TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 242/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente:        SC-114-18-S.

Partes:  Mauricio Julio Marchetti c/ Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk y José Hernán Castro Razuk.

Proceso: Ordinarización, nulidad y modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo, cumplimiento de deuda, pago de intereses convencionales. 

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1133 a 1142 vta., interpuesto por Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk contra el Auto de Vista N° 72/2018 de fecha 02 de marzo, cursante de fs. 1114 a 1117 de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar y/o Niñez o Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de ordinarización, nulidad y modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo, cumplimiento de deuda, pago de intereses convencionales, seguido por Mauricio Julio Marchetti contra José Hernán Castro Razuk y la recurrente, la contestación cursante de fs. 1163 a 1168, el Auto de Concesión de fecha 26 de Julio de 2018 cursante a fs. 1169, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial 6º de Santa Cruz emitió Sentencia Nº 23/2017 de fecha 28 de agosto, cursante de fs. 1066 a 1072, declarando PROBADA en parte la demanda sobre ordinarizacion, nulidad y modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo, cumplimiento de obligación y pago de deuda, pago de intereses convencionales pactados interpuesto por Mauricio Julio Marchetti, debiendo quedar incólume en cuanto a la prescripción parcial de los intereses por no haber sido demandado en la ordinarización, tan solo el cumplimiento de la obligación.

Asimismo, el juez de la causa ante la solicitud de aclaración y complementación interpuesta por Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk cursante de fs. 1074 a 1075, emitió el Auto de fecha 06 de septiembre de 2017 cursante a fs. 1076 y vta.  aclarando únicamente que se declara IMPROBADA en parte la demanda en cuanto al pago de intereses convencionales pactados, toda vez que se dejó incólume en cuanto a la prescripción parcial de los intereses por no haber sido demandado en la ordinarización, tan solo el cumplimiento de la obligación, debiendo ser cancelado en forma parcial y no en su totalidad conforme el Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2015.

Contra la referida resolución Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk presentó recurso de apelación mediante memorial cursante de fs. 1084 a 1097 vta. de obrados, en mérito a esos antecedentes la Sala Civil, Comercial, Familiar y/o Niñez o Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 72/2018 de fecha 02 de marzo, cursante de fs. 1114 a 1117 de obrados, donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

Ambas resoluciones, tanto del proceso coactivo civil, así como del proceso ejecutivo merecieron una valoración por parte del Juez A quo en la sentencia apelada, además que es evidente que el proceso se trata de la ejecución basada en el Documento Público Nº 389/2009 de fecha 29 de agosto.

También manifestó, que es cierto y evidente que el demandante podía haber ordinarizado el proceso coactivo de acuerdo a lo establecido por el art. 410.II del Código Procesal Civil, empero el demandante optó por dar cumplimiento a la resolución de dicho proceso coactivo, interponiendo el proceso ejecutivo tomando en cuenta que el Auto de fecha 20 de junio de 2014 declaró PROBADA la excepción de falta de fuerza coactiva, agregando que el proceso presentado debe ventilarse necesariamente en proceso ejecutivo que es donde acudió él coactivante, por lo que el hecho de no haber ordinarizado el proceso coactivo, no significa que caducó su derecho para interponer la demanda ejecutiva.

Concluyó señalando que respecto a la valoración, fundamentación o motivación el último parágrafo antes de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, la juez A quo realizó la fundamentación debida en la cual establece que es procedente la prosecución del derecho ejecutivo tal cual señala la jurisprudencia. Fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II núm. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia de fecha 09 de agosto de 2017 cursante de fs. 1062 a 1064, leída en fecha 28 de agosto de 2017 cursante de fs. 1066 a 1072 y el Auto complementario de fecha 06 de septiembre de 2017 cursante a fs. 1076 y vta. Con costas y costos al apelante.

Contra el Auto de Vista, Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk interpuso recurso de casación, mediante memorial cursante de fs. 1133 a 1142 vta. de obrados, mismo que se pasa a analizar.

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Ella del Carmen Vda. de Razuk mediante memorial cursante de fs. 1133 a 1142 vta. de obrados, se extrae lo siguiente:

1. Manifiesta que el Tribunal Ad quem no valoró la prueba documental de descargo cursante de fs. 144 a 245 y de fs. 255 a 930 de obrados presentadas por la recurrente, documentación consistente en fotocopias legalizadas que son antecedentes de los procesos coactivo y ejecutivo que se realizaron con anterioridad al presente proceso, mediante los cuales se puede demostrar los fundamentos que llevaron a las anteriores Autoridades jurisdiccionales a declarar improbada la demanda ejecutiva y probada la excepción de cosa juzgada, en consecuencia se evidencia que el Auto de Vista recurrido en casación contrapone a lo establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, referente al debido proceso y a la seguridad jurídica.

2. Alega que el Tribunal de Alzada no consideró las pruebas aportadas por el demandante no demostraron por qué se debe modificar lo resuelto en el proceso ejecutivo, que estableció cosa juzgada, así como tampoco valoró la prueba de descargo adjunta a las excepciones y a la contestación.

