TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 241/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019 

Expediente: CB-52-18-S

Partes: Miguel Ángel Ríos Rico c/ Norma Beatriz Valda López, Ana Karina

             Moscoso Valda, Ana Ximena Moscoso Valda, Norma Valeria Cecilia                 

             Moscoso Valda, Helga Pamela Moscoso Valda y Paola Gabriela Moscoso         

              Valda.

Proceso: Cumplimiento de Contrato.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 377 a 380, interpuesto por Julio Cesar Cuentas Cárdenas en representación de Norma Beatriz Valda López, y las hermanas Ana Karina, Ana Ximena, Norma Valeria Cecilia, Helga Pamela y Paola Gabriela, todas Moscoso Valda, contra el Auto de Vista de 21 de mayo de 2018, que cursa de fs. 367 a 372 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Cumplimiento de Contrato seguido por Miguel Ángel Ríos Rico contra las recurrentes; la respuesta de fs. 390 a 396; el Auto de Concesión de fs. 397; el Auto Supremo de Admisión Nº 809/2018-RA de 29 de agosto; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Miguel Ángel Ríos Rico, amparado en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), y los arts. 291, 302, 310, 339, 344, 614, 617, 622, 1449, 1467 y 1468 del Código Civil (CC), planteó acción de Cumplimiento de Contrato, señalando que por minuta de 11 de noviembre de 2010 con reconocimiento de firmas, las demandadas comprometieron en venta un inmueble de su propiedad bajo la modalidad de arras penitenciarias y constitución de título coactivo civil; refiere que, conforme a los comprobantes de depósito que adjunta a la demanda, cumplió a cabalidad y dentro el plazo contractual lo acordado, depositando lo estipulado en el plan de pagos la suma de $us.130.000, en la cuenta de la Helga Pamela Moscoso Valda; empero las promitentes, no habrían cumplido con su obligación consistente en la suscripción de la minuta de transferencia definitiva, por lo que solicita se declare probada la demanda y se le extienda la respectiva minuta de transferencia, además de declarar costas procesales y daños y perjuicios como resultado del daño emergente y lucro cesante (fs. 73-76). 

Norma Beatriz Valda López, Ana Karina Moscoso Valda, Ana Ximena Moscoso Valda, Norma Valeria Cecilia Moscoso Valda, Helga Pamela Moscoso Valda y Paola Gabriela Moscoso Valda, citadas las demandadas (fs. 96-97), no comparecen al proceso y son declaradas rebeldes por el Auto de 30 de noviembre de 2011 (fs. 101); posteriormente, por el escrito de 18 de marzo de 2015 (fs. 180-184), se apersona Paola Gabriela Moscoso Valda purgando las costas de su rebeldía y asumiendo defensa en el estado de la causa.

  1. Asumida la competencia por la Juez Publico Civil y Comercial Noveno de Cochabamba, pronuncia la sentencia de 07 de septiembre de 2016, declarando PROBADA la demanda de Cumplimiento de Contrato y el resarcimiento de daños y perjuicios, disponiendo lo siguiente (fs. 244-250):
  1. Que las demandadas, cumplan con su obligación de suscribir la minuta de transferencia definitiva a favor del demandante, del lote de terreno y sea en el plazo de diez días de ejecutoriado el fallo, bajo conminatoria de suscribirse la minuta de transferencia por la autoridad judicial.
  2. En ejecución de sentencia, determinarse los daños y perjuicios que correspondan.
  1. Purgando rebeldía es impugnada la resolución de primera instancia por las demandantes, resolviendo el Auto de Vista de 21 de mayo de 2018 (fs. 367-373), CONFIRMAR la Sentencia de 07 de septiembre de 2016, con los siguientes fundamentos:
  1. En cuanto a la apelación en la forma deducida por Ana Karina Moscoso Valda (fs. 319-321).

Que la citación con la demanda y con la medida preparatoria de demanda, han cumplido su finalidad, circunstancia que permite desvirtuar que se haya provocado indefensión; por otra parte, las demandadas son madre e hijas, y todas asumieron conducta similar, omitiendo comparecer al proceso oportunamente siendo declaradas rebeldes.

  1. En cuanto a las apelaciones de fondo de Paola Gabriela Moscoso Valda (fs. 253-256),  Norma Valeria Cecilia Moscoso Valda (fs. 304-307 vta), Norma Beatriz Valda López (fs. 312-315 vta), Helga Pamela Moscoso Valda (fs. 326-329) y Ana Ximena Moscoso Valda (fs. 333-336).
  1. El documento de 29 de diciembre de 2010, cambió las condiciones pactadas en el documento de 11 de noviembre de 2010 razón por la que se dejó sin efecto- empero, el negocio jurídico subsistió, que es el compromiso de suscribir la minuta de transferencia del inmueble con la condición de que se pague previamente hasta el 15 de enero de 2011 el saldo restante de $us.50.000.
  2. El mandato contiene las facultades de transferir los bienes inmuebles de propiedad de las demandadas, o los que llegaren a tener, además del silencio procesal una vez que fueron citadas, resultaron suficientes para establecer la transferencia del inmueble que era de copropiedad de las mandantes.
  3. La demandada titular de la cuenta bancaria donde se hicieron los depósitos por la suma de $us.50.000, debió hacer conocer a la Juez de instancia las razones por las que se hicieron los depósitos, entendiendo que nadie gratuitamente deposita dineros en la cuenta de persona alguna; elementos que generaron convicción de que el actor pago el precio de la venta pactada cumpliendo con su obligación contractual.
  4. Respecto a la prueba testifical, al no fundamentarse en ella la sentencia, la observación resultaría intrascendente.
  5. Como señala el contrato de 11 de noviembre de 2010 en su cláusula tercera, la forma de pago en la cuenta de Helga Pamela Moscoso Valda por $us.25.000, ha sido considerada como validad, luego de haberse comprometido las vendedoras a entregar la totalidad de la documentación pertinente e inherente referido al derecho propietario del lote. 

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Recurso de casación de Julio Cesar Cuentas Cárdenas en representación de Norma Beatriz Valda López, y las hermanas Ana Karina, Ana Ximena, Norma Valeria Cecilia, Helga Pamela y Paola Gabriela, todas Moscoso Valda.
  1. Sobre el incidente de nulidad promovido ante el A Quo.

Señalan que el Tribunal de alzada, no consideró que Ana Karina Moscoso Valda no podía plantear incidente alguno ante el Juez de primera instancia, pues no tenía conocimiento de la demanda, y lo hizo cuando extraoficialmente tuvo conocimiento de la existencia del proceso que es cuando se emitió sentencia; asimismo, la autoridad de alzada habría señalado que la apelante Ana Karina Moscoso Valda tenía el deber de hacer saber en primera instancia, la concurrencia de irregularidades que planteó en su recurso de apelación, omitiendo considerar que una vez pronunciada la sentencia, el juez de instancia conforme establece el art. 196 del Código de Procedimiento Civil pierde competencia, proceder de la autoridad que sería tendencioso, prejuicioso y subjetivo, pues atentaría el debido proceso.

De igual forma, al establecer el Tribunal de apelación que la citación a la apelante resultaría útil, dicha autoridad haría un prejuzgamiento al considerar que Ana Karina Moscoso Valda, si tuvo conocimiento de la sentencia, bien pudo tener conocimiento de la citación mediante cedula con la demanda, conclusión que sería ilegal, parcializada y subjetiva.

Añade que el Auto de vista al aseverar que Ana Karina Moscoso Valda, al ser familiar de las codemandadas, haría improbable la situación de que no hubiera tenido conocimiento el proceso, aseveración del Ad quem que considera aberrante, toda vez que las demandadas debieron ser citadas de manera individual en su domicilio real, y no así, en oficinas de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, acto que estaría viciado de nulidad; de igual forma, resultaría inadecuada la aplicación de la primera parte del art. 121 del Procedimiento Civil, pues refiere que debió aplicarse la última parte del citado artículo, ya que el juez de primera instancia, en conocimiento de que era un lugar de trabajo y no un domicilio real, habría ordenado la citación por cedula en un lugar de trabajo, donde la misma ya no trabajaba.

  1. Sobre la insuficiencia e ineficacia del Poder Notarial Nº 266/2010.

Señalan que el Poder Notarial Nº 266/2010, es insuficiente e ineficaz para la realización de actos de disposición, ya que necesariamente debe contener un mandato expreso conforme establece el art. 810 del CC; empero, el Auto de vista argumentando que el silencio genera presunción de verdad y que el poder notarial resulta suficiente para reconocer en la mandataria Ana Ximena Moscoso Valda las facultades para enajenar bienes, recibir dineros, suscribir minutas, etc., pasó por alto lo dispuesto por la citada norma, basando sus determinaciones en apreciaciones subjetivas, dado que además, no contiene la información técnica sobre los datos de registro del bien inmueble, y mucho menos el porcentaje de acciones y derechos de los mandantes que se estarían comprometiendo en venta.

Concluye refiriendo que el Poder Notarial Nº 266/2010, es insuficiente e ineficaz por mandato expreso del art. 810 del CC, y no puede ser validado por la apreciación subjetiva del juzgador, hecho que definitivamente causa agravio a las demandadas.

  1. Sobre la valoración de la prueba.

Manifiesta, en lo que respecta a los pagos y/o depósitos de dinero efectuados por el actor, que la autoridad de primera instancia a tiempo de pronunciar la sentencia, no valoró la prueba producida, pues de siete boletas de depósito de un total de ocho realizados en la Cta. Nº 3422999-1 del Banco Mercantil, estos habrían sido efectuados por terceras personas y no así por el demandante, no existiendo constancia de haber sido efectuados por encargo del demandante, razón por la cual no debió concluirse que estos depósitos han sido efectuados por Miguel Ángel Ríos Rico para el pago del precio de la venta del inmueble, determinación que constituye un agravio, pues se atribuiría indebidamente a la recurrente la recepción de dineros por la transferencia de las acciones y derechos del inmueble en litis.

PETITORIO.

Solicita al amparo del art. 220 del Código de Procedimiento Civil, se CASE el Auto de vista, o en su defecto se disponga la NULIDAD de obrados hasta fs. 13; asimismo, se disponga la ineficacia del Poder Notarial Nº 113/2018, de fecha 09 de julio 2018, y consiguientemente se deje sin efecto el Documento de compromiso de venta de bien inmueble bajo la modalidad de arras penitenciarias y constitución de título coactivo civil, suscrito en fecha 11 de noviembre del 2010 y el documento privado de 29 de diciembre del 2010; por último, solicita se declare IMPROBADA la demanda, toda vez que el demandado no habría acreditado cumplir su parte, que le faculte a demandar el cumplimiento de contrato.

  1. DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.
  1. Respecto al recurso de casación en el fondo de Ana Karina Moscoso Valda.

Señala que el recurso presentado es confuso y contradictorio, donde se expresa como agravio la supuesta ilegalidad de la citación por cedula, no solo con la demanda sino también con el emplazamiento a reconocimiento de firmas del documento de 29 de diciembre de 2010; refiere que toda deficiencia, error o ilicitud en la citación con la demanda, debió ser reclamada oportunamente y ante la misma autoridad; añade que en el presente caso, Ana Karina Moscoso Valda, fue citada con la demanda y notificada con la sentencia en su domicilio laboral, sin haber emitido reclamo alguno ante el juez de la causa, consintiendo la forma y lugar de la citación.

Manifiesta que el Tribunal de apelación, obró acertadamente al confirmar la sentencia y desestimar el reclamo de nulidad de citación y de obrados, pues la denuncia de irregularidad en la citación con la demanda, solo persigue el propósito de dilatar el proceso, pues las demás demandadas no alegaron falta de citación, ya que siendo familiares en primer grado, bien pudieron observar la citación de su hermana a tiempo de apersonarse a la presente acción; afirma que la recurrente no demostró con ningún medio probatorio su pretensión, ya que a tiempo de plantear la nulidad de obrados, no demostró cual es o fue su domicilio real donde debió practicarse la diligencia.

  1. Recurso de casación interpuesto por Norma Beatriz Valda López, Ana Karina, Ana Ximena, Norma Valeria Cecilia, Helga Pamela y Paola Gabriela Moscoso Valda.
  1. Respecto a la insuficiencia del Poder Especial N° 266/2010 de 26 de octubre de 2010.

Refiere que el poder otorgado por Ana Carina, Paola Gabriela, Norma Valeria Cecilia y Helga Pamela Moscoso Valda, es suficiente, ya que facultaría expresamente a Ana Ximena Moscoso Valda, a suscribir documentos y contratos de transferencia, fijar precios y recibir dineros, y al haber obrado así la mandataria, habría cumplido con el mandato; añade que el referido Poder, cumple con lo previsto por los arts. 804, 805.II, 809, 810.II y 811.I del CC, concluyendo que el mandato ahora tachado de insuficiente, no fue objetado ni observado por las demandadas y al no haberlo hecho, consintieron la validez y eficacia del Poder.

  1. Respecto al pago del precio del inmueble.

Señala que el precio del bien inmueble fue pagado en su totalidad y en los plazos convenidos, una parte en efectivo y el saldo con depósitos bancarios, no siendo ilegal que algunos depósitos los hubiese hecho por terceros; agrega que los depósitos realizados en la cuenta bancaria de Helga Pamela Mosocoso Valda, demuestran la facultad de exigir a las vendedoras el cumplimiento de la obligación contraída conforme manda los arts. 519 y 520 del Código Civil, en suma, el A quo y el Ad quem, habrían valorado correctamente la prueba de cargo aportada, sin incurrir en ninguna falta legal.

Añade que las recurrentes, no especifican en que consiste la violación de las normas denunciadas, desconociendo los requisitos de admisibilidad del recurso que son de orden público y de cumplimiento inexcusable, toda vez que se limitaron a formular interrogantes a la Autoridad Judicial cual si fuera un cuestionario, cuando debieron adecuar su conducta a los principios ético morales contenidas en el art. 8 de la CPE.

PETITORIO.

Solicita al Tribunal Supremo de Justicia, declarar INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo e IMPROCEDENTE la petición de Nulidad de obrados, con costas y costos, regulándose además el honorario del abogado. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

  1. De las nulidades procesales.

La Sala de este Tribunal Supremo de Justicia en atención a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos propios de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal; lo que en definitiva debe analizarse, es si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio recayendo en una injusticia, cuya situación no pueda ser remediada de algún otro modo, solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un juez natural y competente, siempre y cuando el estado de indefensión no haya sido provocado o atribuible a la propia parte litigante que reclama la nulidad; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios rectores que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; en ese sentido se tiene emitidas varias resoluciones por esta misma Sala Civil del Máximo Tribunal Supremo de Justicia, entre los cuales se citan a los A.S. Nº 223/2013 de 6 de mayo; 336/2013 de 5 de julio; 78/2014 de 17 de marzo; 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.

Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional también se ha referido a las nulidades procesales a través de sus reiterados fallos, así en la SC 0731/2010-R de 26 de julio puso énfasis en los principios que rige este instituto jurídico señalando lo siguiente: 

“Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley; en otros términos “No hay nulidad sin ley específica que la establezca” (Eduardo Cuoture, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, “la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto” (Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, “en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento” (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, “Nulidades Procesales”).

El criterio expuesto fue reiterado en la SCP Nº 0876/2012 de 20 de agosto y complementado el razonamiento en la SCP 0376/2015-S1 de 21 de abril de 2015; en esta última se estableció presupuestos específicos para la procedencia de la nulidad de los actos procesales exponiendo el siguiente criterio:

En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: «…el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.

Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer la resolución».

  1. De la eficacia de la citación y/o notificación aun de incumplir formalidades.

Sentencia Constitucional 1193/2010-R de 6 de septiembre:

“Conforme el Código de Procedimiento Civil y la doctrina, la notificación debe cumplir con ciertas formalidades para su validez; empero, el fin de ella en el cumplimiento de su objetivo de hacer conocer a las partes lo resuelto, en determinadas circunstancias puede obviar la formalidad, así lo estableció la jurisprudencia de este Tribunal, precisando que, aun cuando la diligencia fuera defectuosa, pero hubiere cumplido con la finalidad de poner en conocimiento del destinatario la determinación judicial o administrativa, se tendrá por válida, de modo que no se infrinja el principio de contradicción y, principalmente, el debido proceso en su elemento defensa.

Al respecto la SC 1376/2004-R de 25 de agosto, ratificada por la SC 0295/2010-R de 7 de junio, estableció: “… la sola falta de formalidad en una notificación no implica vulneración al citado derecho, sino que debe demostrarse que con ello se impidió que el interesado hubiera tomado conocimiento material del proceso en su contra, pues si la notificación aún defectuosa cumplió su objetivo no existe vulneración al derecho a la defensa…”. (Las negrillas nos pertenecen)”.

Sentencia Constitucional 1568/2010-R de 11 de octubre:

“Respecto a la validez de la citación, la SC 0193/2006-R de 21 de febrero señaló que: "… 'una citación o notificación es válida cuando se ha cumplido la finalidad de que la parte afectada tenga conocimiento de la determinación pronunciada dentro del proceso judicial que se sigue en su contra' (SC 933/2004-R, de 15  de junio) vale decir que la finalidad procesal de la citación o notificación cual es la de poner en conocimiento del notificado o citado alguna resolución o pretensión de la parte, se tiene por cumplida aún si existieran vicios de nulidad en su diligencia; empero, a pesar de esos defectos, se cumplió con la finalidad de poner en conocimiento cierto esos actos procesales. Consiguientemente, conforme concluyó la SC 1164/2001-R, de 12 de diciembre de 2001: 'Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno'; por lo mismo no es posible convocar la nulidad de citación o notificación por no haberse cumplido con las formalidades legales previstas al no haberse lesionado un derecho fundamental o alguna garantía constitucional, cual sería -entre otras-el de provocar la indefensión de alguna de las partes”.

  1. Del poder para actos de disposición.-

El art. 809 del Código Civil describe el mandato general y especial, y refiere que el primero es para todos los negocios del causante y el segundo para uno o muchos negocios determinados o precisados, asimismo se dirá que el propio art. 810 refiere que el mandato general no comprende sino los actos de administración, y que si se trata de transigir, enajenar o hipotecar o de cualquier otro acto de disposición, el mandato debe ser expreso, la facultad de transigir no se extiende a comprometer.

En nuestro sistema legal, la nomenclatura de los arts. 809 y 810 describen una clasificación de mandatos general para todos los actos de la administración, especial para uno o muchos negocios determinados, y cuando se trata de transigir, enajenar o hipotecar debe existir disposición expresa, esta disposición tiene que ver con la precisión de su expresión en el contenido del mandato, aspecto que faculta al mandatario efectuar uno o varios actos de disposición.

  1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil (CPC).   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

  1. Sobre el incidente de nulidad promovido ante el A quo.

Las recurrentes señalan que el Ad quem, no consideró que Ana Karina Moscoso Valda no podía plantear incidente alguno ante el Juez de primera instancia pues no tenía conocimiento de la demanda, entonces, al señalar la autoridad de alzada que la apelante tenía el deber de hacer saber en primera instancia la concurrencia de irregularidades que planteó en su recurso de apelación, no consideró lo establecido por el art. 196 del Código de Procedimiento Civil; de igual forma, al concluir la citada autoridad que si Ana Karina Moscoso Valda tuvo conocimiento de la notificación con la Sentencia, bien pudo tener conocimiento de la citación mediante cedula con la demanda, haría un prejuzgamiento. Añade que las recurrentes no fueron citadas de manera individual en su domicilio real, pues en el caso de Ana Karina Moscoso Valda, la diligencia fue practicada en su lugar de trabajo, en oficinas de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria ubicado en la Av. Arce Nº 2180 y no así en su domicilio real, por lo que el citado acto estaría viciado de nulidad. Por su parte el actor señala que la deficiencia en la citación con la demanda, debió ser reclamada oportunamente, pues al ser citada con la demanda en su domicilio laboral al igual que la notificación con la sentencia sin emitir reclamo alguno, consintió la forma y lugar de la citación con la demanda, por lo que el Tribunal de apelación, obró acertadamente al confirmar la sentencia y desestimar el reclamo de nulidad de citación y de obrados.

El Tribunal de apelación, estableció que Ana Karina Moscoso Valda acudió directamente al Ad quem, invocando la nulidad procesal, manifestando no haber tenido conocimiento del proceso y que por ello no asumió defensa, concluyendo que la citación con la demanda y la medida preparatoria de demanda, cumplió su finalidad, circunstancia que permitió al Tribunal de alzada, desvirtuar la indefensión planteada; asimismo, esta autoridad constató que las demandadas (madre e hijas) asumieron similar conducta, eludiendo comparecer al proceso por lo que fueron declaradas rebeldes.

