TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 237/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente: CH-42-16-S.

Partes: Mario Saavedra Vidaurre y otros. c/ Gregorio Saavedra Barrón y    

            otros.  

Proceso: Nulidad de anticipo de legítima y otros.  

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1757 a 1762, interpuesto por Enrique Yucra Flores y Petrona Cáceres Vargas, contra del Auto de Vista de 06 de abril de 2016, que cursa de fs. 1749 a 1752 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de nulidad de anticipo de legítima  y otros, seguido Mario Saveedra Vidaurre y otros contra Gregorio Saavedra Barrón y otros, la concesión de fs. 1833, la SCP  310/201-S3 de 30 de mayo, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Mario Saavedra Vidaurre y otros, plantearon demanda de nulidad de anticipo de legítima  y de transferencias, la cual dirigió, entre otros, contra Enrique Yucra Flores y Petrona Cáceres, quienes interpusieron demanda reconvencional de usucapión quinquenal, desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 180/2015 de 23 de octubre de fs. 1535 a 1542 vta., donde el Juez de Partido Primero de Familia de la ciudad de Sucre, declaró IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión ordinaria de fs. 157 a 161 planteada por el Sr. Enrique Yucra Flores y la acción reconvencional interpuesta por Petrona Cáceres Vargas de Yucra de fs. 168 de obrados.

Resolución de primera instancia que fue impugnada por Enrique Yucra Flores, por medio de su escrito de fs. 1566 a 1577 vta., mereciendo el Auto de Vista de fecha 06 de abril de 2016 de fs. 1749 a 1752 vta., por el cual CONFIRMÓ íntegramente la Sentencia Nº 180/2015, exponiendo como argumentación jurídica los siguientes extremos:

Que en este tipo de causas el elemento -principal es la buena fe-, y en el caso de autos quien transfirió el derecho propietario del inmueble sito en la calle Guardia Zona de Alto, San Juanillo es Martha Saavedra Vidaurre, pero por la prueba aportada durante la sustanciación del proceso se acreditó que la nombrada no era propietaria del terreno transferido, comprobación que emerge de un proceso ordinario de nulidad sustanciado ante otro despacho juridicial, cuya sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo visible de fs. 839 a 858, y esta última resolución después de una exposición del derecho aplicable al recurso de puro derecho, Casa parcialmente, declarando improbada la tipificación de nulidad contenida en los numerales 1) y 3) del art. 549 del CC., manteniendo la nulidad de los actos jurídicos calificados por el Juez de primera instancia. De los citados antecedentes acaecidos concluye que la buena fe alegada por el apelante sobre el inmueble que pretende usucapir ha sido afectada con la ilicitud declara, desapareciendo de esta manera la buena fe, por la declaratoria de nulidad por ilicitud; consiguientemente la falta de este requisito hace inviable la procedencia de la usucapión por mucho que exista la posesión por el tiempo fijado por ley.

Resolución contra la cual, Enrique Yucra Flores y Petrona Vargas interpusieron recurso de casación de fs. 291 a 295, para el presente caso corresponde dar aplicación a la SCP  310/201-S3 de 30 de mayo, recurso y resolución que serán analizados.

CONSIDERNADO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 134, con relación a los arts. 87, 93 y 110 todos del Código Civil.

Haciendo referencia a la citadas normativas alega que le Auto de Vista vulneró y contradice lo establecido por el art. 93 del Código Civil, pues para este tipo de casos  únicamente se deberá tomar como parámetro la fe inicial, al momento en que se libró o suscribió el contrato y no los hechos posteriores, o lo que es lo mismo el convencimiento pleno, de que se adquiere el predio suponiendo que quien lo vende o transfiere era su dueño o propietario al momento de firmar la venta y no después, de la misma forma expresa que la legislación comparada comparte ese criterio, en base a todo ese argumento alega que el Auto de Vista ha incurrido en error de interpretación y de aplicación, porque la compra efectuada por Enrique Yucra Flores y su esposa Petrona Cáceres del inmueble objeto de litis, fue el año 2003 y su registro fue el mismo año, entonces ese es el único fundamento fáctico que debió ser considerado como inicio de su buena fe o creencia, de que su vendedora Martha Saavedra Vidaurre era la legítima  propietaria a los efectos de aplicar la usucapión quinquenal conforme manda el art. 134 del CC,  y no la errada creencia que la nulidad dispuesta en el proceso eliminaba el justo título y la buena fe, después de haber trascurrido más de 10 y 11 años de su posesión.

Que, la Escritura Pública Nº 210/2003, es inherente a una transferencia a título oneroso de un inmueble ubicado en la calle Mataral s/n, marcado con la letra “A-2”, con una superficie de 150 m2, instrumento que fue registrado en Derechos Reales el mismo año, entonces en aplicación del art. 134, con relación a los arts. 110, 87 y especialmente 93.III todos del sustantivo civil, el Auto de Vista debió tomar como parámetro de buena fe inicial, la suscripción del contrato celebrado a su favor.

En base a dichos fundamentos solicita en definitiva casar el fallo de segunda instancia y declarar probada la acción reconvencional.

De las respuestas al recurso de casación.

1. Contestación al recurso de casación (fs. 1820 a 1823).

José Luis Saavedra, contesta al recurso de casación refiriendo que no es viable la usucapión quinquenal cuando el inmueble siempre ha estado en litigio desde el momento de la compra, máxime, si  los esposos han sido denunciados por falsedad ideológica, y al existir dentro del trámite muchas irregularidades no puede existir buena fe, ya que para el desapoderamiento utilizaron el plano falsificado, el F-02 Nº 4929, siendo injustamente desalojados el 2005 y posteriormente fue interrumpido con las tercerías.

Que los demandados utilizaron la Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo que declara la nulidad de los documentos que es utilizado por los esposos Yucra-Caceres, y presentaron esos medios de prueba ante el juez de instrucción en lo penal, con el fin de extinguir el proceso, en aplicación del efecto retroactivo, es por ello que el juez en lo penal dispuso el archivo de obrados.

Además, hace notar que no se cumplen otros requisitos, pues si bien inscribió su título el año 2003, entraron en posesión desde el 2005 mediante un desapoderamiento, y después el 2009 como les iban a desapoderar del otro bien presentaron varios incidentes, es decir que hubo varias interrupciones.


2. Contestación al recurso de casación (fs. 1824 a 1827 vta.)

Expresa que el Auto de Vista es una decisión sólida, fundamentada, siendo coherente y consistente, pues la merituada decisión contiene una base fáctica y jurídica identificando correctamente el fondo de la problemática.

El recurso de casación no cumple con los requisitos mínimos establecidos por ley, no cita el folio donde se encuentra el Auto de Vista, asimismo no expresa en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, ni especifica en que consiste la falsedad o error.

Señala que su posesión es ilegal e injusta y la misma fue interrumpida al ser notificados con la tercería de su hermana Gladys Saavedra el 2009 no habiendo cumplido con los cinco años exigidos por ley.

Que al momento de dictar el auto supremo el título idóneo Escritura Pública Nº 210/2003, fue objeto de nulidad dentro el proceso incoado por su persona contra los recurrentes, en consecuencia, no puede, ni debe ser considerado como justo título.

3. Contestación al recurso de casación (fs. 1828 a 1832 vta.)

Expresa que el título por el cual el Marta Saavedra Viduarre transfiere el lote de terreno de 150 mts.2 a favor de los demandantes, fue declarado invalido en el fenecido proceso de nulidad, por lo que, no puede ser considerado como justo título.

Alude que, en el presente proceso, no se ha demostrado tener justo título, ya que, ha sido declarado nulo y esa sentencia generó un efecto retroactivo a los efectos en el tiempo hasta el momento donde todos los hermanos Saavedra Vidaurre eran legítimos propietarios del inmueble situ en la calle Guardia, y con referencia a la jurisprudencia citada, señala que si no existe justo título como pueden presumir la buena fe.

Asimismo, expresa que cuando su persona junto a sus hermanos presentaron la demanda de nulidad y fue reconvenida de usucapión quinquenal,  dicho actuado fue realizado en fecha 09 de diciembre de 2011, para ese entonces no había sentencia de nulidad, por ello presentaron la Escritura Pública Nº 210/2003, bajo el argumento que los esposos Yucra-Caceres, para acreditar que jamás compraron un predio en la calle Guardia, sino en la calle Mataral, misma que está ubicada detrás y de forma paralela a la nombrada calle, es por esta razón que el proceso de rectificación fue dejado sin efecto, es en base a estas ilicitudes y vicios que habían en los documentos de escrituras públicas de división y partición, como de los de transferencia, que su hermano, planteó la demanda de nulidad amparado en el art. 549 del CC.

De la SCP 310/2018-S3 de 30 de mayo.

La citada sentencia constitucional plurinacional dejó sin efecto el AS 573/2017 de 05 de junio, en base a los siguientes parámetros:

Que las anteriores autoridades, al momento de emitir el Auto Supremo, desconocieron los alcances del recurso de casación regulado por el art. 270 del Código Procesal Civil.

Asimismo precisan que las actuaciones de oficio por parte de un Tribunal, sea de apelación o casación están limitadas a aquellos asuntos previstos por ley, art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, siendo su obligación pronunciarse solo sobre aquellos aspectos contenidos en los recursos interpuestos, lo que no aconteció en el caso de autos; debido a que, además de pronunciarse sobre el fondo del debate planteado en las instancias correspondientes como fue la denuncia de errónea interpretación e indebida aplicación del art. 134, con referencia al 87, 93 y 110 del CC, se incorporó un hecho nuevo o ajeno al debate como es la presunta falta de correlación entre el bien del cual se pretende la usucapión quinquenal y el título inscrito en DD.RR., desconociendo que por disposición del art. 17.II de la LOJ, en grado de apelación, casación, o nulidad, los Tribunales deben pronunciarse, solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, y no podrán introducir hechos que no fueron motivo de debate. Aspectos que hacen evidente la infracción al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación y motivación.

En cuanto a la incongruencia interna, refieren que en la anterior resolución (AS 573/2017) incurrió en la misma vulneración; en el entendido que la parte considerativa otorgó por un lado razón a los fundamentos centrales del recurso de casación y por otro, manifestó un razonamiento ajeno a las consideraciones centrales del recurso. En la misma lógica sustenta que se incurrió también en incongruencia externa, porque no existe correspondencia o coincidencia entre el planteamiento del recurso casacional, los antecedentes de la demanda, y lo resuelto por las autoridades demandadas; desconociendo que el debido proceso judicial debe desarrollarse dentro del marco de las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

En base a dichos parámetros dejaron sin efecto el AS 573/2017 de 5 de junio y ordenaron se emita una nueva resolución respetando los fundamentos expuestos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. Usucapión quinquenal.

El AS 355/2013 de 15 de julio ha orientado en sentido que: “Corresponde primeramente realizar un análisis a la fundamentación vertida por el Juez A quo, la misma que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, en el entendido de considerar al título de propiedad de los demandados no válido para la usucapión quinquenal; por dicho motivo es necesario recalcar el criterio vertido por los mismos, por lo cual  transcribiremos de manera textual lo que indica el Juez: “…la prescripción adquisitiva de propiedad por Usucapión Quinquenal dispuesta por el art., 134 del Código Civil no se puede viabilizar por cuanto la mala fe originada por la falsedad del poder de quien representó a la transferente NORAH MERCADO AYALA se mantiene con solución de continuidad jurídica, al margen de no haberse acreditado posesión material por parte de los reconvencionistas.”, por su parte el Tribunal Ad quem omitiendo entrar a considerar dicha aseveración que fue apelada por los recurrentes, indicó: “…resulta innecesario considerar los demás actuados posteriores, ya que los mismos son consecuencia de esa trasferencia nula e inexistente y por consiguiente las mismas también resultan ser nulas y sin valor legal.”, este mismo Auto de Vista continuo indicando líneas más abajo “…se aclara que para la procedencia de la usucapión quinquenal u ordinaria, es preciso contar con un título idóneo con el que fue transferido la propiedad y que la misma fuere adquirido de buena fe, aspecto que no concurren en el presente caso, ya que en dicho contrato fue adquirido de mala fe y fue viciada desde el principio de su adquisición no constituyendo justo título, por lo que todos los actos posteriores realizados en base a dicho documento se encuentran viciados de nulidad.”.

Por lo transcrito textualmente, se puede evidenciar que los Tribunales de instancia, basaron ambas resoluciones a la idea, que no sería justo titulo la Escritura Pública Nº 327/95 por el cual transfiere Mabel Montoya Pardo el inmueble objeto de la litis, a favor de Eddy Huarita Guevara, representado por Jacinta Guevara Vda. de Huarita (codemandados) y que al ser éste título proveniente de una Escritura Pública nula, derivado también de un poder nulo; la transferencia a favor de los recurrentes no sería un título idóneo y que éstos, los compradores, no hubiesen adquirido de buena fe dicho lote de terreno, consideración por demás errada y contraria a la jurisprudencia vertida por la Corte Suprema de la Nación con la cual se llegó a compartir criterio en muchas Resoluciones y en la actualidad éste nuevo Tribunal Supremo mantiene; en ese entendido tenemos el Auto Supremo Nº 377 del 3 de noviembre de 2010en el cual se indica que: “…la usucapión quinquenal u ordinaria, se produce cuando en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad, se adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es el dueño, cumple usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. La usucapión quinquenal u ordinaria, prevista en el art. 134 del Código Civil, supone la comprobación judicial de cuatro requisitos, esto es, justo título, buena fe, posesión continuada y transcurso del tiempo. “Por su parte el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional Nº 0773/2011-R de fecha 20 de mayo del mismo año, estableció que: “…la usucapión en nuestro país constituye una forma de adquirir la propiedad mediante la posesión pacífica y continuada por el tiempo que la ley señala. Así, cuando la persona adquiere de buena fe un inmueble en virtud de título idóneo, de alguien que no es el propietario, y posee el mismo durante cinco años, desde la inscripción del título, puede adquirir la propiedad a través de la usucapión denominada ordinaria.”.

Por su parte la doctrina con referencia a la Buena Fe y el Justo Título estableció que, el primero consiste en la creencia del usucapiente de no haber actuado en contra de la norma existente y se basa en la convicción de que la persona de quien se recibió la cosa era dueña de ella y podía trasmitir su dominio; el segundo entendido como al título traslativo del derecho real, de la misma forma con referencia al justo título, Guillermo A. Borda indica: “Se llama justo título aquel que es suficiente para la transmisión del dominio y que realmente lo hubiera transmitido de haber sido el transmitente el verdadero propietario del inmueble.  Es decir, se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a punto tal que de haber emanado del verdadero propietario, la transmisión sería perfecta y no se plantearía ya la cuestión de la prescripción porque bastaría con ese título para adquirir el dominio…”

Por lo indicado, se concluye que la Escritura Pública Nº 327/95 por el cual transfirió Mabel Montoya Pardo el inmueble objeto de la litis, a favor de Eddy Huarita Guevara, representado por Jacinta Guevara Vda. de Huarita, constituye en justo título y los recurrentes al haber demostrado durante todo el proceso que ellos compraron pensando que la codemandada Mabel Montoya Pardo era la propietaria, demostraron la buena fe que tenían en el momento de la adquisición; por lo tanto el conocimiento posterior sobre la falta de derecho de su vendedora no le perjudicaba (por el contrario configuraba uno de los presupuestos de la usucapión quinquenal “adquirir de alguien que no es su dueño”).”

En el mismo sentido el AS Nº58/2015 de 29 de enero señaló : “ Se debe indicar que uno de los requisitos establecidos en el art. 134 del Código Civil, es el título idóneo para adquirir la posesión, para el entendimiento del mismo corresponde citar el Auto Supremo Nº 394 de 22 de julio de 2013 emitido por este Tribunal, en el que se señaló lo siguiente: “Circunscribiendo nuestra atención en la Usucapión quinquenal u ordinaria, debemos señalar que el art. 134 del Código Civil norma tal instituto jurídico señalando que: “(USUCAPIÓN QUINQUENAL U ORDINARIA) Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el  título fue inscrito”.

La norma nos refiere con claridad los requisitos que debe reunir la Usucapión ordinaria que son: título idóneo (justo título), buena fe en la posesión, transcurso del tiempo y posesión (pública, pacífica, continuada e ininterrumpida); requisitos que deben ser comprobados judicialmente para favorecerse de ella.

Sobre el examen de los requisitos que hacen a la Usucapión ordinaria, se debe hacer énfasis en el de título idóneo o justo título, como lo conoce la doctrina, a ello recurrimos a Borda que en su obra Tratado de Derecho Civil (Derechos Reales I, pág. 317) señala: “Se llama justo título aquel que es suficiente para la transmisión del dominio y que realmente lo hubiera transmitido de haber sido el transmitente el verdadero propietario del inmueble. Es decir, se trata de un título que ésta rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a punto tal que de haber emanado del verdadero propietario, la transmisión seria perfecta y no se plantearía ya la cuestión de la prescripción porque bastaría con ese título para adquirir el dominio.” Para incidir sobre el punto, nos remitimos al art. 584 del Código Civil, que sobre la noción de la venta, se indica que la venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa, denotándose que lo que se transfiere es el derecho de propiedad, en ese sentido, cuando el transferente no tienen el derecho de propiedad es cuando acude la prescripción adquisitiva ordinaria para cubrir ese defecto, por ello el justo título en este escenario juega el papel de verificar  la adquisición de buena fe operada en ella, por ello Néstor Jorge Musto (Derechos Reales, Tomo I, pág. 509) sintetizando el concepto dice: “Con el justo título se ha efectuado una adquisición, pero ella tiene un defecto esencial: falta una condición de fondo, cual es la titularidad en el derecho por parte del enajenante.”

Definido el justo título, se debe resaltar que para ser considerado tal debe reunir condiciones de validez, debiendo inexcusablemente tener requisitos intrínsecos y extrínsecos, la primera referida sobre las condiciones esenciales del acto jurídico, y la segunda, reatada a las condiciones del escrito que la comprueba, solemnidades que debe cumplir.

En este contexto, la forma instrumental que recubre al justo título: Escritura Pública, entre otras, está condicionada a estos requisitos extrínsecos por disposición propia de la ley. No debemos olvidar que el justo título no es el instrumento en el que yace el acto jurídico, sino la causa que ha originado esta.

Ahora bien, cuando se pretende acreditar el justo título con la presentación de un testimonio (copia de la Escritura Pública), resulta  imprescindible que ese testimonio tenga su antecedente cierto, en otras palabra que exista la Escritura  Pública a la que hace referencia el testimonio, por cuanto el art. 1309 del Código Civil señala que: “Hacen tanta fe como el original, y siempre que sean expedidos por funcionarios públicos autorizados, los testimonios, en general, de documentos públicos originales o privados reconocidos, o de cualquier otro documento o acto auténtico de los cuales esos funcionarios sean legalmente depositarios, o los tengan consignados en su registros o protocolos”; por tanto, si bien el testimonio hace fe del original, empero, ante la inexistencia del original el testimonio resulta un documento sin respaldo de lo contenido en él.

Considerando también la buena fe como requisito de la Usucapión quinquenal, se debe indicar que el mismo artículo 134 del Código Civil, sitúa a la buena fe íntimamente ligado a la del título idóneo, si bien son diferentes, pero no son independientes en su actuar, pues el adquirir una propiedad mediante el justo título hace presumir que el adquiriente la hace de buena fe suponiendo que compra del que verdaderamente fue el dueño, entonces el justo título también hace presumir la buena fe.  En esta esfera Ricardo Papaño (Derechos Reales Tomo 2, pág. 332) citando a Velez Sarfield dice: “El que quiera prescribir debe probar su justo título, pero su mismo justo título hará presumir la buena fe…, el justo título no es requerido sino como elemento de la buena fe…”

En el caso de autos corresponde analizar los siguientes negocios jurídicos:

1.-  La minuta de transferencia de 20 de octubre de 1981 que supuestamente fuera suscrito por Jacinta Cruz Mérida y Antonio Veizaga Crespo, que fue acusada de nulidad y determinada así por los de instancia, es un título en el que se ha advertido que no concurren los requisitos de validez (eficacia estructural) de dicho negocio jurídico, el mismo no puede ser considerado, como un justo título por haber adolecido de vicio de nulidad contractual como fue calificada por los jueces de grado.

2.- Cuando María Dolores Camacho Vásquez adquiere la propiedad de los señores Antonio Veizaga Crespo y Gladis Cinthia Siles de Veizaga mediante el testimonio de la Escritura Pública Nº 2971 de 9 de julio de 1994, que fue registrada en la oficina de Derechos Reales a fs. 3057 partida Nº 3057 del libro 1ro “B” de propiedad de la Provincia Cercado (rural), mediante un contrato de venta, en el que se identifica a  Antonio Veizaga y Gladis Siles de Veizaga como los vendedores quienes alegaron antecedente dominial para la venta del inmueble, que luego fue registrado en la Oficina de Derechos Reales, se constituye un justo título, porque individualmente ese título reúne las condiciones de validez del contrato (eficacia estructural), este título para efectos de una usucapión quinquenal- no sigue la suerte de la calidad o calificación judicial del título antecesor o título primigenio, sino que su calificación debe ser individual.

III.2. Respecto al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio de las sentencias constitucionales.

Sobre el tema a través del AS Nº 1007/2016 de 24 de agosto, se ha señalado que: “Nuestra Constitución Política del Estado, establece la obligatoriedad de las Sentencias Constitucionales, en su Art. 203, señala: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

A su vez, el art. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, estipula: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, norma concordante con el art. 15 del Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, que señala: “ I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, Tribunales y particulares “.

En mérito a lo anterior, el art. 44.I de la Ley del Tribunal Constitucional, establece que “los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales”.

En consonancia con tales disposiciones legales la línea Jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional con relación sobre el efecto vinculante de las sentencias constitucionales, ha razonado en la SCP 0625/2012 de 23 de julio, que: “Las sentencias constitucionales dictadas en correspondencia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Ley Fundamental, se revisten del imperativo de cosa juzgada constitucional; es decir, no admiten más revisión y así adquieren calidad de inmutables e inimpugnables por recurso ulterior, en razón a que es la Constitución la que se sobrepone al orden jurídico general y este Tribunal, se constituye en su supremo intérprete. Precisamente por las características indicadas supra, es que las resoluciones de la jurisdicción constitucional son vinculantes y de obediencia obligatoria por los poderes públicos y por supuesto por las partes, afirmación que se sustenta en el art. 203 de la CPE. Que concuerda con la previsión del art. 129.V de la misma norma constitucional, que indica: 'La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación (…). La autoridad judicial que no proceda conforme con lo indicado por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley'” (SC 1922/2011-R de 28 de noviembre). Por lo expuesto, emitido un fallo en la jurisdicción constitucional, ya sea por los jueces o Tribunales de garantías o por este Tribunal, la doctrina legal aplicable desarrollada en él, tiene carácter vinculante con relación a todos, debiendo las autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas aplicarla en los casos análogos que sea de su conocimiento; de otro lado, la determinación expresada en la parte dispositiva al estar dirigida exclusivamente a las partes intervinientes en la acción de defensa, tiene efectos inter partes; es decir, surte consecuencias jurídicas con relación al accionante, personas o servidor público demandados y terceros interesados, correspondiendo su ejecución inmediata sin observación alguna, dado que no existe instancia revisora ulterior que pueda modificar sus efectos “(Las negrillas y cursiva nos corresponden).”

III.3. Sobre la interrupción de la prescripción.

Sobre el tema en el Auto Supremo No 504/2013 se orientó en sentido que: “La prescripción adquisitiva, conforme señala el autor Arturo Alessandri, en su obra Tratado de los Derechos Reales, supone la posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la inacción del propietario, su no reclamación oportuna. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del dueño, si éste reclama judicialmente su derecho, la interrupción es civil.

Siguiendo a Planiol podríamos definir a la interrupción de la prescripción adquisitiva como todo hecho que, destruyendo una de las dos condiciones esenciales de la prescripción adquisitiva (permanencia de la posesión, inacción del propietario), hace inútil todo el tiempo transcurrido. Este queda definitivamente perdido y no se puede computar en el cálculo del plazo de prescripción”.

De lo manifestado precedentemente diremos que la actividad del que se pretende verdadero dueño de la cosa, que sale de su pasividad, trae la interrupción civil de la prescripción. En ese sentido producirá la interrupción civil de la prescripción, conforme prevé el art. 1503.I del Código Civil, una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificado a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. En otras palabras, “produce la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, toda petición, toda acción hecha valer ante los Tribunales encaminada a resguardar un derecho amagado, manifestándose clara la voluntad del actor o peticionario de conservarlo y no abandonarlo.” (Arturo Alessandri R. en Tratado de Los Derechos Reales).

Respecto a lo anterior, el art. 1503 del Código Civil expresa que: "I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente". Cuando la norma alude al término demanda, debemos entender en sentido amplio que hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. Resultando que para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

Sin embargo, se debe precisar que no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino sólo aquellos que conlleven los tres requisitos enunciados, y siempre que a través de aquellos se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que si bien evidencian litigiosidad entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del examen minucioso del recurso de casación, se desprende que el fundamento  neurálgico radica en que el Auto de Vista aplicaría indebidamente lo contenido en los arts. 134, 87, 93.III y 110 del sustantivo de la materia, habiendo desconocido lo establecido por la jurisprudencia, ya que para este tipo de acciones únicamente se debe tomar en cuenta la fe inicial al momento de la suscripción del contrato y no los actos posteriores, en el caso concreto los recurrentes adquirieron y registraron el bien objeto de usucapión en el año 2003, entonces, para los fines de la buena fe inicial debió ser utilizado como parámetro el citado año, dejando de lado el errado criterio que la nulidad dispuesta de su título elimina la buena fe.

A los efectos de una argumentación jurídica clara y coherente, es menester precisar los fundamentos que hacen a la demanda reconvencional, habida cuenta que la demanda principal ha sido desistida. En función a lo señalado de fs. 157 a 160 Enrique Yucra Flores plantea acción reconvencional de usucapión quinquenal, refiriendo que la parte contraria no ha efectuado gestión alguna en resguardo de sus derechos e intereses hasta el día de la instauración del presente juicio ordinario, sobre todo tras haber adquirido la mayoría de edad no ha exteriorizado  reclamo por más de 7 años desde la venta judicial y la división practicada, tal es así que desde la fecha de compra realizada con su esposa de un bien inmueble de 150 mts2 de superficie que pertenece a Marta Saavedra Vidaurre, materializado en la Escritura Pública Nº 210/2003 que fue protocolizada ante los registros de la notaria en fecha 19 de febrero del 2003, inscrita en de Derechos Reales en la misma fecha y año con la Matrícula Nº 1.01.1.99.0013187, como emergencia de dichos antecedentes alega que vienen poseyendo de forma pacífica e ininterrumpida desde hace más de ocho años, en  amparo de lo establecido en el art. 134 del CC, solicita la usucapión quinquenal.

A fs. 168 la Sra. Petrona Cáceres hace suyos los fundamentos expuestos en la demanda reconvencional solicitando igualmente la usucapión quinquenal del bien signado con la letra LC sito en la calle la guardia, sito en la zona San Juanillo.

Por sentencia Nº 180/2015  de fs. 1535 a 1543 vta., el juez de la causa declaró improbada la demanda reconvencional de usucapión refiriendo como único sustento que los reconvencionistas han obtenido su título a través de la suscripción de la Escritura Nº 210/2003 inscrita en Derechos Reales, cursante de  fs. 17 a 19 con relación a la documental de fs. 673 a 674, sin embargo no se puede hablar de justo título en atención a que este documento que sirvió para la inscripción fue declarado nulo en razón a la ilicitud de la  causa y del motivo,  conforme acredita las documentales de fs. 839 a 858.

Mediante Auto de Vista Nº SCFII-0124/2016 de 6 de abril de fs. 1749 a 1752 vta., el Tribunal de apelación confirmó la sentencia, en sí, bajo el mismo antecedente que el elemento -principal es la buena fe-, y en el caso de autos quien transfirió el derecho propietario del inmueble sito en la calle Guardia,  Zona de Alto San Juanillo es Martha Saavedra Vidaurre, pero por la prueba aportada durante la sustanciación del litigio acreditaron que la nombrada, no era propietaria del terreno transferido, comprobación que emerge de un proceso ordinario de nulidad tramitado ante otro despacho juridicial, cuya Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo visible de fs. 839 a 858, y esta última resolución después de una exposición del derecho aplicable al recurso de puro derecho, casó parcialmente, declarando improbada la tipificación de nulidad contenida en los numerales 1) y 3) del art. 549 del CC., manteniendo la nulidad de los actos jurídicos calificados por el juez de primera instancia.

Como elementos esenciales y pertinentes  a la litis se tiene el certificado treintañal de fs. 17 a 19 que acredita que el bien objeto de litis tiene como asiento “A-1” en la Matrícula Nº 1011990013187 a Martha Saavedra Vidaurre  y como asiento A2  a los reconvencionistas con fecha de registro 19/02/2003, Testimonio de la Escritura Nº 210/2003 sobre el predio objeto de litis, coincidente con la copia de fs. 153 a 156, fotocopia de proceso de resolución de contrato de fs. 432 a 439 donde en noviembre de 2005 los ahora recurrentes desapoderan del bien a los ocupantes, antecedentes en fotocopia inherentes a la Escritura Pública Nº 210/2003, matrícula y de proceso de sub-inscripción de fs. 673 a 683, matrícula del predio original a fs. 746 y proceso de nulidad de documentos de fs. 839 a 858.

