TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 247/2019

Fecha: 8 de marzo de 2019

Expediente:         SC 110 18 S

Partes: Teresa Peregrina Medrano Gonzales y otros c/Edilver Medrano Gonzales y

           Benigno Medrano Gonzales.

Proceso: División y partición de bienes sucesorios.

Distrito: Santa Cruz.        

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 477 a 489, interpuesto por Edilver Medrano Gonzales, contra el Auto de Vista Nº 57/2018 de 22 de febrero cursante de fs. 471 a 473, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de división y partición de bienes sucesorios, seguido por Teresa Peregrina, Valentín, Carlos, Anibal, todos de apellido Medrano Gonzales contra Edilver Medrano Gonzales y Benigno Medrano Gonzales; Auto de Concesión del recurso, cursante de fs. 496; Auto Supremo de Admisión Nº 765/2018-RA de 08 de agosto, que cursa de fs. 510 a 511 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. El Juez Público Civil y Comercial Tercero de Camiri del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 055/2017 de 18 de octubre, cursante de fs. 437 a 447 vta., declarando PROBADA la demanda ordinaria de división y partición de bienes sucesorios interpuesta por Teresa Peregrina Medrano Gonzales y otros, disponiendo:

a) Dejar sin efecto la minuta de transferencia de 26 de julio de 2006, elaborada mediante documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas N° 4427083, realizado en la Notaría de Fe Pública N° 1 de la ciudad de Camiri.

b) Dejar sin efecto la minuta de transferencia de 26 de julio de 2006, elaborada mediante documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas N° 4427080, realizado en la Notaría de Fe Pública N° 1 de la ciudad de Camiri.

c) No comprende la disposición de bienes sucesorios de propiedad de la demandada y reconvencionista Edilver Medrano Gonzales, que se encuentra inscrito en Derechos Reales.

d) En ejecución de sentencia se procederá a la división física del lote de terreno de la sucesión entre los herederos de Leonor Medrano Figueroa.

e) Se declara Improbada la demanda reconvencional sobre acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble de pago de daños y perjuicios, registro de títulos en Derechos Reales y cancelación de anotación preventiva de declaratoria de herederos.

2. Contra la referida resolución, Edilver Medrano Gonzales por memorial cursante de fs. 450 a 457 vta., interpuso recurso de apelación mereciendo el Auto de Vista Nº 57/2018 de 22 de febrero, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinando en aplicación del art. 218 parágrafo II. 2 del Código Procesal Civil, confirmar la Sentencia de 18 de octubre de 2017.

3. En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Edilver Medrano Gonzales, interpuso recurso de casación que cursa de fs. 477 a 489, el mismo que se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:         

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

1. Acusó que el A quo y Ad quem, incurrieron en errónea interpretación y violación de los art. 1538.III, 524, 584 y 421 del Código Civil, debido a que anuló dos de los tres contratos de compra venta (suscritos con Leonor Medrano Figueroa y que cuenta con reconocimiento de firmas y rúbricas y bajo esa errónea interpretación, obraron de hecho y no de derecho. Con ello estarían atentando su derecho a la propiedad establecido en el art. 105 del Código Civil, que goza de garantía constitucional establecida por el art. 56 de la Constitución Política del Estado.

2. Reclamó que el Juez de primera instancia, aplicó equivocadamente la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional N° 0700/2013, además de aplicar erróneamente la prelación de derechos contenida en el art. 1545 del Código Civil, determinando dejar sin efecto las minutas de transferencia de 26 de julio de 2006, elaboradas ante notaria de Fe Pública N° 1 de Camiri, cursante de fs. 81-82 y 85 a 86.

3. Señaló que se realizó un error en la valoración de las pruebas, infringiendo los arts. 450 y 584 del Código Civil, con relación al núm. 2 del art. 1328 de la misma norma, ya que la Sentencia da a entender que no hubo la transferencia real, ni pago de precio realizado por la recurrente a su vendedor y que se trataría de un documento ficticio o simulado, llevando a sobreponer como medio probatorio válido la testifical y la confesión judicial provocada, cuando esta sería ilegal, refutando las declaraciones contenidas en los documentos de compra venta. Expresó también, que se alteró y tergiversó la confesión de Benigno Medrano Gonzales, Edith Villarroel Robles, Avelina Gonzales Flores, Jacinta Segovia de Medrano y María Esther Villa López.

4. Manifestó que no se valoró la prueba en la que se demuestra que Antonia Gonzales Ramírez antes del matrimonio con Leonor Medrano Figueroa tenía una relación conyugal libre o de hecho con Martin Llanos y producto de esa relación tuvieron a su hijo Agustín Llanos Gonzales de fs. 396, quien se encuentra fallecido conforme acredita la certificación de fs. 398; tampoco se habría considerado la fecha de celebración del matrimonio “21 de julio de 1976” registrado en el certificado de matrimonio cursante a fs. 395 en relación con los Folios Reales de fs 7 y 8; prueba que sería contundente para demostrar el derecho propio y no ganancial de Antonia Gonzales Ramírez, sin embargo, no fue tomado en cuenta por el A quo, al concluir que Leonor Medrano Figueroa, en el momento de realizar la transferencia era casado, y celebrado el matrimonio de este y Antonio Gonzales se encontraba vigente el Código de Familia, que en la labor interpretativa, las autoridades jurisdiccionales regularon que por aplicación del art. 1333 del Código Civil, se tiene que existe la presunción de comunidad conyugal de bienes.

5. Señaló que la juez incurrió en error de derecho al llevar adelante una presunción de comunidad antes que el derecho propio del causante, violentando el art. 103.1  del Código de Familia, toda vez que el inmueble de Leonor Medrano Gonzales era un bien propio adquirido por modo directo sin el consentimiento de la esposa y sus hijos. Conforme la citada norma, el cónyuge puede disponer de los bienes propios que haya tenido a tiempo del matrimonio, con la salvedad de no realizar donaciones, renunciar a la herencia o legados sin el consentimiento del otro cónyuge; en el presente caso, como demandada y reconvencionista, habría demostrado que el inmueble objeto de litis, es proveniente de un bien propio y no ganancial, porque mi vendedor ya lo tenía comprado a tiempo de matrimonio y no necesita del consentimiento de la esposa para su enajenación al no entrar dentro las prohibiciones del art. 109 del Código de Familia.   

6. Refierió errónea aplicación del art. 1059 con relación a los arts. 1068 y 1252-II del Código Civil, pues los demandantes fundaron su pretensión en los arts. 1000, 1001, 1025 y 1233 del Código Civil, acusando la afectación de su legítima por considerar que las transferencias realizadas por su padre Leonor Medrano Figueroa a favor del recurrente, afectó el derecho a la legítima, declarando probada la demanda bajo el sustento de que el registro de anotación preventiva habría caducado y que la anotación preventiva de los herederos se encontraría vigente; en consecuencia, el juez de la causa habría aplicado equivocadamente los arts. 1059, 1065 y 1066-II del Código Civil, ya que las transferencias realizadas por su padre no se tratan de una liberalidad o donación, sino de una transferencia onerosa a título de venta.

Citando los Autos Supremos Nº 232/2015 de 13 de abril, 336/2015-L de 18 de mayo y 274/2012 de 20 de agosto, y el art. 1059-I del Código Civil, señaló que el causante en vida podía disponer de sus bienes, excediéndose más allá de la quinta parte que la ley autoriza, acto que no es posible sancionarse con nulidad, toda vez que la ley prevé como remedio legal para que proceda a realizar la reducción de la disposición testamentaria o la reducción de las donaciones efectuadas conforme señalan los arts. 1068 y 1252-II del CC.

Manifestó que sancionarse con nulidad todo contrato celebrado antes de la sucesión, aun sean estos onerosos, implica desconocer el derecho propietario de su titular, no siendo ese el espíritu del art. 1066-I del Código Civil como aparentemente entenderían los jueces de instancia; añade que del contenido de los documentos de 26 de julio de 2006, el Folio Real, los planos de ubicación, estos darían cuenta que la transferencia realizada por Leonor Medrano Figueroa a favor de su hija Edilver Medrano Gonzales, fue a título de venta por el precio de Bs. 1.300; empero, el juez de la causa llegaría a la conclusión de que al no demostrarse el pago del precio se entendería que se trata de un contrato simulado, figura distinta a la invocada por los actores.

7. Concluyó que al dejarse sin efecto ambos contratos, declarando improbadas las demandas reconvencionales se habría cometido violación, errónea interpretación e indebida aplicación de normas sustantivas, lo que provoca serios daños y perjuicios tanto al debido proceso y la seguridad jurídica, como también a su patrimonio, puesto que le privan de tres lotes de terreno que los compró con dineros propios, fruto de varios años de trabajo.   

PETITORIO

Solicitó case el Auto de Vista, declarando improbada la demanda de División y Partición de bienes hereditarios, y consecuentemente se declare probada las demandas reconvencionales de acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de bienes inmuebles, pago de daños y perjuicios a ser calificados y cuantificados en ejecución de sentencia, registro de Derechos Reales en Camiri y Cancelación de Anotación Preventiva de Declaratoria de Herederos, todo con costas, costos, gastos judiciales y pago de honorarios profesionales.  