Ahora bien, verificadas las diligencias de notificación de 96 y 97, estas cumplen con lo establecidos por los arts. 121 y 122 del Procedimiento Civil, por lo que no se evidencia defecto que amerite declarar su nulidad; por otra parte, apersonadas las demandadas al proceso, solo Ana Karina Moscoso Valda planteó incidente de nulidad (fs. 319-321), manifestando que la citación por cedula no fue practicada en su domicilio real, sino en su domicilio laboral donde ya no cumplía funciones laborales; empero, si bien el demandante reconoce que la diligencia practicada fue llevada a cabo en domicilio laboral, lo cierto es que la recurrente no demostró ante el Ad quem e inclusive ante esta instancia, que ya no cumplía funciones en el citado lugar, por lo que en todo caso, no basta con manifestar que no se tuvo conocimiento de la existencia del proceso o que la diligencia fue practica en su fuente laboral donde ya no ejercía función alguna, sino que ha momento de invocarse el incidente, este debió haber sido planteado en forma concreta, clara y precisa, mencionando y demostrando expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues, conforme la doctrina invocada (III.1.), no basta invocar de forma genérica la lesión al derecho a la defensa, sino que el perjuicio denunciado debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer la resolución.

  1. Sobre la insuficiencia e ineficacia del Poder Notarial Nº 266/2010.

Las recurrentes señalan que el Poder Notarial es insuficiente e ineficaz, pues no es expreso conforme establece el art. 810 del CC, sin embargo, el auto de vista lo considera suficiente para reconocer en la mandataria las facultades para enajenar bienes, recibir dineros, suscribir minutas, etc., cuando dicho documento resultaría nulo de pleno derecho, al no contener la información técnica sobre los datos de registro del bien inmueble y mucho menos el porcentaje de acciones y derechos de los mandantes. El actor por su parte, señala que el poder otorgado faculta expresamente a la apoderada Ana Ximena Moscoso Valda, a suscribir documentos y contratos de transferencia, fijar precios y recibir dineros, y al haber obrado así la mandataria, habría cumplido con el mandato, asimismo, refiere que el mandato tachado de insuficiente, no fue objetado ni observado por las demandadas y al no haberlo hecho, consintieron la validez y eficacia del Poder.

De antecedentes, el Ad quem preciso que “…si quienes figuran como mandantes no negaron los alcances del mandato oportunamente, el cual por otra parte si bien no es totalmente expreso, resulta suficiente para reconocer en la mandataria ANA XIMENA MOSCOSO VALDA las facultades de enajenar bienes, recibir dineros, suscribir minutas, etc., sobre bienes inmuebles que tuvieren o llegaren a tener de modo que pretender desconocer ese acto de representación, además del silencio que guardaron al no objetar dicho documento oportunamente, permiten concluir que no resulta cierta la objeción que ahora pretenden hacer valer contra el Testimonio Nº 266/2010 otorgado a favor de su hermana. Por otra lado, la intención de las demandadas de llevar adelante el negocio jurídico que ahora pretenden desconocer, se descubre por cuanto el testimonio de la protocolización del proceso voluntario de declaratoria de herederas, que constituye el titulo propietario que acreditaba el derecho que transferían fue entregado al actor, lo cual solamente podría concebirse como posible si su intención era, precisamente, el transferir su derecho y el haber recibido el pago pactado en los contratos suscritos. En síntesis, este tribunal halla que el mandato al contener las facultades de transferir o enajenar los bienes inmuebles de propiedad de las demandadas o los que llegaren a tener, más el silencio procesal una vez que fueron citadas, resultaba suficiente para la transferencia del inmueble que, se ha demostrado, era de copropiedad de las mandantes.”

Siendo este el punto trascendental del presente proceso, debemos precisar lo siguiente: las cláusulas primera y segunda de los documentos de 29 de noviembre de 2010 (fs. 66-68) y 29 de diciembre de 2010 (fs. 1), refieren que Norma Beatriz Valda López, Ana Karina Moscoso Valda y Ana Ximena Moscoso Valda, por si y en representación legal de Norma Valeria Cecilia Moscoso Valda, Helga Pamela Moscoso Valda y Paola Gabriela Moscoso Valda, como FUTURAS VENDEDORAS, mediante testimonio de Poder Nº 266/2010, otorgado por la Notaria de Fe Publica Nº 047, Dra. Susana Clarabel Torrez Mendoza, declaran ser dueñas y legitimas propietarias, poseedoras del Lote de terreno con una superficie de 4.100 mts2, ubicado en la provincia Cercado de la Zona de Coña Coña (La Maica), situado en el Distrito 04, Sub-Distrito 028, Manzana 146, e inscrito en DDRR de Cercado, bajo la Matricula Nº 3.01.1.01.0041496, asiento 3 de fecha 15 de enero de 2010, y por convenir a sus intereses sin que medie presión, dolo, y/o vicio alguno del consentimiento, comprometen a Título de compra venta la totalidad de sus acciones y derechos sobre el bien inmueble a favor del FUTURO COMPRADOR Miguel Ángel Ríos Rico.

En suma, si bien el Testimonio de Poder notarial Nº 266/2010, no cumple con la exigencia contenida por el art. 810.II del CC, no es menos cierto que existe una directa conexitud con los documentos de 29 de noviembre de 2010 y 29 de diciembre de 2010, pues los citados actos de venta a futuro, además de estar enmarcados en el testimonio de poder observado, otorgan los necesarios datos técnicos del inmueble así como la precisión respecto a las acciones y derechos a transferir; por otra parte, los datos contenidos en estos documentos son concordantes con las literales presentadas por el demandante consistentes en la protocolización de la Declaratoria de Herederos (fs. 58-61) y las Matriculas de Propiedad (fs. 62-64), descartándose de esta manera la incertidumbre respecto a la información técnica del inmueble, por lo que este Tribunal considera que no existe vulneración al 810 del CC, dado que la suma de estos documentos otorgan la certeza exigida por las recurrentes.

  1. Sobre la valoración de la prueba.

Por último, manifiestan que el auto de vista no consideró la aplicación del art. 397 del Código de Procedimiento Civil en lo que respecta a los pagos y/o depósitos de dinero efectuados por el actor, pues la autoridad de primera instancia a tiempo de pronunciar la sentencia, no valoró la prueba producida, ya que siete boletas de depósito en la Cta. Nº 3422999-1 del Banco Mercantil, habrían sido efectuados por terceras personas y no así por el demandante, no existiendo constancia de haber sido efectuados por encargo del demandante, atribuyendo indebidamente a la recurrente la recepción de dichos dineros. El demandante al respecto, señala que el precio del bien inmueble fue pagado en su totalidad y en los plazos convenidos, una parte en efectivo y el saldo con depósitos bancarios, no siendo ilegal que algunos depósitos lo hubiese hecho por terceros, por lo que el A quo y el Ad quem, habrían valorado correctamente la prueba de cargo aportada.

A este punto, el Ad quem, estableció que Helga Pamela Moscoso Valda, titular de la cuenta bancaria donde se hicieron los depósitos por $us.10.000 (fs. 69), 20.000 (fs. 70), 10.000 (Fs. 71) y 10.000 (fs. 72), sumando el total de $us.50.000, no justificó el ingreso de los mismos, llevando a presumir a la autoridad de primera instancia que el demandante cumplió con la obligación contraída pues fue él quien presentó estos descargos a la obligación asumida, argumento que este tribunal considera válido y es compartido, ya que a más de así tenerse acordado en la cláusula tercera del documento de 29 de noviembre de 2010 (fs. 66-67), conforme precia el art. 295 del CC, es usual que el deudor para cumplir la obligación, se vea precisado a recurrir al concurso de terceras personas, pues el pago por el tercero es un medio de satisfacer el crédito.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida del art. 42. I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo interpuesto por Julio Cesar Cuentas Cárdenas en representación de Norma Beatriz Valda López, y las hermanas Ana Karina, Ana Ximena, Norma Valeria Cecilia, Helga Pamela y Paola Gabriela, todas Moscoso Valda, contra el Auto de Vista de 21 de mayo de 2018, que cursa de fs. 367 a 372 vta. , pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Se regulan los honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.- para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.