Resultando el tema en análisis, la procedencia o no de la usucapión quinquenal, en lo que respecta al inicio de la posesión de la buena fe, es menester tener presente el entendimiento glosado en el punto III.I de la doctrina aplicable, en la cual realizando el respectivo análisis del art. 134 del Código Civil, se orientó que para la procedencia de esta forma de adquirir el derecho de propiedad se requiere los siguientes presupuestos: un título idóneo por el que se transfiera el derecho de propiedad, la buena fe del adquiriente y la posesión pacífica e ininterrumpida por cinco años, por lo que cabe reiterar que el requisito imprescindible para su procedencia, es la existencia de título idóneo y que el mismo esté inscrito en el registro pertinente, lo que le otorga la publicidad, además de pie a la posesión pacífica y continuada por cinco años, acción que imperativamente debe estar dirigida contra quien ostenta título como verdadero propietario del bien y reclama ese derecho, precisamente porque el título del usucapiente resulta frágil y vulnerable frente al del usucapido, lo que no quiere decir que se trate de un título falso, sino más bien idóneo, pues debe mediar además la buena fe, es decir que quien demanda la usucapión, se supone que compró creyendo que su transferente era del verdadero titular, requisitos establecidos por la norma y que se entiende, deben ser comprobados judicialmente para favorecerse de ella, así el título idóneo o justo título; es decir se trata de un título que está rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a tal punto que de haber emanado de su verdadero propietario, la transmisión seria perfecta y no se plantearía la cuestión de la prescripción porque bastaría ese título para adquirir el dominio, asimismo conforme ha referido el recurrente, este Tribunal ha orientado que el conocimiento posterior sobre la falta de derecho del vendedor no le perjudica al usucapiente, al contrario se cumple con el fin para este tipo de acción, o sea, adquirir de alguien que no es dueño, ya que, para efectos de una usucapión quinquenal- el título actual no sigue la suerte de la calidad o calificación judicial del título antecesor o título primigenio, sino que su calificación debe ser individual e independiente.

En base a todos los antecedentes en el sub lite a contrario sensu del entendimiento vertido por los de instancia, se advierte que los reconvencionistas tienen un título idóneo y de buena fe, pues conforme se logra acreditar de la documental de fs. 17 a 19 y del testimonio de Escritura Pública Nº 210/2003 registrado en Derechos Reales a nombre de Martha Saavedra Vidaurre como propietaria del bien ubicado en la calle Mataral s/n, zona San Juanillo, superficie de 150 m2 que transfiere a favor de Enrique Yucra Flores y Petrona  Cáceres Vargas, transferencia que fue registrada en Derechos Reales el mismo día de la venta 31/01/2003, momento a partir del cual comienza el computo de los cinco años, criterio igualmente vertido en el AS 293/2018 de 26 de abril que   señala: “en el caso en cuestión no se ha demostrado la existencia de un título debidamente inscrito, por cuanto al no haberse cumplido con este requisito no existe un punto de partida para el cómputo de su posesión conforme determina el art. 134 del Código Civil…”, entonces se tiene como punto de partida para el computo de los 5 años que solicita el art. 134 del CC,  la gestión 2003  y aun desplazando este punto y se acoja lo referido por la parte contraria y se tenga como fecha de inicio la gestión 2005 como emergencia del desapoderamiento emergente del proceso de  cumplimiento de contrato, los 5 años concluyeron la gestión 2010 entonces asimilando cualquier postura el requisito del plazo se encuentra cumplido.

Ahora en lo que concierne a la nulidad de la Escritura Pública Nº 210/2003 que es utilizada como título, como se extrae de obrados la citada escritura fue dejada sin efecto como emergencia de las resoluciones visibles de fs. 839 a 858, sin embargo se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo ampliamente expuesto este hecho no implica una causal de rechazo de la demanda o que el título que se presenta no sea idóneo,  al contrario hace que se configure el requisito de la usucapión quinquenal, el cual tiene como esencia haber adquirido el predio de quien no era su titular, lo que no quiere decir que se trate de un título falso sino idóneo, porque los efectos o la situación del título actual son independientes del título anterior, o sea no le surten ni le generan los mismo efectos jurídicos conforme se ha establecido en el acápite III.1.

Sobre la buena fe alegada, se debe tener presente bajo la misma perspectiva jurídica la nulidad generada en la Escritura Pública Nº 210/2003 como emergencia de las documentales citadas (ver fs. 839 a 858), no ha de enervar la buena de fe de los demandantes (reconvencionistas) emergentes al momento de la suscripción del contrato de compra y venta inserto en la citada escritura, máxime si del Auto Supremo Nº 504/204 de 8 de septiembre (fs. 839 a 858); se extrae que la nulidad declarada, no es como emergencia de un acto o hecho ilícito, sino por falta de objeto al haber transferido algo que no estaba en poder del vendedor, situación que hace que el presente caso encuadre dentro de los presupuestos establecidos en la ley, sobre todo si la buena fe se presume.

En base a todos los fundamentos expuestos se concluye que los motivos que han generado el rechazo o repulsión de la demanda expuestos tanto en el Auto de Vista como sentencia no son evidentes, al contrario, se configura los elementos de justo título, buena fe y el lapso de tiempo.

Ahora en lo que concierne a los otros elementos inherentes a la correlación de la documentación con el bien, posesión continua y pacífica, dichos elementos o requisitos no han merecido debate en sentencia, apelación o en el Auto de Vista, por la simple razón que los de instancia han advertido que al no tener justo título, ni buena fe, no era necesario otro tipo de análisis, empero conforme se ha glosado dicho fundamento no era correcto, no obstante siendo que por metodología jurídica correspondería el análisis de los siguientes presupuestos que hacen a la usucapión quinquenal, empero los fundamentos contenidos en la SCP 310/2018-S3  de 30 de mayo, son categóricos y claros al determinar que las actuaciones de oficio por parte de un Tribunal, sea de apelación o casación están limitadas a aquellos asuntos previstos por ley art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, siendo su obligación pronunciarse solo sobre aquellos aspectos contenidos en los recursos interpuestos,  y no incorporar un hecho nuevo o ajeno al debate, situacion que a su criterio implica un desconocimiento al art. 17.II de la LOJ, que en grado de apelación, casación, o nulidad, impele a los Tribunales deben pronunciarse, solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, y no introducir hechos que no fueron motivo de debate.

Argumento jurídico que es claro al determinar y limitar a este Tribunal a pronunciarse única y exclusivamente sobre los temas debatidos en el recurso que fueron objeto de debate en las instancias correspondientes, no dando posibilidad alguna de pronunciarse a otras temáticas como las señaladas precedentemente, criterio que si bien no es compartido, no obstante al tener el carácter de cumplimiento obligatorio para las partes y vinculante para terceros, este Tribunal en estricto y fiel cumplimiento del contenido citada SCP 310/2018-S3 de 30 de mayo, no ha de generar criterio alguno sobre otras temas que no sea el justo título, buena fe y  plazo, por no haber sido controvertidos en casación.

En cuanto a las contestaciones de fs. 1280 a 1823, 1824 a 1822 y 1828 a 1832, todas comparten los mismos argumentos, enfocando sus observaciones en dos puntos, el primero inherente al justo título y buena fe, el segundo sobre la interrupción de la usucapión por el proceso penal y administrativo.

En cuanto al primero, justo título y buena fe, nos ratificamos en los fundamentos esgrimidos supra donde se detalló su procedencia.

En lo que concierne a la interrupción de la prescripción, se debe detallar que acorde al entendimiento asumido en el apartado III.3, para que un proceso sea concebido o sea eficaz para interrumpir la prescripción civil, debe estar envestido de los requisitos plasmados en el art. 1503 del Código Civil que a la letra expresa que: "I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente", norma entendida en su sentido amplio como aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. Resultando que para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

Ahora y siguiendo la misma lógica cabe aclarar que en los proceso de usucapión que no todas las demandas han de interrumpir la posesión, pues como toda prescripción los requisitos se hallan plasmados en dos ideas: 1.- la inacción del propietario y 2.- la posesión del actor, entonces cuando se controvierte la primera hablamos de interrupción civil y cuando se observa la segunda nos encontramos frente a la interrupción de la posesión o natural, en cuanto a la primera, es decir la interrupción civil, entendemos que el propietario sale de su inacción y reclama su posesión, pero no todas las acciones de reclamo van a generar ese efecto interruptivo, sino aquellas que tengan por fin repulsar o controvertir el elemento posesión y no otro tipo de acciones, que si bien pueden estar dirigidas contra el poseedor pero no poseen ese fin (controvertir la posesión), simplemente generan litigiosidad y no interrupción.

Partiendo de los entendimientos asumidos en la Litis las contestaciones hacen alusión a un proceso penal de falsedad y administrativo de nulidad del plano de división y partición, a prima facie los citados procesos no son efectivos para interrumpir la posesión civil, debido a que ninguno de ellos ha de repulsar o controvertir la posesión, entonces al no reunir este requisito -sine quanon- (imprescindible) no pueden ser considerados como efectivos para generar la interrupción de la posesión.

En base a todos los fundamentos expuestos y habiendo dado cumplimiento fiel e inextenso a la SCP 310/2018-S3, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010,  en aplicación del art. 220.IV  del Código Procesal Civil se CASA  el Auto de Vista de 06 de abril de 2016, que cursa de fs. 1749 a 1752 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda reconvencional de fs. 157 a 160 y 168, debiendo el juez de la causa en ejecución de sentencia librar las  correspondientes ejecutoriales de ley.

Sin costas ni costos, sin responsabilidad por ser excusable. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo.  Juan Carlos Berrios Albizu.