DE LA RESPUESTA A LOS RECURSOS DE CASACIÓN

Anibal Medrano Gonzales y Teresa Peregrina Medrano Gonzales, en su condición de demandantes, a través del memorial cursante de fs. 494 a 495 vta., contestaron el recurso de casación bajo los siguientes argumentos.

1. La interpretación parcial del art. 1538-III del Código Civil, contraviene el conjunto de reglas establecido y olvida: a) que ningún derecho real sobre inmueble surte efecto contra terceros sino desde el momento que se hace público mediante su registro en DDRR; y b) que el registro en DDRR debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico y el registro de la anotación preventiva a momento de inscribirse el Derecho propietario hace la existencia de derechos expectaticios de otros posibles sucesorios.

Añade que no se presentaron los documentos administrativos ni los pagos de impuestos lo que impidió que sean inscritos de forma definitiva y al no haberlo hecho su derecho había caducado y por lo tanto los documentos de transferencia solo surtirían efectos entre vendedor y comprador; como el vendedor falleció la compradora no tendría a quien exigir el cumplimiento del contrato. 

2. El Juez al declarar la caducidad de la Anotación Preventiva por efecto subsanable ha interpretado correctamente la Ley y la Jurisprudencia, y la Sentencia es tan sencilla y real que nos libera de todo comentario ampuloso.

3. El juez al emitir la sentencia establece la nulidad no ha considerado como elementos de valoración para asumir su determinación tampoco el juez realizó criterio de valoración sobre la existencia de una sociedad conyugal para determinar la caducidad de derecho.

4. Respondiendo a los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo; señalaron que son incongruentes por no estar sujetos a la realidad de la Sentencia pronunciada, que ha sido emitida en estricta sujeción a las disposiciones contenidas; manifestaron que no se estableció, sí interpone el recurso de casación en el fondo o en la forma.

PETITORIO

Solicitando en definitiva se RECHACE el recurso, o en el caso de ser admitido se declare INFUNDADO.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. De la inviabilidad de impugnar en Casación lo fundamentado en la Sentencia.

De acuerdo a lo definido por la SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, el recurso de casación es: “un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación”.

El Auto Supremo Nº 493/2014 de 04 de septiembre, preciso lo siguiente: “Conforme la amplia jurisprudencia emitida en varios Autos Supremos por la Ex Corte Suprema de Justicia  y con la cual este Tribunal comparte criterio, se ha dejado claramente establecido que, el recurso de casación como tal, es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley, dirigido a lograr la revisión y reforma o anulación de las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas del derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. De esta manera el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 258 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, el mismo que puede ser planteado en la forma o en el fondo, o en ambos casos a la vez, conforme lo establece el art. 250 del ya citado código; en la forma procederá por errores de procedimiento denominado también error in procedendo, cuyo propósito es la anulación de la Resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubiera violado las formas esenciales del proceso sancionados expresamente con nulidad por la ley; respecto al recurso de casación en el fondo o error injudicando, procederá por errores en la Resolución del fondo del litigio, orientada a que se resuelva sobre el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En ambos casos se debe indicar de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino que se debe demostrar en qué consiste la infracción que se acusa, conforme establecen los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultando imperativo fundamentar en qué consiste la infracción y precisar cual la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa, ello en cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 258 citado supra. Conforme las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno, también adopta una forma específica, razón por la cual, al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión en forma congruente con el recurso que deduce. Estas especificaciones, deben realizarse en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, por lo tanto, debe quedar claramente establecido que la casación no constituye una tercera instancia ni una segunda instancia de apelación”.

El Auto Supremo Nº 214/2016 de 14 de marzo, sobre el tema, señaló:  Corresponde precisar que conforme a una adecuada técnica procesal recursiva dentro de un proceso ordinario el recurso de casación se interpone contra la Resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta lo establecido en el art. 255 en sus incisos del 1) al 4) con la salvedad de lo establecido en el inciso 5) entonces todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así, lo expresado en primera instancia, como ser la Sentencia, debido a que este Tribunal ha de analizar y resolver declarar infundado o casar el Auto de Vista y no la Sentencia. Criterio que ha sido asumido de forma categórica en el Auto Supremo Nº 493/2014 de fecha 04 de septiembre…, (…). 

