TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 238 /2019

Sucre: 08 de marzo de  2019

Expediente: LP 95-18 S

Partes: María Norka Soto de Asturizaga c/Enrique Ramón Ross Mollinedo

Proceso: Usucapión quinquenal u ordinaria

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 787 a 793, interpuesto por María Norka Soto de Asturizaga, impugnando el Auto de Vista Nº 53/2018 pronunciado el 15 de febrero, por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante de fs. 766 a 770, dentro del proceso ordinario de usucapión quinquenal seguido por la recurrente contra Enrique Ramón Ross Mollinedo,  la respuesta al recurso de fs. 795 a 796 vta., el Auto de concesión de fs. 797; Auto Supremo de Admisión 770/2018-RA de fs. 801 a 802, y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1.- María Norka Soto de Asturizaga, mediante memoriales de fs. 21 a 23, subsanado a fs. 44, interpuso demanda de usucapión ordinaria y cancelación de asiento propietario, una vez citado el demandado Enrique Ramón Ross                             Mollinedo, respondió negativamente, deduciendo demanda reconvencional de reivindicación a fs. 207 a 213, habiendo la Juez Quinto de Partido en lo Civil Comercial de La Paz, pronunciado la Sentencia Nº 647/2015 de 4 de diciembre cursante de fs. 648 a 657, declarando IMPROBADA la demanda principal y PROBADA la demanda reconvencional, disponiendo que María Norka Soto de Asturizaga en el plazo de 3 días  de ejecutoriada la Sentencia entregue el inmueble en cuestión a Enrique Ramón Ross Mollinedo; bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento, sentencia que fue complementada mediante Auto de fs. 660 vta.

2.- La demandante dedujo recurso de apelación en los términos del memorial de fs. 662 a 669, que fue resuelto mediante Auto de Vista Nº 361/2016 de 21 de julio  pronunciado  por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que CONFIRMÓ, la sentencia así como el auto complementario de fs. 660 y vta.

3.- La demandante contra la Resolución antedicha dedujo recurso de casación (fs. 717 a 722), que previa la admisión correspondiente, mereció el Auto Supremo 1254/2017 de 4 de diciembre que ANULÓ el Auto de Vista recurrido, disponiendo que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil, en virtud a que no existió pronunciamiento puntual sobre los puntos reclamados en apelación a cuya consecuencia, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 53/2018 de 15 de febrero (fs. 766 a 770) que CONFIRMÓ la Resolución de primer grado y Auto Complementario, bajo los siguientes argumentos principales: a) Para la procedencia de la usucapión quinquenal debe cumplirse con cuatro requisitos: justo título, buena fe, posesión continuada y transcurso del tiempo, si falta cualquiera de estos requisitos no es admisible la usucapión ordinaria; b) Según el art. 1503 del Código Civil para que proceda la interrupción de la prescripción deben concurrir tres requisitos: debe ser deducido ante un órgano judicial, debe demostrarse inequívocamente la voluntad de ejercer el derecho de propiedad y oponerse a la posesión del poseedor, debe notificarse a quién se quiere impedir que prescriba; de tal manera que “produce la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, toda acción, toda petición que se hace valer ante los Tribunales encaminada a resguardar un derecho amagado, manifestándose clara la voluntad del actor o peticionario de conservarlo y no abandonarlo”; c) En materia de prescripción existen supuestos normados por la ley que determinan la ineficacia de la interrupción de la prescripción como los establecidos en el art. 1504 del Código Civil, por lo que este término sigue corriendo, estos hechos son: si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad, si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia y si el demandado es absuelto en la demanda; d) La demandante no demostró en el proceso que ignoraba que el vendedor del inmueble no era el propietario del inmueble, conocía que el inmueble se encontraba en litigio, en suma, no cumplió con los presupuestos exigidos para determinar una usucapión quinquenal, e) La demandante presenta como justo título la Escritura Pública Nº 495/2006  de 15 de octubre, presumiéndose la buena fe. Desde el momento de la inscripción del título en Derechos Reales, 27 de octubre de 2006 hasta la presentación de la demanda, 14 de diciembre de 2011, transcurrieron cinco años y dos meses, lo que evidencia el transcurso del tiempo para la usucapión ordinaria, empero, si bien se demostró la posesión continuada sobre el inmueble, no se demostró que esta fue pacífica, pues existió contratación de servicios de seguridad privada OSIVEG para ingresar al inmueble por medio del vendedor Miguel Flores Segales, en beneficio de la compradora.

4.- Contra el Auto de Vista descrito, la demandante dedujo recurso de casación que discurre de fs. 787 a 793.,  que fue admitido por Auto Supremo Nº 770/2018-RA de 8 de agosto, motivando así la presente resolución.


CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACION Y SU CONTESTACION


La demandante dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo.

En la forma.-

Denunció infracción de los arts. 134, 1287, 1542 numeral 1) y 1547.I del Código Civil, incurriendo en error de hecho en la valoración del tracto sucesivo del folio real 2.01.0.99.00.88424.

También denunció que no se observó la disposición del art. 17.1 de la Ley del Órgano Judicial en virtud a que en alzada no se revisaron actuaciones procesales, pues, en el devenir del proceso se demostró la titularidad de dominio, demostrando el tiempo transcurrido que hacía procedente la usucapión demandada infringiendo los arts. 1438, 1540, 1541 del Código Civil, así como el art. 4 del DS Nº 27957, como tampoco se dio cumplimiento al Auto Supremo Nº 1254/2017 de 4 de diciembre, siendo el Auto de Vista recurrido contradictorio a dicha resolución.

Refirió que principalmente este recurso se funda en la transgresión al art. 265.I de la Ley Nº 439, norma que dispone que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y fundamentación.

En el fondo.-

Acusó que la resolución recurrida asumió una decisión de hecho y no de derecho, en vista que confirmó la sentencia cuando lo que correspondía era revocarla, no habiendo sido considerada la Escritura Pública Nº 495/2006 por la que adquirió de buena fe el inmueble en cuestión, transgrediendo con ello los arts. 134 y 1543 del Código Civil.

Finalmente refirió que tampoco se tomó decisión de derecho respecto a la demanda reconvencional, habida cuenta que el demandado sin poseer título pretendió la reivindicación del inmueble motivo de la litis.

Petitorio.

Solicitó se pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista impugnado y en el fondo se declare probada la demanda e improbada la demanda reconvencional con costas y costos.

II.1. De la respuesta al recurso de casación.

El demandado a través de su representante, mediante memorial de fs. 795 a 796 vta., dio respuesta al recurso en estudio, resaltando en lo principal:

Que la demandante no adquirió el inmueble de buena fe porque tenía conocimiento que el inmueble se encontraba en litigio, pues, prestó su declaración informativa antes que ocurriera la compra en la querella criminal que interpuso contras Enrique Miguel Flores Segales, no habiendo planteado contra éste ninguna acción Penal ni Civil, porque tenía certeza que su transferente no era el verdadero titular del bien inmueble, no habiendo hecho uso de la garantía de evicción y saneamiento.

Indicó que la Escritura Pública Nº 495/2006 de compra venta del bien inmueble es posterior a la resolución Nº 388/2006 emitida por el Juez Tercero de Partido en lo Civil que declaró la nulidad de la Escritura Pública Nº 1079/2005 de Enrique Miguel Flores Segales, a más de que la buena fe de la compradora desaparece cuando adquiere el inmueble bajo la modalidad de venta con pacto de rescate.

En relación con la posesión pacífica y pública e ininterrumpida que alega la demandante, señaló que ésta no existió, pues compradora y vendedora contrataron los servicios de una empresa de seguridad física para tomar por la fuerza y violentamente la posesión del bien inmueble, habida cuenta que el supuesto vendedor no contaba siquiera con la llave de ingreso del inmueble, es más, en uso de su legítimo derecho propietario, ejerció acciones contra la demandante procediendo a pintar en distintas ocasiones el frontis del inmueble de su propiedad.

Indicó que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anuló los supuestos pagos de impuestos municipales, el certificado catastral y el plano de construcción por irregularidades presentadas en los mismos.

Manifestó que la demandada tiene conocimiento que su inscripción en el Folio Real se encuentra observada en Derechos Reales por lo que su tracto sucesivo no se encontraría en orden como manifiesta.

Finalmente, adujo que el recurso de casación carece de fundamentación jurídica reclamando aspectos que ya fueron resueltos en el recurso de apelación, aclarando expresamente que la resolución impugnada cumplió a cabalidad con el Auto Supremo 1254/2017.

Petitorio.

El demandado solicitó se rechace el recurso con imposición de costas.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA  APLICABLE AL CASO


III.1. De la naturaleza de la usucapión ordinaria o quinquenal

A fin de un mejor entendimiento respecto al tema, citaremos el Auto Supremo 656/2015  de 12 de agosto en el que se señaló “Este Tribunal Supremo considera necesario recurrir al Auto Supremo Nº 377 del 3 de noviembre de 2010 en el cual se razonó que: “…la usucapión quinquenal u ordinaria, se produce cuando en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad, se adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es el dueño, cumple usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. La usucapión quinquenal u ordinaria, prevista en el art. 134 del Código Civil, supone la comprobación judicial de cuatro requisitos, esto es, justo título, buena fe, posesión continuada y transcurso del tiempo.” Por su parte el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Nº 0773/2011-R de fecha 20 de mayo del mismo año, estableció que: “…la usucapión en nuestro país constituye una forma de adquirir la propiedad mediante la posesión pacífica y continuada por el tiempo que la ley señala. Así, cuando la persona adquiere de buena fe un inmueble en virtud de título idóneo, de alguien que no es el propietario, y posee el mismo durante cinco años, desde la inscripción del título, puede adquirir la propiedad a través de la usucapión denominada ordinaria”.

Por su parte la doctrina con referencia a la buena fe y el justo título estableció que, el primero consiste en la creencia del usucapiente de no haber actuado en contra de la norma existente y se basa en la convicción de que la persona de quien se recibió la cosa era dueña de ella y podía trasmitir su dominio; el segundo entendido como al título traslativo del derecho real, de la misma forma con referencia al justo título, Guillermo A. Borda indica: “Se llama justo título aquel que es suficiente para la transmisión del dominio y que realmente lo hubiera transmitido de haber sido el transmitente el verdadero propietario del inmueble. Es decir, se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a punto tal que de haber emanado del verdadero propietario, la transmisión sería perfecta y no se plantearía ya la cuestión de la prescripción porque bastaría con ese título para adquirir el dominio…”

III.2. Del error de hecho y error de derecho

Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro.

En cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

III.3. De la valoración de la prueba

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen  puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.  

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia el Auto Supremo N° 240/2015 orienta que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta Tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

El Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, ha señalado que: “…se ha establecido por este Alto Tribunal que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

Por otra parte el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales ha señalado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana critica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

III.4. Del principio de congruencia y el art. 265-I del Código Procesal Civil

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265-I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el Tribunal A quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…”.

Así mismo y ahonda un poco más en la incongruencia omisiva, es menester señalar que el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre la pasible omisión en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso.”.

Continuando, es importante considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derechos constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


A efecto de resolver el recurso en estudio, dentro del marco establecido por el Auto de Vista  recurrido, los fundamentos del recurso y la doctrina legal aplicable al caso de autos, se hacen necesarias las siguientes consideraciones:

En la forma.-

Básicamente denunció lo siguiente: a) infracción de los arts. 134, 1287, 1542 numeral 1) y 1547.I del Código Civil, incurriendo en error de hecho en la valoración del tracto sucesivo del folio real 2.01.0.99.00.88424, b) que no se observó la disposición del art. 17.1 de la Ley del Órgano Judicial en virtud a la existencia de actuaciones procesales que acarrearían nulidad, c) se demostró la titularidad de dominio, demostrando el tiempo transcurrido que hacía procedente la usucapión, al no tomarse en cuenta se infringió los arts. 1438, 1540, 1541 del Código Civil, así como el art. 4 del DS Nº 27957, como tampoco se dio cumplimiento al Auto Supremo 1254/2017 de 4 de diciembre, siendo el Auto de Vista recurrido contradictorio a dicha resolución por lo que se transgredió el art. 265.I de la Ley Nº 439, norma que dispone que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de apelación y fundamentación.

En el fondo.-

Acusó que la resolución recurrida asumió una decisión de hecho y no de derecho, en vista que confirmó la sentencia cuando lo que correspondía era revocarla, no habiendo sido considerada la Escritura Pública Nº 495/2006 por la que adquirió de buena fe el inmueble en cuestión, transgrediendo con ello los arts. 134 y 1543 del Código Civil y que no se tomó decisión de derecho respecto a la demanda reconvencional, habida cuenta que el demandado sin poseer título pretendió la reivindicación del inmueble motivo de la litis.

Planteado así el recurso en análisis, sin duda se evidencia que el mismo es carente de toda técnica recursiva, pues,  evidentemente, señala las normas que a criterio de la recurrente hubiesen sido transgredidas por el Tribunal de alzada, más no cumple con la exigencia de referir de qué manera fueron transgredidas o en qué forma afectan sus derechos, la recurrente en ningún momento señala en que consiste la transgresión que denuncia ni de qué manera afecta su derecho, por lo que resulta importante puntualizar que, dicho recurso se asimila a una demanda nueva de puro derecho, cuyo contenido debe contar con los requisitos establecidos en el núm. 3,  parágrafo I del art. 274 de la Ley Nº 439; que a la letra dice: “Expresar, con claridad y precisión, la Ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo en la forma o en ambos”, es decir, no resulta suficiente la simple mención de que la resolución recurrida transgredió determinada disposición legal o principio procesal, sino que necesariamente el recurrente debe demostrar en que consiste la infracción acusada, más aun si con la interposición del recurso de casación en la forma lo que se pretende es lograr la nulidad de la resolución recurrida por infracción manifiesta a determinada disposición legal.

Ante la deficiencia del recurso, este Tribunal, procederá a responder y fundar la decisión dando una sola respuesta al recurso en análisis sin distingos de si fue presentado en la forma o en el fondo.

Al fin antes indicado se tiene que la demandante, actual recurrente demanda la usucapión quinquenal del inmueble objeto de la litis, aduciendo en lo principal que se constituyó en adquirente de buena fe, considerando que su entonces vendedor Enrique Miguel Flores Segales, era el verdadero propietario del inmueble sito en el  lote del terreno Nº 3 manzana Nº 1, playón de Irpavi con una extensión de 300 m2, adquirido a través de la Escritura Pública Nº 495/2006 de 15 de octubre (fs. 1 a 3), inscribiendo esta transferencia el  27 de octubre de 2006 (fs. 4  vta.), compra venta efectuada bajo la modalidad de “venta con pacto de rescate”, cuyo derecho propietario del vendedor deviene de un anterior acto de compra-venta efectuada con su anterior propietario, Enrique Ramón Ross Mollinedo, demandado en el caso de autos, mediante Escritura Pública 1079/2005 de 18 de mayo.

Sin embargo, el demandado, aduce que jamás transfirió el inmueble de su propiedad a favor del vendedor  Enrique Miguel Flores Segales,  quién procedió a falsificar su firmas en el documento de compra venta que consta en la Escritura Pública 1079/2005 de 18 de mayo, por lo que siguió un proceso de nulidad y cancelación de dicha escritura pública, ante el Juzgado Tercero de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, pronunciándose el 16 de agosto de 2006 sentencia que declaró probada la demanda, disponiendo la nulidad de dicha Escritura Pública, y la cancelación del Asiento A-2 de la Matrícula Nº 2010990088424 (fs. 202 a 206 vta.), siendo confirmada por Auto de Vista de 18 de septiembre de 2007 (fs. 197 a 198 vta.), resoluciones en cuya virtud se procedió a la cancelación del registro y certificado catastral a nombre de la demandante efectuado ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (fs. 48-51).

En suma, la supuesta venta efectuada por el actual demandado a favor del vendedor de la demandante fue declarada nula al haberse probado la falsificación de la firma de Enrique Ramón Ross Mollinedo, por lo que, tal vendedor a momento de la venta efectuada a la demandante, carecía de derecho propietario o de titularidad sobre el inmueble materia de autos, transfiriendo el inmueble con total conocimiento de las resoluciones judiciales anteriores a la fecha de la venta con pacto de rescate efectuada a favor de Maria Norka Soto de Asturizaga.

Ahora bien, considerando la naturaleza de la acción demandada como es la usucapión quinquenal u ordinaria, conforme se señaló en el apartado III.1, de la presente resolución, la usucapión quinquenal u ordinaria, prevista en el art. 134 del Código Civil, supone la comprobación judicial de cuatro requisitos a saber: a) justo título, b) buena fe, c) posesión continuada, d) transcurso del tiempo.

Siendo la “Usucapión” una forma de adquirir la propiedad mediante la posesión, doctrinalmente se ha establecido que esta posesión debe ser además pacífica y continuada por el tiempo que la ley señala, para el caso de autos, el art. 134 del Código Civil establece el tiempo de cinco años de posesión continua para que se opere la usucapión quinquenal u ordinaria.

En la liltis, los jueces de grado en base a la prueba ofrecida y producida por las partes determinaron que, una vez producido el acto de la compra venta con pacto de rescate, el ingreso de la demandante fue con ayuda del servicio de seguridad privada conforme la documental de descargo de fs. 56, cuando el demandado se encontraba en posesión del inmueble en cuyo frontis se encontraban letreros de “Propiedad Familia Ross”, “En juicio” (fs. 89 a 94), extremos que llevan a afirmar que la demandante no cumplió con el requisito de la pacífica posesión del bien inmueble, motivo suficiente para determinar que, ante la falta de uno solo de los requisitos para la procedencia de la usucapión, no procede la misma, aun así se hubiese cumplido con los otros tres requisitos de justo título, buena fe y transcurso de tiempo.

No debe perderse de vista que, los jueces de instancia pronunciaron sus resoluciones considerando el principio de la unidad de la prueba, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, es decir las pruebas fueron apreciadas en su conjunto asignándoles el valor que la ley les otorga y bajo los postulados de la sana crítica, así mismo se cumplió con el principio de la comunidad de la prueba, que establece que la prueba no pertenece a quien la propone y produce.

A mayor abundamiento, de la revisión de la resolución recurrida se llega a la conclusión que la misma cumplió a cabalidad con los postulados establecidos en el Auto Supremo Nº 1254/2017 que anuló el primer Auto de Vista y conminó al Ad quem al cumplimiento del art. 265.I del Código Procesal Civil, es decir, que la resolución de segundo grado se circunscribió a los puntos resueltos por el A quo y fueron impugnados mediante el recurso de apelación, no siendo evidente el incumplimiento denunciado por la recurrente, pues, contiene el debido análisis y justificación de las normas legales aplicadas por el Ad quem.

Finalmente, resulta evidente la denuncia de la recurrente en sentido que en alzada nada se dijo sobre el reclamo contenido en el recurso de apelación en sentido que la recurrente demostró la inviabilidad de la acción reconvencional de reivindicación ante la falta de titularidad del reconviniente (fs. 792 y vta.), por lo que corresponde a este Tribunal responder a este reclamo manifestando que la demandante no posee razón cuando afirma que la acción reivindicatoria no procedería ante la falta de titularidad del reconviniente, pues, tal extremo no resulta evidente, habida cuenta que el demandado logró la nulidad de la supuesta venta realizada al vendedor de la demandante, restableciendo su derecho propietario y la inscripción del mismo en la partida correspondiente de Derechos Reales ante la nulidad también del registro de la venta declarada nula, consecuentemente, reivindica su derecho propietario de la demandante con título idóneo que demuestra su derecho propietario.

En relación a la respuesta del recurso.

Cuando el demandado refiere que la demandante no adquirió el inmueble de buena fe porque tenía conocimiento que el inmueble se encontraba en litigio, pues, prestó su declaración informativa antes que ocurriera la compra en la querella criminal que interpuso contras Enrique Miguel Flores Segales, corresponde manifestar que esto no es evidente, pues efectivamente la demandada presta declaraciones informativas policiales en fecha 14 de mayo de 2008 (fs. 101 a 102), fecha posterior a la venta ocurrida en octubre de 2006, empero este hecho no enerva la pretensión de a demandante.

En relación a que la Escritura Pública Nº 495/2006 de compra venta del bien inmueble es posterior a la Resolución Nº 388/2006 emitida por el Juez Tercero de Partido en lo Civil que declaró la nulidad de la Escritura Pública Nº 1079/2005 de Enrique Miguel Flores Segales, corresponde otorgar razón al demandado, en virtud a que, como se ha manifestado en la presente resolución, la venta con acto de rescate fue efectuada en fecha posterior a la sentencia indicada. Así reconoció este Tribunal.

En relación a la posesión pacífica y pública e ininterrumpida que alega la demandante, también se ha fundamentado en la presente resolución que esta no fue evidente, faltando este requisito para que la demanda encuentre mérito.

Es evidente que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anuló los  pagos de impuestos municipales, el certificado catastral y el plano de construcción en cumplimiento de la Resolución  Nº 388/2006 emitida por el Juez Tercero de Partido en lo Civil, así se ha reconocido en el presente fallo.

Así mismo, en la presente resolución se ha expresado que el Auto de Vista recurrido se pronunció precisamente cumpliendo con el Auto Supremo Nº 1254/2017

Por lo manifestado corresponde resolver el recurso de casación en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil por lo que, el recurso en cuestión deviene en infundado.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 787 a 793, interpuesto por María Norka Soto de Asturizaga, impugnando el Auto de Vista 53/2018 pronunciado el 15 de febrero, por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrado Marco Ernesto Jaimes Molina.