TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 225/2019

Fecha: 08 de marzo de 2019

Expediente: CB-46-18-S

Partes: Esteban Mario Quezada Meza y Jeanneth Miriam Quezada Matienz c/ Jeaneth Salile Choque, Lidia Santos Taquichiri Vda. de Choque, Marcos Edwin Choque Santos, Claudia Choque Santos y Omar Choque Santos.

Proceso: Nulidad de escritura pública, cancelación del registro de propiedad y ratificación e inscripción del compromiso de venta.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 405 a 406 vta., y de fs. 411 a 412 vta., interpuestos por Lidia Santos Taquichiri Vda. de Choque, Marcos Edwin Choque Santos, Claudia Choque Santos, Omar Choque Santos y Jeaneth Salile Choque, ambos contra el Auto de Vista de 5 de junio de 2018, cursante de fs. 397 a 402, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dentro del proceso de nulidad de documento y otros seguido por Walter Orellana Chavare en representación de Esteban Mario Quezada Meza y Jeanneth Miriam Quezada Matienzo contra los ahora recurrentes; la concesión del recurso de 23 de julio de 2018, cursante a fs. 421; Auto Supremo de admisión Nº 749/2018-RA de fs. 428 a 430 vta., los antecedentes del proceso; y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Esteban Mario Quezada Meza y Jeaneth Miriam Quezada Matienzo a través de su representante legal Walter Orellana Chavare interponen demanda de fs. 34 a 36 vta., dando inició al proceso de nulidad de documento de Escritura Pública Nº 376/2010 de 15 de marzo, por la transferencia de acciones y derechos del 50% del inmueble ubicado en la Av. Cap. Víctor Ustariz Nº 2415, con una superficie de 431,60 mts.2; acción dirigida contra Jeaneth Salile Choque, Lidia Santos Taquichiri Vda. de Choque, Marcos Edwin Choque Santos, Claudia Choque Santos y Omar Choque Santos, una vez citados, los demandados responden y reconvienen la válidez y eficacia jurídica  de la Escritura Pública Nº 376/2010 de 15 de marzo, por memoriales de fs. 41 y vta., fs. 44 a 45 y fs. 51 a 51 vta.

2. Desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia de 27 de octubre de 2016, cursante de fs. 359 a 363, donde el Juez Público en lo Civil y Comercial Tercero el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró, IMPROBADA la demanda de fs. 34 a 36 vta., IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción, causa y derecho, inviabilidad e improcedencia, PROBADA la acción reconvencional reconociendo la validez de la venta del 50% de acciones y derechos del inmueble según la Escritura Pública Nº 376/2010 e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, prescripción, transacción, improcedencia, falta de acción, causa y derecho opuestas por Lidia Sanos Taquichiri Vda. de Choque e hijos y sin costas por existir doble acción.

3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrido en apelación por Walter Orellana Chavare en representación legal de Esteban Mario Quezada Meza y Jeanneth Miriam Quezada Matienzo por memorial cursante de fs. 367 a 370 vta.; la Sala Mixta Civil, Familiar y Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista de  5 de junio de 2018, cursante de fs. 397 a 402, ANULÓ obrados hasta fs. 359, disponiendo que el Juez de la causa pronuncie nueva Sentencia congruente, exhaustiva, fundamentada y motivada conforme dispone normativa. Realizando la fundamentación del falló bajo la siguiente argumentación:

Que la congruencia es una exigencia que debe cumplir toda resolución, requisito que incumple la Sentencia, se advierte claramente que la pretensión es la nulidad de la Escritura Pública de transferencia del bien inmueble de 15 de marzo de 2010, cancelación de registro de propiedad, ratificación e inscripción en como anotación preventiva del documento de compromiso de venta y resarcimiento de daños y perjuicios en Derechos Reales, siendo que en la parte considerativa IV de la Sentencia, le correspondía una fundamentación jurídica y no haciendo mención de la nulidad por ilicitud pretendida, contrariamente de manera incongruente se fundamenta solo en el documento del compromiso de venta 18 de abril de 2002, asimismo carece del análisis y evaluación de la prueba exigida por el art. 192 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que omite la descripción y apreciación de cada medio de prueba.

4. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Lidia Santos Taquichiri Vda. de Choque, Marcos Edwin Choque Santos, Claudia Choque Santos y Omar Choque Santos, mediante memorial, cursante de fs. 405 a 406 vta.; y recurso de casación por Jeaneth Salile Choque cursante de fs. 411 a 412 vta., siendo ambos recursos objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

II.1.- De la revisión del recurso de casación de fs. 405 a 406 vta., interpuesto por Lidia Santos Taquichiri Vda. de Choque, Marcos Edwin Choque Santos, Claudia Choque Santos y Omar Choque Santos, los recurrentes exponen como reclamos, los siguientes:   

1. Reclaman que el Ad quem en su resolución, afirmó que la Sentencia estaría incumpliendo el principio de congruencia, por lo que vulnera el debido proceso  con la disposición de nulidad de obrados hasta la resolución de primera instancia.

2. Acusa que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista, cometió error el de mencionar que la resolución de primera instancia carece de análisis y evaluación fundamentada de la prueba contenido en el art. 192 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil.

