TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 248/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019                

Expediente: SC-115-18-S.

Partes: José Barnadas Jordán en representación legal de la Empresa Nacional Boliviana Constructora “ENABOLCO LTDA” c/ Germán Justiniano Weise representante legal de la Empresa Constructora y de Servicios “HIDROSERVICE S.R.L.”.

Proceso: Cumplimiento de contrato. 

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1778 a 1790 vta., interpuesto por la Empresa Nacional Boliviana Constructora “ENABOLCO LTDA.” representado por José Barnadas Jordán, impugna el Auto de Vista Nº 251/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 1769 a 1771, pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de cumplimiento de contrato seguido por la entidad recurrente contra la Empresa Constructora y de Servicio “HIDROSERVICE S.R.L.”, Auto de concesión saliente de fs. 1799; Auto Supremo de admisión N° 789/2018-RA de 22 de agosto de fs. 1805 a 1806 vta., los antecedentes del proceso;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. José Barnadas Jordán, en representación legal de la Empresa Nacional Boliviana Constructora ENABOLCO LTDA., planteó demanda de cumplimiento de contrato por el compromiso de venta y reajuste del precio por disminución de la superficie del inmueble (fs. 51 a 55), contra la Empresa Constructora y de Servicios “HIDROSERVICE S.R.L.”, señalando que se firmó con la empresa demandada un contrato de compraventa de un bien inmueble que constaba de una superficie según título de 1.247,70 m2 y según mensura de 1.611,08 m2, por el precio total de $us. 56.000,00, en ese contexto, habiendo transcurrido cerca de dos años sin que la parte demandada hubiera podido regularizar su derecho propietario sobre el total de la superficie del inmueble que es 1.611,08 m2, mediante carta notarial de 19 de mayo del 2010 se intimó a la empresa HIDROSERVICE S.R.L. para la extensión de minuta de transferencia por la superficie que poseía en título, vale decir sobre los 1.247,70 m2, asimismo, el reajuste del precio en razón de la disminución de la superficie transferida y el precio por metro cuadrado en la suma de $us. 43.344,84 de los cuales se habría pagado la suma de $us. 20.000.

Citada la Empresa Constructora y de Servicios “HIDROSERVICE SRL”, opuso excepciones previas de impersonería de oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda, demanda interpuesta antes del vencimiento del término o el cumplimiento de la condición y prescripción, mediante escrito cursante de fs. 77 a 80 vta.

Por Auto de 18 de septiembre de 2014, el Juez A quo, declaró rebelde a la Empresa demandada al no haber contestado a la demanda, resolución que cursa a fs. 181 y vta.

2. Tramitándose el proceso, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pronunció la Sentencia Nº 28/2017 de 28 de agosto, cursante de fs. 1700 a 1703 vta., declarando IMPROBADA en todas sus partes la demanda principal, imposición de costas.

3. Impugnada la resolución de primera instancia, el Tribunal de apelación por Auto de Vista Nº 251/2018 de 18 de mayo (fs. 1769 a 1771), resolvió CONFIRMAR totalmente y en todas sus partes con costas. Bajo la siguiente argumentación: que la empresa demandante no cumplió con su obligación de pagar el precio acordado ni el precio ofrecido luego de comprobar la reducción de la extensión real del inmueble y lo mismo, el vendedor, que incumplió su obligación de entrega del inmueble, también con la evicción y saneamiento de ley, sabiendo que su obligación era la de conseguir la autorización del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Industrial (PADI) para la venta del inmueble y una vez que se obtuvo no tomó en cuenta que dicha institución solo autorizó la transferencia de 1.247,70 m2, que era la extensión real y existente de su propiedad, cuyo precio fue fijado por una extensión variada o se debió reducir el precio. Asimismo, de conformidad con el art. 573 del Código Civil, el mismo que regula la resolución del contrato por incumplimiento voluntario, en el presente caso y por antonomasia sucedió que el comprador y el vendedor no cumplieron sus obligaciones. Asimismo, se procedió con la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica de conformidad a lo establecido en el art. 145 del Código Procesal Civil, fundamentos por los que el Tribunal de segunda instancia llegó a confirmar la sentencia apelada.

