TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                  SALA CIVIL


Auto Supremo: 226/2019                                                                 Sucre: 08 de marzo 2019                                                 

Expediente: SC-107-18-S                                                                                 

Partes: Benita Ordoñez Ruiz c/ Gustavo Ordoñez Ruiz e Isabel Guzman Martínez                                

Proceso: Nulidad de contrato de transferencia y otros.                                                                                                       Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 522 a 532, interpuesto por Isabel Guzman Martínez a través de su representante legal Wilma Guzman Martínez en contra del Auto de Vista Nº 32/2018 de fecha 07 de febrero, cursante de fs. 518 a 520 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso sobre nulidad de contrato de transferencia y otros, seguido por Benita Ordoñez Ruiz en contra de Gustavo Ordoñez Ruiz e Isabel Guzman Martínez; el Auto de Concesión de fecha 17 de julio de 2018, cursante a fs. 538; el Auto Supremo de Admisión de fs. 549 a 550 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, la Juez Publico Civil y Comercial Nº 2 de la localidad de Camiri perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 8/2017 de fecha 09 de febrero, obrante de fs. 483 a 489 vta., por la que declaró: PROBADA en parte la demanda sobre nulidad de documento de transferencia y otros; e IMPROBADAS las excepciones perentorias opuestas por la parte demandada.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Isabel Guzman Martínez a través de su representante legal, mediante el escrito que cursa en fs. 502 a 510 vta., a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante el Auto de Vista Nº 32/2018 de fecha 07 de febrero, obrante de fs. 518 a 520 vta., CONFIRMÓ totalmente la Sentencia antes mencionada, arguyendo que del análisis de la sentencia impugnada y los actuados procesales, se puede establecer que dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada, motivada, congruente y dentro del parámetro legal establecido, toda vez que al no ser objeto del proceso la cuantificación de las mejoras de los co-demandados, al ser un bien supuestamente ganancial, la recurrente debe hacer valer sus derechos dentro de la vía legal correspondiente, además hay que tomar en cuenta que si bien existen elementos respecto al proceso de divorcio, los mismos no pueden ser valorados en el presente proceso tomando en cuenta que son otros los hechos fijados como puntos de prueba; con lo que concluye señalando que no son evidentes los supuestos agravios de la recurrente.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa en fs. 522 a 532, interpuesto por Isabel Guzman Martínez a través de su representante legal Wilma Guzman Martínez; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1.- En la forma.

  1. Acusa la vulneración de su derecho al debido proceso y los principios de congruencia y pertinencia de las resoluciones judiciales reconocidas en los arts. 115, 116, 117 de la CPE; así como del principio de verdad material contenido en el art. 180 de la misma Norma Suprema, señalando que el Tribunal de Alzada no ha hecho constar materialmente cuales serían las actuaciones que le generan convicción para concluir que la juez ha obrado correctamente al dictar la sentencia, aspecto que independientemente de la exposición de los agravios de apelación, debieron ser revisados por dicho Tribunal en merito a la atribución conferida por los arts. 16 y 17.I de la Ley |N° 025, situación que al no haber acontecido, da cuenta de la falta de pronunciamiento sobre los puntos impugnados en apelación.
  2. En el contexto del reclamo que precede, señala que tanto el juez de instancia, como el Tribunal de apelación, han omitido expresar un pronunciamiento sobre la colusión que existe entre la demandante Benita Ordoñez Ruiz y su hijo Gustavo Ordoñez Ruiz (co-demandado), que en perjuicio de la recurrente, habrían incoado el presente proceso con el fin de hacerle perder su derecho ganancial sobre el inmueble objeto de litis; aseveración que indica, funda la improponibilidad objetiva y subjetiva de la demanda en vista de que la demanda tiene un objeto inmoral y contrario a las normas y las buenas costumbres, extremo que además se encontraría demostrado en el documento de resolución de contrato de transferencia (cuyas clausulas describe a manera de fundamentar su alegación), así como en la contestación a la demanda por parte del referido co-demandado que asiente todas las alegaciones de la actora.   

En base a estos y otros argumentos, solicita se dicte Auto Supremo anulatorio de obrados hasta la admisión de la demanda ordenando a la juez se rechace la demanda por la improponibilidad manifiesta.

II.2.- En el fondo.