2. Del contrato de compra venta.

El art. 584 del Código Civil, señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”; asimismo acudiendo a la doctrina, Guillermo A. Borda en su obra MANUAL DE CONTRATOS, refiere: “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública (…) es un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente”.

En este entendido, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES, Tomo II, que sobre el tema de las características de este tipo de contratos, exponen que es: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual…”.

Asimismo en el Auto Supremo Nº 153/2014 de 16 de abril, se ha orientado que: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia (…) debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato.

3. De la división y partición de bienes hereditarios y la afectación a la legitima.

Con relación a la división de la herencia, este Tribunal en el Auto Supremo Nº 31/2013 de febrero, ha establecido lo siguiente:

“La división de herencia es un acto que tiene como finalidad la distribución de la comunidad de bienes hereditarios, modificando su régimen de propiedad, concretando para cada coheredero un bien individual y determinado. La división hereditaria tiene un carácter declarativo que produce un efecto retroactivo desde el momento mismo de la sucesión, como dice Armando Villafuerte Claros: “La división no es causa de adquisición de la propiedad de los bienes de la herencia, ya que estos han sido adquiridos por los coherederos desde el preciso momento del fallecimiento del de cujus (art. 1007). Su carácter es, más bien, declarativo y no atributivo, porque no transmite derechos. Cada heredero deriva su derecho del difunto y no de los demás”.

Partiendo de ésta premisa normativa, situada en el art. 1007 del Código Civil, se puede manifestar que  la división tiene un efecto declarativo y de consolidación de los derechos que el coheredero ya tenía en relación a los bienes que forman parte de su lote, recibidos directamente del de cujus desde el instante de abrirse la sucesión, es decir, retroactivamente.

En cuanto a la legitima, el Auto Supremo Nº 492/2012 de 14 de diciembre, orientó lo siguiente: “…el art. 1059 del Código Civil, la legítima de los hijos, cualquiera sea su origen es de las cuatro quintas partes del patrimonio del progenitor; la quinta parte restante constituye la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, a favor de sus hijos, parientes o extraños, nótese que en el caso presente no es una liberalidad. De lo que se infiere que los progenitores pueden disponer únicamente de la quinta parte del patrimonio o masa hereditaria en liberalidades como señala la disposición normativa, más no así del resto de las cuatro quintas partes. Desglosando lo citado, diremos que la liberalidad es un acto voluntario por el cual una persona dispone de parte de su patrimonio transfiriéndolo gratuitamente en favor de un tercero; es decir transfiere en calidad de donación; y, la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona transfiere a título gratuito un bien de su propiedad o suma determinada en favor de un tercero. Y siguiendo la disposición citada del Código Civil, concluiremos indicando que la legítima sólo se lesiona cuando los actos de disposición pretenden alterar más de la quinta parte, es decir cuando exceden la misma en disposición de liberalidades; y no se afecta cuando por el total del patrimonio se recibe a cambio un determinado monto de dinero..."; asimismo, en el Auto Supremo Nº 331/2014 de 26 de junio, estableció: “Que, conforme prevé el art. 1059 del Código Civil, la legítima de los hijos, cualquiera sea su origen es de las cuatro quintas partes del patrimonio del progenitor; la quinta parte restante constituye la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, a favor de sus hijos, parientes o extraños. De lo anterior se infiere que los progenitores pueden disponer únicamente de la quinta parte del patrimonio o masa hereditaria en liberalidades como señala la disposición normativa, mas no así del resto de las quintas partes. Desglosando lo citado, debe entenderse que la liberalidad es un acto voluntario por el cual una persona dispone de parte de su patrimonio transfiriéndolo gratuitamente a favor de un tercero; vale decir, que transfiere en calidad de donación; y, la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona transfiere a título gratuito un bien de su propiedad a favor de un tercero. Siguiendo la disposición citada del Código Civil, se concluirá indicando que la legítima sólo se lesiona cuando los actos de disposición pretenden alterar más de la quinta parte, es decir, cuando exceden la misma en disposición de liberalidades, debiendo quedar claro ese aspecto; y no se afecta cuando por el total del patrimonio se recibe a cambio un determinado monto de dinero”.

4. De la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del sustantivo civil, establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión; en otras palabras la acción de reivindicación está destinada para que el propietario que haya perdido la posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), siendo esta acción imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario de un bien inmueble.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado. De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma; sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

De igual forma, en relación a los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar a Arturo Alessandri R., sobre la reivindicación señaló que: “…la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”.

En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el -IUS IN RE-, a efectos de ejercitar todos los derechos como se dijo el -IUS UTENDI, FUENDI ETE ABUTENDI-, y los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: "propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente -del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión física del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil", quedando claro, que para la procedencia de la acción de restitución o devolución de la propiedad, el titular del derecho no necesariamente tiene que haber sido despojado o eyeccionado.

En el Auto Supremo Nº 60/2014, de 11 de marzo de 2014 se sostuvo que: “El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia  que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetidos fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Análisis de los antecedentes. 

a) De los fundamentos pronunciados por el A quo en Sentencia.

Dentro de los fundamentos expuestos en el Considerando III de la Sentencia pronunciada por el A quo, extraemos los siguientes:

i. Que, si bien es cierto que los demandantes acreditaron su calidad de herederos del causahabiente, la demandada a su vez acreditó la existencia de la compraventa de tres bienes inmuebles antes de la muerte del causante, concluyendo que ambas partes presentan títulos que tienen la fe probatoria establecida por el art. 1297 del CC.

ii. Que las literales de fs. 66 y 68, 80 y 81, 92, 94, 95, 96 a 106, 107 a 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121, 172, 175, 176, 192 a 289, 350 y 351, 354, 379 a 388, 399 y 394, 395, 396, 397, 400, 402 y 405 al ser fotocopias simples y no estar relacionadas con el objeto del proceso, no fueron consideradas. 

iii. Que, si bien las declaraciones testificales no son contundentes, empero serían coincidentes respecto a que el causante como padre, tuvo la voluntad de dejar lotes a cada uno de sus hijos.

iv. Que, en base a la confesión provocada realizada a Benigno Medrano Gonzales, el causante en vida habría procedido a la transferencia del bien a la demandada, con el fin de legalizar los servicios básicos, empero, no se habría cancelado el monto de dinero por la compra del bien inmueble.

v. Que el inmueble objeto de litis, se encontraba registrado a nombre del causante ha momento de su fallecimiento, siendo parte del acervo hereditario al tener la publicidad requerida por el art. 1538 del CC.  

vi. Citando la SCP 700/2013 como vinculante, en cuanto a las anotaciones preventivas sostuvo que estas habrían caducado por mandato del art. 1553 del CC, al no haber ejercido la demandada su derecho a ampliar las mismas por un año más; por otra parte, la anotación preventiva realizada por los demandantes en su calidad de herederos a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraba vigente, lo que establece su derecho propietario sobre el inmueble.

vii. Que los documentos privados de 26 de julio de 2006, fueron anotados preventivamente por defectos subsanables en las oficinas de DDRR, sin embargo, invocando el AS 940/201-L de 14 de octubre, al no cumplir con la regla de la publicidad establecida en el art. 1538 del CC, se vio pertinente aplicar el contenido del parágrafo III de la citada norma, que solo da eficacia a documentos firmados entre partes, pues la demandada pierde la eficacia de dicho registro al no haber convertido la anotación preventiva en inscripción definitiva.

viii. Que los hijos tienen iguales derechos reconocidos por la Constitución y las leyes; asimismo, reconoce que no solo los demandantes sino Edilver Medrano Gonzales, es hija del matrimonio nombrado, por lo que en aplicación del art. 1456 del Código Civil, la división y partición demandada tiene su fundamento de legalidad y legitimidad en la disposiciones citadas y la demandada reconvencionista, al no ejercer su derecho a salvar las observaciones y haber realizado la inscripción definitiva, estableciendo la publicidad de derechos sobre los bienes inmuebles, incurrió en las causales de caducidad.

ix. Respecto a la calidad del bien, se estableció que el señor Medrano Figueroa, cuando hace la transferencia dice casado, por lo que no cambia el fondo del proceso, añade que al momento de realizar el matrimonio entre Leonor Medrano y Antonia Gonzales, se encontraba vigente el código de familia, se presume la existencia de comunidad conyugal de bienes, en todo lo que se reconozca sea de propiedad de los cónyuges, sin importar la cantidad que aportó cada uno de ellos.

x. Concluye que los bienes comprados e inscritos en DDRR por la demandada, tienen eficacia legal toda vez que no pertenecen al acerbo hereditario; sin embargo, los bienes inscritos preventivamente en DDRR caducaron conforme establece el art. 1553 del CC, tomando en cuenta que no se perfecciono su derecho propietario.      

b) De los fundamentos del Auto de Vista.

El Ad quem, resuelve CONFIRMAR la Sentencia recurrida en apelación, bajo el fundamento plasmado en el Considerando III.3. del Auto de Vista Nº 57/2018, establece lo siguiente:

Que del examen de la Sentencia y los agravios denunciados por la apelante Edilver Medrano Gonzales, se tiene que el certificado alodial de 1 de agosto de 2014 emitido por DDRR, no acredita el derecho propietario de la demandada conforme establece el art. 1538.I-II del CC, siendo indispensable que esté inscrito en los registros de DDRR toda vez que es un requisito fundamental para reivindicar su derecho propietario.   

2. De la inviabilidad de analizar el fondo de la Sentencia.

Conforme al art. 270.I del Código Procesal Civil y el punto III.1 de la Doctrina Legal, donde citamos como precedente el Auto Supremo 214/2016 de 14 de marzo, el recurso de casación procede únicamente para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios, en ese entendido, todos los reclamos incoados en el recurso de casación deben estar orientados a observar aspectos de forma y fondo inherentes a lo dispuesto por el Tribunal de segunda instancia y no así lo expresado en Sentencia por el Juez de primera instancia.

En el presente caso, de la revisión de los agravios planteados por Edilver Medrano Gonzalo en su recurso de casación, constatamos a primera vista que es una transcripción de los motivos planteados en su recurso de apelación contra la Sentencia del juez de primera instancia cursante de fs. 450-457, dado con excepción en alguna manera- de los dos primeros puntos de agravio que amplían sus fundamentos, todos los demás invocados en el recurso de casación tienden a impugnar el falló del A quo y no así del Ad quem; así tenemos, que el punto primero, amplía sus argumentos respecto a la interpretación del art. 1538 del CC y cita como jurisprudencia el AS 518/2014 de 08 de septiembre; en el punto segundo, añade un segundo párrafo que identifica los documentos que fueron dejados sin efecto y cita como jurisprudencia los AASS 259/2013 de 23 de mayo, 92/2015 de 10 de febrero y 307/2014 de 24 de junio; el punto tercero, observa la valoración del A quo respecto a las declaraciones testificales con relación a los documentos presentados, citando como precedente el AS 492/2012 de 14 de diciembre; el punto cuarto, es similar a los argumentos planteados en el recurso de apelación; el punto quinto, de igual forma es idéntico a lo planteado en apelación, citando como añadidura los AASS 257/2015 de 14 de abril y 183/2015-L de 11 de marzo; el punto sexto, modificando parte del segundo párrafo añade los AASS 232/2015 de 13 de abril, 336/2015-L de 18 de mayo y 274/2012 de 20 de agosto de 2012; por último, el punto séptimo, de igual forma es similar a lo expuesto en el recurso de apelación.

Ahora bien, conforme la doctrina citada y habiéndose establecido la salvedad respecto a los argumentos planteados en los dos primero puntos del recurso de casación y lo resuelto por el Ad quem, este Tribunal no se pronunciará con respecto a los restantes agravios, dado que recurren en el fondo la sentencia del Juez de instancia y no así los fundamentos del Tribunal de alzada, lo que no ocurre con los dos primeros puntos de agravio; por ende, en aplicación del principio de acceso a la justicia, este Tribunal pasa a resolver lo denunciado.

3. De los agravios traídos a casación

La recurrente acusa a los Tribunales de instancia de incurrir en errónea interpretación de los arts. 1538.III, 524, 584 y 421 del Código Civil, al declarar la anulación de dos de los tres contratos de compra venta y bajo esa errónea interpretación, obraron de hecho y no de derecho atentando su derecho a la propiedad establecido en el art. 105 del CC, que goza de la garantía constitucional establecida por el art. 56 de la CPE; asimismo; manifiesta que el Ad quem aplicó equivocadamente la SCP 0700/2013, así como el contenido del art. 1545 del CC, al determinar dejar sin efecto, las minutas de transferencia de 26 de julio de 2006 ambas con reconocimiento de firmas N° 4427083 y 4427080, realizadas ante la Notaría de Fe Pública N° 1 de Camiri. Los demandantes por su parte, refieren que no se presentó los documentos administrativos ni los pagos de impuestos, lo que impidió la inscripción definitiva caducando su derecho al no haberlo hecho, por lo tanto, los documentos de transferencia solo surtirían efectos entre vendedor y comprador y como el vendedor ha fallecido la compradora no tendría derecho a exigir el cumplimiento del contrato; de igual forma, señala que el Juez al declarar la caducidad de la Anotación Preventiva por efecto subsanable, habría interpretado correctamente la Ley y la Jurisprudencia, liberando la sentencia de todo comentario ampuloso.

Ingresando al análisis, estableceremos que entre las características del contrato de la compra venta, se encuentran la bilateralidad, que implica la obligación pactada entre partes; lo consensual, que produce efectos por el solo hecho del consentimiento y sin necesidad de la entrega de la cosa o del precio; no es de carácter formal, pues aún en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública exigida es un requisito de transferencia del dominio, pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado, aun verbalmente; es oneroso y conmutativo, porque existe un intercambio de valores, cosa y precio1; en consecuencia, la venta se perfecciona entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos de haberse convenido la cosa objeto del contrato y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado; asimismo, conforme precisamos en el punto III.2. de la Doctrina Legal, “…la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes…”; circunstancia que no implica que sea indispensable para la existencia del contrato, sin perjuicio de que sea la forma que se utilice para alcanzar su consumación2; en conclusión, el contrato de venta al no estar contemplado en el catálogo de contratos que deben celebrarse de acuerdo a una determinada forma como describen los arts. 491 y 492 del Código Civil, la consignación de los escritos solo es necesario para finalizar ese acuerdo consensual ya concluido y publicitar la misma en el registro público.

En cuanto al registro de la propiedad, la publicidad en derecho privado responde a la necesidad de dar a conocer los actos y negocios jurídicos que puedan afectar a los intereses de quienes no han sido partes en ellos3; en cuanto a la fe pública registral, por haber sido autorizados por funcionarios públicos competentes con las solemnidades requeridas por la ley, los asientos registrales son documentos públicos y hacen prueba como tales, del hecho que reflejan. Proclaman que entre partes determinadas fue otorgado un título jurídico, y hacen prueba incluso contra terceros, de la titularidad y del contenido de los derechos reales inmobiliarios que reflejan. Además en cuanto se refiere a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la ley4. En cuanto a la oponibilidad de los actos inscritos, el efecto normal de un registro es hacer oponible el acto registrado a los demás actos que igualmente están sujetos a registro o inscripción; empero, el acto que no se inscribe es inoponible al tercero y por principio, carece de efectos respecto de terceros, empero su existencia debe ser respetada5.

Con estos antecedentes de derecho, pasamos a establecer que los hermanos Teresa Peregrina, Valentín, Carlos, Anibal, todos Medrano Gonzales, plantearon demanda ordinaria de División y Partición de los bienes hereditarios dejados por su padre Leonor Medrano Figueroa, señalando que por mucho tiempo mantuvieron el inmueble ubicado en la Av. Humberto Suarez Roca registrado bajo el Folio Real 7.07.6.01.0000184, matrícula que tendría en los asientos 1 y 2, registrados los nombres de sus hermanos Edilver y Benigno Medrano Gonzales, inscribiendo a su vez su derecho sucesorio en los asientos 3 y 4; con este argumento, interponen demanda de partición y división contra sus hermanos Edilver y Benigno Gonzales Medrano, solicitando al Juez de la causa asigne a cada heredero la porción que le corresponde; posteriormente, amplían su demanda manifestando que su hermana Edilver Medrano Gonzales, habría adquirido de forma ilegítima bienes que corresponde a la legítima de los hijos, por lo que solicitan se proceda al inventario valorativo o evaluativo del bien sucesorio registrado bajo la Matricula Nº 7.07.6.01.0000184.

Edilver Medrano Gonzales, contestó negativamente la demanda manifestando que por actos inter vivos, registró preventivamente en la Matricula Nº 7.07.6.01.0000184, dos bienes en DDRR ubicados en la Urbanización Humberto Suarez Roca, Manzano 028, Predios 1-D y 1-C, con superficies de 948,10 mts2 y 660,00 mts2; y un tercero de forma definitiva, ubicado en la Urbanización Humberto Suarez Roca, Manzano 028, Predio 001, Superficie 682,00 mts2, registrado bajo la Matricula Nº 7.07.6.01.0001927 en compra el año 1993, bienes que no serían hereditarios pues habrían sido transferidos en vida por su padre, por lo que los demás herederos deben respetar y cumplir los contratos. Añadió, que sus hermanos Aníbal, Benigno, Valentín y Teresa Peregrina Medrano Gonzales allanaron los citados bienes, amedrentando a los inquilinos y procediendo a cortar los árboles, cavar huecos, plantar postes y alambrar parte del inmueble, por ello al amparo de los arts. 1453, 1455, 984 y 1538 del Código Civil, reconviene la demanda de división y partición de bienes gananciales por acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, registro de su título en DDRR y la Cancelación de la anotación preventiva de Declaratoria de Herederos