CONSIDERANDO II:

II.1. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

1. Acusó la falta de consideración, valoración y análisis de prueba producida vulnerando el debido proceso (art. 271.II del Código Procesal Civil), ya que el Auto de Vista recurrido solamente analizó el contrato de 20 de agosto de 2008, sin considerar, analizar ni valorar el resto de la prueba producida generándolos agravios (27 pruebas documentales, testifical y pericial) sin determinar qué prueba tiene valor probatorio pleno y cuáles pruebas están sujetas a la sana crítica, no habiéndose fundamentado por qué decide apartarse de la prueba tasada, de conformidad a lo establecido en el art. 145 del Código Procesal Civil, además, de haberse violentado el art. 192 inc. 2) y 397 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo a la nueva normativa los arts. 213.II num. 3, 217 y 218 del Código Procesal Civil, vulnerando el debido proceso en relación a la verdad material, seguridad jurídica definidos en la Sentencia Constitucional Nº 1631/2013.

2. Arguyó que el Auto de Vista recurrido vulneró el art. 193 del CPC, porque está dejando de fallar y dar una solución a la controversia y además quebrantó el art. 190 del CPC, porque la Sentencia no puede dejar que el conflicto sea resuelto a través de otro juicio. Por otro lado, la Sentencia estableció ciertas decisiones en el Auto de Vista que mantiene firme sin considerar que las mismas atentan contra la actividad jurisdiccional y el rol del Juez como responsable de administrar justicia por lo que detalla aseveraciones sobre las que no puede pedirse el cumplimiento de un contrato de compromiso de venta y que el reajuste del precio, solo puede pedirse cuando existe un contrato de venta definitivo cuando se ha pagado el precio total de la venta, el Juez A quo no puede obligar a las partes acordar un nuevo compromiso de venta por un nuevo precio. Hace alusión a la Sentencia Constitucional Nº 1662/2012 de 1º de octubre, a los Autos Supremos Nº 505/2014 de 8 de septiembre y Nº 88 de 14 de abril de 2010.

En el fondo.

1. Arguyó que el Auto de Vista omitió aplicar el art. 601 del Código Civil, debiendo ser evaluado el contrato, considerando ambas condiciones que describe la cláusula tercera, la prueba que se ha producido en el juicio respecto a las mismas y la norma legal vigente en Bolivia.

2. Manifestó pronunciamiento extra petita al aplicar el art. 573 del Código Civil, debido a que en el Auto de Vista se desarrolla doctrinalmente el alcance de la excepción “exceptio non adimpleti contractus” señalando que cualquiera de las partes podrán negarse a cumplir su obligación si la otra no cumple o no ofrece cumplir al mismo tiempo la suya y aplicar el art. 573 del Código Civil, para concluir que ENABOLCO S.R.L. no puede exigir el cumplimiento del contrato sino cumple con su obligación siendo una violación al debido proceso con relación al principio de congruencia entre lo pedido y lo resuelto, vinculado a la racionalidad de las resoluciones judiciales definido en las Sentencias Constitucionales Nº 2062/2010-R, Nº 2864-R y Nº 0683/2013.

3. Alegó errónea valoración de la prueba debido a que ENABOLCO LTDA. ha cumplido con el contrato de 20 de agosto de 2008, pagando su obligación de $us. 20.000, en la cuenta del Banco Unión S.A. y canceló el saldo del precio autorizado por el Proyecto de Administración del Parque Industrial, demostrado por la carta de autorización del PADI Nº 127/2008 de 4 de diciembre de 2008, y además contando con el Certificado de Depósito Judicial Nº 0108979 de 5 de julio de 2010, de $us. 23.369,18, ya que el rechazo en el proceso de oferta de pago y consignación no significa incumplimiento por parte de ENABOLCO LTDA.

4. Denunció interpretación errónea del art. 568 del Código Civil, que generó contradicción entre razonamiento, conclusiones parciales y decisión final. El Auto de Vista, confunde su numeración señalando como art. 573 cuando transcribe el art. 568 del Código Civil, además, que el comprador y el vendedor no cumplieron sus obligaciones y los demandantes están exigiendo el cumplimiento de un contrato en el cual no cumplió con lo pactado, pretendiendo sustentar la confirmación de la Sentencia con una conclusión contradictoria y excluyente. Mencionó que el Auto Supremo Nº 766/2016 de 28 de junio, no ha sido cumplido por el Auto de Vista recurrido. Además, cronológicamente describe cómo debían ser cumplidas las obligaciones.

Petitorio.

