TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 231/2019

Sucre: 08 de marzo de 2019

Expediente:        CB-50-18-S

Partes: Elizabeth Fernández de Halbeisen por sí y en representación de Hans

            Rudolf Halbeisen c/ Flora Flores de Pinto.

Proceso: Sumario de Nulidad de Documento, Cancelación de Registro y

              Reivindicación.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 153 a 157, interpuesto por Elizabeth Fernández de Halbeisen por si y en representación de Hans Rudolf Halbeisen contra el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.030/13.04.2018 de 13 de abril cursante de fs. 144 a 148 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso Sumario de Nulidad de Documento, Cancelación de Registro y Reivindicación, seguido por los recurrentes contra Flora Flores de Pinto; el Auto de concesión del recurso de fecha 27 de julio de 2018 cursante a fs. 164; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación N° 781/2018-RA de fecha 16 de agosto; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: 

ANTECEDENTES DEL PROCESO


La Juez de Instrucción Mixto y Cautelar de Tiquipaya, emitió la Sentencia de fecha 16 de diciembre de 2015 cursante de fs. 89 a 94, declarando: IMPROBADA  la demanda de nulidad de venta y nulidad de registro paralelo planteada por ELIZABETH FERNANDEZ DE HALBEISEN por si y en representación de HANS RUDOLF HALBEISEN. Con costas.

Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por la parte demandante Elizabeth Fernández de Halbeisen por sí y en representación de Hans Rudolf Halbeisen mediante memorial cursante de fs. 95 a 99; en merito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.030/13.04.2018 de 13 de abril cursante de fs. 144 a 148 vta., donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

De la revisión de la demanda coligió que esta carece de fundamentos de hecho y de derecho con relación a la accion reivindicatoria, por lo que si bien en la sentencia omitió referirse en la parte resolutiva sobre la accion reivindicatoria, lo que puede considerarse una congruencia negativa (citra petita); sin embargo no es menos evidente que la resolución cumple con una determinada motivación sobre lo demandado en su integridad por cuanto al haberse declarado improbada la demanda de nulidad del documento objeto de Litis y sin lugar a la cancelación del registro pretendido, tampoco procede la accion reivindicatoria, precisamente porque el derecho propietario de la demandada se mantiene firme y subsistente por una parte y por otra los demandantes no acreditaron tener mejor derecho propietario para pretender la reivindicación entonces dicha omisión denunciada carece de trascendencia máxime si los demandantes oportunamente no plantearon enmienda y complementación.

Así también indicó que el juez de primera instancia, realizó una correcta compulsa de todos los elementos de prueba aportadas al proceso por las partes, al concluir que los actores no demostraron la causa ilícita o motivo ilícito en la celebración del contrato de la demandada, en base a fundamentación de hecho y de derecho, justificando la decisión de declarar improbada la demanda de nulidad de venta y nulidad de registro paralelo, por lo que al haber valorado la prueba cursante a fs. 31 del expediente dio cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 397 del código de Procedimiento Civil y 1286 del Código Civil. A ello sumó el hecho que, en la fundamentación de agravios los apelantes están obligados a un examen y critica del fallo, sobre las cuestiones de hecho y de derecho que les causa agravios, sin embargo en el caso de análisis, la recurrente omitió las características propias de una expresión de agravios, toda vez que en la apelación no existió un análisis crítico del fallo de primera instancia, dado que la apelación planteada es una mera aseveración que el documento a nombre de la demandada fuera faccionado en un papel sellado que en la fecha del reconocimiento de firmas aun no existía, sin demostrar la ilicitud del contenido del mismo.

Fundamentos por los cuales el Tribunal de alzada CONFIRMÓ la Sentencia de 16 de diciembre de 2015; con la adición de que también se declara improbada la accion reivindicatoria interpuesta por Elizabeth Fernandez, de Helbeisen por si y en representación de Hans Rudolf Halbeisen manteniéndose por lo demás incólume, firme y subsistente la sentencia. Sin costas, por la omisión incurrida por la Juez A quo, ni responsabilidad por ser excusable.

