TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 245/2019

Fecha: 08 de marzo 2019

Expediente: CH-53-18-S

Partes: Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina c/ Antonio Armando Encinas Orozco y Marinel Mérida Delgadillo.

Proceso: Resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente

Distrito: Sucre


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 1337 a 1339, interpuesto por Mayra Vidaure Doria Medina y de fs. 1343 a 1344 vta., por José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure de Gutiérrez, contra el Auto de Vista No. SCCI 016/2018 de 08 de enero, cursante de fs. 969 a 972, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente seguido por Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina en contra de Antonio Armando Encinas Orozco y Marinel Mérida Delgadillo, contestación al recurso de casación de fs. 1358 a 1359 vta., y de fs. 1361 a 1363, el Auto de concesión de 23 de julio de 2018 cursante a fs. 1364, el Auto Supremo de admisión Nº 748/2018-RA de fs. 1369 a 1371, los antecedentes procesales; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la acción de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente de fs. 24 a 29 vta., subsanada de fs. 33 a 34 y ratificada a fs. 51, por Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina en contra de Antonio Armando Encinas Orozco y Marinel Mérida Delgadillo, que previa su citación los demandados contestaron negativamente a la demanda y reconvinieron cumplimiento de contrato; en calidad de terceros interesados se apersonaron José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Claure por memorial de fs. 821 y vta.

Tramitado el proceso el Juez Público en materia Civil y Comercial  Nº 3 de la ciudad de Sucre pronunció la Sentencia Nº 124/2017 de 13 de septiembre, cursante de fs. 914 a 941., donde declaró IMPROBADA la demanda de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente e IMPROBADA demanda reconvencional de cumplimiento de contrato, respecto a las excepciones declaró IMPROBADAS la de falta de acción y de prescripción de la acción rescisoria; PROBADAS las de falta de derecho y de improcedencia de la acción y resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente. Sin costas por juicio doble.

Resolución de primera instancia que fue apelada por los demandados a través del memorial de fs. 947 a 953, que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista No. SCCI 016/2018 de fecha 08 de enero, cursante de fs. 969 a 972, que REVOCA PARCIALMENTE la Sentencia Nº 124/2017 de 13 septiembre, declarando PROBADA la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato disponiendo que los vendedores-demandantes procedan a la entrega del inmueble, argumentando que:

1. No existe infracción del art. 213.II.3 del CPC, por cuanto el juez A quo valoró efectivamente las pruebas de fs. 81 a 100, 885 a 906, 863 a 864, juntamente con la confesión judicial de los demandantes y de los terceros interesados. De manera similar, articulando los demás medios probatorios consistentes en documentales de fs. 81 a 100 y la prueba de inspección judicial y la confesión espontánea, la cual se especificó en sentencia sobre el pago de $us. 61.000 y Bs. 15.000.

2. Respecto a la infracción del art. 311 del CC señaló que el juez a quo  al determinar que de acuerdo a la naturaleza de la prestación, es decir la construcción de un bien inmueble, no operaría el cumplimiento inmediato alegado, por lo tanto debe establecerse un plazo judicial para su conclusión.

3. Consideró que el juez de sentencia al inferir que los demandados al no cancelar el monto pactado y al no cumplir su obligación no podrían pedir el cumplimiento de su contraparte, por tal motivo tal razonamiento sería errado al declarar improbada la demanda reconvencional

4. Argumentó que la prueba de fs. 87 88 acredita una modificación de la forma de pago, conforme con el apartado 2.3 del contrato, donde se refirió que el saldo del precio acordado más el costo de la superficie adicional, será cancelado por el comprador con un crédito bancario y el vendedor con el pago efectuado a esa fecha se compromete a proseguir con la construcción de la vivienda, concluyendo que los demandados al haber cumplido su prestación, pueden pedir el cumplimiento a la contraparte, cuya obra se encuentra concluida y por seguridad debe ser entregada en plazo prudente.

Resolución que fue impugnada vía los recursos de casación de fs. 1337 a 1339, interpuesto por Mayra Vidaure Doria Medina y de fs. 1343 a 1344 vta., por José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure de Gutiérrez, recursos que se analizan.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Por Mayra Vidaure Doria Medina

En la forma

1. Acusó la violación del derecho a la defensa y la violación al debido proceso, puesto que no habría sido notificada con la Sentencia Nº 124/2017 de 13 de septiembre, sosteniendo vulneración de su derecho a la impugnación, aludiendo los 4 y 5 del Código Procesal Civil y 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado.

2. Manifestó que se le vulneró su derecho a la defensa, por haber sido condenada con una sanción, sin haber sido oída, ni juzgada previamente en un proceso legal.

Por lo que solicitó la anulación del Auto de Vista Nº 016/2018, de 8 de enero, cursante de fs. 969 a 971.

En el fondo.

1.- Pugnó la violación de los artículos 508 y 519 del CC, indicando que ante la inexistencia de plazo y fecha para el pago de lo adeudado, es que los reconvinientes no podrían exigir el cumplimiento del contrato, postura que habría sido ignorada por los vocales recurridos.

2. Añadió en cuanto a la errónea valoración de los arts. 311 y 519 del CC, que el contrato es ley entre partes, por lo que la autoridad judicial no puede modificarlos y que previo a la demanda reconvencional de cumplimiento de contrato los reconvencionistas debieron invocar el establecimiento de un plazo o la constitución en mora.

Solicitó casar el Auto de Vista impugnado y declarar improbada la demanda reconvencional.

Por José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure de Gutiérrez.

1. Acusaron la vulneración al art. 180 de la Constitución Política del Estado porque se le habría vulnerado su derecho a la impugnación al no habérseles notificado con la Sentencia, refiriendo que se debería anular obrados hasta la Sentencia y se les notifique con tal actuado.

2. Pugnaron que el proceso se encontraría viciado de nulidad, puesto que se les habría conculcado su derecho a la defensa, importando una infracción de normas procesales y constitucionales.

Concluyen solicitando se disponga la anulación de obrados hasta la notificación con la Sentencia a los terceros interesados.

Respuesta al recurso de Mayra Vidaurre Doria Medina

1. Señaló que el recurso de casación planteado no cumple con lo dispuesto por el art. 274 inc. 2) y 3), ya que no cita de manera en términos claros y precisos ni expresa con claridad las leyes infringidas, por lo que solicita se declare improcedente.

2. Que el Auto de 22 de junio de 2018 de fs. 1325 a 1326, no habría sido impugnado por la recurrente, por lo tanto consintió tales actos, y en consecuencia no procede la nulidad procesal.

3. Que la demandante no estuvo presente en las diligencias y actuados procesales esenciales y que de fs. 851 a 852 se tiene un Auto ejecutoriado que declara el desistimiento de la pretensión de la actora, por lo que no se vulneró su derecho a la defensa e igualdad procesal.

4. Que el Auto de Vista resulta ser correcto y legal, que la demandante no asumió defensa por su propia voluntad, tampoco habría reclamado en el trámite del proceso sobre la falta de diligencia.

Solicitó se declare infundado el recurso de casación planteado.

Respuesta al recurso de José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure

1. Señaló que el recurso de casación planteado no cumple con lo dispuesto por el art. 274 inc. 2) y 3), ya que no cita en términos claros y precisos ni expresa con claridad las leyes infringidas, del mismo modo el Auto de 22 de junio de 2018 de fs. 1325 a 1326, no habría sido impugnado por los terceros recurrentes, por lo tanto consintió tales actos, por lo que solicita se declare improcedente.

2. Que los terceros José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure no impugnaron el incidente de nulidad planteado en segunda instancia, por lo que habrían consentido lo dispuesto en el Auto de fs. 1325 a 1326, además que los renglones segundo y tercero del párrafo segundo de fs. 1343 vta., tendrían que ser tomados en cuenta como confesión espontánea.  

3. Manifestó que los terceros al presentar el memorial de fs. 821 vta., se habrían apartado voluntariamente del proceso, en consecuencia no se vulneró su derecho a la defensa.

Por lo que solicitó se declare infundado el recurso de casación planteado.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Régimen de nulidades procesales.

Al respecto es preciso citar el Auto Supremo N° 738/2016 de 28 de junio 2016  donde orientó que: “En  el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios que rigen la nulidad procesal como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.”

III.2. Del principio de impugnación

El Auto Supremo N° 975/2016 de 18 de agosto 2016 ha sido preciso al señalar que: “La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se hayan creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano. Actividad tan importante como esta incuestionablemente recae sobre el órgano judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia.

En ese entendido se encuentra el recurso de apelación, derecho que cuenta la parte agraviada para hacer efectiva la doble instancia reconocida en nuestra legislación por el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; al igual que el artículo 8-h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica; ambas normativas determinan que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal superior. Disposiciones legales, que conforman el bloque de constitucionalidad que reconocen el derecho a la impugnación o a la doble instancia, derecho que se materializa no con el simple enunciado normativo que reconozca a la parte la posibilidad de interponer un recurso de Alzada sino con la respuesta motivada y fundamentada que otorgue el Tribunal de Alzada respecto a los agravios que fundan su impugnación.

La impugnación o apelación de fallos judiciales es una garantía judicial que da paso a la doble instancia procesal, bajo el criterio y espera que el Tribunal de Alzada, pueda advertir y corregir algunas inobservancias de las normas jurídicas vigentes erróneamente aplicadas por los juzgadores, por eso la doctrina nos enseña que el recurso de apelación es considerado como el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una Resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos o de la prueba, recurso de Alzada que constituye un nuevo juicio respecto a aquellos puntos que han sido resueltos por el inferior y que han sido impugnados por la parte recurrente.

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

IV. 1 Del recurso de casación de fs. 1337 a 1339 interpuesto por Mayra Vidaure Doria Medina

En la forma.

a) Previamente debemos destacar lo concerniente a la nulidad procesal indicando que la misma se la debe aplicar de manera objetiva y considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay vicios absolutos que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad, sino que debe hacerse consideración y ponderación de los elementos que deban concurrir que afecten de manera directa a los derechos nombrados supra que cree un estado de indefensión, por tal motivo del análisis de obrados a fs. 835 se tiene el acta de audiencia preliminar de 30 de mayo de 2017 que en la parte final hace constar la ausencia de los demandantes y a fs. 852 el juez de instancia declaró el desistimiento de la pretensión jurídica respecto a Mayra Vidaurre Doria Medina, siendo notificada en estrados judiciales a fs. 853, quedando ejecutoriada tal resolución por no haber sido impugnada oportunamente, en este aspecto si Mayra Vidaure Doria Medina consideraba vulnerado su derecho a la defensa, la misma debió ejercitarla oportunamente contra la resolución de fs. 852 que declaró el desistimiento de la pretensión de la recurrente.

b) Tomando en cuenta el razonamiento anterior, mismos que deben ser aplicados a los reclamos en los puntos 1 y 2 de la recurrente, del mismo modo valorando los efectos que trae consigo la inasistencia de la demandante se debe tener presente la representación de la secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial  Nº 3 a fs. 857, donde certificó que Mayra Vidaurre Doria Medina no impugnó el Auto de 28 de junio de 2017 a fs. 851 a 582, donde el juez de grado declaró el desistimiento de la pretensión respecto a la actora, de modo que no es evidente la vulneración al derecho a la impugnación ni el derecho a la defensa de la recurrente en cuanto a su pretensión de resolución de contrato por imposibilidad sobreviniente, no obstante, debe tomarse en cuenta que el desistimiento de la pretensión de fs. 853 no obsta el derecho de impugnación que tiene la recurrente respecto a la reconvención de cumplimiento de contrato de fs. 165 a 174 planteada por Antonio Armando Encinas Orozco y Marinel Mérida Delgadillo, correspondiendo enmendar este reclamo.

En el fondo

a) En relación a los puntos 1 y 2 de los reclamos de fondo de la recurrente, debemos precisar los efectos que trajo consigo el desistimiento de la pretensión concretada mediante Auto de 28 de junio de 2017 a fs. 851 a 852, de ahí que el desistimiento declarado por el juez de grado por efecto de la inasistencia de Mayra Vidaure Doria Medina conforme al art. 365.III del Código Procesal Civil, implica una renuncia implícita al derecho sustantivo en litigio.

IV.2 Del recurso de casación interpuesto por José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure de Gutiérrez de fs. 1343 a 1344 vta.

Cabe precisar previamente que los terceros interesados han sido integrados al litigio por disposición del Auto de Vista SCCFII Nº 215/2016 de fs. 773 a 775, siendo citados el 02 de marzo de 2017 tal como cursa en fs. 814 a 815, por consiguiente tal determinación debe ser tomada en cuenta por las partes en la causa, puesto que conforme a los arts. 60 y 118 del Código Procesal Civil, la finalidad de la citación a los terceros es noticiarles de la existencia del proceso porque pueden ser afectados con la decisión final o ver perjudicado su patrimonio, con la única condición de habérselos citado con la demanda, que por la revisión de obrados tal acto se materializó en fs. 814 y 815, aspectos que deben ser considerados a tiempo de resolver las acusaciones de los recurrentes.

a) Respeto a los reclamos que traen en casación los recurrentes en los puntos 1 y 2, esencialmente acusan la vulneración a su derecho a la defensa y a la impugnación, debido a que solo se les habría notificado con el Auto de Vista No. SCCI 016/2018 de fecha 08 de enero conforme cursa a fs. 1328, notificación que fue dispuesta sin considerar que los terceros pudieran verse afectados con la sentencia, motivo por el que los recurrentes pugnaron la privación del derecho de impugnación.

En este contexto, es menester señalar que conforme la jurisprudencia este Tribunal Supremo, el recurso de apelación, se constituye en el más importante de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un Tribunal Superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba, ello supone una doble instancia donde el Tribunal debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base del material reunido en primera instancia, asimismo debemos enfatizar el art. 251 del Código Procesal Civil, el cual señala que: “Cualquiera de las partes, incluso los terceros, está legitimado para ejercitar el derecho de impugnación de las resoluciones que les causaren agravio” (las negrillas nos pertenecen), elementos que condicen con la doctrina aplicable III.2, es decir con el principio de impugnación y el principio de doble instancia. Y siendo evidente que los terceros recurrentes han sido integrados al litigio por disposición del Auto de Vista SCCFII Nº 215/2016 de fs. 773 a 775, siendo citados el 02 de marzo de 2017 tal como cursa en fs. 814 a 815, es que la decisión asumida por el Tribunal Ad quem en el Auto de 22 de junio de fs. 1325 a 1326 no ha sido la adecuada en vista que no se trata de sanear o corregir omisiones anotadas, por el contrario se trata de un derecho vinculado al derecho a la defensa y al debido proceso como es el de ejercitar el derecho a la impugnación de las resoluciones judiciales que le causaren agravios a los terceros, que en la presente causa corresponde ser saneado.

IV.3 De la respuesta al recurso de casación.

En cuanto a los argumentos de la respuesta al recurso de casación debe estarse a lo anteriormente expuesto en el presente Auto Supremo.

Por lo que se deduce haberse advertido vicio de procedimiento, corresponde sanear el mismo disponiendo la nulidad procesal con la finalidad que los terceros puedan ejercitar su derecho a la impugnación, correspondiendo en consecuencia emitir una resolución conforme al art. 220.III num. 1 inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 y lo dispuesto por el art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 943, y dispone que se notifique con la Sentencia Nº 124/2017 de 13 de septiembre cursante de fs. 914 a 941 a Mayra Vidaure Doria Medina y a los terceros José Luis Gutiérrez Sardan y Nancy Eidy Claure de Gutiérrez a objeto de puedan ejercitar su derecho a la impugnación en el marco de la presente resolución.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.