Solicitó en la forma anular el Auto de Vista o en el fondo casar, deliberando declare probada la demanda de cumplimiento de contrato de compromiso de venta y reajuste por disminución de superficie.

II.2. DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

La parte recurrente es desleal con el Órgano Judicial en razón de que no le informó sobre la oferta de pago y consignación que fue declarada improbada por Sentencia pasada en calidad de cosa juzgada limitándose a efectuar un listado de pruebas documentales y sostener que no se habría absuelto su agravio sobre la carencia de valoración de la prueba, pero no ha explicado cuál es la relevancia de esas pruebas en relación a los puntos fijados. Resultando un despropósito reclamar valoración de la prueba en alzada, cuando en este consta la prueba sustancial citada, evaluada y concorde a las valoraciones del Juez A quo.

Soslayó que el demandante acciona por cumplimiento de contrato al tenor del art. 568 del Código Civil, por consiguiente, no puede versar por reducción del precio razón por la que resultaría infundada su pretensión. Tal como se tiene el criterio del Auto Supremo Nº 1180/2017. Con relación a la aplicación extra petita del art. 573 del Código Civil, es meramente copulativa sin perjuicio de que es el Juez quien aplica el derecho (iura novit curia).

La parte recurrente acusa erróneamente la valoración de la prueba y de manera equivocada la interpretación del art. 568 del Código Civil. Asimismo, hizo mención al pago de saldo de precio acordado en el contrato objeto de demanda, en la suma de $us. 23.369,18 y no de $us. 36.000 que fue lo acordado en la cláusula tercera del contrato, punto 3.4 inc. b. Siendo esto mismo, que valoró el Auto de Vista en su segundo Considerando titulado “Fundamentos Jurídicos”, inc. a), razón por lo que también deviene en infundado.

Solicita declarar improcedente o infundado el recurso de casación con costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. De la interpretación del art. 568 del Código Civil.

Al respecto, el art. 568 del Código Civil, prevé: I. "En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”. La norma citada presenta dos alternativas para resolver la controversia de un contrato bilateral con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto en dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado que la parte que ha cumplido pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre, que: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, y en los casos de incumplimiento recíproco en el A.S. Nº 05/2014 de fecha 8 de septiembre 2014, se ha orientado cuales los tópicos a ser analizados refiriendo que: “si bien en definitiva ambas partes incumplieron sus obligaciones, le correspondía al juez determinar cómo se analizó supra, cuál de las obligaciones era de primigenia exigencia, y de la norma contenida en el art. 568 del Código Civil entender que quien dio cumplimientoasí no sea total- de lo pactado en el contrato en cuestión, lo esencial en situaciones como las que se controvierte en el caso de Autos, es que debe examinar el juzgador la razón inicial que motivó el incumplimiento, ese aspecto está inserto precisamente en el contrato en cuestión, y es tarea del juzgador dilucidar ese aspecto, al no hacerlo se vulnera entonces el debido proceso y no se cumple con la tutela judicial efectiva, en razón que el derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los Jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial.” (…) “de lo que se puede concluir que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, o sea que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC”.

III. 2. De la buena fe contractual. 

El art. 520 del Código Civil indica sobre la ejecución de buena fe del contrato, lo siguiente: “El contrato debe ser ejecutado buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.

Se entiende, que quienes acuerdan un negocio jurídico deben restringir su comportamiento al cumplimiento de buena fe de las cláusulas del contrato, por ello es que se confía y admite que el contrato obliga a las partes contratantes: “la obligatoriedad del contrato se funda en la vigencia de principios éticos que ingresan al orden jurídico por la aplicación del principio de la buena fe, en base al cual no es posible defraudar la confianza y legitima expectativa que en otro puede generar nuestra promesa” (Gustavo Ordoqui Castilla, Tratado de Derecho de los Contratos, T.1 Vol. I, pág. 222); la buena fe en un contrato, supone el respeto de normas éticas como la lealtad, la honestidad, la probidad y otras. Guillermo Borda, siguiendo la terminología usual señalaba, que debe distinguirse entre la buena fe-creencia y la buena fe-lealtad, la primera, como “un estado de ánimo que confía en la apariencia de un título” y la segunda, como “el deber de obrar en las relaciones contractuales con probidad, como lo haría una persona honorable y correcta obrando con cuidado y previsión” (Manual de Contratos, pág. 121); la buena fe obliga a los contratantes, ser claros en sus tratativas contractuales, a abstenerse de todo acto que implique terminar intempestivamente las relaciones contractuales, a no reclamar el cumplimiento de la otra parte si previamente no se han cumplido las propias obligaciones.

Conforme a la nueva realidad axiológica contractual, los contratos debe ser instrumentos al servicio de la armonización de los intereses sociales, donde la tutela de la buena fe surge como un valor esencial que se presenta en la regulación normativa directa y como un principio general y fundamental del derecho. De igual manera, y de forma objetiva, la buena fe cumple un rol de integración del contrato, donde no solo se obliga a lo expresamente previsto en el acto, sino también, a todo aquello que conforme con la naturaleza misma del contrato y al tenor de la buena fe, deba derivarse (Ángel M. López y López, Derecho de Obligaciones y Contratos, pág. 387).

III.3. De la interpretación de los contratos.

El art. 510 del Código Civil, indica que: “I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. (…) II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato”.

Al respecto Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos señala, que interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes, no se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es tanto como se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es ralamente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación: “a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”. En ese a cuanto quiso esta toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma. La primera regla de la interpretación, no inserta el código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas.

III.4. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes.

Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil. 

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orienta que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Con relación a los puntos impugnados en el recurso de casación es preciso realizar las siguientes consideraciones:

En la forma.

1.  Sobre la falta de consideración, valoración y análisis de prueba producida, vulnerando el debido proceso (art. 271.II del Código Procesal Civil), en sentido de que el Auto de Vista recurrido analiza el contrato de 20 de agosto de 2008, sin analizar el resto de la prueba producida (27 pruebas documentales, testifical y pericial), sin determinar qué pruebas tienen valor probatorio pleno y cuáles pruebas están sujetas a la sana crítica, no habiendo fundamento por qué decide apartarse de la prueba tasada, conforme al art. 145 del Código Procesal Civil, además, de haberse violentado el art. 192 inc. 2) y 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y de acuerdo a la nueva normativa los arts. 213.II num. 3, 217 y 218 del Código Procesal Civil, vulnerando el debido proceso en relación de la verdad material, seguridad jurídica definidos en la Sentencia Constitucional Nº 1631/2013.

Corresponde señalar que al momento de dictarse la Sentencia por el Juez A quo en la presente causa, no le es exigible su cumplimiento como erradamente señala la empresa recurrente con relación al art. 145 del Código Procesal Civil porque conforme previene la Disposición Transitoria Quinta, parágrafo II inc. a), de la Ley Nº 439, se ha dispuesto la aplicación de las normas del Código Procesal Civil, para que aquellos procesos en los que no se hubiera abierto el término de prueba en lo principal de causa, en cambio el presente proceso se encontraba en plena fase probatoria, es por dicha razón que la Sentencia se ajustó a las previsiones del Código de Procedimiento Civil abrogado en cuanto a la forma, debido a que ajustó su decisión conforme previenen los arts. 192 inc. 2) y 397 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el Auto de Vista ha efectuado el análisis de la Sentencia apelada y ha realizado la evaluación fundamentada de la prueba tomando en cuenta la apreciación de las pruebas, el prudente criterio o sana crítica de aquellas que consideró esenciales y decisivas el Juez A quo. Empero no quiere decir, con ello que la decisión de fondo asumida por el Juez A quo y confirmada por el Tribunal Ad quem estuvieran correctamente definidas conforme a los antecedentes del proceso, cuyo análisis corresponde a los agravios de casación de fondo formulados por el recurrente.

Por otro lado, el apelante con un agravio de forma, pretende anular obrados no obstante que, como ya se mencionó el proceso, en primera instancia, se tramitó con el Código de Procedimiento Civil abrogado, por lo que no se ha vulnerado el debido proceso en su vertiente a la verdad material y seguridad jurídica, ya que otras son las formas de tramitación y la interpretación de las reglas procesales. Por lo que el Tribunal Ad quem se circunscribió en su análisis de la Sentencia ya que tomó en cuenta los arts. 192 inc. 2) y 397 del Código de Procedimiento Civil, donde se ha procedido a la evaluación fundamentada de la prueba decisiva y esencial, es por ello que no es exigible la aplicación de los arts. 145, 213.II núm. 3), 217 y 218 del Código Procesal Civil. En ese sentido que dada la resolución del Auto de Vista Nº 251/2018, que declaró confirmar la Sentencia se ha circunscrito a las disposiciones establecidas con el anterior Código de Procedimiento Civil, por lo que no se ha vulnerado el debido proceso ni la Sentencia Constitucional 1631/2013. 

2. Con relación a que el Auto de Vista recurrido vulnera el art. 193 del CPC, ya que está dejando de pronunciarse y dar una solución a la controversia y viola el art. 190 del CPC en razón de que la Sentencia no puede soslayar el conflicto a que este sea resuelto a través de otro juicio. Por otro lado, la sentencia estableció ciertas decisiones en el Auto de Vista que se mantienen firmes sin considerar que las mismas atentan contra la actividad jurisdiccional y el rol del Juez como responsable de administrar justicia por lo que detalla aseveraciones como que no puede pedirse el cumplimiento de un contrato de compromiso de venta, el reajuste del precio solo puede pedirse cuando existe un contrato de venta definitivo y cuando se ha pagado el precio total de la venta y el Juez no puede obligar a las partes a acordar un nuevo compromiso de venta por un nuevo precio. Hace alusión a la Sentencia Constitucional Nº 1662/2012 de 1 de octubre de 2012, el Auto Supremo Nº 505/2014 de 8 de septiembre de 2014, Auto Supremo Nº 88 de 14 de abril de 2010.

En el presente caso con relación al art. 190 del Código de Procedimiento Civil, el Juez A quo al emitir la Sentencia ha fallado de manera acertada o no en el fondo de la causa, dicha resolución en su parte dispositiva declara improbada la demanda de cumplimiento de contrato, es decir, ha resuelto la causa dando fin al litigio en primera instancia tomando en cuenta la demanda y la valoración de las pruebas.

Sobre el art. 193 del CPC, no se ha dejado de fallar respecto a las perturbaciones de las partes contando con una Sentencia que ha posibilitado la apelación de la parte recurrente y además se cuenta con un Auto de Vista que ha confirmado la sentencia.

En ese sentido el Auto de Vista no vulneró los arts. 190 y 193 del CPC, debido a que en la revisión de la Sentencia se ha tomado en cuenta la decisión asumida que puso fin al litigio planteado por la parte demandante.

Por otra parte, con relación a las aseveraciones de la parte recurrente donde señala que no puede pedirse el cumplimiento de un contrato de compromiso de venta, arguyendo que el reajuste del precio solo puede pedirse cuando existe un contrato de venta definitivo cuando se ha pagado el precio total de la venta y que el Juez no puede obligar a las partes de acordar un nuevo compromiso de venta. De la revisión efectuada del agravio analizado estas aseveraciones efectuadas no fueron motivo de debate ni consideración en el Auto de Vista, por lo que no se ingresa a resolver las mismas ya que debieron ser expuestas en la apelación, es decir, que en “per saltum” no pueden ser consideradas en el recurso de casación aquellos reclamos que no fueron efectuados por la parte recurrente en la apelación, al ser nuevos postulados debieran ser manifestados en su oportunidad.

Con relación al Auto Supremo Nº 505/2014 de 8 de septiembre, en referencia a la falta de solución a la controversia suscitada entre partes, tal como se ha señalado supra, en la presente causa se ha dado fin al conflicto de las partes donde no siempre la parte demandante puede ser la victoriosa o que el Juez le puede dar la razón, por lo que con relación al caso concreto se advierte que no fueron vulnerados los arts. 190 y 193 del CPC, y con referencia al Auto Supremo Nº 88 de 14 de abril de 2010, solamente hace la mención a una parte que refiere que no se puede admitir ni legal ni moralmente argumentos que tiendan a evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas; empero, no efectúa el análisis de los elementos fácticos en la presente, por lo que no se puede establecer la similitud fáctica y jurídica para dar o no razón al recurrente.

En el fondo.

