TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 234/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente: LP-89-18-S.

Partes: Germán Oscar Ríos Cortéz. c/ Nery Freddy Mercado Cortéz.  

Proceso: Reivindicación, pago de daños y perjuicios.                                     

Distrito: La Paz        

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Nery Freddy Mercado Cortéz de fs. 202 a 204 contra el Auto de Vista Nº 113/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 200 a 201, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de reivindicación, pago de daños y perjuicios seguido por Germán Oscar Ríos Cortéz contra el recurrente; contestación de fs. 206 a 208; Auto de concesión a fs. 209; Auto Supremo de Admisión Nº 674/2018-RA de fs. 214 a 215, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Germán Oscar Ríos Cortéz, por memorial cursante de fs. 35 a 37, subsanada a fs. 39 a 40, interpone demanda de reivindicación, pago de daños y perjuicios del inmueble ubicado en la Av. Ismael Vásquez Nº 380, superficie de 138,08 mts.2, debidamente inscrito en Derechos Reales con Matrícula Nº 2.01.0.99.0052181; acción que va dirigida contra Nery Freddy Mercado Cortéz.

2. El Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictó la Sentencia Nº 06/2016 de fecha 16 de enero, cursante de fs. 168 a 172, declarando PROBADA la demanda reivindicación más pago de daños y perjuicios.

3. Resolución de primera instancia que fue apelada por Nery Freddy Mercado Cortez de fs. 175 a 176 vta., pronunciándose el Auto de Vista Nº 113/2018 de 16 de marzo, CONFIRMANDO la sentencia, bajo el siguiente fundamento:

Por premisas fácticas expuestas en el recurso de apelación, que están constituidas por la fijación de los hechos e interpretación jurídica, las cuales manifiestan a través de una narración que no implica una modificación a la petición de fondo o la tergiversación de la hipótesis expresada, por lo que la inobservancia del apelante no es motivo para que en el contexto del proceso involucre nulidad o incongruencia, siendo que el error gramatical, contradicción e imprecisión de la demanda pudo plantearse con una excepción regulada por el art. 366 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el demandado no realizó ningún mecanismo procesal en los actuados precluyendo su potestad de sus derechos.

4. Resolución de alzada que es recurrida en casación por la parte demandada Nery Freddy Mercado Cortez, que es objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

1. Acusa que Tribunal de segunda instancia no se pronunció sobre el hecho, que el demandante dentro del proceso no demostró su posesión real, corporal y menos el despojo, siendo requisitos esenciales para reivindicar, violando el art. 265 del Código Procesal Civil.

2. Denuncia que el Ad quem confirmó la resolución de primera instancia, no observó que el A quo concedió la pretensión de los memoriales de demanda sin considerar que el número de matrícula es distinto al contenido del folio real de Derechos Reales, incurriendo en error y quebrantando el principio de congruencia, al igual que el contenido del art. 213 de Código Procesal Civil.

Petitorio.

Solicita dictar Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido o en su caso anular la resolución impugnada.

De la respuesta al recurso de casación de Germán Oscar Ríos Cortez.

El demandado responde negativamente todos los extremos falsos y dilatorios del recurso de casación, donde realiza observaciones que carecen de fundamentación jurídica y son de forma, de ninguna manera afectan a la demanda de fondo y mucho menos desconocen su derecho propietario en litis, queriendo pretender por simple argumento solicitar que se anule un proceso que ha durado más de 8 años, más si se tiene presente que la autoridad judicial ha realizado la revisión de todos los antecedentes que cursan en el proceso, la prueba ofrecida conforme a ley habiendo cumplido a cabalidad con los principios de dirección, inmediación, concentración, congruencia, saneamiento, celeridad, transparencia, igualdad procesal y verdad material al emitir la sentencia.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la procedencia de la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del sustantivo civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión; en otras palabras la acción de reivindicación está destinada para que el propietario que haya perdido la posesión de una cosa (legitimación activa), pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla, en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), siendo esta acción imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de usucapión, quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible, no siendo afectada por el transcurso del tiempo y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario de un bien inmueble.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado. De dichos requisitos y haciendo hincapié en el primero de estos, debemos precisar que el mismo debe ser acreditado con título idóneo que demuestre que quien pretende dicha tutela sea el titular de la cosa que se pretende reivindicar, pues al estar reservada la interposición de dicha acción únicamente al propietario que no tiene la posesión física de la cosa, no resulta viable que la misma sea interpuesta por quien no acredita tal extremo, es decir por quien no tenga la legitimación activa para interponer la misma; sobre el segundo requisito debemos señalar que la determinación de la cosa debe ser acreditada documentalmente y de manera precisa, es decir que se debe identificar plenamente el inmueble tanto en su ubicación, superficie y limites; finalmente quien pretende reivindicar debe demostrar que el demandado es quien se encuentra en posesión física del inmueble.

De igual forma, en relación a los requisitos que hacen viable la acción reivindicatoria corresponde citar a Arturo Alessandri R., que sobre la reivindicación señaló que: “…la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; de lo expuesto se tiene que esta acción se encuentra reservada para el titular del derecho propietario, derecho que por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración a que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus”.