3. Aduce que el Tribunal Ad quem, omitió resolver las excepciones previas de caducidad por vencimiento del plazo para la ordinarización y de cosa juzgada, la misma que fue concedida en efecto diferido de conformidad al art. 260.III del Código Procesal Civil, pese a que en el Otrosí 1º del recurso de apelación contra la sentencia se ratificó en el recurso de apelación de fs. 976 a 981 de obrados, contra el Auto interlocutorio que rechaza las nombradas excepciones previas, así también en el memorial de solicitud de explicación, enmienda y complementación presentado al Tribunal Ad quem, solicitó resuelvan las mismas, empero no fueron resueltas violándose el derecho al debido proceso, y a la congruencia de las resoluciones.

4. Manifiesta que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia, de forma ilegal desplazó dos resoluciones judiciales que tienen calidad de cosa juzgada transgrediendo lo establecido por el art. 1319 del Código Civil, ya que no consideraron que la acción legal de cobro pretendida por la parte demandante tiene base en la Escritura Pública Nº 389/2009 ya demandada por dos oportunidades, habiendo sido improbada la primera por falta de fuerza en el título  coactivo y una segunda por existir cosa juzgada.

5. Indica que el Tribunal de segunda instancia no aplicó lo establecido en el art. 386 del Código Procesal Civil, pues no consideró que en un proceso ordinario no se puede cobrar lo que no se cobró en el proceso ejecutivo, en ese entendido el Auto de Vista vulnera al debido proceso y a la seguridad jurídica.

6. Expresa que el Tribunal de Alzada no consideró la segunda parte del art. 386 del Código Procesal Civil, ya que no valoró el Auto definitivo de 20 de junio de 2014, mediante el cual se declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva del título, se notificó a las partes el 03 de julio de 2014 y desde esa fecha inicio el computo de seis meses para su ordinarización, debiendo el demandante pedir la ordinarización en el primer proceso coactivo y no así en la segunda demanda ejecutiva como erradamente lo hizo, por lo que en el caso de autos operó la caducidad.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se puede establecer que corrido en traslado el recurso de casación, Roberto E. Barrientos Ruiz mediante memorial cursante de fs. 1163 a 1168 contestó al recurso de casación bajo el siguiente fundamento:

Que el recurrente no tiene sustento ya que no justifica el supuesto error de hecho en la valoración de la prueba que acusa, al margen de considerar que el Tribunal de casación no puede valorar prueba, de acuerdo con lo previsto por el art.1286 del Código Civil, toda vez que la valoración de la prueba se trata de una facultad privativa de los jueces de instancia, por lo que la recurrente tenía la obligación de demostrar si los de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho a efecto de que el Tribunal de casación abra su competencia para realizar una nueva compulsa de la prueba conforme exige el procedimiento.

Manifiesta que la ordinarización es contra el Auto de Vista Nº 249/2015 de fecha 31 de diciembre, notificada en fecha 27 de enero de 2016 por lo que la ordinarización del proceso ejecutivo se halla dentro el plazo de seis meses conforme señala el art. 386 del Código Procesal Civil.

Indica que la obligación jurídica existente entre las partes se halla inserta en el Instrumento Nº 289/2009 de fecha 29 de agosto, de esta manera se establece que el demandante entregó en calidad de préstamo la suma de $us 50.000 con interés del 2.5% mensual, por lo que la obligación de este derecho material se halla protegido por los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, con relación a los arts. 148 y 149 del Código Procesal Civil.

Por lo que solicita se declare inadmisible el recurso de casación presentado por la recurrente.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los Autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2. Ante la falta de un requisito para la procedencia de un proceso coactivo se habilita la vía del proceso ejecutivo.

Al respecto el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional Nº 0604/2003-R de 06 de mayo, donde señala: “Que el recurrente solicita tutela para su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, consagrados en los arts. 7-a)-e) y 16 CPE, denunciando que los mismos han sido vulnerados, ya que dentro del juicio ejecutivo que siguió persiguiendo el pago de un préstamo que otorgó, el recurrido en apelación ha dispuesto que se anulen obrados con el fundamento de que el documento base de la acción contiene una cláusula donde las partes se remiten al proceso coactivo civil en caso de incumplimiento de la obligación, empero dicho documento no cumple con los requisitos para dicho efecto. En consecuencia, en revisión de la Resolución del Tribunal de Amparo, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen un acto ilegal lesivo de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

Que la Ley 1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF) incorporó al Código de Procedimiento Civil una nueva vía jurisdiccional para el cobro ante el incumplimiento de obligaciones patrimoniales, esa vía es el proceso coactivo civil. Este nuevo procedimiento, consignado como Título Segundo al Libro Tercero de dicho cuerpo legal, deja expedita la vía al acreedor para demandar la ejecución coactiva civil de garantías reales a su deudor, siempre que en el documento de préstamo éste último, hubiese renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo, así el art. 48 LAPCAF establece lo siguiente: `La ejecución coactiva civil de garantías reales, procede en el caso de obligaciones de pago de suma líquida y exigible sustentada en los títulos siguientes:

1. Crédito hipotecario inscrito, en cuyo título el deudor hubiere renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo.