Con relación a los agravios de fondo que han sido clasificados conforme los fundamentos explanados por la parte recurrente, debido a la protesta de la vulneración de los arts. 568, 573 y 601 del Código Civil teniendo relación con la valoración de las pruebas enunciadas identificadas en los puntos 1, 2, 3 y 4, por lo que a continuación se procede a absolver los mismos, de la siguiente manera:

La Empresa Nacional Boliviana Constructora “ENABOLCO LTDA.” con la Empresa Constructora y de Servicios “HIDROSERVICE S.R.L.” el 20 de agosto de 2008, suscriben un contrato de compromiso de venta del lote de terreno, ubicado en el Parque Industrial de Santa Cruz, manzana PI-34, con una superficie en título de 1.247 m2 y según mensura de 1.611 m2, bajo las siguientes condiciones: 1) El precio por metro cuadrado se fijó en la suma de $us. 34,7593; 2) El precio total de la compra venta alcanza a la suma de $us. 56.000 por la venta del terreno de 1.611 m2; 3) El comprador pagará el precio total en dos cuotas: La primera en la suma de $us. 20.000 a la suscripción del documento y la segunda, el saldo de $us. 36.000 a cancelar hasta la autorización de la Administración del Parque Industrial.

Además, se acordó entre las dos empresas, que en el caso de que la Administración del Parque Industrial niegue la autorización de la transferencia, el propietario deberá devolver al comprador la suma de $us. 20.000, con un máximo de 15 días desde la notificación con la negativa. Asimismo, se obliga el vendedor a la entrega del inmueble al comprador contra pago del precio total y suscripción de la minuta de transferencia. Finalmente, se pacta la formalización de la transferencia a través de la suscripción de la minuta definitiva y se pague el precio establecido.

Tomando en cuenta que en su cláusula tercera del contrato se establece el precio por metro cuadrado en la suma de $us. 34,7593, al haberse fijado de esta manera se aplica la disposición inserta en el art. 601.I del Código Civil, que señala: “Cuando se vende un inmueble con indicación de su medida y por un precio establecido en razón de tanto por cada unidad, si resulta que la medida efectiva es inferior a la indicada en el contrato el comprador tiene derecho a pedir una reducción proporcional al precio”.

En este entendido, el contrato analizado describe que la superficie de la venta es de 1.611,08 m2, empero el Plan de Apoyo al Desarrollo Industrial (PADI) autoriza la venta de 1.247 m2, reduciendo la cantidad ofertada, estando individualizada la medida en metros cuadrados del cual surge la regla general que se debe tomar en cuenta que el vendedor se obliga a entregar al comprador la cosa, según la medida que se ha estipulado en el contrato, no siendo posible la venta de los 1.611,08 m2 debido a que el PADI como entidad rectora de la venta de terrenos dentro del Parque Industrial autoriza la transferencia de 1.247,70 m2, (superficie descrita de acuerdo a título) en conformidad con el Reglamento Para la Venta de Terrenos en el Parque Industrial de Santa Cruz, siendo una condición para consolidar la compra venta tal como señala el contrato en análisis, en consecuencia, son aplicables las reglas establecidas en el art. 601.I del Código Civil, porque se ha producido la reducción de la cantidad de metros cuadrados establecidos en el contrato.

Tomando en cuenta la interpretación del art. 601.I del Código Civil, ante la reducción de la superficie comprometida conforme a la autorización del PADI, se deduce que no se ha dejado sin efecto su autorización, al no existir el desistimiento de la venta de parte de la empresa vendedora, se debió proceder a la suscripción definitiva de la minuta de la venta del lote de terreno.

Por otra parte, revisado el contrato motivo de la litis (fs. 41 a 44), se concluye el surgimiento de obligaciones recíprocas de acuerdo al art. 568 del Código Civil, al tratarse de un contrato de compromiso de venta a futuro, que tiene su concreción en las relaciones contractuales bilaterales, resultando importante determinar que para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer qué obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación; y en procura de resolver la demanda planteada se debe realizar una interpretación amplia del contrato, o sea que dicha interpretación debe ser en relación a la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, tomando en cuenta la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.1, a continuación, de manera cronológica, se detalla:

a) La Empresa ENABOLCO LTDA., cumple con su obligación de cancelar la suma de $us. 20.000 depositando en la cuenta del Banco Unión S.A., mediante boleta de depósito de fs. 48 y el informe de fs. 259.

b) En cuanto a la entrega de la totalidad de los documentos de parte de la Empresa HIDROSERVICE S.R.L. no se tiene mayor reclamo.

c) La entidad HIDROSERVICE S.R.L. tramita la autorización de transferencia del lote de terreno ante el PADI, cumpliendo con lo establecido en el punto 3.4 del contrato.