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Elizabeth Fernandez de Halbeisen por si y en representación de Hans Rudolf Halbeisen, interpusiera recurso de casación cursante de fs. 153 a 157 el mismo que se pasa a analizar.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae en calidad de resumen las siguientes: 

  1. Manifiestan que los recurrentes demostraron de manera incuestionable con la prueba de fs. 31, certificación e informe de la renta interna a través del CITE SIN/GDC/DGRE/VAL/NOT/00522/2015 emitido por el gerente distrital del servicio de impuestos nacionales de Cochabamba, que el papel sellado S-72 Nº 518954 fue enviado a la administración del servicio de impuestos nacionales de Cochabamba recién en fecha 11 de mayo de 1973, por lo que el documento con el que aparece la supuesta propietaria de los terrenos de fecha 15 de noviembre de 1967 es falso al no estar vigente a momento de su elaboración.
  2. Acusa que el auto de vista recurrido en casación ha incurrido en una franca  inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva concretamente el art. 549 num. 3) del Código Civil con relación a las causas de nulidad de título de la demandada, reconociendo tácitamente que el papel sellado por la que la demandada aparece como propietaria es falso, empero confirmo la sentencia, motivo por el cual el Tribunal de alzada no aplicó correctamente la norma citada ni la jurisprudencia sentada en los Autos Supremos Nros. 72/2017 de 01 de febrero y 518/2014 de 08 de septiembre.
  3. Aduce que el auto de vista es completamente contradictorio, no se encuentra debidamente motivado y fundamentado, al no reconocer el derecho propietario de los recurrentes, y su legalidad de conformidad al art. 1545 del Código Civil y art. 15 de la ley de inscripción de Derechos Reales, ya que la propiedad pertenece a la adquiriente que haya inscrito primero su título.
  4. Expresa que el auto de vista incurrió en error de hecho por cuanto aprecio equívocamente el certificado emitido por el gerente general de impuestos nacionales de Cochabamba al sostener que con esa prueba no se ha demostrado la ilicitud en el documento, desconociendo que el proceso es un instrumento para que el estado a través del juez cumpla su más alto fin, consolidando la armonía social y la justicia material como garante de los derechos.
  5. Indica que el auto de vista de manera arbitraria ingreso a aspectos que no son de su competencia, cuando lo correcto era analizar el contenido exacto del recurso de apelación con referencia a los agravios, mismos fueron fundamentados con relación a las pruebas producidas.
  6. Manifiestan error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba desconociendo el valor probatorio que otorga a la ley en cuanto a la certificación emitida por el gerente general de impuestos nacionales de Cochabamba, ya que con solo la existencia de este documento ya demostró el hecho ilegal, por cuanto a la mencionada certificación se le negó su valor probatorio determinado por ley, que como prueba emergente del ente público vincula a las autoridades judiciales para su valoración legal, lo que determina la violación de la sana critica.

Por lo expuesto solicitan se case el auto de vista recurrido.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandada mediante memorial cursante a fs. 161 a 162 vta., contesta al recurso de casación interpuesto por la demandante, arguyendo que:

El Tribunal de alzada compulso correctamente el hecho de que con excepción de la certificación conseguida de manera amañada respecto al papel sellado usado para la elaboración de la compra-venta, no existe absolutamente prueba alguna que respalde la demanda tramitada en primera instancia sin conocimiento de la demandada, la que afortunadamente fue rechazada, al margen de considerar que el razonamiento emitido por el auto de vista de no haberse demostrado la ilicitud del documento es correcto, máxime si se toma en cuenta que los vendedores de la demandada eran sus padres por lo que dicho documento se ajusta a lo establecido en el art. 1297 del Código Civil.

Con relación a la denuncia de que el Tribunal de alzada incurrió en error de derecho y de hecho al apreciar el informe de impuestos nacionales, dicha denuncia es infundada ya que la fecha del papel sellado es insuficiente para suponer que hubo una actuación fraudulenta como bien sostiene el auto de vista en su considerando II. 2,3. 

