TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 243/2019        

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente: SC-93-18-A.

Partes: Juan Carlos Sanguino Balcazar c/ María Elena Calderón Antelo. 

Proceso: Acción reivindicatoria, desocupación y entrega de bien inmueble.                                      

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 522 a 527,  presentado por María Elena Calderón Antelo, contra el Auto de  Vista N° 74/2018 de 8 de marzo, saliente  a fs. 516 a 518 vta., emitido por la Sala Civil y Comercial Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia, Intrafamiliar y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de acción de reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble, seguido por Juan Carlos Sanguino Balcazar  contra la recurrente, el Auto de concesión de fs. 534, el Auto Supremo de admisión de fs. 541 a 542 vta., y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Juan Carlos Sanguino Balcazar  a través de su representante legal, mediante memorial cursante de fs. 100 a 103, subsanada a fs. 110, interpuso demanda reivindicatoria, desocupación y entrega de bien inmueble, en contra de María Elena Calderón Antelo, quien opuso excepciones previas de falta de legitimación activa, litispendencia y prescripción, asimismo repelió la demanda y reconvino de usucapión decenal, mismas que por   Auto Interlocutorio Definitivo de 9 de noviembre de 2017, fueron declaradas probadas las excepciones y consiguiente archivo de obrados (fs. 495).

2. El apoderado legal del demandante insatisfecho con el citado fallo, mediante escrito de apelación de fs. 497 a 501, impugnó motivando el Auto de Vista No. 74/2018 de 8 de marzo de fs. 516 a 519, por el cual las autoridades judiciales de segunda instancia, revocaron el Auto Interlocutorio Definitivo y declararon improbadas las excepciones de litispendencia y prescripción. Respecto a la excepción de falta de legitimación activa optaron por diferir la resolución hasta el estado de la sentencia. Asimismo determinaron la integración a la causa al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con el fundamento principal: a) Que no es cierto que Carlos Sanguino Balcázar carezca  de legitimación activa para demandar por cuanto tiene registrado a su nombre el bien inmueble motivo de debate, b) No existe identidad de pretensiones toda vez que en el primer proceso se busca obtener el derecho propietario y en el segundo la entrega de un bien inmueble, y ; c) Que no existe prueba que demuestre que la demandada haya usucapido el bien inmueble motivo de lítis.

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación y se emite la presente decisión.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación en la forma.

1. Denunció que los vocales no motivaron su decisión porque se limitaron a transcribir los argumentos del apelante, es más omitieron criterio propio y no valoraron adecuadamente las pruebas ofrecidas, menos le habrían otorgado el valor correspondiente. Añadió que al demandante pagó la suma de $us. 16.500 por concepto de transferencia del inmueble del caso de autos, y que dicho inmueble es de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por lo que en su entender infringió los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, 149.II del Código Procesal Civil.

Del recurso de casación en el fondo.

1. Denunció que en el inmueble se encuentra en calidad de poseedora y no simple detentadora, porque adquirió de buena fe de Juan Carlos Sanguino Balcazar en la suma de $us. 16.500 y que el contrato de antícresis carece de valor porque no es un documento público, es así que habría cumplido con los requisitos para usucapir sin haber sufrido interrupciones, produciéndose la prescripción adquisitiva.

2. Apuntó que no concurrieron los presupuestos de la reivindicación establecidos en el art. 1453 del Código Civil, habiéndose efectuado una mala interpretación de los arts. 89 y 1454 del Código Civil, ya que el propietario no fue desposeído, sino que su persona está en posesión a raíz de la compra del inmueble y los pagos efectuados a Juan Carlos Sanguino Balcázar, no existiendo oposición de Roxana Bejarano Balcázar ni Sofía Balcázar Vda. de Sanguino.

Contestación.

El demandante mediante su apoderado legal repelió el recurso de casación manifestando que los vocales no definieron el fondo sino simplemente las excepciones opuestas, de ahí que no corresponde la procedencia del recurso de casación en la forma ni en el fondo, según lo estipulado en los arts. 220 inc. 3) y 274.II del Código Procesal Civil. En suma las excepciones formuladas carecerían de sustento legal y el único propietario del inmueble seria el demandante, por lo que solicita el rechazo in límine del recurso. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1 La nulidad de obrados.

El art. 180 de la Constitución Política del Estado, prescribe: ¨La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.¨.