En ese cometido de la autorización de transferencia se cuenta con la siguiente documentación: La nota OF. DIC PI/ Jade No. 11/2015 de 15 de enero (fs. 278 a 282), el informe L.T. 010/2015 D.I.C. de 13 de enero de 2015 (fs. 307), el Informe formulado por el Proyecto de Administración del Parque Industrial (PADI) de 15 de enero de 2015 (fs. 278 a 282), el Informe Legal solicitud de compra del terreno de propiedad de la Empresa HIDROSERVICE S.R.L. a favor de la Empresa Nacional Boliviana Constructora “ENABOLCO LTDA.” (fs. 185 y vta.) de 24 de noviembre de 2008 y la respuesta de parte del Jefe del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Industrial del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz que mediante oficio del 4 de diciembre de 2008 (fs. 186), responde a la Empresa ENABOLCO LTDA señalando que el PADI autoriza la transferencia del terreno en una superficie de 1.247 m2.

d) La empresa ENABOLCO LTDA., procede al pago del saldo del precio de la superficie del lote de terreno conforme a la autorización del PADI en la extensión de 1.247,70 m2, verificándose dicha transacción por el Certificado de Depósito Judicial Nº 0108979 de 5 de julio de 2010 (fs. 1541) por el monto de $us. 23.369,18 en favor de la empresa HIDROSERVICE S.R.L., efectuado en otro proceso de oferta de pago, concluyendo que el ente demandante cumplió con su prestación.

Por su parte, el Auto de Vista recurrido sostiene que el actor no cumple con el pago de la obligación de la segunda cuota debido a la existencia de otro proceso de oferta de pago seguido por el ente demandante que fue declarado improbado en primera instancia, decisión que fue confirmada por el Tribunal Ad quem y finalmente, el Auto Supremo declara infundado el recurso (fs. 1743 bis a 1753). Deduciendo el Tribunal de alzada que la empresa hoy demandante no cumplió con su obligación de compradora de pagar el precio acordado, ni el precio ofrecido luego de probar la reducción de la extensión real del inmueble.

Entendimiento equivocado que asume el Tribunal Ad quem, debido a que la cancelación de la segunda cuota efectuada dentro de la oferta de pago y consignación, si bien la demanda fue declarada improbada, empero el razonamiento judicial contenido en dicho Auto Supremo señala que el ente demandante no cumplió en efectuar el pago total de Sus. 36.000.-, sin embargo consta el pago por Sus. 23.369,18.-. En ese cometido, siendo otra la finalidad que conlleva la demanda de oferta de pago y otra, la de cumplimiento de contrato. El hecho de haber cancelado el saldo restante tal cual estipula la cláusula 3.4.b del contrato, es una demostración de su voluntad expresa y material de cumplir con el contrato de parte del comprador. Aunque lo efectivizó en otro proceso tiene su relevancia jurídica porque cancela el 5 de julio de 2010, antes de haberse planteado la demanda de cumplimiento de contrato que fue presentada el 5 de octubre de 2011 (fs. 51 a 55).

e) Teniendo la obligación la Empresa HIDROSERVICE S.R.L. de transferir el lote de terreno mediante la suscripción de la minuta definitiva, faltando únicamente el cumplimiento de la cláusula tercera en su punto 3.8 del contrato que establece: “Formalización de la transferencia: Una vez que el comprador haya verificado la documentación legal que acredita la propiedad del inmueble y se pague el precio establecido en el inc. 3.3.b, las partes deberán formalizar la transferencia a través de la suscripción de una minuta definitiva”.

Ante las prestaciones cumplidas, queda como última obligación que la Empresa HIDROSERVICE S.R.L. transfiera el lote de terreno en consonancia al contrato de compromiso estipulado en la cláusula tercera en sus puntos 3.7 y 3.8, consistentes en la elaboración de la minuta definitiva para formalizar transferencia y la entrega correspondiente del lote de terreno.

Por su parte, el razonamiento establecido en el Auto Supremo Nº 766/2016 de 28 de junio es conforme a lo que se ha razonado en la presente causa.

En cuanto a que el Auto de Vista recurrido al haber concluido que tanto el comprador como vendedor no cumplieron sus obligaciones, como una forma de fundamentar su decisión aludió el contenido del art. 573 del Código Civil, como una forma de justificar que el demandante no ha cumplido con su obligación de cancelar la segunda cuota.