2. Crédito prendario de bienes muebles sujetos a registro, igualmente inscrito respecto a cuya ejecución el deudor hubiere renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo´.

Que la citada norma es clara y terminante al imponer para la ejecución coactiva civil dos requisitos, los cuales son: a) Crédito hipotecario inscrito y b) que el deudor en el mismo documento hubiere renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo. Cuando se trata de crédito sobre bienes inmuebles, de modo que cuando no concurren ambos requisitos no puede demandarse en la vía coactiva civil, pues los requisitos son exigidos en forma conjunta y no alternativa. En este caso, el documento no puede ser invalidado sino reconducido a la vía ejecutiva civil siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos por ley para ser considerado como título ejecutivo.

Que, de otro lado, considerándose que la norma antes citada no tiene otro propósito más que el de lograr mayor efectividad en el cobro de la deuda y acelerar el trámite del mismo partiendo del consentimiento libre y espontáneo del deudor constituido en su renuncia al proceso ejecutivo que también es sumario pero menos rápido que el coactivo civil, debe entenderse que la renuncia aquella, no obliga al acreedor a iniciar el proceso coactivo civil, máxime si el contrato no reúne las condiciones de admisión como es el de un crédito hipotecario registrado, de manera que el acreedor puede válidamente iniciar proceso ejecutivo si el documento de crédito reúne los requisitos y condiciones previstos por el art. 487 CPC, es decir, que tenga fuerza ejecutiva.

III.3. Sobre el principio de trascendencia.

La doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde resaltan los principios que rigen este instituto procesal, entre los que se encuentra el principio de trascendencia, de la cual la jurisprudencia de este Alto Tribunal de Justicia en su A.S. Nº 212/2016 de 11 de marzo, señaló: “Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: ... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale…”. (El subrayado nos pertenece).

Entonces bajo ese contexto jurisprudencial se puede concluir manifestando que el error o defecto procedimental solo tendrá trascendencia, cuando esta sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que deje al sujeto procesal en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones y que ese error procesal de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en el error, pues de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir a partir de estos conceptos.

III.4. Sobre la cosa juzgada.

El art. 1319 del Código Civil, preceptúa que: “La cosa juzgada no tiene Autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”.

Carlos Morales Guillen, en su Obra “Código de Civil, Concordado y Anotado”, cuarta edición, Edit. Gisbert, La Paz-Bolivia 1994, págs. 1688 a 1691, al realizar el comentario del art. 1319 señala: “...Hay cosa juzgada, cuando se han agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios concedidos por la ley, para impugnar la decisión judicial o cuando han transcurrido los términos para hacerlo. Esto es, como se dice en el estilo forense, cuando la decisión esta ejecutoriada (art. 515 p.c.) …

Requiere tres condiciones rigurosamente establecidas por ley:

a) Ut si eadem res: La cosa demandada debe ser la misma, es decir, la misma cosa que se pidió ya en otro juicio terminado por sentencia firme…”

b) Ut si eadem causa petendi: la demanda debe estar fundada sobre la misma causa. Esto es, el fundamento jurídico en que reposa el derecho que se reclama en juicio…”

c) Ubi si eadem conditio personarum: la demanda debe ser propuesta entre las mismas personas, por una en contra de la otra en la misma calidad…”

Asimismo, este Tribunal, respecto a la cosa juzgada se ha emitido el Auto Supremo N° 508/2012 de 14 de diciembre, que sostiene lo siguiente: “Doctrinalmente se distingue entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material...

Cuando una Sentencia adquiere calidad de cosa juzgada se derivan una serie de efectos que podemos definir como aquellas repercusiones que produce la Sentencia firme en el ámbito del Ordenamiento Jurídico, en ese sentido la cosa juzgada material produce dos efectos esenciales uno negativo y otro positivo. El efecto negativo supone la imposibilidad de sustanciar otro proceso sobre el mismo objeto, es lo que se conoce como non bis in eadem, su justificación radica en que no es posible sustanciar un mismo litigio en forma eterna. El efecto positivo, supone la prohibición de que en un segundo proceso se decida de forma diferente a lo ya resuelto en un primero.

Los efectos de la cosa juzgada, instaurados en resguardo del principio de seguridad jurídica, reconocen, con ese mismo propósito, ciertos límites de carácter subjetivo y objetivo, esencialmente. Para el caso de Autos nos interesa referirnos al límite subjetivo de la cosa juzgada que orienta que la misma vincula básicamente a todas las partes que intervinieron en el proceso, sus herederos y causahabientes conforme prevé el art. 1451 del Código Civil, y como también prevé el art. 1452 del mismo compilado legal …”

En el Auto Supremo Nº 100/2015 de 11 de febrero, este Tribunal ha razonado que: La cosa juzgada es una institución de relevancia en el ámbito procesal, recogida por la necesidad de establecer la finalización del litigio y en ese mérito evitar luego que se discuta sobre lo decidido nuevamente. El art. 1319 del Código Civil, establece que: “La cosa juzgada no tiene Autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”; está triple identidad, en doctrina, plantea los límites de la cosa juzgada: el límite objetivo, en razón al objeto o cosa sobre que trató el litigio y de la causa o título de donde se quiso deducir la pretensión, y el límite subjetivo, establecido en función a las personas participes del proceso”.

III.5 De la ordinarización de proceso ejecutivo.

Los requisitos y condiciones necesarias para ordinarizar los procesos ejecutivos, se encuentran establecidos en el art. 490 del Código de Procedimiento Civil modificado por el art. 28 de la Ley Nº 1760 que, en forma expresa, establece: “I. Lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior. II. Este proceso podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses. Vencido este plazo, caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado en el proceso ejecutivo. III. El proceso ordinario promovido se tramitará por separado ante Juez de partido y no podrá paralizar la ejecución de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo.”.

De la lectura del citado artículo, para ordinarizar el proceso ejecutivo debe cumplirse con dos requisitos fundamentales: Primero, la Sentencia dictada en el proceso ejecutivo, debe y tiene que estar debidamente ejecutoriada en lo formal, lo que significa que el perdidoso o ejecutado ya no tenga dentro del referido proceso, otros medios recursivos para modificar la resolución que hubiera recaído al recurso de apelación, tomando en cuenta que en los procesos ejecutivos no existe el recurso de casación o nulidad; y segundo, la demanda ordinaria debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses contados desde la notificación con la ejecutoria de la Sentencia, siempre y cuando éste haya recaído sobre el fondo de la pretensión litigada.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunció los siguientes criterios al respecto: “…la resolución pronunciada dentro de un proceso ejecutivo puede ser modificada a través de un proceso ordinario posterior, que podrá ser formulado por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la Sentencia y en el plazo de seis meses, a cuyo término se extingue el derecho a demandar la revisión de la referida resolución.” (SCP 0635/2012 de 23 de julio); “…es menester enfatizar que por mandato del art. 490 del CPC, -modificado por el art. 28 de la LAPCAF- una vez ejecutoriada la Sentencia dictada dentro de un proceso ejecutivo, cualquiera de las partes procesales -en el plazo de seis meses- puede acudir a la vía ordinaria con la pretensión de modificar lo resuelto en esa instancia. Ello, en razón a que dicha resolución tiene carácter formal y no material, por lo que es susceptible de revisión a través de un proceso de conocimiento.” (SC 0565/2011-R de 29 de abril).

A su vez, el Tribunal Supremo de Justicia, por el Auto Supremo Nº 702/2015 de 25 de agosto señaló: “Como preámbulo a la resolución de los puntos de agravio expuestos, se hace necesario reflexionar sobre aspectos referidos a la organización de la administración de justicia, que debe garantizar el acceso igualitario de todos los justiciables y el posterior dictado de decisiones oportunas, sin embargo de este postulado, no siempre se alcanzará la satisfacción de los intereses controvertidos conforme a su pretensión, en ese antecedente, el proceso civil busca alcanzar un equilibrio entre la celeridad en la composición de los conflictos y la seguridad jurídica. La primera implica, normalmente, una mayor superficialidad en la sustanciación y conocimiento de las causas, como así también restricciones en la proposición de las defensas, pruebas y recursos, y la referencia podría asimilarse a procesos de ejecución; la segunda impone un debate exhaustivo de la relación jurídica controvertida, con el consiguiente aseguramiento del principio de bilateralidad o contradicción, en el marco del respecto de las garantías constitucionales de defensa en juicio y de igualdad de las personas frente a la ley y al proceso, razonamiento aplicable a los procesos de conocimiento.”.

Concordante con lo expuesto, debemos referirnos también a la Jurisprudencia Constitucional contenida en la SC Nº 0264/2011-R de 29 de marzo, donde se delimitó los alcances de la resolución a ser dictada en el proceso ordinario con relación a la revisión del proceso ejecutivo, misma que por su importancia y su carácter vinculante se pasa a transcribir parte de su contenido: “Sin duda, lo que debe ser dilucidado en el proceso ordinario es lo resuelto en la sentencia del ejecutivo; es decir, lo determinado con relación a la demanda de pago en base a un título ejecutivo y/o sobre las excepciones opuestas como medio de defensa legal, casos en los que presuntamente al ser el juicio ejecutivo breve, entre otras características, no puede por su propia naturaleza permitir como en un juicio de conocimiento, demostrarse la certeza de la pretensión o de la excepción, no pudiendo entenderse; sin embargo, que lo que no se cobró por la vía ejecutiva será cobrable al fin por vía de la ordinarización, pues esta instancia, aunque tramitada mediante otro proceso, como es el ordinario, es una continuación del ejecutivo para dilucidar sobre la pretensión de modificarse lo resuelto, y declarar en su caso, la obligación o no de pago, de acuerdo con la exigibilidad que devenga de la fuerza ejecutiva del documento acompañado a la demanda ejecutiva, pues ésta es, en esencia, la única manera de salvaguardar la razón de existencia del proceso ejecutivo y del principio de la seguridad jurídica… (sic).

