TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 228/2019

Fecha: 08 de marzo de 2018

Expediente: CH-59-18-S

Partes: Oscar Cueto. c/ Moisés Avelino Cadenas Veliz y César Augusto Gutiérrez Martínez.

Proceso: Cumplimiento de contrato privado.

Distrito: Chuquisaca.  

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 206 a 210, interpuesto por César Augusto Gutiérrez Martínez y Moisés Avelino Cadenas Veliz, contra el Auto de Vista SCC II N° 179/2018 de fecha 16 de julio, cursante de fs. 197 a 200, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de cumplimiento de contrato privado, seguido por Oscar Cueto contra los recurrentes, la contestación cursante de fs. 213 a 215, el Auto de concesión de 14 de agosto de 2018, cursante a fs. 216, Auto Supremo de admisión Nº 802/2018-RA a fs. 220 a 221 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Oscar Cueto, inicia un proceso ordinario de cumplimiento de contrato privado de excavación, traslado de tierra y alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora) para la ejecución del proyecto “Construcción del sistema de micro riego El Terrado”, cursante de fs. 7 a 10, ratificada a fs.25 y subsanada a fs. 27 y ampliada de fs. 31 a 32; acción que fue dirigida contra César Augusto Gutiérrez Martínez y Moisés Avelino Cadenas Veliz, quienes una vez citados, por memorial de fs. 53 a 56 vta., Cesar Augusto Gutiérrez Martínez contestó negativamente a la demanda paralelamente planteo excepciones; y mediante memorial cursante de fs. 64 a 65 Moisés Avelino Cadenas Veliz respondió negativamente a la demanda.
  2. Desarrollándose de esta manera la causa hasta dictarse Sentencia Nº 46/2018 de fecha 3 de abril, cursante de fs. 162 a 167 vta., donde el Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 14 de Sucre, declaró IMPROBADA en todas sus partes la pretensión de la demanda de cumplimiento de contrato privado, instaurada de fs. 7 a 10 ratificada a fs. 25 y 27, ampliada a fs. 31 y 32 de obrados por Oscar Cueto, con condenación en costas y costos.
  3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Oscar Cueto mediante memorial cursante de fs. 174 a 177 vta., la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista SCC II N° 179/2018 de fecha 16 de julio, cursante de fs. 197 a 200, REVOCANDO totalmente la Sentencia Nº 46/2018 de 3 de abril de 2018 de fs. 162 a 167 vta., declarando en el fondo PROBADA la demanda de cumplimiento de pago. Debiendo en ejecución de sentencia, determinarse el monto que generó el transporte de maquinaria y cambio de turbo y todas sus emergencias, que será deducido del monto total de la deuda de Bs. 51.200, determinación asumida en función a los siguientes fundamentos:

La responsabilidad del contrato con relación al demandado Moisés Avelino Cadenas Veliz comienza con la suscripción del mismo, no siendo excusa que a posterior haya otorgado poder a un tercero y se desentienda del proyecto; no siendo objeto del proceso que el demandante no contaría con el derecho propietario de la maquinaria dado en alquiler, y con respecto a la  provisión de combustible de la retroexcavadora no hace ninguna referencia si ese ítem se encuentra separado del alquiler de la maquinaria, entendiendo que quien estaba a cargo de correr dicho gasto o provisión era el propietario de la maquinaria, es decir, que el alquiler comprendía la provisión de combustible para el funcionamiento de la maquinaria.

  1. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por César Augusto Gutiérrez Martínez y Moisés Avelino Cadenas Veliz según memorial que cursa a fs. 206 a 210, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que César Augusto Gutiérrez Martínez y Moisés Avelino Cadenas Veliz, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusan:

1. Denuncian que el Ad quem, desconoció lo establecido por el art. 136 del Código Procesal Civil, porque no existe prueba aportada por el demandante mediante el cual evidencie la existencia de cierto monto de dinero, como consecuencia del contrato de obra.

2. Arguyen que los de segunda instancia no valoraron las pruebas documentales adjuntas en obrados, tales como el libro de órdenes y las certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos, en los cuales no se advierte la participación del demandante en la obra, máxime si se considera el informe emitido por el encargado de la unidad de archivos del Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos en el que señala que no se encuentra documentación que respalde el trabajo del señor Oscar Cueto, por lo que se evidencia que el demandante jamás dirigió los trabajos para los cuales fue contratado. 

3. Reclaman falta de valoración del documento privado de fecha 24 de marzo de 2014, que el Auto de Vista cita una cifra de Bs. 9.200, siendo que el documento es claro, por lo cual el Tribunal de alzada vulnera lo establecido por el art. 145 del Código Procesal Civil.

4. Acusan que las autoridades de alzada plasman cifras erróneas lo cual evidencia parcializa desconociendo y violentando el principio de verdad material previstos en los arts. 1 y 134 del Codigo Procesal Civil.

Petitorio.

De esta manera, solicita la emisión de un Auto Supremo que case el Auto de Vista y declare improbada la demanda principal.

Respuesta al recurso de casación de Oscar Cueto.

Que por memorial de fs. 213 a 215 del cuaderno jurisdiccional, alega el recurso de casación de los demandados incumple los requisitos para la admisión a casación exigidos por ley, no especifica de manera clara la ley o leyes violentadas,  aplicadas o erróneamente interpretadas, no demostrando cual sería el error en la apreciación jurídica aplicable de las pruebas si tratare de derecho o de hecho careciendo de tecnicismo jurídico, además los recurrentes formulan nuevos argumentos jurídicos que no han sido resueltos por las instancia inferiores y mucho menos fueron objeto de las resoluciones recurridas en casación que los accionantes alegan nuevos causas de nulidad siendo esto prohibido.

Petitorio.

Por lo que solicita se declare improcedente o alternativamente infundado el recurso de casación de cumplimiento obligatorio al tenor del art. 5 del Código Procesal Civil.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil.  

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397.I de su Procedimiento.  Ésta tarea encomendada al juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del juez el de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397.II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2. De la interpretación de los contratos.

Que con relación a la interpretación de los contratos el Auto Supremo Nº 361/2017 establece que: según Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos nos señala que: interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes. No se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, en consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que la dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es entre tanto se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es raramente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre sea decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación el “a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”. En ese a cuanto quiso está la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma.

La primera regla de la interpretación, no inserta en el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato son ambiguas o anfibológicas y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas.

CONSIDERANDO IV: 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación, corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

De los puntos 1 y 2, denuncian que el Ad quem, desconoció lo establecido por el art. 136 del Código Procesal Civil, al no existir prueba aportada por el demandante que acredite la deuda de un cierto monto de dinero, como consecuencia del contrato de obra; ni valoraron las pruebas documentales adjuntas en obrados, tales como el libro de órdenes y las certificaciones emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos, en los cuales no se advierte la participación del demandante en la obra, máxime si se considera el informe emitido por el encargado de la unidad de archivos del Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos que señala que no se encuentra la documentación que respalde el trabajo del señor Oscar Cueto, por lo que se evidencia que el demandante jamás realizó los trabajos para los cuales fue contratado. 

Sobre el particular el art. 519 del Código Civil, establece la eficacia del contrato al poseer  fuerza de ley entre partes, empero como se orientó en el punto III.2 de la doctrina, en relación al art. 510 del Código Civil existen reglas básicas de interpretación de los contratos, entre ellas está la subjetiva que radica en  averiguar cuál ha sido la intensión común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras; aplicable al caso presente, por las contingencias y los antecedentes que hacen al caso.

Partiendo del citado antecedente y de la revisión de obrados se puede establecer que el Tribunal de alzada, realizó una correcta valoración de la prueba, toda vez que en lo trascendental basó su decisión del documento privado de fs. 3 a 4vta., 117 a 118 vta., y 152 a 154 vta., presentado y producido por la parte demandante, mediante el cual acreditó la realización del documento privado de excavación, traslado de tierra y alquiler de maquinaria pesada (retroexcavadora) por un monto de Bs. 79.200, para la ejecución del proyecto de construcción del sistema de micro riego “El Terrado”, suscrito con Moisés Avelino Cadenas Veliz y Cesar Augusto Gutiérrez Martínez, así como la confesión provocada realizada a los suscriptores del referido documento privado, donde el demandante aceptó la cancelación del pago de Bs.28.000, por la subrogación de fs. 39 a 44, quedando un saldo de Bs.51.200, antecedentes que acreditan la existencia del vínculo obligacional, los medios probatorios que evidencian una correcta aplicación al art. 136 del Código Procesal Civil.

En esa misma idea debe entenderse que el Auto de Vista también aprecia las confesiones espontaneas contenidas en las respuestas de la demanda de Cesar Augusto Gutiérrez Martínez de fs. 53 a 56 vta., y por Moisés Avelino Cadenas Vélez de fs. 64 a 65, que refieren “quiero poner a conocimiento de sus autoridad (…) debido a cuestiones climatológicas y técnicas no se llegó a concluir el proyecto del Riego “El Terrado”, llegando solo a la etapa de entrega provisional del mismo que no genero ninguna utilidad…” “…que el demandante (…) pretende de manera ilegítima e ilícita cobrar la totalidad del monto que demanda cuando se efectuaron pagos previos”, por parte del codemandado describe “…mi persona dejo de administrar y tener conocimiento de la ejecución de la obra (…) mucho antes de la conclusión del plazo (…) y hasta esa fecha no hubo desembolso respecto a la primera planilla, de lo que tengo a conocimiento que dicho desembolso fue realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Betanzos recién en fecha 20 de diciembre de 2012 conforme se tiene a las facturas extendidas por la empresa Gobierno Municipal de Betanzos…”, que son respuestas a la demanda de las que se infiere que Oscar Cueto estuvo contratado, y que la obra fue entregada provisionalmente dando a entender que realizó el trabajo para el cual fue contratado por consiguiente le corresponde el pago convenido, por lo que este Tribunal de casación comparte el criterio de alzada no advirtiendo la vulneración alguna.

De los puntos 3 y 4 que reclaman falta de valoración del documento privado de fecha 24 de marzo de 2014, que el Auto de Vista cita una cifra de Bs.9.200, siendo que el documento es claro, por lo cual el Tribunal de alzada vulneró lo establecido por el art. 145 del Código Procesal Civil, además desconocen y violentan el principio de verdad material previstos en los arts. 1 y 134 del Procesal Civil.

De una revisión minuciosa del Auto de Vista se denota que el Ad quem cumplió con lo determinado en el punto III.1 realizando la valoración de todo el universo probatorio en aplicación del principio de unidad y comunidad probatoria, contrastando todos los elementos para determinar cuáles resultan trascendentales y esenciales, es así que entramos al siguiente análisis.

En ese sentido diremos que el Auto de Vista no va en contra de la voluntad declarada por los recurrentes, pues dicha decisión es coherente con las pruebas insertadas tal como la confesión provocada de los codemandados y prueba testifical de cargo, en cuanto al monto de Bs.9.200, observado del préstamo de Bs.20.000, a la que César Augusto Gutiérrez Martínez hubiera recurrido para la previsión de combustible (fs. 48 a 51), se denota que no existe suficiente elemento de convicción al existir montos distintos del documento privado de préstamo Bs.20.000, el acuerdo transaccional de Bs.17.000 y desistimiento a una deuda de Bs.17.000 y 9.200, que entran en contradicción con la confesión provocada de fs. 118 de César Augusto Gutiérrez Martínez, dicha refutaciones van invocando duda de que dicho monto haya sido exclusivamente para el pago del combustible de la maquinaria (retroexcavadora), además que la producción testifical de Juanito Canqui y Jhon Sandy Díaz (fs. 152 vta., y 154 y vta.), refiriéndose que en el proyecto del micro riego trabajaron tres máquinas y una de ellas perteneciente a Oscar Cueto, por lo que antecede se da por entendido el criterio que acredita la cita del monto Bs.9.200 y por otra parte la insuficiencia probatoria para acreditar del porqué del pago de los Bs.20.000 en combustible por cuanto su tesis de defensa carece de asidero, siendo así que la tal criterio en el Auto de Vista es compartido por este Tribunal de casación.

En tal sentido, se puede concluir que el Tribunal Ad quem sí expuso los motivos por lo que Revocó la sentencia apelada, que justamente radican las probanzas producidas por el actor que permite la existencia de un vínculo contractual entre los sujetos procesales y la efectiva prestación, fundamento que es compartido por este Tribunal, debido a que, con carácter previo a exigir el cumplimiento de contrato privado, resultando correctas las decisiones de los jueces de grado.

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 206 a 210, interpuesto por César Augusto Gutiérrez Martínez y Moisés Avelino Cadenas Veliz, contra el Auto de Vista N° 179/2018 de fecha 16 de julio, cursante de fs. 197 a 200. Con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs.1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.