Dicha apreciación es equivocada debido que el contrato tiene indicación de medida y es un contrato con obligaciones recíprocas debiendo primar el principio de la buena fe contractual y la interpretación del contrato conforme la intención común de los contratantes, conforme a la doctrina aplicable desarrollada en los puntos III.2, III,3 y III.4, habiendo el comprador planteado la demanda de cumplimiento de contrato de compromiso de venta y reajuste de precio por diminución de la superficie consistente en la compra de un lote de terreno en el Parque Industrial con una superficie autorizada de 1.247,70 m2, siendo que el actor ha efectivizado sus prestaciones y el demandado ha incumplido con su obligación de suscribir la minuta y la entrega del lote de terreno. A mérito de la eficacia y la buena fe e integración del contrato como determinan los arts. 510, 519 y 520 del Código Civil, se otorga razón suficiente al recurrente en su reclamo de fondo al haberse verificado que la decisión del A quo y del Ad quem están equivocados en sus apreciaciones, conforme a los fundamentos descritos en la presente resolución.

RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

La demanda de pago y consignación ha sido motivo de análisis en los fundamentos de la presente resolución, tomando en cuenta los términos del Auto Supremo Nº 1180/2017 de 1 de noviembre (fs. 1747 a 1753) y dada la naturaleza del proceso de oferta de pago y consignación ya que se trata de una forma de pago con intervención judicial rescatando la voluntad del demandante de cumplir con el pago del saldo de la venta comprometida, aunque sea en otro proceso. Además, que la venta del inmueble fue con indicación de medida de acuerdo al art. 601.I del Código Civil, por lo que se tiene por cumplida la obligación de la empresa actora al haber efectivizado el depósito judicial.

Se ha señalado la equivocación incurrida por el Tribunal Ad quem al haber definido en su fallo el incumplimiento de parte del comprador por no haber cancelado el saldo de la deuda para la compra del lote de terreno; sin embargo, se ha explicado en los fundamentos de fondo de la presente resolución donde se llega a concluir que el demandante cumplió con su obligación al pagar el saldo dentro del proceso de oferta de pago.

Con relación a que la acusación del recurrente sobre de falta de análisis de la prueba producida, no se ha procedido a acoger el agravio planteado debido a que el reclamo es de forma.

En relación a la interpretación del art. 601.I del Código Civil, de los fundamentos explanados se ha establecido que el contrato de compromiso de venta de la litis ha sido catalogado como un contrato sinalagmático y de venta con indicación de medida debido a que el contrato en su cláusula to 3.2 ha determinado el precio por metro cuadrado. Por lo que, la parte demandante ha expresado su voluntad de comprar 1.247,70 m2 conforme a la autorización del PADI.

Sobre la cita del art. 573 del Código Civil en el Auto de Vista recurrido, se denota que la decisión según sus fundamentos llega a asumir que el demandante ha incumplido su obligación, criterio que fue desvirtuado en consideración al cumplimiento de su obligación con el pago en proceso de oferta de pago.

Resulta que llevada a cabo la valoración de la prueba, se llega a una conclusión diferente a la que arribaron tanto el A quo como el Ad quem, en cuanto al examen del pago efectuado mediante depósito judicial de parte del comprador y dada la naturaleza del contrato suscrito entre ambas empresas reuniendo los requisitos para determinar que se trata de un contrato de venta con indicación de medida.

En los fundamentos explanados se ha determinado la equivocada interpretación del art. 568 del Código Civil de parte del Tribunal Ad quem conforme el cumplimiento del orden de las prestaciones llegando a concluir que el actor ha cumplido con sus obligaciones.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 251/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 1769 a 1771, y deliberando en el fondo declara probada la demanda de cumplimiento de contrato de compromiso de venta y reajuste de precio por disminución de superficie; en consecuencia se dispone que se cumpla los términos del contrato de 20 de agosto de 2008, debiendo la Empresa HIDROSERVICE S.R.L.  proceder a la extensión de la minuta de transferencia definitiva del lote de terreno con la superficie de 1.247,70 m2 ubicada en el Parque Industrial de Santa Cruz, manzana PI-34 con matrícula computarizada Nº 7011060024671, en favor de la Empresa ENABOLCO LTDA., en el precio total de $us. 43.369,18 (Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Nueve 10/100 Dólares Americanos), saldo que fue pagado mediante Depósito Judicial Nº 0108979 de 5 de julio de 2010, debiendo efectuarse el endoso de dicha suma en favor del demandado y sea en el plazo de 10 días para que se efectivice la entrega del lote de terreno. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.