El proceso ordinario emergente de esa instancia tiene como objeto esencial examinar el cumplimiento de los requisitos del primero, o sea, la competencia del juez, si la demanda se sustenta en una obligación de plazo vencido; y sobre todo la calidad del título ejecutivo, que por supuesto debe ser idóneo. También revisará la legitimación de las partes, las excepciones planteadas y su resolución, para concluir en las resoluciones asumidas por el órgano jurisdiccional, incluida la sentencia puntualizando en los aspectos de fondo y de forma. No obstante, en la tramitación de un proceso ejecutivo -como en cualquier otro- suelen alegarse vulneraciones a derechos fundamentales, como el debido proceso que en un ordinario no puede restituirse, siendo factible hacerlo directamente mediante la tutela que brinda esta acción, sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal y Civil de Asistencia Familiar (LAPCAF)”. (Las negrillas pertenecen a esta Resolución) El mismo entendimiento jurisprudencial anteriormente descrito fue reiterado en posteriores fallos como en la SCP. Nº 2272/2012 de 09 de noviembre y la SC 1329/2006 de 18 de diciembre.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación. 

1. Del análisis del recurso de casación se desprende que los reclamos que se encuentran en los puntos 1 y 2 están enmarcados a observar, que el Tribunal Ad quem, no valoró la prueba documental de descargo cursante de fs. 144 a 245 y de fs. 255 a 930 de obrados presentadas por la recurrente, documentación que consiste en fotocopias legalizadas que son antecedentes de los procesos coactivo y ejecutivo que se realizaron con anterioridad al presente proceso, mediante los cuales se puede demostrar los fundamentos que llevaron a las anteriores Autoridades jurisdiccionales a declarar improbada la demanda ejecutiva y probada la excepción de cosa juzgada, en consecuencia se evidencia que el Auto de Vista recurrido en casación contrapone a lo establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, referente al debido proceso y a la seguridad jurídica, así como tampoco valoró las pruebas aportadas por el demandante, mismas que no demostraron porqué se debe modificar lo resuelto en el proceso ejecutivo que estableció cosa juzgada.

Partiendo del citado antecedente, de la revisión de obrados se puede colegir que el Tribunal Ad quem, realizó una correcta valoración de las pruebas señaladas por la recurrente consistentes en fotocopias legalizadas del proceso coactivo y ejecutivo, realizados con anterioridad a la presente causa, de dicha valoración señaló que  a fs. 1071 la Juez A quo hizo una relación del proceso coactivo mencionado en el recurso de apelación, dado que es cierto y evidente que al no contar con una renuncia expresa de la deudora y garante hipotecaria, al no cumplir con los requisitos para la procedencia del cobro coactivo la causa debe ventilarse necesariamente en proceso ejecutivo, que es donde debió acudir la coactivante, por consiguiente el Tribunal de Alzada señaló que la resolución dictada en el proceso coactivo fue consideradó por la Juez A quo a momento de dictar la sentencia apelada, así también manifestó con referencia al proceso ejecutivo, que la Juez A quo indicó que si bien existe un Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2015 que revocó la sentencia y declara probada la excepción de cosa juzgada, no se pronunció en las demás excepciones, hablando de cosa juzgada formal  sin considerar que no se encuentra en ejecución material, ante la existencia de la ordinarización del proceso ejecutivo.

De lo que se puede inferir que ambas resoluciones tanto del proceso coactivo como del proceso ejecutivo fueron valoradas correctamente, así también consideraron las pruebas ofrecidas por las partes, admitidas conforme a procedimiento, que se convirtieron en prueba del proceso para llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente se aplicó el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba, no de manera aislada, y tomó en cuenta, todos los medios probatorios adjuntos por ambas partes (conforme a lo desglosado en la doctrina establecida en el punto III.1), por lo que el Tribunal de Alzada cumplió con su obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que fueron integradas, contrastadas y encaminaron a que dicho Tribunal llegue a la conclusión de que el presente proceso se trata de la ejecución basada en el Documento Público Nº 389/2009 de fecha 29 de agosto sobre préstamo de dinero con garantía hipotecaria.

En ese entendido se puede colegir que no es evidente lo manifestado por la recurrente respecto a que el Tribunal de Alzada no valoró la prueba adjunta en obrados por la parte demandante y demandada, máxime si consideramos que conforme a la prueba adjunta por las partes se evidenció la existencia de un proceso coactivo que concluyó con una sentencia que dio fin a dicho proceso, esto ante la falta de un requisito de forma, el cual es la renuncia al proceso ejecutivo por parte de la garante hipotecaria motivo que dio lugar a que se declare improbada la demanda coactiva, con la salvedad de que dicho proceso tendría que ventilarse en la vía ejecutiva. Aspecto que fue establecido de forma correcta toda vez que conforme a la doctrina aplicable en el punto III.2 se tiene que al imponer una acción coactiva civil se debe cumplir dos requisitos, los cuales son: a) Crédito hipotecario inscrito y b) que el deudor en el mismo documento hubiere renunciado expresamente a los trámites del proceso ejecutivo. Cuando se trata de crédito sobre bienes inmuebles, de modo que cuando no concurren ambos requisitos no puede demandarse en la vía coactiva civil, pues los requisitos son exigidos en forma conjunta y no alternativa. En este caso, el documento no puede ser invalidado sino reconducido a la vía ejecutiva civil siempre que cumpla con los demás requisitos establecidos por ley para ser considerado como título ejecutivo, conforme aconteció en el caso de Autos por lo que la parte demandante acudió a la vía ejecutiva con la finalidad de hacer valer la Escritura Pública Nº 389/2009 aspecto que no fue considerado por el Auto de Vista de fecha 31 de diciembre de 2014 que erradamente declaró probada la excepción de cosa juzgada, en ese entendido y al no ser evidente lo acusado por la recurrente se tiene que su reclamo deviene en infundado.

2. Continuando con la dilucidación de lo acusado en el recurso de casación se tiene que el punto 3 está enmarcado a observar que el Tribunal Ad quem omitió resolver las excepciones previas de caducidad por vencimiento del plazo para la ordinarización y de cosa juzgada la misma que fue concedida en efecto diferido de conformidad al art. 260.III del Código Procesal Civil, pese a que en el otrosí 1º del recurso de apelación contra la sentencia se ratificó en el recurso de apelación de fs. 976 a 981 de obrados, contra el Auto interlocutorio que rechaza las nombradas excepciones previas, así también en el memorial de solicitud de explicación, enmienda y complementación presentado al Tribunal Ad quem solicitó resuelvan las mismas, empero no fueron resueltas violándose el derecho al debido proceso, y a la congruencia de las resoluciones.

Sobre este reclamo, resulta pertinente tomar en cuenta que la congruencia, como un elemento del debido proceso, importa la  coherencia procesal que debe existir entre lo demandado, lo considerado y lo resuelto por los juzgadores; de ello desprende que el art. 265.I del Código Procesal Civil, marcan el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Tribunal Ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, en ese entendido, este principio informador del proceso encuentra su desarrollo a partir de dos acepciones: la congruencia interna y la congruencia externa; a tal efecto, la congruencia interna, referido a que si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión; y en lo que respecta a la congruencia externa, se la debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución), y lo resuelto por las Autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes, pues de incurrir en tal extremo la resolución pecaría de incongruente, empero se debe comprender que esta definición no es contundente, ya que al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta también la trascendencia de la misma, a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa, y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, por lo que los justiciables se ven compelidos de fundamentar y demostrar que en el supuesto de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal.

En el presente caso, de la lectura del reclamo traído en casación, en contrastación con el fallo recurrido, se puede observar que es evidente lo acusado por la recurrente en el entendido de que el Tribunal de Alzada omitió resolver la apelación sobre excepciones previas de caducidad por vencimiento de plazo para la ordinarización y la de cosa juzgada, mismas que fueron rechazadas mediante Auto interlocutorio, apeladas, concedidas en efecto diferido y ratificadas junto con la apelación de la sentencia, en cuyo entendido si bien estas omisiones generan que el fallo impugnado adolezca de incongruencia externa, ello lógicamente acarrearía su nulidad, previamente a determinar tal situación, corresponde examinar si los reclamos omitidos, revisten de trascendencia como para asumir dicha decisión, ello considerando que el régimen de nulidades procesales encuentra su sustento en un conglomerado de principios que orientan la actividad de este órgano jurisdiccional, pues se debe tener presente que conforme lo expresado en el punto III.3 de la doctrina aplicable, no hay nulidad sin daño o perjuicio, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tomar en cuenta el perjuicio real que se ocasionó al justiciable, de tal manera que se lo haya dejado en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones y que el error de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en el mismo, pues de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales, resumiendo ello en la trascendencia del vicio acusado.

Al respecto de la lectura del memorial de apelación cursante de fs. 976 a 981 de obrados se tiene que la recurrente señaló que el Auto interlocutorio que rechazó las excepciones transgredió los principios de administración de justicia contenidos en la Constitución Política del Estado, presentando su recurso de apelación en los siguientes fundamentos:

- Alegó que en el caso de autos operó la caducidad por vencimiento del plazo para la ordinarización, considerando que el Auto definitivo que declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva del título, en el proceso anterior, fue emitido en fecha 20 de junio de 2014, notificado a la parte coactivante el 03 de julio de 2014, fecha desde la cual se comenzó a computar el plazo de los 6 meses para su ordinarización, vale decir que tenía el plazo para ordinarizar el proceso coactivo hasta el 03 de junio de 2015, en ese entendido señaló que el presente proceso no está enmarcado conforme lo establecido por el art. 386 con relación al art. 410.II del Código Procesal Civil.

Al respecto se debe señalar que de la revisión de antecedentes se tiene que es evidente que el recurrente fue notificado con el Auto que declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva del título en fecha 03 de julio de 2014, empero dicha resolución también señaló que el presente proceso debería ventilarse en la vía ejecutiva, motivo por el cual en fecha 01 de octubre de 2014 el demandante presentó la demanda ejecutiva que mereció sentencia declarando probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepciones, sentencia apelada que dio curso a la emisión del Auto de Vista  Nº 249/2015 de fecha 31 de diciembre que revocó dicha sentencia y declaró probada la excepción de cosa juzgada, decisión con la que el demandante fue notificado en fecha 27 de enero de 2016, por lo que presentó la presente demanda de ordinarización en fecha 03 de mayo de 2016, vale decir dentro de los 6 meses que señala el art. 386 del Código Procesal Civil, por lo que la recurrente no puede alegar que dicho plazo ya caduco, más aún si consideramos que el proceso ejecutivo viene a raíz del rechazo del proceso coactivo ante la falta de un requisito para su procedencia, motivo por el cual se tiene que este reclamo no es trascendental y no cambiaría el decisorio del Auto de Vista motivo de casación.

- El segundo reclamo, gira entorno a la excepción de cosa juzgada ya que manifiesta que la presente demanda ordinaria no puede ser llevada a cabo al existir dos demandas anteriores que tienen calidad de cosa juzgada, la primera por falta de fuerza coactiva en el título y la segunda por existir cosa juzgada respecto al proceso coactivo.

Sobre este punto debemos precisar que en el caso de a utos no es evidente la cosa juzgada, tomando en cuenta que para su existencia se debe considerar la identidad de sujeto, objeto y causa, en ese entendido del análisis del caso que nos asiste se tiene que el proceso ejecutivo fue interpuesto a causa del rechazo de un proceso coactivo, por lo que la ordinarización del proceso ejecutivo es realizado a raíz del Auto de Vista que revocó la sentencia del proceso ejecutivo declarando probada la excepción de cosa juzgada, en ese contexto tomando en cuenta que uno de los requisitos indispensables para la existencia de cosa juzgada es la identidad de la cosa pedida, para que exista dicha identidad es necesario que entre el primer proceso y el segundo tengan un mismo objeto, vale decir reclamen en ambos procesos el mismo beneficio jurídico, en ese sentido podemos establecer que el objeto de proceso coactivo fue ejecutar los bienes que garantizaron la obligación de pago de deuda contraída por los demandados conforme Testimonio Nº 389/2009; así también se debe establecer que el objeto del proceso de ordinarización es examinar el cumplimiento de los requisitos del proceso ejecutivo, si las excepciones resueltas en el caso que nos asiste de cosa juzgada y su resolución fueron emitidas de forma correcta en el Auto de Vista Nº 249/2015 de 31 de diciembre; haciendo dicha diferenciación se concluye que el objeto en ambos procesos son diferentes, al margen de considerar que el proceso coactivo en su resolución se limitó a considerar aspectos de forma dejando de lado el fondo de la causa, a diferencia del presente proceso de ordinarización en el cual se está resolviendo el fondo de la controversia inherente al proceso ejecutivo, en consecuencia se puede advertir que no existe la identidad de objeto, motivo por el cual en el casos de Autos no es permisible dar curso a la excepción de cosa juzgada.

Situaciones que permite comprender que la omisión acusada por el recurrente no reviste de trascendencia como para asumir la nulidad procesal solicitada, en el entendido que de haberse resuelto dicha apelación no hubiese modificado el decisorio emitido por el juez de primera instancia respecto al rechazo de las excepciones previas en audiencia preliminar, razón por la cual no amerita realizar mayores consideraciones al respecto, por cuanto su reclamo deviene en infundado.

3. Del análisis del recurso de casación se tiene que el reclamo establecido en el punto 4 está enmarcado a observar que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia, de forma ilegal desplazó dos resoluciones judiciales que tienen calidad de cosa juzgada transgrediendo lo establecido por el art. 1319 del Código Civil, ya que no consideraron que la acción legal de cobro pretendida por la parte demandante tiene base en la Escritura Publica Nº 389/2009 ya demandada dos oportunidades, habiendo sido improbada, la primera por falta de fuerza en el título  coactivo y una segunda por existir cosa juzgada.

Al respecto conforme a lo señalado en la doctrina desglosada en el punto III.4 se tiene que para evidenciar la existencia de cosa juzgada se debe establecer la existencia de ciertos requisitos que necesariamente deben cumplirse, identidad legal de personas que consiste en la identidad que debe presentarse en las personas, entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta. Identidad de la cosa pedida, para que exista identidad de cosa pedida es necesario que entre el primer proceso y el segundo tengan un mismo objeto. El objeto del proceso se suele definir como el beneficio jurídico que en él se reclama y por último la identidad de causa de pedir, definida como el fundamento inmediato del derecho deducido en el juicio. En consecuencia, ante la posible existencia de cosa juzgada, se hace necesario que el juzgador conozca que en un litigio anterior fue resuelto, mediante sentencia firme, el asunto que se le pone de manifiesto, demostrando plenamente la existencia de identidad de sujetos, del objeto litigado y la causa de la pretensión, tríada a la que precisamente refiere el art. 1319 del Código Civil.   