Principios desarrollados en la Ley del Órgano Judicial concretamente en el art. 30 .3) y estipula: ¨La celeridad. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.¨ 7) Eficacia. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse  impartido justicia. 8) EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respecto de las reglas y las garantías establecidas por la Ley, evitando la demora procesal.¨.

A su turno el Código Procesal Civil en el art. 1. inc.10) respecto a la Celeridad refiere: La economía del tiempo procesal esta edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones expresamente que autorice el presente Código. ¨

Por su parte el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial indica: ¨I. la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.¨

En armonía con la precitada norma el art. 106 del Código Procesal Civil, estatuye: ¨La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. 

III.2. La acumulación procesal.

El precepto legal contenido en el art. 345 del Código Procesal Civil, prescribe:¨ I. Procede la acumulación de procesos que se encuentren pendientes ante el mismo juzgado o ante otro u otros diferentes, siempre que la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los procesos pudiere producir efectos de cosa juzgada en el otro u otros, o cuando las pretensiones provinieren de la misma causa. II.4. Los procesos que tengan por objeto idénticas pretensiones entre las mismas partes, o sobre pretensiones diferentes, pero provenientes de la misma causa; sean iguales o diferentes las partes o sobre pretensiones diferentes, siempre que las partes sean idénticas y recaigan sobre los mismos bienes.¨ 

Sobre dicho instituto Alexander Rioja Bermúdez, en su libro Derecho Procesal Civil, Teoría General, Doctrina, Jurisprudencia, Editorial Adrus, Lima-Perú, pág. 291, señala: ¨La figura de la acumulación se manifiesta en el proceso de dos formas, una objetiva (pretensiones) y otra subjetiva (sujetos). La razón de esta figura está dada por la economía procesal y de esta forma permitir que en un proceso estén incorporados varias pretensiones o varios sujetos. En tal sentido, economiza gastos y por otro lado evita sentencias contradictorias. ¨La acumulación es la institución procesal que explica la naturaleza de aquellos procesos llamados en doctrina procesal como complejos, en los que se advierte la presencia de más de una pretensión (acumulación objetiva) o más de dos personas (acumulación subjetiva) en un proceso¨. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

A prima facie conviene describir los antecedentes de ambos casos para la solución adecuada del litigio civil y se tiene:

Por una parte, María Elena Calderón Antelo y Maricela Peña Calderón   el 13 de enero de 2014, instituyó la demanda de usucapión decenal y reconocimiento de mejoras en contra de Juan Carlos Sanguino Balcázar y la incorporación necesaria del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, ante el Juzgado Décimo Primero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz (fs.125 a 133 vta.), trámite en el que los demandados alegan derecho propietario y en el que aún no se habría dictado sentencia.

Por otra parte, Juan Carlos Sanguino Balcázar el 21 de julio de 2018, entabló demanda de reivindicación y retiro de construcciones en contra de Patricia Durán Arancibia, María Durán Arancibia, Andrés Víctor Rodríguez y Roberto Durán Arancibia, proceso al que por disposición del Tribunal de alzada debe incluirse al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Proceso que se sustancia en el juzgado del caso de autos.

Según lo descrito queda establecido que sobre el bien inmueble existen dos procesos, uno de usucapión, y otro de reivindicación y consiguiente reconvención de usucapión, asimismo queda claro que existen dos propietarios del inmueble, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz y Juan Carlos Sanguino Balcázar, cuyas pretensiones recaen sobre el mismo bien inmueble haciendo útil y necesario, de conformidad con el art. 345 del Código Procesal Civil, unificar el caso de autos al proceso de usucapión para que las partes hagan valer sus pretensiones y más pronto que tarde en una sola resolución resolverse ambos casos evitando sentencias contradictorias e inejecutables, que en lugar de poner fin a la controversia dará lugar a la inseguridad jurídica, por ende a nuevos problemas jurídicos y la multiplicación de procesos contradiciendo los principios de economía procesal, eficacia, eficiencia y la paz social.

Desde dicho entendimiento ya no es necesario pronunciarse sobre el reclamo de fondo.

Consecuentemente corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Sala Civil, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) y 17.I de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 106.I del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta fs. 487 del expediente (Audiencia preliminar) y dispone que el intérprete judicial en aplicación del art. 346 del Código Procesal Civil, adopte las determinaciones necesarias para la efectivización de la acumulación de procesos. Sin perjuicio de ello de conformidad al art. 346.I del Código Procesal Civil, se insta a las partes del proceso promover la unificación de causas.

Se incorpore al caso de autos al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley N° 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina