TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 230/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fecha: 8 de marzo de 2019

Expediente: LP-90-18-S

Partes: Eugenio Antonio Romero  Castro c/ Efraín Escobar Borda y otros.

Proceso: Nulidad de escritura pública, mejor derecho propietario, cancelación

               de partidas y Reivindicación.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 581 a 588 vta., interpuesto por Carlos  Ricardo Murillo Mollinedo e Irene del Carmen Moya Ballon, en representación  de Efrain Escobar Borda contra el Auto de Vista No. 114/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 574 a 575, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro del proceso de nulidad de escritura pública, mejor derecho propietario, cancelación de partidas y reivindicación seguido por Eugenio Antonio Romero Castro contra Raymundo Huanca Quispe, Julio Montaño Gutiérrez y el recurrente; la concesión cursante de fs. 594; el Auto Supremo de Admisión Nº 640/2018-RA de 18 de julio, cursante de fs. 600 a 601 vta.; los antecedentes del proceso; y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

El Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia No. 444/2015 de 13 de octubre, cursante de fs. 495 a 496 vta., declarando IMPROBADA la demanda cursante de fs. 20 a 22 y subsanada en fs. 48 vta.

Contra la referida resolución, Eugenio Antonio Romero Castro, interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 499 a 501 vta., resuelto por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunciando el Auto de Vista No. 114/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 574 a 575, por el cual ANULÓ obrados, hasta fs. 494 vta., disponiendo que el juez A quo regularice procedimiento de acuerdo a los datos del proceso, bajo los siguientes argumentos:

La Sentencia No. 444/2015 cursante de fs. 495 a 496 vlta., carece de fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, al no haber hecho mención al decreto de fs. 460 de obrados, el cual tiene por reproducida la prueba ofrecida por Eugenio  Antonio Romero Castro, que extrañamente  fue  mutado por auto de 1 de octubre de 2014 de fs. 464 vta., y que en realidad no fue mutado  o modificado de alguna forma, si bien se emitió el decreto de 20  de marzo de 2015 cursante de fs. 474 y 488 vta., no se explica si el decreto de fs. 460 y auto de fs. 464 vta. se encuentran  firmes y subsistentes, considerando que el juez A quo debió observar en tiempo oportuno, cualquier defecto relevante para la valoración de los medios probatorios presentados, sin embargo, omitió fundamentar y motivar por qué no se tomó en cuenta este aspecto, impidiendo conocer a las partes sobre las razones en que se basó para la estimación o desestimación de las pruebas, más aun si la jurisdicción ordinaria basa su desenvolvimiento en atención al principio de verdad material por el cual la autoridad judicial debe verificar los hechos que servirán de motivo a su decisión  de acuerdo al art. 1 núm. 16 del Código Procesal Civil, asimismo, como director del proceso debería cuidar que el desarrollo de la causa se desenvuelva sin afectar el debido proceso ni acarrear ningún  vicio.    

Carlos Ricardo Murillo Mollinedo e Irene Del Carmen Moya Ballon en representación de Efrain Escobar Borda plantearon recurso de casación contra  el Auto de Vista mencionado por  memorial cursante de fs. 582 a 588, mismo que es objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

La parte recurrente señala que para que proceda la nulidad de obrados es necesario el reclamo oportuno  y en la etapa correspondiente, lo que  no aconteció en el presente proceso, tampoco existió vulneración al derecho a la defensa o al debido proceso, considerando que mediante Resolución No. 58/2013 cursante de fs. 336 vta., se dispuso la nulidad de obrados hasta fs. 118 vta., posteriormente por auto de 25 de julio de 2014 cursante de fs. 453, se calificó el proceso sujetando la causa a término probatorio, el demandante mediante escrito de fs. 458 a 459 vta., ofreció y reprodujo prueba mereciendo el decreto de fs. 460 por el cual se acogió inicialmente lo tuvo por reproducido y ratificado, sin embargo por memorial de fs. 462 y vta., solicitó la clausura del término de prueba siendo denegada su petición, reiterando la misma en fs. 464, obteniendo en respuesta el Auto de 1 de octubre de 2014 cursante de fs. 464 vta., que muta la palabra reproducida expresada en el decreto de 14 de agosto de 2014 cursante de fs. 460, siendo notificadas las partes  sin que  exista  reclamo alguno, para que luego mediante auto de fs. 480, se declare por clausurado el término probatorio, procediéndose a la saca del expediente para la formulación de alegatos, implicando que la parte actora se dió por notificado con todos los actuados procesales de acuerdo al art. 136 del Código de Procedimiento Civil, llegándose a emitir la Sentencia No. 444/2005 de 13 de octubre, que declaró IMPROBADA la demanda, contra está resolución la que el demandante formulo apelación haciendo referencia al decreto de fs. 464 vta., que muta el decreto de fs. 460 y si bien ofreció prueba no la produjo en la etapa correspondiente, por consiguiente se advierte que la tramitación del proceso fue realizado en pleno conocimiento y consentimiento del demandante, quien se encargó de que todas las etapas procesales queden precluidas hasta  después de dictar sentencia, en consecuencia, no existe infracción o violación al derecho de defensa y al debido proceso como para que el Auto de Vista haya dispuesto la nulidad de obrados y ordenando que se corrija procedimiento, al contrario con esa determinación señala que se violó los preceptos legales que rigen las nulidades  procesales al anular obrados, hasta fs. 494, sin contar con la debida fundamentación de acuerdo a los arts. 16.II y 17.III de la Ley del Órgano Judicial, pues tampoco señala cuales son los derechos constitucionales que habrían sido quebrantados  con la emisión de la Sentencia o que procedimiento estaría viciado de nulidad, ya que al ser de ultima ratio debió estar de conformidad al art. 251 del Código de Procedimiento Civil, además de los arts. 105.I y 106.I, ambos  del Código Procesal Civil, citando al efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 0376/2015-S1 de 21 de abril, añadiendo que al haber dispuesto el Ad quem la nulidad de obrados está provocando que el auto  retrotraiga etapas precluídas, en violación a normas procesales que rigen nulidades y causando la retardación de justicia no obstante que la Sentencia fue emitida en cumplimiento  de las normas procesales y la valoración de las pruebas ofrecidas por el demandante de acuerdo al art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo que solicita se case el Auto de Vista recurrido y se confirme la Sentencia Nº 444/2015.      

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN.

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Eugenio Antonio Romero Castro por memorial de fs. 591 a 593 vta., advirtiendo que el recurso de casación incumple con las formas establecidas en la jurisprudencia y advierte que el Juez de la causa, incumplió el procedimiento al no revisar sus actuaciones procesales olvidando que el decreto de fs. 460 fue admitido y se encuentra vigente, referido a toda la prueba reproducida de su parte, que en etapa de apelación se ha valorado la negligencia procesal, por lo que se determinó la nulidad de obrados, en consecuencia, pide se declare infundado el recurso de casación formulado.

Posteriormente el recurso de casación fue concedido mediante Auto cursante de fs. 594, remitidos los antecedentes, ante este Tribunal dictó el Auto Supremo de Admisión Nº 640/2018-RA de 18 de julio, cursante de fs. 600 a 601 vta. de obrados.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si ha sido reclamada en el recurso de apelación, para en su caso ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero ese análisis de los reclamos de forma deberá será bajo un juicio de juridicidad en apego a los principios que hacen al régimen del instituto de la nulidad procesal(convalidación, legalidad, trascendencia, finalidad, protección del acto, etc.), pues como se expuso es viable adoptar esta medida, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.2.- De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto,  no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo  la Ley Nº 439 en el art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCION.

Del análisis de su recurso de casación se desprende que todos sus fundamentos están abocados a observar que la nulidad dispuesta en segunda instancia aduciendo que se violó los preceptos legales que rigen las nulidades  procesales al anular por anular obrados, hasta fs. 494  sin fundamentación acorde a los arts. 16.II y 17.III de la Ley del Órgano Judicial, ni la indicación de infracción a derechos constitucionales, apartándose del art. 251 Código del Procedimiento  Civil, además de los arts. 105.I y 106.I del Código Procesal Civil, conllevando a retrotraer etapas ya precluídas y provocando retardación de justicia.

En ese entendido tomando en cuenta que todos los reclamos se encuentran vinculados a observar la nulidad dispuesta en segunda instancia, corresponde analizar el Auto de Vista para determinar si los fundamentos vertidos resultan correctos o no, a ese efecto se advierte que en el caso de autos, el aapelante cuestionó que de forma posterior a la nulidad dispuesta por el A quo, ofreció  prueba de cargo  nuevamente  y reprodujo  actuados anteriores cursante en obrados  y audiencia, siendo atendida su solicitud por decreto de fs. 460, resultando innecesario llevar a cabo nuevas audiencias, por lo que le causa extrañeza que en sentencia, se indique aplicando erróneamente el art. 1283  del Código Civil y el art. 397 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, el Tribunal de Alzada advirtió que el juez A quo, emitió la Sentencia No. 444/2015 cursante de fs. 495 a 496 vlta., sin fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, al no referirse sobre el decreto de fs. 460, que tuvo por reproducida la prueba ofrecida por el demandante, que luego fue mutado por Auto de fs. 364 vta., encontrándose subsistentes, aspectos que considera debieron ser observados por el juzgador oportunamente, en virtud del principio de verdad material.

Bajo ese contexto se debe tener presente también que al disponer el Tribunal de Alzada que el juez A quo emita nueva Sentencia debidamente motivada y fundamentada si bien se refirió en cierta manera al decreto de fs. 460; empero el Tribunal Ad quem, soslayó considerar el principio de economía procesal, celeridad y de una justicia pronta y oportuna, como Tribunal de segunda instancia conforme a lo delineado en el punto III.2 del presente Auto Supremo, la falta de congruencia o ausencia de motivación y fundamentación en la Sentencia, actualmente no es considerada como una causal de nulidad en la sentencia o de obrados, ya que esos presupuestos al ser reclamados oportunamente por expresa determinación de los arts. 218.III y 265.III de la Ley Nº 439, establecen la obligación del Tribunal de apelación de fallar y resolver en el fondo tal incongruencia u omisión. Las citadas normas conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime si el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo de ese tema de incongruencia o en su caso fundamentar en defecto del Juez de primera instancia en caso de considerar que sea insuficiente la motivación o fundamentación, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

En ese sentido conviene recordar que si para el Tribunal de segunda instancia era insuficiente el análisis (operación lógica-jurídica) y fundamentos del juez a quo, pudo suplir dicha fundamentación y no anular obrados por aspectos que como expresamos pudieron ser absueltos en apego de sus facultades y prerrogativas, en atención al principio de verdad material y de comunidad de la prueba tiene la potestad de revaluar los hechos y las pruebas, e incluso en caso de considerar que existiese omisión en la valoración de la prueba, tiene la posibilidad de enmendar ello, revaluar de manera razonada, así como el de disponer la producción de prueba, revocar el fallo y emitir nuevo en el fondo con el criterio que corresponda, pero en ningún caso y sin sustento legal concluir por anular obrados, solo para efectos de que sea necesariamente el juez de primera instancia quien deba rever diligencias de la prueba, como sucedió en el presente proceso, al disponer la anulación de la sentencia, aspecto que incumbe una total inobservancia del principio de eficacia, consecuentemente en una correcta administración de justicia, corresponderá al Tribunal Ad quem emitir criterio de fondo de la causa, conforme ha observado en el fallo recurrido; todo ello atendiendo al principio de verdad material, por lo que la Resolución que dicha autoridad emita será basado en cumplimiento al compromiso que este tiene con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material.

En tal entendido, en función a los fundamentos expuestos supra, los argumentos esgrimidos en el memorial de respuesta tampoco resultan evidentes.

Por las razones expuestas corresponde emitir falló conforme a lo previsto en los arts. 106.I y 220.III núm. 1 inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista No. 114/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 574 a 575, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y dispone que la misma Sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no se les impone multa.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.