En ese contexto de la revisión del proceso coactivo en contrastación con el presente proceso de ordinarización de proceso ejecutivo, se puede concluir que si bien los sujetos procesales en ambos procesos son los mismos, empero como ya se dijo en el punto 3 de la fundamentación, el objeto en ambos procesos es distinto, dado que en el proceso coactivo el objeto fue ejecutar los bienes que garantizaron la obligación del pago de deuda, a diferencia del proceso de ordinarización cuyo objeto fue examinar el proceso ejecutivo, en ese entendido al evidenciar la diferencia de objeto en ambos procesos se puede colegir  que el caso de Autos no cumple con los presupuestos procesales previstos por el art. 1319 del Código Civil, pues no existe identidad de objeto, lo que inviabiliza la procedencia de la cosa juzgada, por lo que no es evidente lo acusado por la recurrente respecto a la transgresión del art. 1319 del Código Civil, en ese entendido se acredita que su reclamo deviene en infundado.

4. Del análisis del recurso de casación se tiene que los reclamos que se encuentran en los puntos 4 y 5 del recurso de casación están enmarcados a observar que el Tribunal de segunda instancia no aplicó lo establecido en el art. 386 del Código Procesal Civil, puesto que no consideró que en un proceso ordinario no se puede cobrar lo que no se pudo cobrar en el proceso ejecutivo, al margen de no valorar el hecho de que el Auto definitivo de 20 de junio de 2014 mediante el cual se declaró probada la excepción de falta de fuerza coactiva del título, fue notificada a las partes el 03 de julio de 2014 y desde esta fecha inicio el computo de seis meses para su ordinarización, debiendo el demandante pedir la ordinarización en el primer proceso coactivo y no así en la segunda demanda ejecutiva como erradamente lo hizo, por lo que en el caso de autos operó la caducidad, en consecuencia el Auto de Vista vulnera al debido proceso y a la seguridad jurídica.

En ese sentido se tiene que de conformidad a lo desglosado en la doctrina establecida en el punto III.5 se tiene que para ordinarizar el proceso ejecutivo se debe cumplir con dos requisitos fundamentales: el Primero, que la sentencia dictada en el proceso ejecutivo, debe y tiene que estar debidamente ejecutoriada en lo formal, lo que significa que el perdidoso o ejecutado ya no tenga dentro del referido proceso, otros medios recursivos para modificar la resolución que hubiera recaído al recurso de apelación, tomando en cuenta que en los procesos ejecutivos no existe el recurso de casación o nulidad; y segundo, la demanda ordinaria debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses contados desde la notificación con la ejecutoria de la sentencia, siempre y cuando éste haya recaído sobre el fondo de la pretensión litigada.

En el caso de Autos se tiene que el presente proceso cumple con los requisitos para la procedencia de la demanda de ordinarización del proceso ejecutivo establecido en el art. 386 del Código Procesal Civil, respecto a que lo resuelto en el proceso ejecutivo puede ser modificado en proceso ordinario posterior, de lo que se establece que con el presente proceso se puede otorgar el cumplimiento de una obligación sobre el pago de una deuda, considerando el cumplimiento de las exigencias establecidas en el art. 386 del Código Procesal Civil, ya que como se describió en el punto 1 de los fundamentos de la resolución, este proceso fue presentado dentro de los 6 meses de la notificación con el Auto de Vista que revocó la sentencia que declaró probada la demanda ejecutiva, ya que si bien con anterioridad se dictó una sentencia en un proceso coactivo desfavorable para la parte actora, empero de la revisión de dicha resolución se puede advertir que la misma tiene la salvedad, en la que indica que el proceso tendría que haber sido presentado en la vía ejecutiva esto a consecuencia de la falta de uno de los requisitos de procedencia del proceso coactivo, en ese entendido al ser el proceso ejecutivo resultado del rechazo de dicho proceso coactivo, se tiene que no es evidente lo acusado por la recurrente, toda vez que este Tribunal establece que la interpretación y aplicación del art. 386 del Código Procesal Civil, realizada por el Tribunal de Alzada que confirmó la sentencia es correcta, así también se debe aclarar a la recurrente que en el presente proceso lo que está en revisión es el Auto de Vista revocatorio, dictado en el proceso ejecutivo y no así el proceso coactivo como tal, en base a esos fundamentos se concluye que su reclamo carece de asidero legal, por cuanto deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1133 a 1142 vta., interpuesto por Ella del Carmen Cuellar Vda. de Razuk contra el Auto de Vista N° 72/2018 de fecha 02 de marzo, cursante de fs. 1114 a 1117 de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar y/o Niñez o Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sea con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu.