que la acción directa es la del enriquecimiento, hacen referencia a la “nulidad de pleno derecho de los contratos”. A lo que la nulidad surte efectos retroactivos, de este modo en aplicación de la nulidad, la empresa demandada estaría en la obligación de restituir en favor de los demandantes los montos que estos adelantaron, a la empresa a tiempo de suscribir los contratos.

Al haberse establecido, la improcedencia de la pretensión de indemnización por enriquecimiento ilegítimo de la parte demandante, fundamentado anteriormente, se hace innecesario, ingresar a realizar el análisis, de la presente acusación con relación al mismo punto.     

  1. Con relación a los daños y perjuicios.

La entidad recurrente arguyó que el resarcimiento de daños y perjuicios nace de la existencia de una relación jurídica generadora de obligaciones, en la cual, una de las partes, a raíz de su incumplimiento le ha generado daño a la otra. Por otro lado en el caso de la nulidad, la relación jurídica y por ende, el hecho generador de las obligaciones se extingue, dado que un acto declarado nulo, es inexistente para el derecho, en consecuencia un acto nulo no puede, a su vez, generar el resarcimiento de daños y perjuicios, para ninguna de las partes. 

Al respecto y de los antecedentes del proceso se puede establecer que el resarcimiento de daños y perjuicios pretendidos por la parte demandante, emergen justamente del embargo que realizó la empresa demandada, sobre la cantidad de 446 toneladas de granos de girasol según constancia de fs. 530, que si bien deviene de la nulidad de los Instrumentos Nº 1569/2007 de 01 de octubre y Nº 580/2008 de 24 de abril, no es menos cierto, que conforme lo argumentado en el apartado anterior, dicho embargo se ejecutó, en el legítimo derecho de la empresa demandada, de recuperar el monto económico que dio en calidad de pago anticipado a los demandantes para la producción de la venta  de granos de soya a futuro, y siendo que dicho producto de la siembra no se produjo por aspectos climatológicos (esto con relación a la venta comprometida en los Instrumentos Nº 1569/2007 de 01 de octubre y Nº 580/2008 de 24 de abril), evidentemente lo correcto fue que la empresa busque la devolución de dicho monto por los medios que le permite la ley, en aquel entendido si los demandantes consideraron que los contratos eran nulos, lo correcto y adecuado era la devolución del pago anticipado que realizó la empresa demandada, siendo que este hecho no se produjo, correctamente la empresa acudió a la vía llamada por ley, para dicha devolución aspecto que generó las medidas precautorias entre ellas el embargo del grano de girasol por la empresa  ahora demandada, en tal sentido el reclamo que realizan los demandantes sobre el resarcimiento de daños y perjuicios es inadecuado puesto que nadie puede reclamar el resarcimiento de daños que fueron producidos en propia culpa conforme lo expuesto en la doctrina legal aplicable III.12.

Con relación al cobro de la póliza de seguro agrícola, que realizó la empresa demandada en el monto de $us.24.647,11 (Dólares Americanos, Veinte Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete 11/100), y el pago de una multa de $us.5.360 (Dólares Americanos Cinco Mil Trecientos Sesenta 00/100), se debe establecer que del legajo del expediente no se pudo establecer el hecho generador del daño puesto que para que esto ocurra, según lo establecido en la doctrina legal aplicable III.12, el mismo debe ser cierto, real y efectivo, aspecto que no pudo ser acreditado por la parte demandante, puesto que con relación a la cancelación de la póliza se pudo establecer que la empresa realizó el cobro de la póliza de seguro que cubría el riesgo de cosecha sobre el fundo el “Triángulo” conforme documentales de fs. 19, 517, 519, y 522 y no así de la hacienda Santa Lucia, conforme lo fundamentaron, aspecto que no generaría un hecho dañoso para la parte demandada, y con relación a la multa impuesta a los demandantes por la empresa demandada, del estudio de las pruebas presentadas en el presente proceso no se pudo establecer, prueba que acredite el pago documentado de dicho monto, aspectos que desacredita la procedencia de la pretensión de los demandantes sobre el resarcimiento daños y perjuicios de los montos anteriormente mencionados.

Expone que en relación al daño emergente y el lucro cesante, estos deben ser calculados en virtud a las consecuencias directas del acto generador del daño, conforme lo establece el art. 346 del CC. Por lo que el monto establecido tanto que el juez A quo como por el Tribunal Ad quem en favor de los demandantes, parte de un cálculo arbitrario, sobre potenciales ingresos fantasiosos, que desde ningún punto de vista tienen como consecuencia directa ningún incumplimiento o acto por parte de la empresa demandada. Por otro lado, en el supuesto de que se concluya que la empresa demandada retuvo ilegítimamente montos de los demandados, estos no tendrían derecho a nada más que los intereses correspondientes dichos montos esto conforme lo establecido en el art. 347 del CC, por otro lado sostiene que el auto de vista, realiza una incorrecta interpretación del art. 961 del CC, puesto que no es posible condenar enriquecimiento ilegítimo y al mismo tiempo exigir la cancelación por el pago de daños y perjuicios.    

Con relación a los puntos anteriormente expuestos, se debe considerar que al haber establecido que la pretensión del resarcimiento de daños y perjuicios solicitada por la parte demandante, no correspondería, se hace innecesario ingresar al análisis de las mismas.    

De la respuesta al recurso de casación.

Los argumentos expuestos en la respuesta al recurso de casación deben estar a lo anteriormente expuesto en el presente Auto Supremo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y conforme al art. 220.IV de la misma norma CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 432/2018 de 13 de septiembre, cursante de fs. 1054 a 1058, pronunciado por la Sala Civil Comercial, Familiar, Niñez, y Adolescencia, Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,; y deliberando en el fondo declara probada en parte la demanda de nulidad, con relación a los Instrumentos Nº 1569/2007 de 01 de octubre, Nº 580/2008 de 24 de abril e improbada en relación al contrato de 30 de mayo de 2007, la adenda de 19 de mayo de 2008, la pretensión de enriquecimiento ilegitimo y el resarcimiento de daños y perjuicios, en cuanto a la demanda reconvencional declara probada en parte la misma, solo en relación al cumplimiento del contrato de 30 de mayo de 2007, e improbada en relación de la adenda de 19 de mayo de 2008 siendo esta última ineficaz, así como improbada la pretensión reconvencional de resarcimiento de daños y perjuicios.

Sin costas por la casación parcial, sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.