  1. Acusa que el Tribunal de apelación inobservó la búsqueda de la verdad material de proceso, en relación a los hechos expuestos por la demandante, situación que importaría la violación del art. 180 de la Constitución Política del Estado que, entre otros aspectos, dispone que en el Estado de derecho la justicia debe regirse por el principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

De esa manera solicita se dicte resolución casando totalmente el Auto de Vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de nulidad planteada por Benita Ordoñez Ruiz, sea con costas y costos. 

Respuesta al recurso de casación.

No cursa respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales.

En la SC N° 2023/2010-R de 9 de noviembre se estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC N° 1054/2011-R de 1 de julio”.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

De igual manera en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

III.2. De la incongruencia omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, tal cual lo ha orientado el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “…cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

III.3. De la nulidad regulada por el Art. 549 del Código Civil.


La acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC.; acción que procede cuando en el contrato u acto jurídico del cual emergen obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, de tal manera que impiden que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica; pues la nulidad reviste en ser una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura, simultánea con su formación, de ahí que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente; característica esencial para diferenciar la nulidad de otras acciones como la resolución.


Ahora bien, del análisis del referido art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico; causales que resulta necesario analizar, en sentido de comprender la manera en la que estas deben  adecuarse a los hechos facticos que sustentan una acción de nulidad; en este entendido diremos que la nulidad procede:







Infiriendo de ello que las partes que demandan la nulidad de un contrato deben señalar de manera concreta en cuál de las causales establecidas en la norma se encuadra la nulidad pretendida de un contrato o en su caso del documento, toda vez que en base a la prueba aportada al proceso el juez que conoce y resuelve la causa debe determinar la nulidad del contrato o del documento en cuestión y fundamentar su resolución conforme la valoración de la prueba presentadas por la partes y consignar la causal que haga procedente la nulidad.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso, corresponde enunciar las siguientes consideraciones:

IV.1. En la forma.

La expresión argumentativa visible en el punto 1) del recurso de casación, permite colegir un reclamo abocado al análisis de la falta de motivación y/o fundamentación del Auto de Vista, pues en dicha expresión la recurrente cuestiona que los jueces de grado, no hayan hecho constar materialmente cuales serían las actuaciones que generan convicción para concluir que la juez de instancia ha obrado correctamente al dictar la sentencia; omisión que señala, importa la vulneración de su derecho al debido proceso, los principios de congruencia y pertinencia de las resoluciones judiciales reconocidas en los arts. 115, 116, 117 de la CPE.

Sobre este planteamiento, conviene precisar que en el marco de los criterios desarrollados en el punto III.1 de la doctrina aplicable; la fundamentación y/o motivación de las resoluciones judiciales, importa una exigencia que compele a las autoridades judiciales a realizar una argumentación (jurídica y fáctica) que permita comprender a las partes las razones que sustentan la parte dispositiva de sus resoluciones; consecuentemente cuando un juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la razón de derecho que llevó al juzgador a tomar la decisión de fondo.

De ahí que este Tribunal ha comprendido la importancia de esta exigencia legal como uno de los elementos que garantiza el debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE, empero se debe tener presente también que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo, se tiene por realizada la motivación de una resolución judicial.

Criterio doctrinal, que permite asumir que en el sub judice, la resolución impugnada (fs. 518 a 520) si contiene las razones determinativas de su decisorio (aunque estos no sean compartidos por este Tribunal), pues no obstante de no existir argumentos redundantes sobre cada uno de los argumentos de apelación, si se describen los juicios cognitivos que analizan el objeto central de la impugnación de alzada, cual es la presunta colisión entre la actora y el codemandado Gustavo Ordoñez Ruiz, que a través de la presente causa pretenderían mermar el derecho ganancial de la recurrente sobre el bien inmueble objeto litis, de manera tal que en el fallo de referencia se concluye señalando que la determinación de la calidad y/o cuantificación del inmueble, presuntamente ganancial, debe hacerse valer dentro la vía legal correspondiente al no ser el objeto de este proceso; destacando en ese marco, que la sentencia de primer grado ha sido dictada con la debida fundamentación, motivación y congruencia, refiriendo además que si bien en antecedentes cursan elementos probatorios concernientes al proceso de divorcio de los co-demandados, los mismos no pueden ser valorados por ser otros los hechos fijados como puntos de prueba de esta litis.  

Razonamiento que permite advertir que las afirmaciones de la recurrente resultan inconsistentes, ya que en la resolución recurrida claramente se observan los fundamentos que explican las razones por las cuales el Tribunal de Alzada asumió confirmar la determinación de instancia, sin que sea necesario un pronunciamiento pormenorizado sobre la presunta colisión entre la actora y el co-demandado Gustavo Ordoñez Ruiz, pues de ser evidente aquello en nada enervaría la acción de la demandante que se encuentra estructurada en base a antecedentes facticos y disposiciones normativas que a entender de la actora sustentan su pretensión (planteamiento que será examinado en el análisis de fondo); situación por la cual no corresponde expresar mayores consideraciones al respecto.

Ahora bien, en el contexto del reclamo que precede; en el punto 2) del recurso de casación, la recurrente trae a colación un argumento vinculado a la incongruencia omisiva del fallo recurrido, señalando que el Tribunal de Alzada ha omitido pronunciarse sobre la colusión que existiría entre la demandante Benita Ordoñez Ruiz y su hijo Gustavo Ordoñez Ruiz (co-demandado); que en perjuicio de la recurrente, habrían incoado la presente acción con el fin de mermar su derecho ganancial sobre el inmueble objeto de litis; aseveración que además indica, funda la improponibilidad objetiva y subjetiva de la demanda en vista de que la misma tiene un objeto inmoral y contrario a las normas y las buenas costumbres tal cual se tiene demostrado en el documento de resolución de contrato de transferencia (cuyas clausulas describe a manera de fundamentar su tesis), así como en la contestación a la demanda por parte del referido co-demandado que asiente todas las alegaciones de la actora.

Del análisis de este planteamiento, se puede advertir un primer argumento abocado a examinar si en la resolución impugnada se han expresado o no las consideraciones concernientes a la presunta colisión de la actora y el co-demandado Gustavo Ordoñez Ruiz; para cuyo efecto resulta pertinente remitirnos a los criterios doctrinales desarrollado en el punto III.2, donde se ha establecido que los casos en que se acusa incongruencia omisiva, este máximo Tribunal debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los argumentos del recurrente, pues lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación de fondo; por lo que el hecho de identificar las respuestas consideradas de omitidas en la resolución impugnada no implica que se dé una respuesta positiva o negativa a lo razonado en el fondo o que se esté de acuerdo con las mismas; razonamiento que se aplica también al análisis para identificar la existencia o no de fundamentación y motivación en la resolución recurrida, de ahí que en el marco de las consideraciones expuestas, en el análisis del primer reclamo recursivo, se puede establecer que el Tribunal de Apelación,  si emitió los juicios cognitivos que analizan la impugnación de alzada concerniente a la presunta colisión entre la actora y el codemandado Gustavo Ordoñez Ruiz, pues en la misma se ha señalado que esta cuestión está vinculada a un asunto atingente a la ganancialidad del inmueble objeto de litis; extremo que el Ad quem, sostiene debe hacerse valer dentro la vía legal correspondiente al no ser el objeto de este proceso y en cuyo marco no corresponden ser analizadas las probanzas vinculadas al proceso de divorcio de los co-demandados; razonamiento que nos permiten entender que la acusada incongruencia omisiva carece de sustento, puesto que no es evidente que el Tribunal de Alzada no haya considerado (aunque de manera abstracta) los reclamos del recurso de apelación, situación por la cual no merece emitirse mayores consideraciones al respecto.   

En el mismo argumento recursivo, resalta un segundo planteamiento atingente a la improponibilidad subjetiva y objetiva de la demanda, la cual en criterio de la recurrente, estaría sustentada a partir de la colisión que existiría entre la actora y el co-demandado Gustavo Ordoñez Ruiz, con un afán de mermar su derecho ganancial sobre el predio en debate, habrían incoado esta acción con un objeto inmoral contrario a las normas y las buenas costumbres, tal cual estaría demostrado, por el documento de resolución de contrato de transferencia (cuyas clausulas describe a manera de fundamentar su alegación), así como en la contestación a la demanda por parte del referido co-demandado que asiente todas las alegaciones de la actora.

Al respecto, conviene precisar que la improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma; se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material.

Asumiendo a partir de ello que una demanda puede es improponible cuando en ella concurren aspectos no atendibles por el derecho, concretamente cuando en ella existan defectos que impidan otorgar tutela jurídica a partir del ordenamiento jurídico vigente; defectos que conforme orienta la doctrina, pueden catalogarse como objetivos o subjetivos; entendiendo así que el primer supuesto de improponibilidad (objetivo) concurre cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido y el objeto de juicio carece de aptitud jurídica para ser juzgado en derecho, lo que hace posible que el juez rechace in limine la litis; de otro lado, la improponibilidad subjetiva ocurre cuando las partes no tienen legitimación sustancial para demandar, es decir que en este supuesto, el juicio centra su análisis sobre la falta evidente de interés sustancial en el actor para proponer la pretensión.

Supuestos de improponibilidad, que no se tiene que concurran en el planteamiento de la demanda de esta litis, pues el primer supuesto concerniente a la improponibilidad objetiva se encuentra descartada a partir del hecho de que nuestro ordenamiento jurídico, en base a lo establecido por el art. 549 del Código Civil, permite la interposición de las acciones de nulidad de los actos y/o negocios jurídicos, o lo que es lo mismo, dicha norma admite que la actora pueda incoar la presente demanda sobre nulidad del contrato de transferencia que cursa en fs. 12, pues esta pretensión no carece de aptitud jurídica para ser juzgada en derecho al haber sido interpuesta en base a las disposiciones normativas contenidas en los incisos 1), 2) y 3) del referido art. 549 del Sustantivo Civil, siendo otro asunto el vinculado a la demostración de la concurrencia de dichos supuestos de nulidad, que justamente son advertidos en el desarrollo del proceso y no propiamente con la interposición de la demanda donde la actora, en base a una relación fáctica, simplemente propugna una tesis que debe ser demostrada posteriormente en la etapa probatoria.

Por otro lado, en lo referente a la improponibilidad subjetiva, cabe señalar que el interés legal o legitimación de la actora se encuentra acreditada a partir de la literal de fs. 12, que constituye el contrato demandado de nulidad y que es precisamente suscrito por la demandante (como vendedora) y el co-demandado Gustavo Ordoñez Ruiz, lo que da cuenta que no concurren ninguno de los supuestos de improponibilidad descritos supra, menos aún en base a la presunta colisión alegada por la recurrente, que no resulta siendo un hecho que enerve la acción analizada.

Por lo que corresponde declarar infundado el recurso de casación en la forma.    

IV.2. En el fondo.

De un análisis pormenorizado de los argumentos expuestos en el recurso de casación planteado en el fondo, se puede establecer que la recurrente, bajo el rotulo “violación del art. 180 del CPE”, cuestiona la inobservancia del principio de verdad material, señalando que el Tribunal de Alzada no ha realizado un examen de las probanzas del caso en relación a los hechos expuestos por la demandante, en sentido de buscar la verdad material del proceso y de esa manera establecer la concurrencia de las pretensiones debatidas en esta litis con prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

Sobre esta cuestión, para entrar en contexto y asumir pleno conocimiento de la problemática planteada, conviene en principio referirse de manera breve a los antecedentes que originaron la presente causa.

Es así que de la revisión de obrados, podemos advertir que de fs. 22 a 24 cursa la demanda sobre nulidad de contrato de transferencia y otros documentos, incoado por Benita Ordoñez Ruiz, quien en la relación fáctica de su acción, relata que el año 2002, cuando ella se encontraba delicada de salud, solicitó al menor de sus hijos de nombre Gustavo Ordoñez Ruiz, pueda hacerse cargo de la administración de su vivienda, motivo por el cual habrían suscrito el documento de fecha 21 de octubre de 2002 que cursa en fs. 12 de obrados; empero tras llevar este documento donde una profesional abogada, advirtió que en lugar de suscribir un acuerdo sobre administración, habría transferido su inmueble en favor de su hijo, motivo por el cual, y realizados los reclamos pertinentes, se elaboró el documento de fecha 25 de octubre del mismo años (visible a fs. 2), donde ambos suscribientes consensuaron resolver dicha transferencia.

No obstante ello, refiere que sorpresivamente el año 2012, cuando pretendía ingresar en posesión de su predio, se anotició que su inmueble se encontraba registrado a nombre de su hijo Gustavo Ordoñez Ruiz, cuando nunca consintió aquello, pues es por ello que se suscribió el documento de resolución antes descrito. De esa manera, adjuntando la prueba que cursa de fs. 1 a 21 e invocando las causales de nulidad inmersas en los incisos 1), 2) y 3) del art. 549 del Código Civil, impetró la presente acción sobre nulidad de la minuta de transferencia de fecha 21 de octubre de 2002; del Instrumento Publico N° 794/2012; del Instrumento Publico N° 291/2012 de 18 de mayo y de la Matricula Computarizada de DDRR N° 7076010004385; dirigiendo su acción en contra de su hijo Gustavo Ordoñez Ruiz y la Sra. Isabel Guzman Martínez (ex cónyuge del referido co-demandado); demanda que tras los tramites de rigor fue acogida en primera instancia y confirmada por el Tribunal de Apelación.     

Ahora bien, tomando en cuenta la precitada descripción fáctica y el reclamo de casación, podemos colegir que la problemática de fondo, se encuentra abocada a que este Tribunal determine si las probanzas del caso han o no demostrado los hechos alegados por la demandante, en relación al derecho invocado como sustento de su acción de nulidad (inc. 1), 2) y 3) del art. 549 del CC), pues solo así se podrá establecer si los jueces de instancia han asumido o no una determinación enmarcada en las normas y principios que regulan la materia (verdad material); para lo que conviene realizar algunas consideraciones concernientes a la nulidad regulada por el art. 549 del Código Civil, y de esa manera establecer la concurrencia de la pretensión de la actora. 

Al respecto, el autor boliviano Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra titulada “Nulidad, Anulabilidad, Prescripción y Caducidad” p. 91-92, señala que “…en forma general el contrato es nulo cuando en su formación no se han cumplido con los requisitos de formación del contrato que exige el art. 452 del Código Civil (1976). En este caso el negocio jurídico ha tenido solo una vida aparente que jurídicamente no ha nacido a la vida contractual que puede surtir efectos jurídicos…” criterio doctrinal que, entre otros, ha orientado que en nuestro ordenamiento jurídico se establezca la posibilidad de que un contrato pueda ser declarado nulo cuando este en su formación adolezca de alguno de los requisitos de formación o que dichos requisitos estén viciados, de tal manera que estos decanten la invalidez del mismo, y en ese entendido el art. 549 del Código Civil diseña los supuestos legales a partir del cual procede la acción de nulidad, estableciendo que estos vicios impiden que el contrato tenga la validez jurídica para producir los efectos legales u obligacionales concernientes a cada especie de negocio jurídico; y entre estas causales de nulidad que señala el mencionado art. 549 se encuentran: 1) Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez; 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley; 3) Por ilicitud de la causa y motivo que impuso a las partes a celebrar el contrato; 4) Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato; y 5) En los demás casos determinados por ley.

Coligiéndose a partir de ello que la nulidad constituye una sanción legal, que priva de sus efectos propios a un acto jurídico en virtud de una falla en su estructura simultánea a su formación, es decir, que a diferencia de otras acciones como la resolución, la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente.

De ahí que cuando las partes de un negocio jurídico demanden la nulidad del contrato, deben señalar de manera concreta en cuál de las causales establecidas en la norma se enmarca la nulidad pretendida, de tal manera que la relación fáctica de su acción se encuadre y/o subsuma en uno o más de las causales de nulidad establecidas en el mencionado art. 549 del CC y que estas sean demostradas por los elementos probatorios del caso, toda vez que será en base a estos supuestos y la prueba aportada al proceso que el juez determinará la nulidad del contrato o del documento en cuestión.

En ese orden, retomando la problemática de fondo, se tiene que en el planteamiento fáctico de la demanda, se ha hecho alusión a un hecho concreto referente a que la actora habría sido víctima de engaño por parte de su hijo y co-demandado Gustavo Ordoñez Ruiz, quien bajo la creencia de llevarla a suscribir un contrato de administración de su inmueble, le habría hecho refrendar el contrato de transferencia fecha 21 de octubre de 2002 (ver fs. 12), diferente al pretendido por la demandante, motivo por el cual, refiere que se vio forzada, conjuntamente su hijo a resolver dicho contrato de transferencia (ver fs. 2 a 3), empero no obstante de ello, su inmueble apareció registrado a nombre de Gustavo Ordoñez Ruiz el año 2012; relación fáctica en base a la cual, la actora sustenta su acción de nulidad en base a los supuestos contenidos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 549 del Código Civil.


Ahora bien, de esta descripción, resaltan dos cuestiones vitales para la resolución de esta controversia; el primero, que el argumento principal para demandar la nulidad del documento de fs. 12 y los otros actos jurídicos emergentes de este contrato, radica en el presunto engaño del cual habría sido víctima la Sra. Benita Ordoñez Ruiz por parte de su hijo Gustavo Ordoñez Ruiz (quien le hizo firmar un contrato diferente al pretendido por la actora); y el segundo, que existe un documento (visible en fs. 2 a 3) por el cual se ha resuelto el mencionado contrato de transferencia, y que no obstante ello, el inmueble que fuere objeto de dichos actos jurídicos, se encuentra registrado a nombre de Gustavo Ordoñez Ruiz.        


Del análisis de estos supuestos fácticos, en relación a las causales de nulidad invocadas en la demanda, concretamente las establecidas en los incisos 1), 2) y 3) del art. 549 del CC, se puede colegir que la demandante no ha demostrado la concurrencia de dichos supuestos de nulidad; en principio por no haber adecuado los hechos de su acción a los supuestos de nulidad invocados en su demanda y segundo por no haber aportado los elementos probatorios que den cuenta de la concurrencia de los mismos, ya que si nos remitidos a los criterios doctrinales descritos en el punto III.3 a manera de considerar las alegaciones de la demanda, podremos apreciar que el primer supuesto de nulidad establecido en el inciso 1) únicamente es procedente, cuando en el contrato se observa la falta de objeto, o cuando la forma es un requisito para su validez, tal cual ejemplariza el art. 491 del CC, supuestos que de ninguna manera concurren en la presente acción, puesto que en el contrato de fs. 12, claramente se puede advertir que su objeto fue la transferencia del inmueble ubicado en la calle Enrique Parada A. s/n del Barrio Municipal del Municipio de Camiri; juicio que es asumido bajo el entendido de que el objeto del contrato de compra venta, es trasferir el derecho de propiedad de una cosa, sin perjuicio de que esta obligación tenga su propio objeto que son las prestaciones de dar, hacer o no hacer y que estas a su vez tienen un objeto último que en esencia son las cosas o bienes, y que además este contrato no requiere de formalidad alguna conforme establece el art. 584 del Código Civil, al tratarse de un contrato principal, consensual, bilateral, oneroso con prestaciones reciprocas y, de ordinario conmutativo.      


En lo relativo a la segunda causal de nulidad invocada en la demanda, se tiene que el inciso 2) establece que la nulidad procede también, por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley, supuesto que de acuerdo a lo establecido por el art. 485 del CC, concurre cuando el objeto del contrato no es posible, licito y determinado o determinable, debiendo entenderse que al hacer referencia al requisito de lo posible, la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta en el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, este bien debe pertenecer al vendedor, presupuesto que en el caso de autos es concurrente, pues si bien a momento de la celebración del contrato de fecha 21 de octubre de 2002, la actora no contaba con el registro de su derecho propietario, la misma ya era titular de tal derecho desde el año 1984 conforme demuestra la literal de fs. 4 a 5 vta., pudiendo en ese entendido disponer del mismo a los efectos del art. 1538.III del Código Civil, y en ese sentido el objeto de dicho contrato resulta siendo posible, licito y determinado o determinable, puesto que en audiencia de inspección ocular se ha constato la existencia del mismo; situación que hace inconcurrente dicha causal de nulidad, que además no encuentra relación alguna con los hechos alegados como sustento de la acción de nulidad.


En lo que respecta al supuesto establecido en el inciso 3), referente a la ilicitud de la causa e ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, se debe tener presente que dicha causal de nulidad únicamente es procedente cuando el contrato tiene una finalidad económico-social contraria a las normas imperativas del ordenamiento jurídico (contrato ilegal), a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral); aspectos que no acontecen en la suscripción del contrato objeto de análisis, ello debido que el mismo no constituye un contrato ilegal al estar reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, concretamente por el art. 584 del Código Civil, así como tampoco atenta las buenas costumbres menos altera el orden público, al ser su objeto la transferencia de un bien inmueble entre madre e hijo, que no está prohibido por nuestra normativa, menos aún se subsume en esta causal la presunta enfermedad de la actora (sordera) que no fue demostrada a partir de un informe y/o certificado médico que establezca que la demandante padecía de tal dolencia a la fecha de suscripción del contrato en cuestión ya que la certificación que cursa en fs. 92 es emitida recién el año 2014, es decir tras haberse interpuesto la presente acción, y en ese entendido dicha situación no podía ser establecida como tal, simplemente en base a las declaración de los testigos de cargo, tal cual lo realizó la juez de  instancia; de ahí que si la actora pretendía hacer valer su alegación principal relativa al engaño del cual habría sido víctima, al haber suscrito un contrato de transferencia, cuando en realidad su intención era suscribir un contrato de administración (ello en base a su presunta enfermedad), pudo invocar la causal establecida en el inciso 4) referente al error esencial sobre la naturaleza del contrato, y no así los supuestos descritos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 549, puesto que los fundamentos por los cuales demanda la nulidad están abocados al error en el concepto y/o naturaleza del contrato de fs. 12, empero incluso ante tal situación, resulta imprescindible precisar, para que en el negocio jurídico exista error, este debe ser generalmente involuntario, en todo caso, no debe ser obra del otro contratante (como presuntamente ocurrió en este caso), por cuanto si el error es provocado por la otra parte, si ésta se ha valido de procedimientos ilícitos precisamente para producir ese error o para evitar que quien lo sufre llegue a descubrirlo, estamos frente a dolo, previsto por el art. 482 del Código Civil, en virtud al cual se invalida el consentimiento cuando los engaños usados por el otro contratante son tales que sin ellos el otro no habría contratado.


Por otra parte en lo que respecta al documento de fs. 2 a 3 de obrados, referente a la resolución del contrato de fs. 12, corresponde señalar que esta prueba no acredita las causales de nulidad invocadas por la parte demandante, en razón a que si la actora considera que el contrato de transferencia ha sido dejado sin efecto por la mencionada literal de fs. 2 a 3 (contrato de resolución), esa alegación expone una aproximación conceptual vinculada a la simulación del primer negocio jurídico (fs. 12), es decir que en el fondo lo que la actora pretendería señalar es que el contrato de transferencia seria ficto, situación que sin duda no converge con las causales de nulidad establecidas en los incisos 1), 2) y 3) del art. 549 del CC, pues para resolver tal cuestión se tiene  abierta la vía de la acción de simulación, que reiteramos, en el caso de autos no acredita las causales de nulidad contenidas en el art. 549 CC.


Todas estas cuestiones no han sido alegadas de manera clara en la demanda, lo que ha confluido en la falta de precisión de la pretensión de la actora, al no haber adecuado los hechos fácticos al derecho invocado y menos haberse demostrado la concurrencia de las causales de nulidad citadas en la demanda y de esa manera se hace evidente la errónea apreciación de los elementos probatorios por parte de los juzgadores de grado, que han limitado su análisis a los aspectos concernientes a la presunta colisión entre la actora y el co-demandado, y no así a los presupuestos que exigen cada una de las causales de nulidad establecidas en el art. 549 del CC  ni los principios que regulan la administración de justicia, tal cual es el principio de verdad material, lo que ha causado la emisión de un fallo errado al conceder tutela de una pretensión que no ha sido demostrada en el marco de los planteamiento de la demanda, situación por la cual corresponde revertir tal determinación.


Empero, cabe precisar también que en la presente litis el co-demandado Gustavo Ordoñez a través de escrito de contestación a la demanda que cursa en fs. 28 a 29 asiente los hechos alegados por la actora, situación que no puede ser desconocida por este Tribunal en un marco de verdad material, en cuyo entendido y considerando que la recurrente actúa únicamente en defensa de sus intereses sobre el inmueble objeto del contrato en cuestión (que de acuerdo a la Sentencia de 20 de febrero de 2014 que cursa en fs. 100 a 102, ha sido calificado como un bien ganancial) resulta pertinente acoger el presente recurso de casación, solamente respecto a los derechos de la referida recurrente, mas no así en cuanto al co-demandado Gustavo Ordoñez Ruiz, que además de no haber recurrido, se allanó a la demanda; extremo por el cual corresponde casar en parte el fallo del Tribunal de Apelación.

Por lo que corresponde resolver conforme señala el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y en aplicación del art. 220.IV del citado Adjetivo Civil CASA EN PARTE el Auto de Vista Nº 32/2018 de fecha 07 de febrero cursante de fs. 518 a 520 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en su lugar declara PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 22 a 24 incoada por Benita Ordoñez Ruiz, disponiendo en tal sentido la nulidad parcial de la minuta de transferencia de fecha 21 de octubre de 2002 protocolizada en la E.P. Nº 291/2012 de 18 de mayo; únicamente en lo que concierne a los derechos de Gustavo Ordoñez Ruiz, mas no así sobre los derechos de Isabel Guzman Martínez, respecto a quien aún sigue vigente dicho contrato y los actos emergentes del mismo. Sin costas ni costos.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.