Bajo esos fundamentos solicita se declare Improcedente el recurso de casación por no cumplir con los requisitos previstos en e l art. 274 del Código Procesal Civil.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. Del contrato de compra venta

Sobre la clasificación del contrato de venta, respecto a su perfeccionamiento en el Auto Supremo N° 456/2015 de 19 de junio se ha señalado que el mismo es consensual y no formal, en el mismo se ha expresado lo siguiente: “Siendo este el antecedente trascendental corresponde en principio realizar el análisis de este tipo de contratos, para lo cual podemos señalar el art. 584 del CC que de manera textual señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero” asimismo acudiendo a la doctrina sobre este tipo de contratos típicos podemos citar a R. Badenes Gasset quien en su libro el Contrato de Compra Venta Tomo I, pág. 46, citando a Luzzatto señala: “la venta es un contrato, en virtud del cual, una parte (vendedor) transfiere o se obliga a transferir la posesión de ella, mientras la otra (comprador), paga o se obliga a pagar el precio”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra Manual de Contratos refiere: “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública…es un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente”, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro Contratos Civiles y Comerciales Tomo II, que también sobre el tema de las características de este tipo de contratos, expone que, es un contrato: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual…”, asimismo el Auto Supremo Nº 153/2014 de fecha 16 de abril 2014 refiere: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala el Tratadista Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia (…) debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro de Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes”, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrarse incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato…

Respecto a lo anterior, en el Auto Supremo Nº 98/2016 de 04 de febrero, se ha razonado lo siguiente: “…que el recurrente hace referencia a que no se habrían cumplido las formalidades de ley que corresponde a un contrato de venta, sin tomar en cuenta que el art. 521 del CC, dispone “En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento; salvo el requisito de forma en los casos exigibles.”, precepto normativo que establece en forma clara que el contrato de venta opera por el solo consentimiento de las partes, es decir, que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, pues no existe formalidad alguna establecida en la ley que condicione su existencia; en tal entendido mal puede el recurrente señalar que no se habrían cumplido con las formalidades exigidas para la venta”.

III.2. De la motivación y fundamentación

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

III.3. En relación al “per saltum”

El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”. 

III.4. De la congruencia en las resoluciones

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el

III.5. Sobre la causa  ilícita y el motivo ilícito

Respecto a la causa ilícita, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo, que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil.”

En cuanto al motivo ilícito el Auto Supremo Nº 311/2013 de 17 de junio, orientó que: “…el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir.

Asimismo diremos que el objeto del contrato, se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), consiguientemente corresponde señalar que el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Previamente a resolver los reclamos del recurso de casación, se debe aclarar que a efectos de dar un orden lógico a la presente Resolución, primero se considerarán los reclamos de forma, para posteriormente ingresar a considerar los reclamos de  fondo;

  1. Del análisis del recurso de  casación se tiene que el punto 5 está enmarcado en observar que el auto de vista de manera arbitraria ingreso a aspectos que no son de su competencia, cuando lo correcto era analizar el contenido exacto del recurso de apelación con referencia a los agravios, mismos fueron fundamentados con relación a las pruebas producidas.

Sobre el particular diremos, de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.4, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la revisión del presente proceso, se puede establecer, que el Auto de Vista resolvió los agravios que se encontraban en el recurso de apelación referentes a las pruebas, tales como:

A) Que la Sentencia realizó una errónea apreciación e interpretación de la demanda al establecer fuerza probatoria del documento cuestionado como nulo, ya que no demandaron la nulidad del documento cuestionado por haberse falsificado alguna de las firmas, sino por haber encontrado elementos probatorios que establecerían la naturaleza fraudulenta, ya que el papel sellado del documento con reconocimiento de firmas de 15 de noviembre de 1967 en esa fecha no existía por lo que consideró se vulneró el art. 190 del Código  de Procedimiento Civil.

B) Que el Juez efectuó una interpretación y aplicación errónea de la ley, al reconocer con fuerza probatoria el documento acusado de nulo conforme el art. 1289 del Código Civil, pero desestimó la fuerza probatoria prevista por el art. 1296 del mismo cuerpo legal, es decir omitió hacer uso de la lógica formal que por ley estaba obligada siendo razonable creer que el documento de 15 de noviembre de 1967 no es legal ni legítimo, hecho que demostraría las causales de ilicitud de causa y motivo, al quebrantar el art. 401 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre estos puntos A) y B) el Tribunal de alzada señaló que en los hechos quien pretenda la nulidad de un contrato debe señalar de manera concreta en que causal establecida en la norma citada se encuentra la nulidad del documento así el juez al resolver puede determinar la nulidad del contrato o del documento en cuestión, o negar la misma en base a la fundamentación que debe contener su resolución, conforme corresponda en base a la valoración de las pruebas presentadas al proceso por las partes, conforme el caso de análisis la parte actora fundo su pretensión en la causal contenida en el num. 3) del art. 549 del Código Civil, por lo que el Tribunal de alzada señaló que el juez de primera instancia realizó una correcta compulsa de los elementos de prueba aportadas al proceso por las partes, llegando a la conclusión que los actores no demostraron la causa ilícita o el motivo ilícito en la celebración del contrato de la demandada, justificando la decisión de declarar improbada la demanda de nulidad de venta y nulidad de registro paralelo, ya que de la revisión de la prueba cursante a fs. 31 consistente en la certificación emitida por el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba que demuestra él envió al SIN Cochabamba de la factura de 11 de mayo de 1973 de papeles sellados serie S-72 entre ellos el papel sellado “S-72” Nº 518954, dicha certificación refiere a la fecha que extendió la factura y no así el momento en el que puso en circulación el papel sellado como erradamente quisieron hacer creer los apelantes, en ese entendido manifestó que la juez dio cumplimiento a lo establecido por los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del Código Civil.

Por ultimo expresó que la juez realizó una correcta valoración de la prueba para concluir en la forma resuelta, toda vez que los actores no demostraron la ilicitud de la causa e ilicitud del motivo, que posee la demandada para que proceda la nulidad de dicho documento no obstante no cumplieron la carga de la prueba impuesta por el art. 375 del Código de Procedimiento Civil.

En ese contexto se puede establecer que el Tribunal de alzada resolvió los agravios presentados contra la sentencia, referentes a la prueba adjunta en obrados  infiriéndose en consecuencia que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación, no siendo evidente lo alegado por la recurrente en el entendido de que el Tribunal de alzada ingreso a aspectos que no fueron de su competencia, por lo que de la revisión exhaustiva del auto de vista en contrastación con el recurso de apelación se tiene que contestó los reclamos acusados en apelación, cumpliendo con el principio de congruencia, aspecto que llevó a que dicho Tribunal confirme la sentencia, por lo que este Tribunal establece que el Auto de Vista resolvió la situación jurídica, exponiendo los motivos que sustentaron su decisión, así también justificaron jurídicamente que en la sentencia se emitió un criterio  correcto, consecuentemente actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso de autos, motivo por el cual este tribunal establece que no es evidente lo acusado por la recurrente, deviniendo su reclamo en infundado.

  1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 1 y 2 están enmarcados en observar que los recurrentes demostraron de manera incuestionable con la prueba de fs. 31, certificación e informe de la renta interna a través del CITE SIN/GDC/DGRE/VAL/NOT/00522/2015 emitido por el gerente distrital del servicio de impuestos nacionales de Cochabamba, que el papel sellado S-72 Nº 518954 fue enviado a la administración del servicio de impuestos nacionales de Cochabamba recién en fecha 11 de mayo de 1973, por lo que el documento con el que aparece la supuesta propietaria de los terrenos de fecha 15 de noviembre de 1967 es falso, al no estar vigente el papel sellado a momento de la elaboración del documento de transferencia, en consecuencia el Tribunal de alzada inobservo y aplicó erróneamente el art. 549 num. 3) del Código Civil con relación a las causas de nulidad de título de la demandada, así como tampoco aplicó la jurisprudencia sentada en los Autos Supremos Nros. 75/2017 de 01 de febrero y Nro. 518/2014 de 08 de septiembre.

Al respecto y con la finalidad de dar respuesta a este reclamo se debe considerar lo establecido en la doctrina desglosada en el punto III.1 que señala que el contrato de compra venta es un contrato consensual, es decir para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, no está sujeto a formalidades, ya que no es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia, debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro de Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes.

En ese contexto según lo que referido por los recurrentes respecto a que el documento de transferencia de la demanda es falso por el hecho de que el formulario donde se lo realizo fue emitido con fecha posterior a la suscripción de dicho documento no es evidente, dado que conforme a lo descrito supra se tiene que el contrato de compra venta conforme la ley  no necesita ninguna formalidad ya que para su nacimiento a la vida del derecho solo basta que ocurra el acuerdo de voluntades, por lo que la recurrente erradamente indica que dicho documento es falso, ya que para evidenciar este extremo el certificado CITE SIN/GDC/DGRE/VAL/NOT/00522/2015 emitido por el gerente distrital del servicio de impuestos nacionales de Cochabamba no es suficiente, por lo que al no haber adjuntado más medios probatorios para respaldar su pretensión se puede evidenciar que la parte actora ahora recurrente no cumplió con la carga de la prueba impuesta por ley para acreditar la supuesta falsedad del documento del cual se pretende su nulidad, debiendo aclarar a la recurrente que lo alegado respecto a su pretensión solo acredita un error en la forma del documento, no en la voluntad de las partes, por lo que no se desacreditó la voluntad contractual de las partes.

En consecuencia al no existir prueba que establezca lo aseverado por los demandantes, la autoridad jurisdiccional no puede dar curso a su pretensión de declarar nulo el documento de fecha 15 de noviembre de 1967 por causa o motivo ilícito, ya que según lo desglosado en la doctrina indicada en el punto III. 5 se entiende que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral), y al ser ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo como elemento subjetivo que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe, lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita.

Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil, aspecto que no fue evidenciado por la parte actora, ya que para que se dé curso a su pretensión limitándose solamente a manifestar que el papel sellado en el cual se suscribió el documento de la parte demandada fue emitido el año 1973, vale decir cinco años después de la fecha de elaboración del documento de transferencia, en ese entendido este Tribunal establece que no es evidente lo acusado por la recurrente ya que como se dijo anteriormente la certificación emitida por el Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba no es suficiente para respaldar su pretensión de nulidad consecuentemente no es evidente la errónea aplicación del art. 549 num. 3) del Código Civil, por lo que su reclamo deviene en infundado. 

  1. Continuando con la dilucidación del recurso de casación se tiene que el punto 3 está enmarcado a observar que el auto de vista es completamente contradictorio, no se encuentra debidamente motivado y fundamentado, al no reconocer el derecho propietario de los recurrentes, y su legalidad de conformidad al art. 1545 del Código Civil y art. 15 de la ley de inscripción de derechos Reales, ya que la propiedad pertenece a la adquiriente que haya inscrito primero su título.


Al respecto tenemos a bien indicar que conforme lo manifestado en la doctrina establecida en el punto III.2 señala que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, asimismo señala que la fundamentación y motivación, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario debe ser concisa y clara que integre todos los puntos demandados.

En ese entendido de la revisión del auto de vista cursante en obrados se tiene que el tribunal de alzada expuso de forma clara las razones en las cuales basó y justificó su decisión, fundamentando su disposición en las Sentencias Constitucionales Nros. 0903/2012 de 22 de agosto, 0075/2016-S3 de 8 de enero, Autos Supremos Nros. 254/2014, 512/2012 de 14 de diciembre, 184/2018 de 11 de marzo, 410/2015 de 09 de junio, en el entendido de que si bien la sentencia omitió referirse en la parte resolutiva sobre la accion reivindicatoria no es menos evidente que la misma cumplió con la adecuada motivación sobre lo demandado en su integridad, exponiendo las razones que llevaron al juez de instancia a emitir su resolución, cumpliendo con el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto al haberse declarado improbada la demanda de nulidad y consiguiente nulidad de registro de derechos reales no procede la acción reivindicatoria por ser subordinada, al mantenerse firme y subsistente el derecho propietario que le asiste a la demandada.

