TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 240/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente: PT-10-18-S

Partes: Tomas Alberto Vargas Anze c/Alberto Vargas Menacho y Roxana

            Sunagua Fonseca

Proceso: Mejor de derecho propietario y acción negatoria. 

Distrito: Potosí

VISTOS: El recurso de casación, cursante de fs. 335 a 343 vta., interpuesto por Tomas Alberto Vargas Anze contra el Auto de Vista No. 84/2018 de 04 de diciembre, cursante de fs. 328 a 332, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dentro el proceso ordinario de mejor de derecho propietario y acción negatoria seguido por Tomas Alberto Vargas Anze contra Alberto Vargas Menacho y Roxana Sunagua Fonseca; la contestación al recurso de casación de fs. 346 a 348, el Auto de Concesión de fecha 19 de julio de 2018, cursante a fs. 349; el Auto Supremo de Admisión Nº 787/2018-RA, cursante de fs. 355 a 356 vta.; los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de mejor de derecho propietario y acción negatoria interpuesta por Tomas Alberto Vargas Anze en contra de Alberto Vargas Menacho y Roxana Sunagua Fonseca, una vez citado el demandado Alberto Vargas Menacho contestó afirmativamente a la demanda, cursante en fs. 31 y vta., por su parte Roxana Sunagua Fonseca de fs. 118 a 120 vta., interpuso excepciones de oscuridad y contradicción de la demanda, excepción de garante de evicción, falta de acción y derecho y excepción de cosa juzgada; asimismo, contestó negativamente a la demanda.

En audiencia preliminar de 19 de mayo de 2016 cursante de fs. 271 a 274, la juez de grado en la etapa de saneamiento del proceso, declaró IMPROBADAS las excepciones de falta de acción y derecho, así también, la excepción de cosa juzgada; luego del desarrollo de la audiencia complementaria la Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 8 de la ciudad de Potosí, pronunció la sentencia Nº 46/2016 de 08 de junio, cursante de fs. 294 a fs. 298 vta., donde declaró IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario y acción negatoria.

Resolución de primera instancia que fue apelado por el demandante, y mereció el Auto de Vista No. 84/2018 de 04 de diciembre, cursante de fs. 328 a 332, CONFIRMANDO totalmente la Sentencia Nº 46/2016, argumentando lo siguiente:

El derecho propietario del demandante emerge del Testimonio Nº 8/92 de 16 de enero de 1992, del que no se precisan sus colindancias ni se individualiza, indica también que no se acreditó la ubicación exacta de un bien inmueble mediante plano municipal aprobado. Sin embargo, en contraposición indica que la demandada mediante Testimonio Nº 560/2004 de 12 de noviembre, acreditó su título propietario y especificó de manera clara sus colindancias.

Destacó que ambas transferencias señalan como antecedente dominial la inscripción en Derechos Reales, Propiedad, Ciudad y Frías, bajo la Partida Nº 1061, Folio Nº 498 de 16 de Octubre de 1984.

Consideró que la certificación de Catastro Urbano, informó sobre la existencia de una sobre posición del inmueble y que no define ningún derecho propietario; razonó que la inspección de visu corroboró in situ el bien inmueble, pero ello no faculta efectuar modificaciones en el título propietario; dedujo que la autoridad judicial puede apartarse de una prueba pericial por cuanto existen dos títulos propietarios; que la prueba testifical no es admitida en rigor al art. 1328 inc. 2 del Código Civil; analizó que la prueba confesoria por Alberto Vargas Menacho, el reconocimiento del co-demandado como del garante de evicción, debe sujetarse a los datos de los títulos de transferencia de la presente acción; razonó que el pago de impuestos, las facturas de servicios básicos no son medios para la modificación de un título de propiedad o para ponderar la ubicación del bien inmueble, ya que ello emerge de un acto de voluntades o de una decisión judicial.

Argumentó que el demandante no individualizó en cuanto a la ubicación de su bien inmueble, lo que constituiría una falta insubsanable acorde al art. 1556 del Código Civil, en tal caso debió previamente insertar la ubicación exacta en su título propietario. Al no haberse demostrado el mejor derecho de propiedad por el demandante, por ende no puede pretenderse la procedencia de la acción negatoria.

Arguyó que se cumplió con el principio de verdad material, donde infiere que la demanda principal es a consecuencia de una desvinculación matrimonial entre el hijo del demandante y su nuera actual demandada-.

Finalmente enfatizó que la demanda de declaratoria de mejor derecho no puede prosperar cuando en el título de la actora no está correctamente identificado la ubicación del bien inmueble y por el contrario en el título de la parte demandada la ubicación ésta claramente establecida.

Resolución que fue recurrida en casación de fs. 335 a 343 vta., interpuesto por Tomas Alberto Vargas Anze, recurso que es objeto de análisis.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusó la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 1545 del Código Civil, ya que al momento de definir el mejor derecho de propiedad el juzgador debe tomar en cuenta la existencia de dos títulos de propiedad, ya sea de un mismo vendedor o un mismo antecedente dominial, para decidir cuál debe ser el preferido. Que al realizarse la transferencia por el mismo propietario Raymundo Malfert Prieto, se tendría el mismo antecedente dominial, ya que en la sentencia y en el Auto de Vista no se habrían tomado en cuenta que el primer registro le correspondería al recurrente, considerando solo la falta de ubicación exacta del bien inmueble reclamado. Por consiguiente se aplicó erróneamente el art. 1545 del Código Civil, y si existía duda sobre la identidad del bien inmueble reclamado, las autoridades judiciales tenían la facultad de solicitar la prueba conducente.

2.- Manifestó el error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba: ya que el tribunal Ad quem no tomó en cuenta la certificación del Catastro Urbano, que indica la sobreposición en bien inmueble, motivo por el que no pudo aprobarse el plano y dicha prueba fue ofrecida para demostrar la ubicación exacta del inmueble y no así para cambiar aspectos de fondo en los títulos de propiedad; se valoró erróneamente la prueba de inspección judicial, ya que su finalidad era el reconocimiento del bien inmueble y su ubicación y no así la modificación de un título; que las testificaciones fueron generadas con la intención de demostrar la ubicación del inmueble, por lo que se las debió tomar en cuenta; con respecto a la prueba pericial manifestó que es una prueba fundamental, ya que existe duda sobre la ubicación del inmueble reclamando; arguyó que la confesión provocada hace plena prueba por determinar que el inmueble transferido corresponde al bien inmueble demandado; por último refirió que el garante de evicción a fs. 191 señaló que se transfirió el mismo inmueble a dos personas distintas, aspecto que es corroborado por las demás pruebas, de tal manera que se estableció la ubicación el inmueble.

3. Pugnó la violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la verdad material, puesto que se debió disponer la producción de prueba de oficio al tener el Tribunal Ad quem duda sobre la ubicación del inmueble y no así abocarse a fundamentar sobre una confusa narración de un proceso de divorcio.

Por cuanto pidió se conceda el recurso extraordinario de casación en el fondo, y en su consecuencia este Tribunal pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista impugnado.

De la respuesta al recurso de casación.

1. Señaló que el testimonio N° 8/92, no indica la ubicación exacta de los lotes adquiridos por el recurrente, tampoco que su ubicación fuera en la Av. Las Banderas esquina 23 de marzo, tal que adolece de establecer el lugar exacto u objeto de compra venta, en contrario sentido el título de propiedad de la demandada tendría especificaciones exactas, teniendo una superficie de 222.95 m2, lote N° 6, manzana N° 6, zona las “Lecherías”, el cual fue dividida por Auto Definitivo en el Juzgado de Partido Primero de Familia.

2. Replicó que el demandante no tuvo pacífica posesión, no obstante la recurrida tendría una posesión pacífica y continuada por más de 10 años, con registro en derechos reales,  y que cuenta con sus planos debidamente aprobados.

3. Manifestó que para la procedencia de una acción de mejor derecho de propiedad, estas deben cumplir con el requisito de precisar la ubicación exacta del predio, por lo que el Sr. Malfert al ser propietario de una cantidad inmensa de terrenos en la zona de las Lecherías, es que los compradores deben cerciorarse de la ubicación exacta. En tal cuestión la recurrida precisó que su testimonio N° 560/2004 indica la ubicación exacta y precisa de su lote de terreno.

4. Respecto a la errónea y aplicación indebida del art. 1545 del Código Civil, razonó que el título del recurrente adolece de datos, pues no especifica el lugar de la propiedad adquirida, siendo un defecto atribuible al demandante.

5. En relación a la correcta interpretación y valoración de la prueba, indicó que la sentencia cumple con lo normado en el art. 213 del Código Procesal Civil, que el plano sin ser aprobado por la institución municipal adolece de legalidad, y que el Auto de Vista no vulneró los derechos del recurrente.

6. En cuanto a la aplicación indebida del principio de verdad material, repelió indicando, que se tomaron en cuenta todos los elementos de prueba admitidos con relación a los arts. 1556 y 1455 del Código Civil, el actor no determinó la ubicación de sus lotes de terreno adquiridos, lo cual es una falta insubsanable, que no pueden ser modificados con prueba testifical, inspección o peritaje.  

Por lo que solicitó, se declare infundado el recurso de casación planteado, con condenación de costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Mejor derecho propietario.

En este tema debemos reiterar el Auto Supremo Nº 719/2016 de 28 de junio, que refirió: “Al respecto también debemos referir que la interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio, tendiente a establecer el origen del derecho propietario, criterio que fue asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, la misma que es adoptada por éste Tribunal Supremo, mediante el Auto Supremo Nro. 46 de 09 de febrero de 2011 que refiere”…como se precisó anteriormente, frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen…”.

“En cuanto a la aplicación errónea del art. 1545 el Código Civil, corresponde señalar que dicha norma tiene el siguiente texto: “(Preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble). Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título…”, sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”; la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o mas personas que aleguen ser propietarios de un  mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cual de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez,  para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”.

III.2. De la valoración de la prueba.

Al efecto el Auto Supremo Nº 585/2018 de 28 de junio reiteró: “José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia, señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.”

III.3. De la verdad material.

El Auto Supremo Nº 156/2017 de 20 de febrero, reiteró que: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales en procura de lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien.

… Ahora bien, en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al  Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales”.

Asimismo en el Auto Supremo Nº 22/2016 de 15 de enero se razonó lo siguiente: “Conforme el principio de verdad material u objetiva, la función jurisdiccional desarrollada y aplicada con plenitud, va mucho más allá de la verdad formal que subyace en la mera formalidad de la norma jurídica en la cual el Juez se constituye en un simple espectador de los acontecimientos que se suscitan en el proceso que lejos de contribuir, obstruye el efectivo surgimiento de la verdad del hecho controvertido en detrimento del objetivo primario de las autoridades jurisdiccionales, que debe ser la materialización de la justicia a través de un fallo en el que impere no solo la correcta aplicación de la norma, sino por sobre todo el logro de la justicia, en ese entendido, el proceso no puede ser conducido en términos puramente formales, sino que debe encaminarse al establecimiento de la denominada verdad jurídica objetiva (real) como esencia de la justicia”. 

III.4. Citación de evicción.

En este punto conforme a la sustanciación del proceso caber referirnos a los arts. 76, 77 y 78 del Código de Procedimiento Civil abrogado, donde refiere que: “(Notificación) El garante de evicción será citado en forma y con plazos iguales a los establecidos para el demandado y deberá asumir la defensa dentro del término de la contestación. Correrá a cargo del demandado activar las diligencias necesarias para el conocimiento del citado, bajo conminatoria legal.

… (Abstención y tardanza del citado). I. Si el citado no compareciere o habiendo comparecido no asumiere defensa, el juicio proseguirá con quien pidió la citación, salvos los derechos de éste contra aquél.

II. Si el citado se presentare tomará la causa en el estado en que ella se encontrare. En la contestación podrá oponer las excepciones que no hubieren sido opuestas como previas.

… (Defensa por el citado). Si el citado de evicción asumiere la defensa podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte.”

Entonces el citado por evicción en el proceso es considerado como litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades que este, al respecto está facultado para actuar dentro del proceso ya sea actuando juntamente con el citante o actuar separadamente, con los mismos derechos y deberes del citante.

En este punto nuestra normativa adjetiva actual dispone en el art. 58 lo siguiente: “I. Tratándose de pretensiones en las que se discuta la titularidad de un derecho adquirido de forma onerosa, la parte demandada, a tiempo de contestar, podrá pedir se cite de evicción a su causante.”

Con todo ello es preciso señalar el Auto Supremo N° 526/2016 de 16 de mayo 2016 referente al litisconsorcio, en el que señaló: “En el ámbito doctrinario, podemos citar al tratadista Enrique Lino Palacio en su obra “Derecho Procesal Civil” Tomo III, indica que: “El litisconsorcio es facultativo cuando su constitución obedece a la libre y espontánea voluntad de las partes, y es necesario cuando la pluralizada de sujetos se halla impuesta por la ley o por la naturaleza de la relación o situación jurídica que constituye la causa de la pretensión procesal”, ampliando el criterio referido manifiesta: “Existe litisconsorcio necesario cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas, o frente a varias personas, o, simultáneamente, por o frente a varias personas” (lo subrayado es nuestro).

En cuanto al litisconsorcio facultativo, indica que éste, “…se caracteriza por el hecho de responder a la libre y espontánea voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Por lo tanto, no viene impuesto por la ley o por la naturaleza de la situación jurídica controvertida, sino que se halla autorizado por razones de economía procesal y de certeza en la aplicación del derecho, es decir, respectivamente, sea para evitar la dispersión de la actividad procesal o el pronunciamiento de sentencias contradictorias”. Asimismo Couture define al litisconsorcio como: “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litisconsors” (litis, conflicto; con, junto; y sos, junto)”. 

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Conforme a las acusaciones planteadas por el recurrente, se tiene en su primer punto la aplicación indebida del art. 1545 del Código Civil generada por el error de derecho y hecho en la apreciación mencionada en su punto dos, toda vez que se habría demostrado la ubicación exacta del inmueble.

a) Tomando en cuenta la acción real que se encuentra establecida  por el art. 1545 del CC., y conforme la doctrina aplicable establecida en el punto III.1, tenemos tanto el título del actor materializado en el Testimonio Nº 8/92 de 16 de enero a fs. 5  y vta., registrada en Derechos Reales el 06 de febrero de 1992, como el título de los demandados cuya procedencia es del Testimonio Nº 560/2004 de 12 de noviembre de fs. 74 a 75, inscrito en Derechos Reales el 02 de diciembre de 2004; asimismo, se constata que emergen de un mismo vendedor (Raymundo Malfert Prieto), por lo que se demostró que ambos títulos provienen de un mismo propietario. Ahora, en cuanto a singularidad del bien en litigio que se demanda se advierte que el actor pretende la declaratoria de mejor derecho de propiedad de una superficie de 222.95 m2 y demás datos consignados en la matrícula N° 5.01.1.01.0004960 cursante a fs. 77, cual coincidiría en forma parcial con la matrícula N° 5.01.1.04.0002641, empero esta con superficie de 600 m2 registrada a nombre del actor. Por tal razón corresponde analizar tal acusación.

b) El principio de verdad material gira en torno a que los jueces y tribunales de grado deben realizar una reconstrucción de la realidad de los hechos y las circunstancias, para ello, deben dar prevalencia a la verdad antes que a los ritualismos, de tal manera que al cotejar cada una de las pruebas admitidas y producidas en el proceso, las mismas deben estar en sincronía a momento de dictar una resolución judicial, de modo que cabe analizar el error de hecho y derecho manifestado en el punto 2 por el recurrente.

Ahora bien, de la revisión de obrados tenemos el plano con timbres del Gobierno Municipal de Potosí y sello de la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano a nombre de Tomas Alberto Vargas Anze y Sofia Menacho Huallpa de Vargas  a fs. 10, misma fue reflejada por el Testimonio Nº 8/92 de 16 de enero a fs. 5 y vta. que describe como antecedente dominial a la Ptda. Nº 1.061, Folio 498 de 16 de octubre de 1984 y el Testimonio Nº 560/2004, que corresponde a Alberto Vargas Menacho y Roxana Sunagua Fonseca de Vargas, que también describe como antecedente dominial a la Partida Nº 1.061, Folio 498 de 16 de octubre de 1984, con lo que se constata que ambos títulos emergen de un mismo vendedor (Raymundo Malfert Prieto), estando demostrado que ambos títulos provienen de un mismo propietario, por lo que se debe tener presente la previsión normativa que concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, tales circunstancias han sido corroboradas por la declaración del garante de evicción y vendedor de la propiedad a ambos contendientes de fs. 191 a 192 conforme a la doctrina III.4, en el que señaló “… que suscriba NUEVA MINUTA DE TRASFERENCIA, sobre los mismos lotes de terreno,… ME PIDE QUE, transfiera un lote de terreno de, 222.95 metros cuadrados, de terreno en favor de su hijo y su esposa Roxana Sunagua Fonseca de Vargas, señalando que esta compra sería consignada como anticipo de legítima, toda vez que simulada la venta en favor de su hijo y su esposa, los verdaderos fueron Tomás Alberto Vargas Anze… ”, la declaración del vendedor permite establecer que la transferencia efectuada en los dos testimonios antes descritos, fueron sobre la misma superficie, por otra parte la certificación de la Dirección del Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a fs. 137, hizo referencia a la solicitud de Tomás Alberto Vargas Anze y Sofía Menacho Huallpa refirió que con el terreno de Alberto Vargas Menacho, Cesar Vargas Menacho y Ruddy Vargas Menacho existe sobreposición respecto al inmueble ubicado en la Av. Circunvalación zona las Delicias.

Entonces del cotejo probatorio en su conjunto, conforme a la doctrina III.2 y III.3 se logra establecer que se trata de un mismo bien inmueble que coincide en una superficie parcial de 222.95 m2 y demás datos insertos en la matrícula N° 5.01.1.01.0004960 a fs. 77, por cuanto, el entendimiento asumido por el Tribunal de apelación en sentido de que no se habría demostrado la singularidad del bien en litigio resulta ser inconsistente por no considerar de manera suficiente la declaración del garante de evicción de fs. 191 a 192 y certificación de la Dirección del Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a fs. 137, aspecto que corresponde ser enmendado.

c) Asimismo en consideración al principio de verdad material, el Tribunal Ad quem al indicar a fs. 331, in fine que: “Correspondía en todo caso a la parte demandante, previo a la interposición de la presente demanda lograr insertar en su título propietario la ubicación exacta de su bien”, este resulta ser un despropósito por cuanto se tiene en obrados una certificación de la Dirección del Catastro y Desarrollo Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí a fs. 137, en el que certifica la existencia de una sobreposición en la Av. Circunvalación zona las Delicias, motivo por el que el recurrente alegó no contar con el plano aprobado y por ende la falta de inserción de datos en su matrícula, un razonamiento contrario implica una exigencia excesiva y vulneraría el principio a la tutela judicial efectiva. Por lo que correspondía tomar en cuenta la certificación mencionada.

Bajo el fundamento expuesto será pertinente acoger la pretensión del actor, en consideración a que la propiedad litigada corresponde a la misma área de terreno, por consiguiente la fecha de inscripción del actor data de la gestión 1992, a diferencia de los demandados que fue realizado el año 2004, siendo aplicable el mejor derecho de propiedad conforme al art. 1545 del Código Civil.

De la respuesta al recurso de casación.

La demandada debe tener presente que respecto a la venta realizada a su favor, como se explicó a tiempo de responder a su recurso de casación, se pudo establecer que lo pretendido por el recurrente coincide con el título de la demandada en una superficie parcial de 222.95 m2 y demás datos insertos en la matricula N° 5.01.1.01.0004960, por lo que se estableció la singularidad reclamada.

Por otro lado, en cuanto a la réplica que el demandante no tuvo pacífica posesión, y que la recurrida tendría una posesión pacífica y continuada por más de 10 años, con registro en derechos reales y contar con sus planos aprobados, aspecto que no aconteció en la presente causa, en vista que el recurrente no planteó la usucapión.

Al existir el llamamiento al vendedor por evicción y por consiguiente la respuesta del vendedor Raymundo Malfert Prieto de fs. 191 a 192, es que se salvan los derechos emergentes por la evicción del bien inmueble.

Por los motivos expuestos corresponde dictar resolución conforme determina el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código de Procesal Civil, CASA el Auto de Vista No. 84/2018 de 04 de diciembre, cursante de fs. 328 a 332 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, y deliberando en el fondo declara PROBADA la pretensión de mejor derecho propietario sobre el bien inmueble con superficie de 222.95 m2, matricula N° 5.01.1.01.0004960 a favor de Tomas Alberto Vargas Anze.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Se regula honorario del profesional abogado que planteó el recurso en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivanos).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.