TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 233/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente:        SC-97-18-S.

Partes: Catalina Carmen Hurtado Ulloa, Darwin Rocha Urgel, Maribel Pedraza

            Ardaya y otros c/ César Hugo Pedraza Arias.

Proceso: Nulidad de minuta de transferencia y de Testimonio Notarial Nº 289/2011 por falsedad material, falta de consentimiento para su formación, cancelación de inscripción en Derechos Reales, negación de derecho, cese de perturbación a la posesión y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 1213 a 1231, interpuesto por César Hugo Pedraza Arias, y el cursante de fs. 1247 a 1253 vta., formulado por Roxana Pérez Justiniano, ambos contra el Auto de Vista Nº 62/18 de fecha 06 de marzo de 2018, cursante de fs. 1175 a 1178, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de minuta de transferencia y de Testimonio Notarial Nº 289/2011 por falsedad material y falta de consentimiento para su formación, cancelación de inscripción en Derechos Reales, negación de derecho, cese de perturbación a la posesión y pago de daños y perjuicios, seguido por Catalina Carmen Hurtado Ulloa, Darwin Rocha Urgel, Maribel Pedraza Ardaya y otros contra César Hugo Pedraza Arias; las respuestas a los recursos de casación que cursan de fs. 1257 a 1260 vta. y de fs. 1261 a 1263 vta.; el Auto interlocutorio de concesión del recurso Nº 54/18 de fecha 9 de julio de 2018 cursante a fs. 1264; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 717/2018-RA de 27 de julio que cursa de fs. 1274 a 1275 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Catalina Carmen Hurtado Ulloa, Darwin Rocha Urgel, Maribel Pedraza Ardaya y otros, por memorial de demanda que cursa de fs. 589 a 592 vta., iniciaron proceso ordinario de anulabilidad de transferencia y de Testimonio Notarial Nº 289/2011 por falsedad material y falta de consentimiento para su formación, de igual forma, demandaron cancelación de inscripción en Derechos Reales, negación de derecho, cese de perturbación a la posesión y pago de daños y perjuicios; demanda que fue interpuesta contra César Hugo Pedraza Arias, quien una vez citado, por memorial que cursa de fs. 606 a 608 vta., interpuso excepciones previas de incapacidad o impersonería de los demandantes, litispendencia y oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda; del mismo modo, por memorial de fs. 610 a 612 vta., planteó las excepciones perentorias de falta de acción y derecho y de prescripción, como previas; las cuales fueron declaradas improbadas y rechazadas, respectivamente, tal como se observa del Auto interlocutorio de fecha 12 de septiembre de 2014 que cursa de fs. 701 a 703 vta., y por memorial de fs. 662 a 668 que fue ratificado y subsanado por fs. 672 a 673, contestó a la demanda e interpuso acción reconvencional de acción negatoria, desocupación y entrega de bien inmueble y el pago de daños y perjuicios.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Octavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 165 de fecha 24 de agosto, cursante de fs. 1166 a 1175, declaró PROBADA la demanda como nulidad del Instrumento Nº 289/2011 de 4 de marzo de 2011, disponiendo la cancelación de la Matrícula Nº 7012010032607 y el cese de perturbaciones e IMPROBADA la acción negatoria planteada por la parte demandante. Asimismo, declaró IMPROBADA la acción negatoria más pago de daños y perjuicios que fueron demandados de manera reconvencional. Sin costas por ser proceso doble.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Roxana Pérez Justiniano en su calidad de tercera, por memorial de fs. 1193 a 1197 vta., y César Hugo Pedraza Arias, a través del memorial que cursa de fs. 1106 a 1119, interpusieran recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 62/18 de 06 de marzo de 2018 que cursa de fs. 1175 a 1178, donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que si los apelantes Roxana Pérez Justiniano y César Hugo Pedraza Arias no observaron en su oportunidad la forma en que se habría realizado algún actuado procesal, y simplemente se habrían abstenido de ejercer su derecho a solicitar cualquier aclaración o corrección de ese actuado, ya no sería posible que pretendan que esos aspectos sean considerados por un Tribunal de Apelación, cuya competencia conforme a lo establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil estaría limitada a resolver los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, razón por la cual consideraron que dichos reclamos serían extemporáneos, además de haber sido afectados por el principio de preclusión y convalidación; desestimando de esta forma el primer agravio de Roxana Pérez y los agravios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del demandado. Con relación a los agravios referidos a la errónea valoración probatoria, señalaron que los apelantes no habrían mencionado de manera individual que medio de prueba no fue debidamente valorado por el Juez A quo y cual la trascendencia del mismo, por lo que dichos reclamos carecerían de fundamentación; del mismo modo, con relación a que el juez de primera instancia no habría señalado la ley en la cual fundó la valoración probatoria, refirieron que dicho extremo no sería evidente pues dicha autoridad habría señalado que los medios probatorios fueron valorados conforme a lo establecido en el art. 145 del Código Procesal Civil.

Finalmente, respecto a la denuncia de que no correspondía cancelar la Matrícula Computarizada Nº 7012010032607, consideraron que dicha afirmación carecería de sustento legal, ya que por disposición del art. 547 del Código Civil la nulidad y anulabilidad tendrían efecto retroactivo. Fundamentos por los cuales el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada. Con costas y costos.

De igual forma, ante las solicitudes de aclaración y complementación que fueron interpuestas por César Hugo Pedraza Arias y por Roxana Pérez Justiniano, emitieron el Auto de fecha 2 de mayo de 2018 que cursa a fs. 1190, declarando “No ha lugar” a las mismas. 

4. Fallos de segunda instancia, que puestos en conocimiento de las partes procesales, ameritó que César Hugo Pedraza Arias y Roxana Pérez Justiniano, interpusieran recurso de casación, los cuales se pasan a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación interpuesto por César Hugo Pedraza Arias (memorial de fs. 1213 a 1231).

1. Acusa que el Tribunal de Alzada habría incurrido en incongruencias negativas (citra petita), porque no habría dado respuestas concretas y efectivas a los agravios que fueron fundamentos en su recurso de apelación, incumpliendo así el art. 265.I del Código Procesal Civil, y vulnerando el debido proceso contenido en el art. 115 de la C.P.E. concordante con los arts. 4 y 5 de la Ley Nº 439. En este mismo punto, ahonda en la falta de legitimación activa de los demandantes para iniciar el proceso, pues al haber sido interpuesta la demanda por un tercero ajeno a los contratos de los cuales se pretende la nulidad, considera que la parte demandada debió acreditar su interés en la causa, así como el derecho subjetivo; aspecto que al constituirse como un presupuesto de admisibilidad debió ser advertido por el juez de la causa antes de admitir la demanda.

2. Refiere que el Tribunal de Apelación no habría considerado los fundamentos de su apelación y menos la doctrina legal aplicable al caso que se encontraría contenida en el Auto Supremo Nº 183/2017 de 01 de marzo.

3. Del mismo modo, refiere que los reclamos que denunció en apelación habrían merecido respuestas absurdas, como también escuetos argumentos tergiversando la realidad, situación que vulneraria el derecho al debido proceso, en su elemento de legalidad.

4. Aduce que los jueces de segunda instancia habrían considerado erróneamente que el acto a reclamar la falta de legitimación activa de los demandantes quedo precluído, así como el hecho de que habría operado la convalidación; cuando en realidad, debió anularse obrados hasta la admisión de la demanda.

5. Considera que al no haber otorgado el Tribunal de Alzada una respuesta individual para cada agravio denunciado en apelación, se le estaría transgrediendo su derecho a la defensa.

6. Denuncia que el Auto de Vista recurrido contendría errónea valoración probatoria y contendría respuestas sesgadas, que los argumentos de su recurso de apelación habrían sido tergiversados, puesto que estos estaban orientados a acusar que el juez A quo no habría realizado una labor intelectiva y menos descriptiva de los principios básicos que debe cumplir cada juzgador al valorar la prueba.

7. Con relación a la imposibilidad jurídica de disponer la cancelación de la Matrícula Nº 7012010032607 de 18 de marzo de 2014, arguye que cuando reclamó dicho extremo en apelación, este se encontraba debidamente fundamentado en razón a la vulneración del debido proceso en su componente a la seguridad jurídica, legalidad y verdad material; porque por lógica jurídica al haberse declarado nulo únicamente el Instrumento Público Nº 289/2011 de 4 de marzo y no así la minuta de transferencia que es la fuente de donde emerge dicho instrumento, no podía ordenarse la cancelación de la citada matrícula.

Por los fundamentos expuestos, solicita se anule obrados hasta la admisión de la demanda, y en su defecto en caso de ingresar al fondo se case el Auto de Vista.

Del recurso de casación interpuesto por Roxana Pérez Justiniano (memorial de fs.1247 a 1253 vta.).

1. Con relación a la imposibilidad jurídica de disponer la cancelación de la Matrícula Nº 7012010032607 de 18 de marzo de 2014, arguye que cuando reclamó dicho extremo en apelación, este se encontraba debidamente fundamentado en razón a la vulneración del debido proceso en su componente a la seguridad jurídica, legalidad y verdad material; pues por lógica jurídica al haberse declarado nulo únicamente el Instrumento Público Nº 289/2011 de 4 de marzo y no así la minuta de transferencia que es la fuente de donde emerge dicho instrumento, no podía ordenarse la cancelación de la citada matrícula.

2. Acusa que el Auto de Vista no se refiere a ninguno de los agravios presentados en el recurso de apelación, ya que ni someramente se habrían referido a establecer la existencia de agravios que conllevan la nulidad de obrados.

3. Refiere que el Auto de Vista recurrido vulneraría la garantía del debido proceso en su componente a una debida motivación y congruencia, toda vez que respecto a su reclamo de que en el caso de Autos los vendedores del demandado no habrían merecido la designación de un Defensor de Oficio, no se constituiría en un actuado convalidado, pues éstos al no haber tomado conocimiento material del proceso no les alcanzaría los principios de preclusión, quedando incorrectamente integrados a la litis.

4. Reitera la falta de fundamentación sobre el segundo agravio de fondo referido al hecho de que existiría falta de valoración de la prueba por parte de la Juez A quo.

5. Aduce que la demanda sería improponible, pues la parte actora basaría su pretensión en el hecho de ser poseedores de los terrenos, por lo que se inferiría que estos carecen de interés legítimo porque no habrían demostrado ab initio el derecho subjetivo sobre el bien inmueble.

En razón a dichos fundamentos solicita se dicte Auto Supremo anulatorio.

De la respuesta a los recursos de casación.

Catalina Carmen Hurtado Ulloa, por memorial que cursa de fs. 1257 a 1261 vta., contesta al recurso de casación interpuesto por el demandado César Hugo Pedraza Arias, bajo los siguientes fundamentos:

- Que el citado medio de impugnación sería desordenado, inentendible y sobre todo infundado, pues carecería de técnica procesal recursiva, ya que su petitorio sería confuso y variaría a lo largo de la exposición.

- Observa también que el recurrente no citó con términos claros y precisos la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente, o erróneamente, y menos especificaría en qué consisten las mismas, toda vez que solo existiría copia de doctrina que no tiene relación con el caso de Autos.

- Que, si bien el recurrente acusó inobservancia de la apreciación de la prueba, empero no habría indicado si el error es de hecho o de derecho, omitiendo indicar cual el valor que debería atribuirse, y siendo este un requisito sine qua non, no se sabría cuál es la norma probatoria que fue desconocida o infringida por el Tribunal de Alzada.

- Con relación a la falta de legitimación en los demandantes, refiere que el recurrente no habría apelado al Auto que rechazó y declaró improbadas las excepciones que interpuso, entre ellas la de incapacidad e impersonería, por lo que sería correcta la aplicación del principio de preclusión y convalidación. De esta manera, aduce que su interés radica en el derecho a la vivienda y propiedad que tendrían.

- Que en ningún momento se le vulneró el derecho a la defensa y si alguna audiencia fue llevada a cabo sin su presencia fue por su propia negligencia.

En ese entendido, y añadiendo que una conducta ilícita no puede servir para consolidar un derecho, solicita que el recurso de casación interpuesto por el demandado sea declarado improcedente.

Con relación al recurso de casación interpuesto por Roxana Pérez Justiniano, Catalina Carmen Hurtado Ulloa por memorial de fs. 1261 a 1263 vta., contesta bajo los siguientes fundamentos:

- Refiere que el recurso de casación objeto de respuesta en una copia fiel y repetitiva del interpuesto por el demandado, por lo que el mismo también carecería de técnica procesal.

- Observa que la recurrente tampoco habría explicado de manera clara y precisa la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebidamente, o erróneamente, y menos especificaría en qué consisten las mismas; además de no señalar si el recurso presentado es en la forma o en el fondo.

- Aduce que los tribunales de instancia son libres en la apreciación y valoración de las pruebas, por lo tanto, conforme lo establece el Código Procesal Civil, cuando se acusa errónea valoración de prueba, es deber del recurrente señalar si la equivocación es de hecho o de derecho, además de señalar como debía valorarse la prueba observada, requisito que no habría cumplido la recurrente.

- Al no haber interpuesto excepción de falta de legitimación en los demandantes, por el principio de preclusión, la recurrente no podría reclamar ese extremo recién en casación.

- Asimismo, refiere que la observación con relación al nombramiento del defensor de oficio para los vendedores del demandado que fueron citados mediante edictos, sería extemporáneo.

Bajo esos fundamentos, y reiterando que un acto ilícito que merece reproche no puede generar la consolidación de un derecho, solicita que este recurso de casación también sea declarado improcedente.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la improponibilidad subjetiva.

Al respecto, y entre la vasta jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, corresponde citar el Auto Supremo Nº 183/2015-L de 11 de marzo, que sobre el particular razonó lo siguiente: “En ese entendido diremos que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber ineludible de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según el art. 333 del Adjetivo Civil, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión. Por ello, para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedimiento y de fundabilidad, en el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda; constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes del análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para liberarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

En dicho sentido, una vez comprobada que ha sido por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco, respecto a la improponibilidad objetiva e improponibilidad subjetiva, que a decir del autor Argentino Peyrano respecto a la primera señala que: "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto", si la ley le concede la facultad de juzgar el caso, es decir el mencionado autor refiere que el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", no es por carencia de condiciones de procedibilidad, sino, por evidente infundabilidad de la acción. Con relación a la improponibilidad subjetiva, procede cuando al advertirse que la relación de los hechos en que se funda la pretensión no sea la idónea para lograr una Sentencia favorable, por ejemplo cuando una persona demanda usucapión decenal del inmueble alegando la posesión por solo dos años, el fundamento fáctico es la posesión por dos años, lo que no daría lugar a una Sentencia de usucapión decenal o extraordinaria; otro hipotético seria demandar el divorcio en contra del cónyuge que ya falleció (pues el con el deceso el matrimonio quedó disuelto) y que sea descrito en la demanda, obviamente que esa relación fáctica no dará lugar a emitir una Sentencia favorable.

De este razonamiento podemos concluir que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in limine la litis, del mismo modo también se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, cuando la pretensión se funda en una relación de los hechos que no son idóneos para lograr una Sentencia favorable.” (Las negrillas y subrayado nos pertenecen)

Ahora bien, haciendo hincapié en lo que es la improponibilidad subjetiva, resulta pertinente referirnos al Auto Supremo Nº 183/2017 de fecha 01 de marzo de 2017 , que en su doctrina aplicable desarrolló este extremo, señalando lo siguiente: “Para el entendimiento de este fallo es necesario recurrir a la doctrina, al efecto corresponde citar a Lino E. Palacio quien en su obra “Derecho Procesal Civil” Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 al teorizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala lo siguiente: “Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa…”, por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".

La jurisprudencia venezolana en distintos fallos alude al aporte doctrinario de Rafael Ortiz-Ortiz, cuya obra titulada “Teoría General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Jurídicos”, desglosando que en dicha obra señala que tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho,  entendiendo que la improponibilidad puede presentarse como: 1) Improponibilidad Objetiva: Cuyo radio de evaluación analiza los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho.  Se trata de los que se pretende, no puede ser juzgado absolutamente, algunas veces a esto le llaman rechazo in limine de la demanda o improponibilidad manifiesta de la pretensión, y 2) Improponibilidad Subjetiva: que analiza en las condiciones subjetivas, personales necesarios para interponer la pretensión, estamos en el caso específico de la falta de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión.

Por otra parte, diremos que en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así se cita a Cristian Angeludis Tomassini, quien señala en su ponencia “¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in limine?”, alude que: “Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (…) Se ha resuelto que el juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in limine la demanda,  b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva.- Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (…). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in limine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta. Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución “rechazo sin trámite completo”, en lugar de la habitual fórmula “rechazo in limine de la demanda”. Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (…) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in limine una demanda (rectius, “pretensión”).  Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia de mérito, es decir, en cualquier estado del proceso”.

Conforme a la amplia gama de los aportes doctrinarios y la evolución de la jurisprudencia, corresponde señalar que el juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma. Se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que se busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material.

Así concluiremos diciendo que la improponibilidad puede ser objetiva: cuando el juicio se centra en analizar los efectos jurídicos materiales de la pretensión y la falta de aptitud jurídica del objeto para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el Juez rechace in limine la litis, tal pretensión por ser manifiestamente improponible, por estar inmersa en los supuestos de ser manifiesta y evidentemente contraria a las buenas costumbres o al orden público, al lado de la misma se presenta la improponibilidad desde el punto de vista subjetivo, la cual se centra en el juicio que hace el Juez, pero sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión.

Consiguientemente conforme al art. 333 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala: “(Demanda defectuosa).- Cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada…”, correspondía al Juez analizar si la pretensión contenía los requisitos intrínsecos establecidos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, al que se suma la legitimación activa del demandante para formular la acción, y los aspectos  extrínsecos como los de fundabilidad, o proponibilidad objetiva de la pretensión, ya que se entiende por falta de legitimación, la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión o falta de titularidad del derecho.

En resumen se dirá que cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de tutela jurídica, ya sea porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido por las leyes o cuando la causa invocada como fundamento de la petición es ilícita o inmoral, estamos frente a una “improponibilidad objetiva”, por oposición a la “improponibilidad subjetiva derivada de la falta de legitimación (de quien tiene el legítimo derecho de demandar una cosa)”, razón por la cual el Juez al ser manifiestamente evidente la ausencia de legitimación activa para solicitar la pretensión invocada, correspondía rechazar la misma in límine.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De los fundamentos expuestos en la doctrina, cuya finalidad es sustentar la decisión que ha de asumirse por este Tribunal de casación, corresponde a continuación dar respuesta a los recursos de casación interpuestos por el demandado César Hugo Pedraza Arias y al formulado por Roxana Pérez Justiniano en su calidad de tercera.

Del recurso de casación interpuesto por César Hugo Pedraza Arias.

Del análisis de los extremos denunciados en la impugnación presentada por el demandado, ahora recurrente, que cursa de fs. 1213 a 1231, debemos señalar que el mismo contiene aspectos que atingen tanto a la forma como al fondo del proceso; en ese entendido, corresponde previamente considerar aquellos que están referidos a acusar errores in procedendo o de forma, toda vez que de ser evidentes los mismos, ameritará pronunciar una resolución de carácter anulatorio, en cuyo caso ya no será necesario analizar los agravios referidos al fondo.

Bajo esa premisa, del examen de los reclamos contenidos en los numerales 1 y 4, se advierte que estos de manera conteste debaten la falta de legitimación activa de los demandantes para iniciar el presente proceso, ya que al margen de tener la calidad de terceros ajenos al contrato del cual pretenden la nulidad, no habrían acreditado su interés en la causa, ni el derecho subjetivo que tendrían sobre el bien inmueble objeto de litis; en ese entendido, arguye que al constituirse la legitimación activa en un presupuesto de admisibilidad, este debió ser advertido por el juez de la causa antes de admitirse la demanda, como también, el Tribunal de Alzada, ante el reclamo expreso en el recurso de apelación debió anular obrados hasta la admisión de la demanda y no disponer que hubo convalidación del acto y preclusión del reclamo.

En virtud a lo expuesto, y con la finalidad de verificar si evidentemente el proceso se tramitó con sujetos carentes de legitimación activa, es decir por sujetos que no se encuentran habilitados para pretender la nulidad del documento de transferencia sobre el cual versó el proceso, corresponde a continuación realizar las siguientes consideraciones:

- Catalina Carmen Hurtado Ulloa, Darwin Rocha Urgel y Maribel Pedraza Ardaya, por sí y en representación de sus mandantes conforme a los Instrumentos de Poder Nº 3721/2013 de 18 de noviembre, Nº 3715/2013 de fecha 16 de noviembre, Nº 3713/2013 de 15 de noviembre y Nº 3717/2013 de 18 de noviembre, mediante memorial que cursa de fs. 589 a 592 vta., interpusieron demanda ordinaria de anulabilidad de minuta de transferencia, anulabilidad del Testimonio Notarial Nº 289/2011 por falsedad material y falta de consentimiento para su formación, cancelación de inscripción en Derechos Reales, negación de derecho, cese de perturbación a su posesión y pago de daños y perjuicios; arguyendo que tanto ellos como sus mandantes ejercerían quieta y pacífica posesión de lotes de terreno debidamente delimitados, donde habrían construido sus viviendas, las cuales se encontrarían ubicadas en el Barrio Bicentenario, zona Noreste del Municipio de Cotoca del Departamento de Santa Cruz, posesión que se habría constituido en razón a un asentamiento pacífico a finales del año 2008.

Asimismo, refirieron que los lotes en cuestión formaban parte del ex Fundo rústico “El Trapiche”, que mediante trámite agrario habría sido afectado y consiguientemente dotado a 71 comunarios y/o campesinos del “Sindicato 2 de Agosto”, concediéndose a cada beneficiario una parcela que comprendía una superficie de 5.12.00 Has., y en algunos casos una superficie mayor, de los cuales la parcela Nº 46 estaba asignada a Emilia Coímbra de Vaca, la parcela Nº 47 a Marco Vaca Hurtado, la Nº 48 Enrique Castro Vaca y la Nº 49 a Roque Campos Becerra; lugar en el que actualmente se encontraba ubicado el Barrio Bicentenario, es decir en la extensión superficial que comprendía las parcelas 46 al 49 (4 parcelas), cada una con una extensión superficial de 5 Has. y 1200 m2.

Sin embargo, demandan que César Hugo Pedraza Arias, sobre esas cuatro parcelas (46 a 49), en fecha 18 de marzo de 2011, con documentos fraguados y amañados, habría hecho registrar su titularidad de dominio en Derechos Reales bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.2.01.0032607; detallando que tanto en la minuta de fecha 20 de mayo de 1980, donde los señores Emilia Coímbra de Vaca, Marco Vaca Hurtado, Enrique Castro Vaca y Roque Campos Becerra le transferirían las parcelas en cuestión, así como en el reconocimiento de firmas de dicha minuta, que se realizó ante el Juez de Mínima Cuantía Nº 22, serían falsas, toda vez que el supuesto comprador César Hugo Pedraza Arias, con actos falsos habría simulado la participación de los vendedores, de quienes además de falsificar sus firmas, también habría fraguado las cédulas de identidad, fabricando, digitando e inclusive insertando fotografías de terceras personas, por lo que lógicamente también sería falso el Testimonio Nº 289/2011; fundamentos por los cuales identificaron como sujeto pasivo de su pretensión a César Hugo Pedraza Arias.

- En ese contexto, de la revisión de las pruebas documentales más sobresalientes que fueron adjuntadas a la demanda en calidad de pre constituidas, cursan fotocopias de los carnets de identidad de los demandantes, planos de ubicación y uso de suelo de la superficie que cada uno posee (no cuentan con aprobación del Ente Municipal), papeletas de cobro de servicios básicos (agua y luz), fotografías del bien inmueble que cada uno ocupa, fotocopias simples de procesos de reivindicación que se habría iniciado contra alguno de ellos -ninguno contiene sentencia-, Folio Real de la Matrícula Computarizada Nº 7.01.2.01.0032607 donde se encuentra registrado como titular del derecho de dominio de las parcelas 46, 47, 48 y 49 a César Hugo Pedraza Arias, informes emitidos por el Servicio General de Identificación Personal sobre la identidad de los anteriores titulares de las 4 parcelas (Emilia Coímbra de Vaca, Marco Vaca Hurtado, Enrique Castro Vaca y Roque Campos Becerra). De igual forma, adjuntaron fotocopias del Testimonio Nº 289/2011 de fecha 4 de marzo y de la minuta de transferencia de fecha 20 de mayo de 1980 que cuenta con reconocimiento de firmas en la misma fecha, que fue realizado ante el Juez de Mínima Cuantía, y fotocopias del proceso de afectación y dotación agraria citado supra.

En virtud a estas consideraciones, como al examen que se realizó de las pruebas documentales que se adjuntaron a la demanda, se tiene que los demandantes intentaron acreditar su legitimación activa para demandar las pretensiones citadas supra, amparados en la posesión quieta y pacífica que ejercerían desde el año 2008 como consecuencia de un avasallamiento que habrían realizado sobre las parcelas 46, 47, 48 y 49 del ex Fundo “El Trapiche” ubicado en el Cantón Cotoca, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, cuyo titular, según Folio Real, sería César Hugo Pedraza Arias; fundamentos que en ningún momento fueron observados por los jueces de instancia y contrariamente fueron avalados por dichas autoridades; cuando en realidad, conforme a la revisión prolija de los documentos de los cuales los actores principales pretenden la nulidad, como es la minuta de transferencia de fecha 20 de mayo de 1980 con reconocimiento de firmas de la misma fecha y el correspondiente Testimonio Nº 289/2011 de 4 de marzo, a través de los cuales Emilia Coímbra de Vaca, Marco Vaca Hurtado, Enrique Castro Vaca y Roque Campos Becerra transfirieron en calidad de compra venta las parcelas 46, 47, 48 y 49 en favor de César Hugo Pedraza, se infiere que al no intervenir en dicho negocio jurídico ninguno de los demandantes, ya sea en calidad de compradores o vendedores, o ser herederos de alguna de las partes suscribientes, estos llegan a tener la calidad de terceros ajenos a la transferencia.

En ese entendido, la parte actora, con la finalidad de acreditar debidamente su legitimación activa, tal y como se señaló en la doctrina aplicable al caso de autos, no debió simplemente alegar cual era su interés en la presente causa, sino que debió demostrar con prueba idónea la titularidad del derecho subjetivo que pretende y que el mismo se encuentra en pugna con los efectos generados por los citados actuados de los cuales pretende la nulidad; en otra palabras, era obligación de la parte actora, a tiempo de interponer la presente demanda, presentar prueba idónea que acredite derecho propietario sobre el bien inmueble, toda vez que dicha titularidad se constituye en el derecho subjetivo que vendría a contraponerse al derecho que tiene la parte demandada, acreditando en ese sentido el interés legítimo del cual debe estar revestido para interponer demanda de nulidad (art. 551 del C.C.). Aclarando en este punto que, si bien los demandantes refirieron que demandan la anulabilidad de la minuta y del Testimonio Nº 289/2011 de 4 de marzo, empero al estar dicha pretensión sustentada en una posible falsificación de firmas y documentos (actos ilícitos) en que habría incurrido el demandado en su calidad de comprador, en virtud al principio “iura novit curia” así como a la actual jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, se deduce que la demanda se ajusta a una pretensión de nulidad y no así de anulabilidad.