Así también señaló que el juez de primera instancia realizó una correcta compulsa de todos los elementos de prueba aportados al proceso por las partes, al concluir que los actores no han demostrado la causa ilícita o motivo ilícito en la celebración del contrato de la demandada, en base a fundamentación de hecho y de derecho, justificando la decisión de declarar improbada la demandada de nulidad de venta y nulidad de registro. Por último el tribunal de alzada manifestó que el Juez A quo realizó una correcta valoración de la prueba para concluir en la forma resuelta, toda vez que los actores no cumplieron con la carga de la prueba, que les asigna el art. 375 del Código de Procedimiento Civil. Sumando a estos fundamentos el hecho de que en la fundamentación de agravios los apelantes están obligados a un examen y critica del fallo, sobre las cuestiones de hecho y de derecho que les causa agravios, sin embargo del análisis realizado por el Ad quem en el auto de vista refiere que los apelantes omitieron las características propias de una expresión de agravios, toda vez que en la apelación no realizaron un análisis crítico al fallo de primera instancia, siendo su recurso una mera aseveración referente a que el documento a nombre de la demandada fuere faccionado en un papel sellado que en la fecha del reconocimiento de firmas aun no existía, dejando de lado el hecho de demostrar sobre la ilicitud del contenido del documento.

En ese entendido es que se puede evidenciar que el Tribunal de alzada realizó una correcta relación de los hechos, motivando y fundamentando su decisión con  norma jurídica así como con sentencias constitucionales, exponiendo de tal manera las razones que lo llevaron a confirmar la sentencia apelada, por cuanto se puede establecer que no resulta evidente la supuesta carencia de motivación y fundamentación que acusa la recurrente.

Por último se tiene a  bien aclarar a la recurrente en lo que respecta al art. 1545 del Código Civil y art. 15 de la ley de inscripción de Derechos Reales, donde indica que la propiedad pertenece a la adquiriente que haya inscrito primero su título, dicho aspecto no fue motivo del proceso, por cuanto no merece ningún tipo de análisis en el entendido que la presente se trata de una accion de nulidad de documento y nulidad de registro paralelo, no así un proceso de mejor derecho propietario, en ese contexto es que su reclamo no tiene asidero legal por lo que deviene en infundado.

  1. Sobre los puntos 4 y 6 del recurso de casación se desprende que los reclamos están enmarcados en observar que el auto de vista incurrió en error de hecho por cuanto aprecio equívocamente el certificado emitido por el gerente general de impuestos nacionales de Cochabamba al sostener que con esa prueba no se ha demostrado la ilicitud en el documento, desconociendo que el proceso es un instrumento para que el estado a través del juez cumpla su más alto fin, consolidando la armonía social y la justicia material como garante de los derechos así como incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba desconociendo el valor probatorio que le otorga a la ley en cuanto a la certificación emitida por el gerente general de impuestos nacionales de Cochabamba ya que con solo la existencia de este documento ya se demostró el hecho ilegal, por cuanto a la mencionada certificación se le negó su valor probatorio determinado por ley, que como prueba emergente del ente público vincula a las autoridades judiciales para su valoración legal, lo que determina la violación de la sana critica.

Al respecto se debe señalar que en relación a lo fundamentado en el punto III. 3 de la doctrina Aplicable y el análisis del recurso de apelación cursante de fs. 95 a 99, en contrastación con el Auto de Vista REG/S.CII/ASEN.030/13.04.2018 de 13 de abril cursante de fs. 144 a 148 vta., ahora recurrido, se tiene que los reclamos que los recurrentes traen en los puntos descritos supra no fueron acusados en apelación, razón por la que no existió pronunciamiento del Ad quem al respecto, quedando este Tribunal de casación por el principio de per saltum impedido de entrar al análisis de los reclamos descritos supra que se encuentran en los puntos 4 y 6 del contenido del recurso de casación,  puesto que para estar a derecho, el recurrente debió instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, considerando que no es viable traer nuevas causales en casación que no fueron observadas en las etapas correspondientes, aspecto que imposibilita su análisis.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 153 a 157, interpuesto por Elizabeth Fernández de Halbeisen por sí y en representación de Hans Rudolf Halbeisen contra el Auto de Vista Nº  REG/S.CII/ASEN.030/13.04.2018 de 13 de abril cursante de fs. 144 a 148 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Con costos y costas

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.