3. Que el Tribunal de segunda instancia, más allá de su fundamentación sobre la falta de motivación e incongruencia de resolución de primera instancia, no efectúa un análisis prolijo y adecuado del falló, al hacerlo aplicó indebidamente la disposición normativa de los arts. 16 y 17.I de la LOJ como el art. 218.II núm. 4  del Código Procesal Civil.

Petitorio.

Solicitaron que se anule el Auto de Vista impugnado de acuerdo a lo previsto por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

II.2.- Del recurso de casación de fs. 411 a 412 vta., interpuesto por Jeaneth Salile Choque, se extrae lo siguiente:   

1. Arguye que el Tribunal de segunda instancia en su falló, atentó y conculcó contra la seguridad jurídica y la conservación de los actos procesales, infringiendo el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial.

2. Deduce que el Tribunal de Alzada, les falto una correcta interpretación o comprensión de la Sentencia en su integridad y que se limita analizar una parte del fallo de primera instancia para anular obrados.

Petitorio.

Solicita se pronuncie dictando casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo  conforme al art. 220.IV y 271 del Código Procesal Civil.

II.3.- Respuesta al recurso de casación de Esteban Mario Quezada Meza y Jeanneth Miriam Quezada Matienzo de fs. 416 a 419 vta.

Señala que los recursos de casación son atentatorios contra la seguridad jurídica siendo argumentos que no tienen asidero ni respaldo legal alguno, puesto que en realidad a través del Auto de Vista ha logrado anular la incongruente y apócrifa Sentencia del juez A quo; objeto de perseguir la nulidad del documento de transferencia del 50% de acciones y derechos efectuada en forma dolosa por tener el grado de parentesco que tienen los demandados y los medios aportados en función de la misma, ello en atención a lo dispuesto por el art. 190 del CPC, aspecto que fue observado por el Tribunal de Alzada como sustento jurídico además de obligatorio cumplimiento para disponer una justa nulidad de obrados.

Petitorio.

Solicitando se sirva pronunciar su improcedencia y/o alternativamente infundados los  recursos de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, que: Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.

III.2.- De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.3.- De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la Sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en las instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad  que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril, en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativo en la Ley Nº 439, art. 218.III., que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la  falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (Las negrillas pertenecen a esta resolución).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Del examen de ambos recursos de casación, se observa que guardan similitud, observan de la nulidad dispuesta en segunda instancia, por lo que acusan que resolución del Auto de Vista de 5 de junio de 2018, transgrede el debido proceso y seguridad jurídica, así como la conservación de los actos procesales al anular obrados hasta la resolución de primera instancia, además incurren en errónea aplicación de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y 218.II núm. 4 del Código Procesal Civil, ya que no correspondía anular la resolución de primera instancia y de forma errada expresa que la resolución de primera instancia carece de análisis y evaluación fundamentada de la prueba presentada dentro del proceso.

De la síntesis de las acusaciones traídas a casación, resulta pertinente remitirnos a la resolución recurrida en casación, en ese sentido, del análisis del Auto de Vista de 5 de junio de 2018, cursante de fs. 397 a 402, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se infiere a prima facie, que la razón que motivó al Tribunal Ad quem de anular la Sentencia de primera instancia, fue porque consideró que el Juez de la causa al emitir tal resolución no manejó el principio de congruencia y motivación, con relación a la pretensión de las partes y las pruebas, en ese entendido, por metodología estructural de la resolución, resulta pertinente referirnos a los reclamos acusados en los recursos de casación de fs. 405 a 406 vta., y de fs. 411 a 412 vta., interpuestos por Lidia Santos Taquichiri Vda. de Choque, Marcos Edwin Choque Santos, Claudia Choque Santos, Omar Choque Santos y Jeaneth Salile Choque, donde denuncia que el Tribunal de Alzada, al disponer la nulidad de la Sentencia de primera instancia habría vulnerado el art. 218 de la Ley Nº 439 así como los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que claramente establecía que en caso de que la Sentencia no hubiera otorgado todo lo pedido, el Tribunal de Alzada tiene la obligación de fallar en el fondo sobre lo omitido, por lo que ya no procedería la nulidad por incongruencia.

Sobre este particular, corresponde remitirnos a los argumentos esbozados en el fundamento de los puntos III.1, III.2 y III.3 de la doctrina aplicable al caso, donde se ha establecido que la falta de congruencia y motivación en la Sentencia, no son considerados como una causal de nulidad, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 de la Ley Nº 439, es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo, pues las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

A partir de ello, se puede concluir, que en el caso de Autos, la decisión de anular la Sentencia por incongruencia o falta de motivación, asumida en segunda instancia no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia -como se expuso supra- en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del juez A quo y fallar en el fondo de lo debatido, sobre todo si existen reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular el Auto de Vista para que resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación conforme al art. 265 de la Ley Nº 439. 

Siendo evidente la nulidad a disponerse, no corresponde pronunciarse sobre los restantes puntos de agravio expuestos en el recurso de casación de la parte demandante, correspondiendo acoger lo denunciado por la parte recurrente, en razón a que el extremo que motivó al Tribunal de Alzada a emitir un Auto de Vista anulatorio ya no se constituye en una causal de nulidad, consiguientemente se debe emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme faculta el art. 106 y art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista de 5 de junio de 2018, cursante de fs. 397 a 402, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos dentro del marco de lo establecido por el art. 265 de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.