El Juez de la causa, resolvió dejar sin efecto las minutas de transferencia de 26 de julio de 2006, pues las anotaciones preventivas registradas en DDRR de estos documentos, habrían caducado por mandato del art. 1553 del Código Civil y la interpretación de la SCP 700/2013; asimismo, declara que el bien registrado en DDRR a nombre de Edilver Medrano Gonzales, no forma parte de la comunidad de bienes hereditarios y que en ejecución de sentencia se proceda a la división física del lote de terreno entre los herederos de Leonor Medrano Figueroa. Estos argumentos fueron confirmados por el Tribunal de apelación, con el fundamento de que el certificado alodial de 1 de agosto de 2014 emitido por DDRR, no acredita derecho propietario de la demandada conforme establece el art. 1538.I-II del CC, siendo indispensable que estos se encuentren inscritos en los registros de DDRR, toda vez que es un requisito fundamental para reivindicar su derecho propietario.    

Con todo, la doctrina citada en el punto III.3., refiere que la división hereditaria tiene un carácter declarativo que produce un efecto retroactivo desde el mismo momento de la sucesión y en el caso presente, los derechos de la demandada Edilver Medrano Gonzales con relación a los bienes en cuestión, se consolidaron con los documentos de compraventa de 26 de junio de 2006, dado que por ambos lotes de terreno, antes de abrirse la sucesión, el de cujus percibió determinadas sumas de dinero a cambio y dentro los presupuestos de justicia e igualdad para la actuación del contrato, debemos aludir al buen contrato6, aquel en el que los contrayentes se autodeterminan y encuentran la igualdad, el que se celebra y se cumple de buena fe; por ende, este Tribunal no puede desconocer la voluntad de los contratantes plasmada en los documentos de fs. 81 y 85, pues la fortaleza de toda Autoridad judicial, radica en el criterio ético de sus fallos, en la adecuada ponderación y equilibrio de los intereses en juego y en la oportuna aplicación de los principios que conforman el derecho de contratos; asimismo, el art. 1538.III del Código Civil, establece que: Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados y en este caso, no es menos cierto que la demandada registró aunque no en la casilla de la titularidad sobre el dominio sino en el de gravámenes y restricciones- la transferencia realizada en su favor, por lo que no ameritaba dejar sin efecto los citados documentos, pues al no encontrarse viciados de nulidad, se dejó de lado lo consensuado por las partes suscribientes; por otra parte, la reconvencionista individualizó los bienes objeto de litis que pretende reivindicar, delimitado con la presentación de planos hasta donde se extiende su derecho propietario cursante de fs. 84 y 87; en consecuencia este Tribunal debe emitir resolución conforme lo establece el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV  del Código Procesal Civil, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 57/2018 de 22 de febrero, que cursa de fs. 471 a 473, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Santa Cruz y deliberando en el fondo, declara PROBADA EN PARTE la demanda de División y Partición de bienes sucesorios, únicamente en remanente del derecho propietario que fue interpuesto por los hermanos Teresa Peregrina, Valentin, Carlos y Anibal Medrano Gonzales; asimismo; se declara PROBADA EN PARTE la demanda reconvencional solo en cuanto a la reivindicación de los inmuebles transferidos bajo los documentos de transferencia de 26 de julio de 2006 con Reconocimientos de Firmas N° 4427083 y 4427080, ambos realizados ante notaria de Fe Pública N° 1 de Camiri y registrados de forma preventiva en Derechos Reales bajo la Matricula Nº 7.07.6.01.0000184, bienes ubicados en la Urbanización Humberto Suarez Roca, Manzano 028, Predios 1-D y 1-C, con superficies de 948,10 mts2 y 660,00 mts2. Sin costas ni costos y sin responsabilidad por la casación parcial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.


 






1 BORDA, A. Guillermo. Manual de Contratos, Buenos Aires Argentina, 20º Edición Abeledo Perrot, 2008, Pág. 165. 

2 PUIG BRUTAU, José. Compendio de Derecho Civil Volumen II, Barcelona España, 3º Edición, BOSCH Casa Editorial S.A., 1997, pág. 364. 

3 DIEZ PICAZO. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial - Tomo II, Madrid España, 1978, pág. 238.

4 PUIG BRUTAN, José. Compendio de Derecho Civil Volumen III, Barcelona España, 3º Edición, BOSCH Casa Editorial S.A., 1997, pág. 545.

5 ORDOQUI CASTILLA, Gustavo. Tratado de Derecho de los Contratos - Tomo II Volumen 2, Ediciones Legales, Lima Perú, 2017, pág. 778.

6 REZZÓNICO, Juan Carlos. Principios fundamentales de los contratos, Editorial ASTREA, Buenos Aires Argentina, 1999, Pág. 291