En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el -IUS IN RE-, a efectos de ejercitar todos los derechos como se dijo el -IUS UTENDI, FUENDI ETE ABUTENDI-, los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: "propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente -del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión física del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil", quedando claro, que para la procedencia de la acción de restitución o devolución de la propiedad, el titular del derecho no necesariamente tiene que haber sido despojado o eyeccionado.

III.2. De la nulidad procesal.

La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado, y replicados en las dos leyes de referencia.

Asimismo, corresponde señalar que la uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del recurso de casación se deprende el punto 1, acusando que Tribunal de segunda instancia no se pronunció, que el demandante dentro del proceso no demostró su posesión real, corporal y menos el despojo, siendo estos requisitos esenciales para reivindicar, asimismo violando el art. 265 del Código Procesal Civil.

De la revisión del Auto de Vista recurrido, se advierte que no es evidente lo acusado, pues en virtud a la jurisprudencia actual, como la citada en el inciso III.1 de la doctrina aplicable al caso de autos, los Jueces de Alzada determinaron que no es necesario que el propietario haya estado o no en posesión física de la cosa que pretende reivindicar, toda vez que en su condición de titular del derecho propietario este goza de la posesión civil o jurídica; quedando de esta manera claro que para la procedencia de la acción reivindicatoria o devolución de la propiedad, el titular del derecho no necesariamente tiene que haber sido despojado o eyeccionado, no resultando evidente lo acusado al margen de lo anotado a manera de aclaración, se debe hace notar que actualmente, la acreditación del derecho propietario conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente, no es necesario estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que el propietario cuenta con la "posesión civil", y en el caso de autos la parte demandante ha acreditado que tenía la posesión civil emergente de su derecho propietario según Testimonio Nº 62/2004 de fecha 21 de enero, cursante de fs. 4 a 6, Testimonio de Aclaración Nº 89/2008 de fecha 24 de noviembre a fs. 7, así como el Folio Real con Matrícula Nº  2.01.0.99.0052481 que cursa a fs. 3, y certificado de registro catastral del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz “Nº 2 01 018 0706 0023 0000”; y la documentación relativa cursante de fs. 9 a 34, razón por la que no resulta determinante acreditar que el actor habría o no estado en posesión del inmueble en cuestión, deviniendo en infundado lo acusado en este punto.

Del punto 2 el recurrente denuncia que el Ad quem, confirmó la resolución de primera instancia, no observó que el A quo concedió la pretensión de los memoriales de demanda, sin considerar que el número de matrícula es distinto al contenido en el folio real de Derechos Reales, incurriendo en error y quebrantando el principio de congruencia, al igual que el contenido del art. 213 de Código Procesal Civil.

Sobre este particular, corresponde remitirnos a los argumentos esbozados en el fundamento del punto III.2 de la doctrina aplicable al caso, donde se ha establecido que la falta de congruencia en la sentencia, no es considerada una causal de nulidad, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 de la Ley Nº 439, es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo de esa incongruencia, puesto que las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución del conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de última ratio.

De la revisión del contenido como el fundamento expuesto en el Auto de Vista, de manera clara se evidencia una respuesta de forma conjunta a los reclamos en el recurso de apelación, señalando que sobre la inexistencia de verdad material, por el contrario se ha constatado, evidenciándose que la parte demandante ha cumplido con la carga de la prueba al haber acreditado que es legítimo propietario, además de su acusación a la resolución de segunda instancia se manifiesta al recurrente de manera exacta y jurídica“…es evidente que el actor cometió el error gramatical en el memorial de demanda de fs. 34 a 35 al señalar como número de registro del bien inmueble: "…2.01.0.99.00.0052181", mismo error que mantiene en el memorial de subsanación de fs. 39 a 40 vta., no obstante se tiene la matrícula de registro de Derechos Reales cursante a fs. 3 en el que se consigna como número de registro: "No. 2.01.0.99.0052418", a mayor abundamiento se tiene el mismo dato en la Escritura Pública Nº 6/2004 de fs. 4 a 6, último dato que consigna en todos los extremos de la Resolución recurrida de fs. 168 a 173: "…2.01.0.99.0052418…"; si bien es evidente el error, el presente Tribunal llega a la conclusión de que el mismo no hace al fondo de la narración emitida por el actor, toda vez que de la documentación señalada se evidencia su nombre como titular: German Rios Cortez.”, conforme al criterio vertido en alzada existe un error en el número de matrícula citado en la demanda, pero por las documentales expuestas en el Auto de Vista como ser el folio real de fs. 3, Escritura Pública de fs. 4 y la resolución de primera instancia claramente se advierte que dicho error es simplemente un lapsus ya que la litis es sobre la matrícula de registro de propiedad de Derechos Reales “Nº 2.01.0.99.0052418”, no existiendo incongruencia alguna, pues la propiedad a reivindicar como se ha expuesto líneas arriba fue aclarada en ambas instancias entendimiento que es compartido por este Tribunal, resultando inviable la nulidad impetrada.

Por los razonamientos expuestos, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Nery Freddy Mercado Cortez de fs. 202 a 204, contra el Auto de Vista Nº 113/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 200 a 201, pronunciado por Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que respondió al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.