Consiguientemente, y retomando los fundamentos referidos a la legitimación activa, debemos señalar que al constituirse el interés legítimo en un presupuesto de admisibilidad que guarda relación con la legitimación activa que debe tener todo demandante, el juez de la causa, como acusa el demandando en su recurso de casación, previamente a admitir la demanda, al ser la nulidad de orden público porque apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, debió examinar de oficio si los demandantes gozan o no de derecho subjetivo sobre el bien inmueble, derecho que debe ser real y no incierto o hipotético, cuya eficacia y validez dependa directamente de la invalidez de los actos jurídicos que pretende anular; sin embargo, el juez de la causa de manera errada consideró que la posesión que éstos los demandantes- ejercen sobre el bien inmueble objeto de litis, sería razón suficiente para solicitar la nulidad del documento de transferencia suscrito por Emilia Coímbra de Vaca, Marco Vaca Hurtado, Enrique Castro Vaca y Roque Campos Becerra en favor de César Hugo Pedraza Arias, tal como lo señaló en el párrafo II del Considerando segundo de la Sentencia de primera instancia que cursa de fs. 1166 a 1175, criterio que en virtud al Auto de Vista que confirmó la resolución de primera instancia se entiende que fue compartido por el Tribunal de Apelación; cuando en realidad, como ya se dijo supra, al no haber acreditado los demandantes, a momento de interponer la presente demanda, derecho subjetivo alguno sobre el bien inmueble que ocupan y por lógica consecuencia tampoco interés legítimo en la misma, y solo haber demostrado que son poseedores sin título alguno que exteriorice algún derecho real, como expresamente lo manifestaron en su memorial de demanda, y toda vez que la posesión es considerada como una situación de hecho que tiene sus propios mecanismos jurisdiccionales para su reconocimiento y protección que en nada dependen de la validez o invalidez del derecho propietario de un tercero, razón por la que no generara legitimación para demandar una acción personal como lo son la nulidad o la anulabilidad, cuya legitimación conforme se expuso ampliamente en la doctrina aplicable nace de la afectación a un derecho subjetivo,  y no de una situación de hecho sobre la cosa que solo puede generar un derecho expectaticio, que no se constituye concretamente en un derecho subjetivo que se pueda ver afectado por  el derecho del propietario del bien inmueble en cuestión; es que la presente causa se subsume en lo que la doctrina conoce como improponibilidad subjetiva, toda vez que los demandantes no cuentan con las condiciones subjetivas necesarias para pretender la nulidad de la minuta de transferencia de fecha 20 de mayo de 1980 y del Testimonio Nº 289/2011 de 4 de marzo, presupuestos que conforme a lo establecido en el art. 551 del sustantivo civil debe tener todo aquel que pretenda la invalidez e ineficacia de un contrato o acto jurídico en el que no es parte, pues dicha figura nulidad-, no está abierta para todas las personas sino (valga la redundancia), solo para aquellas que acrediten interés legítimo que no debe ser hipotético, más aun cuando la situación jurídica de los demandantes, en caso de que las pretensiones demandadas sean acogidas favorablemente, no se modificará en absoluto, ya que son otras las pretensiones que esta parte procesal puede interponer a raíz de la posesión que alegan.

De esta manera, se concluye que al ser evidente que el juez de la causa no cumplió con su obligación de revisar y exigir el cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad de la demanda, y ante la ausencia de legitimación activa rechazar in limine la presente demanda, como también es evidente que el Tribunal de Alzada ante la apelación formulada donde el demandado acusó expresamente la ausencia de legitimación activa de los demandantes, estos debieron anular obrados hasta la admisión de la demanda por la improponibilidad subjetiva evidente, ya que el admitir el trámite de una demanda improponible no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde enmendar dicho yerro, es decir que corresponde dar curso a lo reclamado en los numerales 1 y 4 del recurso de casación interpuesto por el demandado, ahora recurrente, resultando de esta manera, en virtud a la forma de resolución a dictarse, innecesario considerar los demás reclamos expuestos en dicha impugnación, como también aquellos que fueron denunciados por Roxana Pérez Justiniano en su calidad de tercera interesada en la presente causa.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, dictar resolución en la forma prevista en el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, por las razones expuestas en la presente resolución, ANULA todo lo obrado sin reposición.

Sin responsabilidad, por ser excusable el error incurrido por los jueces de instancia.

En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.